Comunicado público comisión nacional de territorios indígenas: Gobierno Nacional incumple acuerdos

Compartir en Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Bogotá, 30 de junio de 2018

COMUNICADO PÚBLICO COMISIÓN NACIONAL DE TERRITORIOS INDÍGENAS

El Gobierno Nacional vulnera los derechos territoriales de los pueblos indígenas incumpliendo acuerdos realizados durante las sesiones y otros espacios en región.

  • Se reduce el presupuesto para garantía de derechos territoriales de los pueblos: 33 mil millones, de los cuales 7 mil están imaginariamente (recursos sin situación de fondos) y 4 mil provienen de recursos del posconficto (no es claro su manejo). Ministerio de Hacienda pone por encima la sostenibilidad fiscal de la protección de derechos fundamentales de pueblos indígenas, omitiendo y restándole importancia a los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el tema.
  • No hay avances significativos en los procesos de constitución, ampliación y saneamiento de resguardos. Hay cientos de solicitudes en cola hace años y este año no se quieren comprometer a sacar ni tres resoluciones.
  • El Gobierno Nacional, condiciona el Decreto sobre resguardos de origen colonial y republicano, a la protocolización de la Reforma de la Ley 160 de Tierras, nociva para los pueblos.
  • No se ha proferido ninguna resolución desde el año 2014 que entró en vigencia el Decreto 2333 por el cual se establecieron mecanismos para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ancestrales de Pueblos Indígenas. Gobierno Nacional volvió el procedimiento casi tan largo y dispendioso como el trámite normal de constitución.

Los delegados indígenas para la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, nos reunimos ayer 29 de junio de 2018 con el gobierno nacional en la segunda sesión del espacio de concertación en materia territorial. Desde distintas partes de país nos desplazamos a Bogotá con la intención de avanzar en la garantía y protección de los derechos de los pueblos indígenas del país, pero encontramos un panorama desalentador, pues los avances de las instituciones son marginales y reiterativamente incumplen los acuerdos a los que llegamos con gran esfuerzo.

Vemos con preocupación la constante vulneración de nuestros derechos y la falta de voluntad política del gobierno para agilizar los procesos de constitución, ampliación y saneamiento de nuestros resguardos. El territorio para nosotros es la vida, con él tenemos lazos culturales y espirituales, por lo que negarnos nuestros territorios ancestrales es negarnos la existencia, la preservación y por extensión, la posibilidad de garantizar la conservación de los bosques, montañas, animales, fuentes de agua, heridos de muerte por los megaproyectos extractivistas y los intereses de privados que no respetan la naturaleza ni a los Pueblos.

Queremos poner en conocimiento de la opinión pública que:

  1. La reducción del presupuesto para la garantía de derechos territoriales de los pueblos indígenas nos aumenta el grado de vulnerabilidad. Hay destinados apenas 21 mil millones, porque a pesar de destinar 33 mil millones, 7 mil están imaginariamente (recursos sin situación de fondos) y 4 mil provienen de recursos del posconficto (no es claro su manejo). Es evidente que el dinero es insuficiente para cumplir con las solicitudes que hoy ascienden las 700.

Año tras año se disminuyen los recursos dispuestos para este fin. No hay un interés del Gobierno Nacional en solucionar nuestra situación, quizá porque los territorios que reclamamos desde la ancestralidad, se tienen destinados para privados y proyectos de explotación mineroenergética.

Ministerio de Hacienda asiste por primera vez a una sesión y al ser interrogada al respecto, pone por encima la sostenibilidad fiscal de la protección de derechos fundamentales de pueblos indígenas, omitiendo y restándole importancia a los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el tema. Dice que no puede hacer nada.

  1. Somos 106 Pueblos Indígenas a los largo y ancho del país, muchos en riesgo de extinción como lo manifestó la Corte Constitucional. Hemos sido víctimas del conflicto armado y diversas amenazas recaen sobre nosotros por la riqueza de los territorios que habitamos. No siendo suficiente, el Estado se ha empeñado en colocar trabas administrativas (técnicas) para los procesos de constitución, ampliación y saneamiento de los resguardos, hay procesos que cumpliendo con los requerimientos técnicos llevan más de 30 años y siguen sin avanzar.

No hay un compromiso real por parte de las instituciones, especialmente de la Agencia Nacional de Tierras con el avance en los procesos de legalización de los resguardos indígenas. Para este año no se ha querido comprometer ni con tres resoluciones a nivel nacional, a pesar de tener represados los compromisos de años pasados, en los que no cumplieron con las metas propuestas.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Tierras, presiona a los Pueblos Indígenas para protocolizar la Reforma de la Ley 160 de Tierras (nociva para los derechos territoriales porque concibe los territorios ancestrales como baldíos que se pueden adjudicar a privados), condicionando la realización de un evento nacional necesario para la protocolización del Decreto de Resguardos de Origen colonial y republicano (reconoce los territorios que habitamos antes de la colonia) a la aceptación de la Reforma.

  1. El Gobierno Nacional ha buscado dilatar la protocolización del Decreto de Resguardos de Origen colonial y republicano, a pesar de ser un acuerdo con los pueblos del Cauca, aduciendo problemas administrativos (uno a uno solventados por las organizaciones indígenas) y financieros, para aplazar el cumplimiento de la ruta.

En el marco de la #SegundaSesiónCNTI se le propusieron desde las organizaciones indígenas tres fechas distintas para la realización del evento y la respuesta fue negativa, incluso cuando se propuso realizar la protocolización en una sesión de la Mesa Permanente de Concertación Nacional, para ahorrar recursos. No hay interés en nuestro evento, pero sí en el de la Reforma de la Ley 160, para el cual no hay problema con la disponibilidad de los recursos.

  1. No se ha proferido ninguna resolución desde el año 2014 que entró en vigencia el Decreto 2333 por el cual se establecieron mecanismos para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ancestrales de Pueblos Indígenas.

El Decreto que pretendía funcionar como un mecanismo de protección para los Pueblos que son más vulnerables (en algunos quedan menos de 50 personas), en la implementación ha sido un fracaso. El Gobierno Nacional volvió el procedimiento casi tan largo y dispendioso como el trámite normal de constitución y lo volvió tan técnico que las comunidades alejadas no lo entienden al no tener posibilidad de asesoría jurídica.

La CNTI es el espacio nacional de concentración entre los Pueblos Indígenas y el Gobierno Nacional en material territorial

Publicaciones relacionadas