¿Quién quiere matar a Enrique Fernández, histórico líder de víctimas del Naya?

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Fuente: verdadabierta.com

Desde 2003, ese reconocido dirigente indígena del norte de Cauca y su familia no han tenido tranquilidad. En lo corrido del año recibió tres amenazas de muerte, en su casa le instalaron una bomba y sufrió dos desplazamientos forzados. A pesar de ser víctima de detallados seguimientos, asegura que no dejará de luchar por los derechos de su pueblo.

 

Te salvaste hijo de perra del regalito que te dejamos en El Alto, pero ahora sí no te vas a escapar. Ahora sí te vamos a matar porque nos estás mamando gallo”. Esa es la amenaza más reciente que ha recibido Enrique, uno de los 280 líderes de la comunidad Nasa que ha padecido intimidaciones en los últimos cuatro años. Ocurrió el sábado de la semana pasada, cuando un hombre que se identificó como miembro de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), lo llamó a su teléfono celular.

Con “regalito”, el hombre se refirió a la bomba que le instalaron el pasado 17 febrero en la puerta de su casa, ubicada en la vereda El Alto del Palo, en Caloto. El artefacto explosivo fue encontrado a la mañana siguiente por una de las hijas de Enrique que fue a visitarlos. “Era un objeto con forma de batería de moto. La hija pensó que era un juguete de mi hijo pequeño o de la nieta, pero cuando se acercó vio unos cables y reconoció que era una bomba”, recuerda Enrique.

Acto seguido, la familia le advirtió al batallón de alta montaña que se encuentra aproximadamente a cien metros de la vivienda de los Fernández y arribaron dos horas después. “Un coronel de apellido Castro trató de restarle importancia al asunto diciendo que probablemente la bomba era para ellos, pero la casa está a varios metros de la vía por donde transitan y tienen un retén. Además, iban a detonarla en el mismo sitio donde la encontramos, con lo que además de afectar la casa que arrendaba, dañarían las casas vecinas”, indica sobre el frustrado atentado.

Por esa razón Enrique se puso en contacto con un funcionario de la Defensoría del Pueblo de Bogotá, quien diligenció que un equipo de antiexplosivos proveniente de Cali se encargara de la situación. Finalmente, hacia a las tres de la tarde la bomba fue trasladada y detonada en un campo abierto.

“Nadie se atribuyó la autoría de la bomba y ese mismo día abandonamos El Alto del Palo. La Acin (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca) nos ayudó a conseguir una casita en el resguardo de Tóez, en Caloto. Allí estuvimos hasta el 7 de julio, cuando me amenazaron nuevamente de muerte e incluso me trataron de comandante guerrillero y ladrón de tierras”. Estos últimos hechos ocurrieron un día después de que en diferentes ciudades del país y del exterior se convocara una velatón para rechazar la violencia que padecen los líderes sociales.

 

Antes de esa amenaza, el 29 de enero Enrique recibió una llamada en la que además de insultarlo y amenazarlo de muerte, le daban un plazo de 24 horas para abandonar El Alto del Palo. Y 19 días después le dejaron en el paquete-bomba en su casa.

Sin embargo, lo que más llama la atención del ultimátum de la semana pasada es el nivel de seguimiento que padece, pues lo sindican de organizar gente para supuestamente robar tierras en el departamento de Meta.

“Ahora estoy trabajando con comunidades de Caquetá, Guaviare y Meta. Son comunidades invisibles que el Estado no reconoce: están los Tukano, los Guayabero, los Tinigua, y también tenemos un cabildo Nasa. Estoy con ellos desde hace dos años y mi trabajo consiste en asesorarlos porque políticamente ellos están en ceros, también hay gente de la Acin y el Cric en esa labor. Creo que en los próximos días sale la gobernadora de los Tinigua a Bogotá para dejar una documentación para que los reconozcan como cabildo”, cuenta sobre la labor que realiza en los Llanos Orientales.

Para desempeñar ese trabajo con garantías, el líder indígena pide que el esquema de seguridad que le asignó la Unidad Nacional de Protección (UNP) tres días después del incidente de la bomba, consistente de un carro convencional y dos escoltas, sea ajustado: “Necesito un carro blindado y que soporte el desplazamiento a las zonas porque por la dificultad del terreno me toca cambiar de carro o lo tienen que arrastrar otros. El miércoles estuve en la Defensoría del Pueblo de Popayán y dijo que necesito un carro acorde a mi riesgo”.

