Javier Oteca no era “ladrón de tierra”, sino un liberador de Madre Tierra

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Denunciamos como responsable intelectual y material de este repudiable asesinato a la empresa agroindustrial INCAUCA S.A, propiedad del conglomerado económico Ardila Lulle. De igual forma denunciamos al Estado colombiano y al Ejército Nacional como cómplices y responsables de los hechos de sangre que llevaron a la muerte a JAVIER OTECA

Comunidad Indígena Nasa de Corinto

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL.

JAVIER OTECA no era un “ladrón de tierra”, fue un luchador indígena por la Liberación de la Madre Tierra, por eso lo mataron!

La comunidad indígena Nasa de Corinto rechaza el asesinato del comunero indígena y liberador de la Madre Tierra JAVIER OTECA, a quien se le quitó la vida con arma de fuego el pasado miércoles 22 de marzo, a la 1:40 de la tarde, mientras realizaba un control territorial en la hacienda Miraflores. Denunciamos como responsable intelectual y material de este repudiable asesinato a la empresa agroindustrial INCAUCA S.A, propiedad del conglomerado económico Ardila Lulle. De igual forma denunciamos al Estado colombiano y al Ejército Nacional como cómplices y responsables de los hechos de sangre que llevaron a la muerte a JAVIER OTECA, ya que el día 22 de marzo un nutrido grupo de militares, que regularmente custodia la casa de la hacienda, se encontraba presente a escasos metros del lugar del asesinato, quienes no solo no impidieron el uso de armas de fuego contra los comuneros indígenas sino que, además, permitieron que los perpetradores del asesinato escaparan del lugar, abriendo la posibilidad de que este homicidio quede en la impunidad.

Exigimos a las autoridades judiciales, a la Fiscalía delegada de derechos humanos, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría pronta investigación sobre el asesinato de JAVIER OTECA, con el fin de castigar judicialmente a los responsables e impedir que se vuelvan a repetir hechos de sangre que vulneren la vida de las comunidades indígenas.
De igual forma rechazamos los señalamientos irresponsables y mentirosos realizados por los grandes medios de comunicación, quienes se han dado a la tarea de hacer pasar por secuestro el ejercicio legítimo y legal de la Jurisdicción Especial Indígena, reconocida por la Constitución Política de Colombia en su artículo 246. Los grandes medios de comunicación han querido ocultar el cobarde asesinato de nuestro hermano indígena JAVIER OTECA, tergiversando los acontecimientos y afirmando de manera falsa que el fallecimiento tuvo como causa la explosión de un artefacto manipulado por los mismos comuneros, cuando JAVIER OTECA fue asesinado por arma de fuego disparada por los agentes de seguridad privada del ingenio INCACA, como puede ser corroborado por las investigaciones peritales de Medicina Legal. Las mentiras y la tergiversación de los hechos, los engaños y ocultamientos, las falsas acusaciones y la intimidación no son otra cosa que los intentos desesperados del conglomerado Ardila Lulle por evadir su responsabilidad directa en este hecho que enluta a las comunidades indígenas.

Como los grandes poderes económicos articulados en el conglomerado de Ardila Lulle no han podido ocultar su responsabilidad en el asesinato de JAVIER OTECA, quieren ahora culpabilizar solo a los trabajadores del ingenio INCAUCA, buscando animar un conflicto entre las comunidades afrodescendientes y las comunidades indígenas, evadiendo además la responsabilidad intelectual de los grandes dirigentes de la compañía INCAUCA S.A. Contra esta estrategia la comunidad indígena Nasa de Corinto reafirma sus lazos solidarios y fraternos con las comunidades afrodecendientes y campesinas del Cauca, y hace un llamado a la unidad frente al avance de las amenazas y las acciones violentas contra los sectores étnicos y populares del Departamento.

Se nos quiere señalar como “roba tierras” y “terroristas”, pero la verdad es muy distinta, desde hace 525 años ha sido la esclavitud, la violencia y el despojo de tierras los hechos históricos comprobables que han marcado el difícil camino de los pueblos indígenas, que pertenecen a las comunidades indígenas, dado que jamás les fue adquirida de forma legal, sino por medios del despojo y la violencia.

En esta larga noche es posible distinguir por lo menos cuatro grandes momentos de despojo violento contra las comunidades indígenas del Cauca, el primero de ellos se presentó con el establecimiento de haciendas coloniales desde la primera mitad del siglo XVI hasta el XVII, cuando cesan los grandes esfuerzos bélicos de las comunidades indígenas del Cauca y sur del Tolima por expulsar al invasor español, el último de ellos registrado para 1656. Luego, cuando en la primera mitad del siglo XIX se crea el Estado colombiano, Simón Bolívar intentó disolver los resguardos indígenas y entregó los territorios ancestrales del Cauca a militares y hacendados. El tercer momento se presentó con la expansión terrateniente que tuvo lugar de finales del siglo XIX hasta entrado el siglo XX, para entonces familias latifundistas del Cauca como los Mosquera, los Zambrano, los Valencia y los Arboleda, detentaron títulos de propiedad sobre terrenos ancestrales de los pueblos indígenas, pese a que la ley 89 de 1890 garantizó el carácter no enajenable de las tierras de los resguardos.

