Por: Congreso de los pueblos.
Exigimos garantías para la vida y para la defensa de los derechos humanos
Según la Constitución Política de 1991, somos un Estado Social de Derecho; de esa manera se fundamentan las políticas para la protección de la dignidad humana, los derechos fundamentales y se garantiza la participación activa en la democracia colombiana.
Cualquier vecino de la región podría estar envidiándonos y queriendo repetir tan extraordinarias palabras de no ser porque la realidad dista mucho de ese embeleso poético leguleyo. Amenazas, criminalización, judicialización y hasta asesinatos han sido la constante que vienen sufriendo las organizaciones sociales, indígenas, gestores comunitarios y líderes políticos, conductas que no son nuevas en nuestro país por parte del Estado.
En los últimos años el movimiento social ha visto incrementada su persecución y señalamiento, antes fueron las detenciones masivas y judicialización de líderes y dirigentes sociales en el Oriente colombiano. Luego en el Norte y en el Sur de Bolívar las capturas, estigmatización y el asecho constante por parte del estado contra activistas y defensores DDHH.
Ahora en el Sur Occidente del país, en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Caucalideresas y líderes fueron detenidos arbitrariamente, entre ellos se encuentran Alejandra Dizú(Vice Gobernadora del Cabildo Pueblo Nuevo y representante al tribunal de justicia de las autoridades indígenas del valle): Detenida a las 6:30 am en su residencia ubicada en la ciudad de Cali junto con su compañero. En el momento de la detención se encontraba con su hija de 7 años, a quien el ICBF se la llevó.
En Nariño detienen a los líderes Harold Montifar (Minga por la paz de nariño), Yamile Montenegro, Darío Dorado, Porfirio Samaniego (Concejal), Albeiro Betancourt(expersonero – Municipio de Samaniego Nariño), Pedro Dorado, Hechos sucedieron en el municipio de Samaniego Nariño.
También han detenido a Manuel Molina en el municipio de Guachavez- Nariño y al señor Alexander Garzón (Abogado – expersonero del municipio de Ricaurte).
Igualmente se dieron las detenciones de las Defensoras de Derechos Humanos y Activistas del Proceso de Comunidades Negras en Colombia-PCN, Sara Liliana Quiñonez Valencia y Tulia Marys Valencia Quiñonez, quienes a pesar de estar en situación de desplazamiento forzado, bajo medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con esquema de protección de la UNP se les sindica de rebelión, y ser parte del grupo guerrillero ELN.
La defensa de la vida, del territorio, la exigencia de condiciones dignas para la población y el pensamiento alternativo son la bandera de lucha de muchos hombres y mujeres que buscan la construcción de un mundo mejor, y así como estas luchas se van fortaleciendo también se va incrementando la persecución intentando acallar las denuncias y demás acciones de cambio que busca el movimiento social. Las fuerzas represivas del estado han convertido la labor del líder social en un delito, prueba de ello son las alertas y denuncias que siguen llegando desde todas partes del territorio nacional, especialmente de aquellas zonas donde históricamente se ha concentrado el conflicto armado y que vienen en incremento en los últimos días; en todos estos territorios se han venido adelantando capturas y señalamientos tildando la labor social y comunitaria como actos de insurgencia y terrorismo. Los derechos humanos y más aún su defensa, en este país, son un acto de revolución.
En momentos como este, en el que Colombia está transitando por un nuevo y desconocido camino hacia la posibilidad de la paz, es necesario volcar los ojos a las ciudades y los territorios, donde no solo ha existido la violencia producto del conflicto social y armado, sino que también persiste el terror fruto de la estigmatización y el señalamiento.
Expresamos nuestra preocupación por la falta de medidas efectivas de protección a líderes de procesos sociales, políticos y populares, es importante que el gobierno entienda que la paz más que un camino, es un proceso de construcción donde hombres y mujeres que no empuñan fusiles pero que luchan con el pensamiento alternativo hacen parte de esa construcción todos estos son argumentos más que suficientes para exigir un espacio de dialogo y de garantías para seguir defendiendo la vida digna.
Comunicado – Denuncia detenciones Valle del Cauca, Cauca y Nariño