Liderazgo marcado por una masacre

La masacre del Naya es una de las más cruentas de la historia del conflicto armado. Aunque la Fiscalía ha documentado 24 asesinatos, las comunidades aseguran que los muertos podrían ser cien porque los paramilitares arrojaron víctimas a ríos y barrancos.

Buena parte de sus 61 años de vida Enrique se los ha dedicado al Naya, la vasta región fronteriza entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, rica en recursos naturales. A los 22 años fue inspector de policía de la vereda El Playón, del municipio de Buenos Aires, y posteriormente se vinculó a trabajar con las juntas de Acción Comunal.

Pero su vida, al igual que la de miles de campesinos, afrodescendientes e indígenas, sufrió un vuelco total en la Semana Santa de 2001, cuando un contingente del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) ingresó a la región y durante varios días hizo un recorrido de muerte y terror que vació las veredas de los tres municipios que componen al Naya.

El primer punto de asentamiento de los desplazados fue el corregimiento de Timba, en Buenos Aires, y por su pasado como inspector de policía, la comunidad lo escogió como referente para hablar con las entidades que prestaron la asistencia humanitaria. Tiempo después los indígenas expulsados de sus territorios ancestrales crearon un refugio en la plaza de toros de Santander de Quilichao, en donde permanecieron durante varios años, hasta que consiguieron la adjudicación de un lote a las afueras de Timbío.

El 9 de abril de 2004 la finca La Laguna fue rebautizada como Kitek Kiwe y en ella las 73 familias que decidieron no retornar al Naya construyeron su propio cabildo, que significa tierra floreciente en nasa yuwe, su lengua madre. “El proceso de la reubicación lo hicimos con Jorge Salazar, Enrique Guetio, Leandro Guetio y mi persona. Fue muy duro porque los paramilitares tenían presencia en Santander de Quilichao. Nos tocó sacar a varios líderes a Bogotá porque los iban a matar y otros nos quedamos con Jorge luchando”, recuerda.

En ese nuevo territorio el liderazgo y el trabajo comunitario de Enrique estuvo en constante crecimiento, siendo presidente de la Asociación Agropecuaria de Campesinos Indígenas Desplazados del Naya entre 2003 y 2008, año en el que dejó el cargo para ser el cuarto gobernador del naciente territorio indígena.

Pero el trabajo que más lo distingue y más lo llena de pasión es el de la reparación de las víctimas de la masacre de 2001. Esa lucha lo ha llevado a participar en todas las audiencias judiciales realizadas en el proceso de Justicia y Paz, marco jurídico transicional aplicado a los desmovilizados de las Auc con beneficios especiales, entre ellos una pena carcelaria de cinco a ochos años, siempre y cuando revelaran la verdad de sus crímenes y repararan a las víctimas.

“Creo que la masacre es lo que más me marcó y siempre hemos estado de frente representando a las víctimas. No sólo yo, también me acompañaron Alexander Quintero y Lisinia Collazos. Fuimos a versiones libres en Medellín, Cali, Popayán y Santander de Quilichao; y a audiencias del Tribunal de Bogotá. Siempre preguntamos por los asesinados y los desaparecidos, y también por los financiadores de los paramilitares para que respondan. Nosotros fuimos unos de los que entutelamos para que no extraditaran a ‘HH’ -alias de Éver Veloza García, el jefe del Bloque Calima- y se quedara confesando”, cuenta sobre su búsqueda por la verdad.

Cargando la cruz del Naya

En la Yet Wala se exhiben los retratos de los gobernadores que ha tenido Kitek Kiwe. El de Enrique Fernández se encuentra en el centro. Foto: VerdadAbierta.com.

Enrique no duda en advertir que las primeras amenazas de muerte que recibió son el resultado de su lucha por la reparación de los indígenas del Naya. Y en medio de esa brega ha visto caer a dos compañeros de gran importancia para la comunidad: Alexander Quintero, quien documentaba los casos de las víctimas, ultimado el 24 de mayo de 2010 en Santander de Quilichao; y Gerson Acosta, quien lo sucedió como gobernador, asesinado el 19 de abril del año pasado tras salir de una reunión con funcionarios de la Unidad de Víctimas, en la que planteó la instalación de un acueducto en Kitek Kiwe como forma de reparación colectiva.

