Frente al peligro que corre la consulta previa seguiremos luchando por decidir sobre nuestro propio destino

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Sectores empresariales y sectores políticos en el país, que han sido afectados en sus intereses por el reconocimiento realizado por la corte constitucional a los pueblos indígenas y afros en la protección al derecho fundamental a la consulta previa, salen nuevamente a presionar para que se reglamente, desconociendo que existe ya un marco jurídico y jurisprudencial que regula los procesos de consulta y concertación con los pueblos indígenas.

La figura de la consulta previa e informada como un derecho fundamental aparece legalmente en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, ratificado en Colombia por la Ley 21 de 1991. No obstante estos sectores empotrados en el gobierno nacional, desconociendo este escenario, de forma unilateral en 1998 expidieron el decreto 1320 que reglamenta la consulta previa para la extracción de los recursos naturales, frente al cual la corte constitucional ordenó no aplicarlo por considerarlo contrario a la constitución. También con la directiva presidencial 01 de 2010 emitida por el presidente de ese entonces donde se pretendía que existiera un único modelo de consulta para todos los pueblos étnicos, posteriormente la directiva presidencial 10 de 2013, el decreto 2613 de 2013 y la directiva 10 de 2013, todos sin la participación de los pueblo indígenas y afros.

Estos sectores, representantes del modelo que sumen en la pobreza a las grandes mayorías del país y agotan irresponsablemente lo que la madre tierra nos ha regalado, han presentado un proyecto de ley en esta vía, utilizando argumentos amañados que desinforman y estigmatizan a nuestras comunidades.

Frente a esto preguntamos: ¿Está mal que seamos los pueblos los que decidamos sobre nuestro propio destino?

En sus intentos por responder a la garantía para la inversión extranjera y nacional en los territorios ancestrales, estos sectores siempre acuden a las leyes del despojo y a sus escuadrones de la muerte. Este afán de reglamentar la consulta previa y restringir los derechos de los pueblos, responde a la visión de que el derecho a la participación a los pueblos indígenas y afrocolombianos, representamos un obstáculo para el desarrollo del país, objetivo manipulado que siempre utilizan para encubrir su codicia.

Seguro podrán explicarnos como el desarrollo del país pasa por reducir el presupuesto nacional de educación en 39.8%, el de ciencia y tecnología en 34.8%, y el de cultura en 31.3%, aumentar los impuestos a todas las gentes humildes y trabajadoras del país, mientras se le reducen a banqueros y grandes empresarios, todo para seguir entregando nuestros dineros a uno de los ejércitos mejor financiados de Latinoamérica y usar esos fusiles contra nuestras comunidades que liberan la madre tierra. Es claro que construyen su desarrollo bajo la muerte y la explotación de los humildes, aun recordamos a FREDY JULIÁN CONDA DAGUA asesinado hace 2 semanas por esas balas bien financiadas,  a EFIGENIA VASQUEZ ASTUDILLO Comunicadora, Mujer y Madre indígenaasesinada 8 de octubre del 2017 por la fuerza pública a través del escuadrón de la muerte ESMAD y muchos más que han dado la vida por defender el proceso y el territorio.

Para el senador que defiende esta iniciativa llama la atención que se han generado 4500 consultas previas en Colombia, mientras en otros países no pasa de 30 o 40. Además argumenta que tiene apenas pruebas de 10 casos en los que se han presentado irregularidades. Manipula las cifras y generaliza irresponsablemente sin ver las particularidades.

Los argumentos que plantea no discriminan por casos diferenciados, pues la consulta previa también aplica en temas como en el de traslado o reubicación de los pueblos de sus territorios tradicionales, temas de diseño y ejecución de programas de formación profesional, casos de adopción de menores indígenas, realización de investigaciones de acceso a recursos genéticos y conocimiento tradicional (permisos de investigación científica) e incluso aplica cuando se vayan a tomar medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a las comunidades.

Seguiremos en la lucha por el cuidado y la liberación de nuestra madre tierra, en contra de los proyectos que la desarmonizan, pues el modelo económico depredador, que viene penetrando en nuestros territorios y en los corazones de las personas, sea indígenas o no, es el que degrada la consulta previa, no al revés. Nos recriminan por diez casos lo que ellos hacen a diario, poner los intereses de la ganancia por encima de la vida.

Llamamos a que se haga una gran consulta nacional por la vida y la defensa de la madre naturaleza, pues es hora de que le pongamos un freno al extractivismo y la autodestrucción compulsiva que nos tiene al borde del cataclismo ambiental. Por la pervivencia de toda la humanidad debemos de buscar alternativas al  supuesto “desarrollo”, y somos las comunidades indígenas y afro los que más hemos defendido los territorios en los que habitamos a través de la consulta previa, cientos de estudios lo corroboran.

Seguiremos defendiendo la vida contra su avaricia, la que se ha cobrado ya la vida de tantos líderes sociales en zonas de sus megaproyectos, seguiremos levantando escuelas, experiencias de economía solidaria y centros de salud para combatir su modelo y aprovechar la poca tierra productiva que tenemos. Seguiremos invitando a todos a construir alternativas por el restablecimiento del equilibrio perdido, buscando pactos de protección ambiental y convocando a todos los sectores interesados en defender la vida con nosotros.

Exigimos desde el Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC-, que como dice la sentencia de la Corte Constitucional, T-382 de 2006, la Consulta Previa se aplique con respecto a “medidas legislativas como la expedición de normas que involucren o afecten a nuestros pueblos”. No aceptamos ningún proyecto de ley unilateral que no sea concertado primero con nuestros representantes. La consulta previa es un derecho que ganamos en estos 526 años de lucha.

CONSEJERÍA MAYOR

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC-

Popayán, 12 de septiembre del 2018

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