Por último, para la mitad del siglo XX, se combinaron distintos factores que desembocaron en un nuevo momento de usurpación de tierras indígenas. Por un lado la violencia de los años 50 permitió el aumento de la propiedad terrateniente del Norte del Cauca mientras que, por otro lado, en los años 60 las políticas de modernización agraria y el aumento internacional de la demanda de azúcar colombiano, permitió el aumento y la consolidación de los cultivos agroindustriales de caña en el Norte del Cauca, lo que implicó un nuevo ciclo de expropiación de tierras indígenas. El despojo violento de los territorios sagrados y ancestrales, de las zonas de recolección y cultivo, ha obligado a las comunidades indígenas a vivir en montañas pobres e infértiles, generando con ello la grave crisis alimentaria por la que hoy atraviesan las comunidades indígenas.

JAVIER OTECA y las comunidades indígenas del norte del Cauca no son “roba tierras”, por el contrario han sido víctimas del despojo histórico y violento de sus tierras originarias, tal y como lo reconoce el Estado colombiano en el Capítulo Étnico de los Acuerdos de Paz de la Habana y en diferentes disposiciones legales como el Acuerdo 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, y deferentes sentencias de la Corte Constitucional, como es el auto T-004 del 2009 y la Sentencia T-030 del 2016. Pese a estas disposiciones legales el Estado colombiano no ha cumplido con su obligación legal de reconstruir los territorios ancestrales de las comunidades indígenas, muy por el contrario los diferentes gobiernos nacionales han venido desconociendo los acuerdos firmados por con las comunidades indígenas del Cauca sobre la entrega de tierras como, de igual forma, protegió la gran propiedad agraria de los ingenios agroindustriales en los acuerdos de Paz, tierras que les pertenecen por Derecho Mayor y derecho constitucional a las comunidades indígenas.

La Liberación de la Madre Tierra no se puede considerar como contraria al orden jurídico existente, por el contrario ha sido el Estado colombiano quien no ha cumplido con sus obligaciones legales y constitucionales en lo referente a la protección del patrimonio las cultural y al derecho a la reconstrucción de los territorios ancestrales, generando una crisis social y alimentaria que ha obligado a las comunidades a la ejecución de acciones que no tienen otro fin que llamar la atención del Gobierno Nacional para que se restablezcan los derechos legales y constitucionales de los pueblos indígenas.

La Liberación de la Madre Tierra se encuentra además cobijada bajo la protección especial que deben gozar los pueblos indígenas después de haber sido víctimas de la violencia, el despojo y la exclusión política por 525 años. Así, el Convenio 169 de la OIT, adoptado por Colombia con la ley 21 de 1991, en su artículo 14 es claro al afirmar que “deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos (indígenas) a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.” Las tierras que las comunidades indígenas de Corinto reclaman, no solo hacen parte de nuestros territorios ancestrales, sino que además son indispensables para garantizar la subsistencia y autonomía alimentaria de las comunidades indígenas. Por todo ello, el Estado está en la obligación no sólo de tomar las medidas conducentes a la titularidad comunitaria de estos predios, sino a proteger la posesión de las comunidades indígenas sobre los mismos. Denunciamos que en contravía al marco jurídico legal vigente otorgado por el Convenio 169 de la OIT, el Gobierno Nacional no solo no ha tomado las medidas conducentes para la reconstrucción de los territorios indígenas nasa, sino que utiliza constantemente medidas de fuerza, que terminaron arrebatándole la vida al comunero indígena JAVIER OTECA. Denunciamos que todo acto de violencia contra la comunidad que viene adelantando el proceso de Liberación de la Madre Tierra constituye un acto ilegal que revictimiza a las comunidades indígenas, amenazando con un nuevo despojo sobre tierras que en este momento la comunidad mantiene en la forma de uso y posesión permanente para el cultivo de alimentos.

El derecho al territorio de los pueblos indígenas es constantemente vulnerado por las acciones policiales de desalojo y la violencia contra las comunidades, lo que está en contravía de los artículos 7 y 8 constitucionales que obligan al Estado a proteger la riqueza y diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas. Pues como lo afirman diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el tema, como es el auto 004 del 2009 y la sentencia T 030 del 2016, la tierra es la base material para la preservación del patrimonio cultural de la comunidad indígena, de modo tal que todo acto de violencia que atente contra la posesión de la comunidad indígena sobre sus territorios ancestrales es un acto que vulnera, no a un individuo, sino al derecho colectivo de los pueblos indígenas a la cultura y su posibilidad de supervivencia material.