Y las amenazas contra antiguos o nuevos líderes de esa comunidad desplazada no cesan. El pasado 15 de abril, cuando se aprestaban a conmemorar el primer aniversario de la muerte del gobernador Acosta, a la sede del resguardo en Timbío llegó un panfleto a nombre de las Agc en el que amenazaron de muerte a varios dirigentes. “Los tenemos en la mira, apenas dejen esos palitos (bastones de mando) que no les sirven para nada, ya saben dónde quedan: así como su querido e idolatrado Gerson Acosta”, señala uno de los apartes de la amenaza.

Sobre las amenazas que circulan a nombre de las Agc, esa organización ha señalado en varias ocasiones que su nombre está siendo suplantado y que no están amenazando liderazgos sociales. El pronunciamiento más reciente ocurrió el pasado 12 de julio, cuando indicaron que “lo único que buscan sus autores es tender una cortina de humo sobre los verdaderos culpables de las muertes de tantos colombianos importantes por su liderazgo y actividad en defensa de los más desamparados”.

Al respecto, Enrique cuestiona que tal vez están desmintiendo las amenazas porque ese grupo, que surgió de paramilitares que se rearmaron tras las desmovilizaciones realizadas entre 2003 y 2006 bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, estaría por comenzar un proceso de entrega a las autoridades tras ser sancionada el pasado lunes por el presidente Juan Manuel Santos una ley que permite el sometimiento a la justicia de los denominados Grupos Armados Organizados (GAO).

Y sin importar de dónde provengan los señalamientos, recrimina que desde 2003, grupos que se identifican como autodefensas, ya sean las Auc o las Agc, lo están amenazando por denunciar la masacre del Naya: “Sólo nos dejaron un año tranquilos. Fue en 2010, hasta que nos llegó un panfleto en 2011, que dejaron debajo de la puerta de la casa donde vivíamos en Santander de Quilichao. Nos decían en dónde estudiaba la hija y todos los pasos que dábamos. En ese entonces fue de las Autodefensas Unidas de Colombia”.

Por otro lado, la familia de Enrique también está siendo víctima de seguimientos. “Queremos denunciar la persecución a mis hijas después de la bomba aumentó. No nos dejan en paz, ya no quieren ni dejarnos respirar. Les hacen seguimiento en motos y camioneta. Nos preocupa que por llegarle a Enrique se desquiten con mis hijas”, cuenta con lágrimas en los ojos Ana Velasco, su esposa.

Además, la mujer que lo ha acompañado durante los últimos 18 años, no comprende por qué quieren desaparecer esa voz y liderazgo: “Como esposa, compañera y madre, uno no sabe hasta dónde nos tocará soportar esta situación. Nosotros no estamos causando daño. Él hace defensa de víctimas, es la cabeza visible de personas que temen hablar y tener un acompañamiento”.

Por esa razón, lo que más le duele a Enrique es que lo señalen de comandante guerrillero y de ser ladrón de tierras. “Yo quiero dejar en claro que no soy comandante de la guerrilla. La gente me conoce y necesito que se limpie mi nombre porque estamos en medio de una estigmatización por la labor de nuestro trabajo. Nosotros somos leales a las comunidades y nunca hacemos algo por interés personal. La mayoría de los líderes de Cauca somos pobres y nos tenemos que esconder como una rata, como si debiéramos algo”, dice con contundencia.

Y concluye que no dejará su labor de luchar por las víctimas del Naya y los derechos territoriales de los pueblos indígenas: “Nosotros vamos a seguir al frente de esto. No nos van a amedrantar con amenazas. Sabemos que no estamos haciendo nada malo ni quitándole a nadie lo que tiene, estamos reclamando derechos para las comunidades. Ahora el trabajo que tenemos en los Llanos Orientales nos fortalece más porque son unas tribus indígenas que no se han inscrito al Estado. Ni siquiera tienen cédula, pero son muy fieles a sus tradiciones”.

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