Rechazamos el accionar violento de grupos armados legales e ilegales en el marco de nuestro mandato comunitario de Liberación de la madre tierra
Las 22 autoridades indígenas ancestrales y los 7 thuthenas we’sx, en representación de las comunidades indígenas del norte del Cauca, rechazamos rotundamente el violento ataque de la fuerza pública contra comunidades liberadoras de la madre tierra, que hoy deja 2 compañeros asesinados y 2 heridos por impacto de arma de fuego.
El día 13 de agosto del año 2020, el Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD – Policía Nacional y Fuerza Pública de Colombia, arremete contra la comunidad en cumplimiento de una orden de desalojo irresponsable e inconsulta emitida por la Alcaldesa Municipal de Corinto, MARTHA CECILIA VELASCO GUZMAN, sobre las siete fincas que desde el 14 de diciembre del 2014 están en proceso de liberación (Granaditas, García Arriba, Miraflores, Quebrada Seca, el Cultivo, Caucanita y García Abajo), hecho que conllevó a la muerte de JOSE ERNESTO RIVERA y ABELARDO LIZ CUETIA, este último periodista y comunicador de la emisora comunitaria local, así como los compañeros JULIO TUMBO y LEÓNIDAS PERDOMO gravemente heridos.
Situación que tiene un agravante, con la intervención de la fuerza pública que impidió el ingreso oportuno de vehículos y personal de salud a recoger los heridos para trasladarlos a centros asistenciales. Al tratar de trasladar los heridos en los vehículos disponibles en la zona, el ESMAD los atacó con las armas lanza gases disparando contra las ventanas.
Al mismo tiempo rechazamos el accionar de grupos armados delincuenciales que desde el 12 de agosto ubicados en la parte alta de la zona, realizaron disparos hacia la fuerza pública ubicada en el sector plano, poniendo en riesgo a nuestros liberadores, y propiciando los trágicos hechos sucedidos.
No obstante, denunciamos la responsabilidad de la fuerza pública en la falta de proporcionalidad y en el uso indiscriminado de la violencia para este suceso, que hace parte del ataque sistemático del estado en contra DEL EJERCICIO LEGÍTIMO DE NUESTRO MANDATO COMUNITARIO DE LIBERACIÓN DE LA MADRE TIERRA el cual, evoca hasta el día de hoy la muerte de nuestros compañeros: PEDRO PASCUE (2006), LORENZO LARGO (2007), BELIZARIO CAMAYO (2007) TAURINO RAMOS (2008), GUILLERMO PAVI RAMOS (2015), JAVIER OTECA (2017), DANIEL FELIPE CASTRO (2017), FREDY YULIAN CONDA DAGUA (2018), JEFERSON ESCUE TROCHEZ (2019), y los mencionados ABELARDO LIZ y JOHAN RIVERA (2020).
Ataque sistemático que no va solamente en contra de la reclamación legítima de nuestros derechos territoriales, sino también en contra de nuestra pervivencia como pueblos originarios, en este caso como pueblo nasa, reconocidos en riesgo de exterminio físico y cultural, por la sentencia T-025 de 2004 y el auto 004 de 2009, y en medio de un estado de cosas inconstitucional, donde los gobiernos de turno al servicio de los grandes terratenientes, instrumentalizan a la fuerza pública para negar constantemente nuestros derechos fundamentales a la vida y al territorio.
Situación que se agrava aún más si mencionamos los acuerdos incumplidos por parte del Gobierno Nacional a nuestras comunidades indígenas, los cuales van desde el acuerdo de 1984 entre el Comité Ejecutivo del Consejo Regional Indígena del Cauca y la Federación de Ganaderos del Cauca – FEDEGAN, hasta los últimos concretados en el marco de la minga de 2019 con el gobierno nacional, sumando ya casi 39 años de incumplimiento en la historia política reciente.
Exigimos de una vez por todas a los actores en armas a cumplir con lo pactado en el último acuerdo de paz, en especial al Estado Colombiano en materia de implementación de la reforma rural integral y el capítulo étnico en su integralidad, para poner fin de una vez por todas a este terrible baño de sangre y a esta guerra absurda que por más de 500 años hemos resistido con dignidad, los pueblos originarios de lo que hoy llamamos Colombia.
Las 22 autoridades indígenas en el marco de la jurisdicción especial indígena reconocida por el artículo 246 de la constitución nacional, exigimos el debido proceso judicial contra quienes ejecutaron la orden de este atroz crimen de estado; e instamos al ministerio público y a todas las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, a acompañar y visibilizar las tremendas afectaciones que hasta el día de hoy seguimos siendo víctimas las comunidades indígenas del norte del cauca.
“Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra”
