Los empresarios infiltran el gobierno y utilizan grupos armados legales e ilegales para dominar a los pueblos
Según informe de justicia[1] de marzo del año pasado hay 439 casos de empresarios relacionados con violaciones a derechos humanos en el conflicto colombiano. Esto va de la mano con el apoyo que ha mostrado el consejo gremial empresarial del cauca a la postura intransigente del presidente Duque de no asistir a atender nuestras demandas.
El conflicto colombiano en toda su duración no podría haberse sostenido sin una gran cantidad de dinero de por medio. Aparte del narcotráfico, minería ilegal, los secuestros, las extorsiones y otras actividades ilícitas a las que recurrieron los grupos armados al margen de la ley para financiarse, las comunidades sabemos que en Colombia también se presentaron casos de complicidad entre grupos armados y empresas privadas.
Sabemos y denunciamos la alianza existente entre poderes económicos, élites locales y grupos armados para promover sus intereses económicos y políticos a través de la cooptación de las instituciones locales en las regiones y a nivel nacional, este mismo informe muestra como el paramilitarismo tuvo su auge con la inyección de recursos empresariales en el que se resalta que la mayoría de empresas cómplices son colombianas, pues solo el 2 por ciento de los casos registrados corresponden a empresas multinacionales, y el 98 por ciento restante está asociado a empresas nacionales.
En este informe se habla de empresas que montaron su propio centro de detención, o que hicieron salas de tortura dentro de la planta o fábrica. El financiamiento de centros de tortura y exterminio, la producción y provisión de maquinaria de tortura y armamento. Así como la explotación forzada de tierras mediante violencia contra sus propietarios.
De allí que sabemos con qué tipo de gobierno estamos conversando y que nuestras demandas no tengan eco en las instituciones del estado hemos reiterado en diferentes comunicados el camino recorrido para llegar a esta minga y los llamados de meses anteriores que hemos hecho al presidente quien ha mostrado oídos sordos, así como lo que no se ha incluido en el capítulo étnico para el plan nacional de desarrollo y demás.
Rechazamos el apoyo que han hecho los gremios empresariales a la postura del presidente y rechazamos el bombardeo mediático que los medios de comunicación, al servicio de estos empresarios, hacen para justificar una posible arremetida violenta contra nuestras comunidades. Son ellos los responsables directos de lo que nos pueda pasar.
Hasta que se apague el sol, La minga no se rinde carajo
