Pronunciamiento público: Mesa departamental de victimas del Cauca

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PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

Somos más que ocho millones de Víctimas, somos hombres y mujeres, con sueños y alegrías, somos víctimas que hoy nos levantamos y pronunciamos a favor de la vida, que sigue siendo afectada por la omisión del Estado en su responsabilidad de garantizarla, en el marco de la defensa de los derechos humanos, consagrado en la Constitución Política de 1991 y tratados internacionales.

En consecuencia, producto de la negligencia del Estado hoy persisten riesgos como la minería, el narcotráfico, la violación de la consulta previa y las garantías de la consulta popular, la cooptación de procesos sociales y la nueva reconfiguración del conflicto armado entre ellas, el paramilitarismo, ELN, EPL y disidencias de las FARC y las acciones del narcotráfico que han generado en lo transcurrido de este año más de 120 defensores de derechos humanos asesinados a nivel nacional de los cuales xx son del departamento del Cauca, además hay cientos de amenazas a miembros y líderes de las organizaciones sociales como CIMA, ANUC, CRIC ,ACON, MARCHA PATRIOTICA, entre otras.

Se evidencia una sistematicidad en la violación a la vida y los derechos humanos, junto a ello la estigmatización y criminalización de las acciones realizadas por organizaciones sociales, procesos de víctimas y defensoras de derechos humanos tanto del nivel departamental y Nacional como la Red por la Vida, mesa de derechos humanos por la defensa de la vida y los territorios del Depto del Cauca, Programa Defensa de la Vida CRIC, Red de derechos humanos Francisco Isaías Cifuentes, entre otras. Estas acciones conllevan como única respuesta del Estado a la militarización de los territorios y la vida en la población rural, siendo re victimizada la población civil y en especial las organizaciones sociales, aún en procesos de implementación del acuerdo de paz entre FARC y Gobierno Nacional, y el marco de los acercamientos entre ELN y Gobierno Nacional.

POR LO ANTERIOR DENUNCIAMOS

  1. Las acciones de re victimización a la población civil; las amenazas, señalamientos y asesinatos que ponen en riesgo la pervivencia de las organizaciones sociales, procesos de víctimas y defensores de derechos humanos del Cauca y Colombia, las políticas de seguridad, y la multinacional en cabeza del Banco Mundial y la falta de garantías a la protección de la Vida comunitaria, como consecuencia de la presencia de grupos armados, que hoy siguen violando los derechos humanos, pero en especial el derecho fundamental a la Vida y a la libertad de opinión, todo esto auspiciado por la falta de responsabilidad del Estado con relación a garantizar la presencia institucional, no militar en los territorios.
  2. El incumplimiento del Estado Colombiano frente a los distintos acuerdos firmados en relación a la defensa de los derechos humanos que no garantiza los procesos de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición.
  3. La falta de garantías, escenarios y mecanismos favorables para desarrollar la defensa de los derechos Humanos.
  4. La falta de fortalecimiento de las estrategias de autoprotección, como guardias indígenas, guardias cimarronas, jurisdicción especial, siguiendo en la idea que la vida en los territorios no se militarice.
  5. La Falta de garantías para que las organizaciones sociales cumplan con su papel, y a la vez desarrollen su fortalecimiento, ya que son la base de la defensa de la vida y los derechos humanos, por cuanto no hay reconocimiento de las iniciativas que se gestan desde estas y se limita su participación y se criminaliza su actividad por cumplir los mandatos colectivos y defender los derechos humanos.

EXIGIMOS:

Al Estado Colombiano:

  • La defensa de los derechos humanos y que se garantice la implementación de los acuerdos de paz, para la adecuada desmovilización de los grupos armados.
  • Adelantar las medidas necesarias para garantizar la no repetición del conflicto armado sufrido por más de 50 años, entre ellas la ampliación, ajuste e implementación de las políticas públicas de víctimas, ley 1448 de 2011 y Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 del mismo año, además que haya una efectiva participación de las víctimas en los procesos de verdad, justicia y reparación integral y medidas de no repetición.
  • El gobierno colombiano debe materializar el acurdo de la Habana en el marco de la participación de las víctimas a través de las circunscripciones especiales para la paz en el Congreso de la Republica.
  • Salvaguardar e implementar medidas cautelares en defensa de los territorios en su integralidad para las comunidades indígenas, campesinas, afros, y urbanas garantizando una vida digna.
  • Exigimos implementación de políticas públicas en educación, salud, vías, comunicación, créditos a largo plazo y a bajos intereses, con en el objetivo de implementar el desarrollo social e integral de nuestras comunidades y garantizar la presencia institucional, no militar en los territorios.
  • Exigimos el cumplimiento por parte del Gobierno Colombiano de todos los acuerdos en materia de Derechos Humanos, firmados por el mismo.
  • Exigimos al Nuevo Gobierno el respeto a la protesta y movilización social como garantía constitucional al reclamo de nuestros derechos fundamentales.
  • El cumplimiento del Gobierno de encabezar con las instituciones del estado la mesa Nacional de garantías en el Departamento del Cauca y en tal sentido se convoque extraordinariamente.
  • Exigimos el compromiso del Gobierno en el desmantelamiento del Narcotráfico, el paramilitarismo y la minera legal e ilegal en los territorios indígenas, campesinos, afros y urbanos, como una garantía para la consolidación de una paz estable y duradera en el país.

A la comisión de la Verdad se priorice al departamento del Cauca como uno de los sectores más golpeados por el conflicto armado, para la construcción del informe correspondiente.

Exigimos a la Fiscalía General de la Nación la investigación y la judicialización de los responsables intelectuales y materiales de las diferentes amenazas, intimidaciones y homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Exigimos a los Alcaldes y al Gobernador del Cauca, la construcción e implementación de una política pública de Derechos Humanos concertada con todas las comunidades y organizaciones sociales del Departamento del Cauca.

Exigimos a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, el seguimiento de los procesos de Derechos Humanos en el Departamento del Cauca e igualmente el seguimiento a las investigaciones sobre amenazas, intimidaciones y homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Exigimos a los Personeros Municipales en el Departamento del Cauca el cumplimiento del mandato constitucional y legal para garantizar la participar activa de las víctimas y defensores de derechos humanos.

Instamos a la comunidad internacional a:

  • Realizar un acompañamiento permanente en los territorios y en especial a los procesos sociales que son los defensores de la vida.
  • Realizar seguimiento a los acuerdos firmados por el gobierno colombiano con las distintas organizaciones sociales.
  • Hacer seguimiento a la debida aplicabilidad de los convenios internacionales firmados y ratificados por el estado colombiano.
  • Solicitamos a toda la comunidad internacional a que se trace una ruta articulada con los procesos sociales con el fin de fortalecer la plataforma de lucha y resistencia, para garantizar la defensa de la vida y los derechos humanos.
  • Solicitamos a la comisión interamericana de Derechos humanos las medidas cautelares para la protección de los territorios, la vida y los procesos sociales.

ORGANIZACIONES SOCIALES

PROCESOS DE VICTIMAS

ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

CUIDEMOS LA VIDA, PROTEJAMOS EL TERRITORIOS

25 de Julio de 2018

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