Que las comunidades indígenas tienen derecho a la exigencia y recuperación de sus territorios ancestrales dentro del ordenamiento jurídico actual y que, por tanto, no deben ser objeto de acciones de violencia, se encuentra confirmado por el fallo T-030 del 2016, en el cual la Corte Constitucional, en el numeral 7.15, hace un reconocimiento claro y explícito de la LEGITIMIDAD del proceso de Liberación de la Madre Tierra, ya que encuentra sus causas materiales en la usurpación violenta e histórica del territorio y en la problemática alimentaria generada por la falta de tierras, como en el incumplimiento reiterado de los acuerdos con el Estado y la carencia de una política adecuada de titulación de tierras para los pueblos indígenas, por todo ello en la sentencia T-030 se lee “…ante el incumplimiento del Gobierno Nacional, la impunidad frente al despojo histórico de sus territorios, los indígenas han ocupado varias haciendas a efectos de reclamar lo arrebatado y obtener elementos mínimos para garantizar su supervivencia”. Y, aunque no se cita en la sentencia T-030, es claro que el criterio de la Corte Constitucional en esta materia concuerda con el artículo 28 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el cual se hace expreso que los pueblos indígenas tienen EL DERECHO A LA RECUPERACION Y RASTAURACION DE SUS TERRITORIOS ANCESTRALES como su reconocimiento político-administrativo.

El auto 004 del 2009 de la Corte Constitucional declaró a la comunidad indígena Nasa en RIESGO REAL DE EXTERMINIO, ya que en los últimos 20 años se han presentado más de 23.000 violaciones de derechos humanos en su contra, entre ellos el despojo de los territorios ancestrales y el uso reiterado de diversas formas de violencia contra las comunidades. En estas circunstancias denunciamos que el Estado colombiano continua siendo uno de los principales actores que pone en riesgo la supervivencia material y cultural del pueblo nasa, tal y como se demuestra por las acciones de fuerza desproporcionada llevadas a cabo durante el procedimiento de desalojo realizado el pasado lunes 13 de febrero, en donde la fuerza pública utilizó armas de fuego y armas no convencionales contra las comunidades indígenas, como la responsabilidad del Estado colombiano en el reciente asesinato de JAVIER OTECA.

No aceptamos que la muerte sea el castigo que el Estado colombiano y las grandes empresas agroindustriales le imponen a las comunidades indígenas nasa por la exigencia de su derecho a la reconstrucción de los territorios ancestrales, más cuando el proceso de Liberación de la Madre Tierra encuentra su legitimidad en el orden jurídico vigente y cuando la comunidad indígena siempre ha estado dispuesta al dialogo.

Ofrecemos un sentido mensaje de condolencia a los familiares y amigos de JAVIER OTECA, quien el día de hoy regresa a las entrañas de la Madre Tierra, para que su espíritu sea de nuevo sembrado y renazca como vida y memoria de los pueblos indígenas que hoy, más que nunca, reafirman su compromiso con la vida, la justicia y la dignidad, ya que no descansaremos hasta agotar toda las instancias nacionales e internacionales que conduzcan al esclarecimiento y castigo de este repudiable asesinato. De igual forma la comunidad indígena de Corinto reafirma su compromiso con el punto uno de la Plataforma de Lucha del CRIC de 1971, como con el Mandato comunitario por la Liberación de la Madre Tierra.

Hacemos un llamado a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, a la Defensoría del Pueblo, a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU para que realicen alertas tempranas que eviten nuevas violaciones de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas nasa. De igual modo se hace un llamado a las organizaciones sociales y populares para que realicen actividades de denuncia y tomen acciones de solidaridad efectiva en defensa de las comunidades, ya que todos los indicios, como son amenazas y asesinatos, indican que la vulneración de los derechos humanos en el territorio tiende a recrudecerse. Por lo que desde ya hacemos responsable al Estado colombiano por no tomar medidas prontas y conducentes a la protección de las comunidades indígenas.

Por la memoria de JAVIER OTECA lucharemos hasta que nuestra justa demanda por la reconstrucción de los territorios ancestrales permita la Liberación de la Madre Tierra y, con ella, la Liberación de la Nación Nasa después de 525 años de sometimiento.

Comunicado a la opinión pública
CABILDO INDÍGENA DEL RESGUARDO PÁEZ DE CORINTO

Corinto Cauca – Colombia, 25 de marzo del 2017.

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