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El Pueblo Awá continúa en resistencia en medio de los que buscan deslegitimar su lucha

El Pueblo Awá continúa en resistencia en medio de los que buscan deslegitimar su lucha

  A pesar de que la manifestación se ha desarrollado de manera pacífica, las tropas del Ejército Nacional pertenecientes al batallón de montaña Nº53 a cargo del Teniente Aguilar que se encuentran en inmediaciones a la movilización, han estado ejerciendo presión sobre los...

Sembrar vida, ahí donde mero está la muerte…Jornadas de encuentros desde y con los pueblos de abajo para Resistir y Transformar

Sembrar vida, ahí donde mero está la muerte…Jornadas de encuentros desde y con los pueblos de abajo para Resistir y Transformar

SENTIDO Y CONTENIDO   Sembrar vida, ahí donde mero está la muerte, ha sido y es el camino/horizonte de millones de personas, organizaciones, colectivos, comunidades, pueblos, en campos y ciudades del Planeta Tierra para no desaparecer. Y también se ha vuelto nuestro...

La cuestión agraria

La cuestión agraria

Ofende leer a Hommes, el ministro de César Gaviria, quien tuvo a cargo implantar la “apertura económica”, causante de la más grave crisis agraria de la historia rural colombiana, pontificar ahora, sobre qué hacer para superar tan enorme daño al agro nacional.

  • El Pueblo Awá continúa en resistencia en medio de los que buscan deslegitimar su lucha

    El Pueblo Awá continúa en resistencia en medio de los que buscan deslegitimar su lucha

    Martes, 16 Septiembre 2014 13:29
  • Sembrar vida, ahí donde mero está la muerte…Jornadas de encuentros desde y con los pueblos de abajo para Resistir y Transformar

    Sembrar vida, ahí donde mero está la muerte…Jornadas de encuentros desde y con los pueblos de abajo para Resistir y Transformar

    Martes, 16 Septiembre 2014 18:30
  • La cuestión agraria

    La cuestión agraria

    Miércoles, 17 Septiembre 2014 11:32

Nuestra Palabra

De cómo nos están mapeando y despojando para "La paz"...

Las Expediciones Bowman coordinan al Pentágono, las universidades y organizaciones y líderes de procesos indígenas y populares. Donde quiera que se implementan hay guerra para la paz del modelo, sea México, Centro América o Colombia urbana y rural. Pasan mayormente desapercibidas. Sus ideólogos no son suficientemente estudiados ni controvertidos. Sus contrapartes gozan de recursos y prestigio. Los efectos en despojo y sometimiento son, ni más ni menos, la conquista hoy, en su modelo post-neoliberal, extractivista legitimado. Hay que hacerle Minga a esta amenaza real para conocerla y detenerla. Así No!!

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    Hagamos Memoria: Denuncias de Gloria Cuartas, exalcaldesa de Apartadó sobre masacre paramilitar

Nuestra Palabra Kueta Susuza

  • Nariño: El Pueblo Awá se moviliza frente al estruendo de los fusiles y el silencio indiferente del estado colombiano

    Las autoridades tradicionales Awá asociados a la Unidad Indígena del Pueblo Awá -UNIPA, damos a conocer a la sociedad colombiana y la opinión pública nacional e internacional de la movilización masiva que se adelantará a partir del día 10 de septiembre del año en curso, por tiempo indefinido y de manera simultánea en la vía Pasto-Tumaco y vía Junín-Barbacoas del departamento de Nariño.
     
  • La guerra continúa afectando nuestra vida y nuestra Mama Kiwe - Madre Tierra

    Las Autoridades Indígenas del Norte del Cauca que integramos la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-ACIN, nuevamente expresamos nuestro rechazo y alertamos a la comunidad nacional e internacional acerca de la agudización del conflicto armado en nuestros territorios, en lo que ha corrido de este año han sido asesinados tres maestros comunitarios.
     
     
  • Caloto, Cauca: Asesinado Joaquín Gómez Muñoz, docente de la vereda El Credo

    La situación de violencia se agudiza en el Cauca. Mientras los voceros del gobierno y las FARC se contradicen en sus anuncios oficiales sobre los avances en los diálogos en la Habana, el pueblo colombiano enfrenta el recrudecimiento de la guerra; y el departamento del Cauca, uno de los botines por los que se debaten, gobierno, guerrilas y empresas, sigue siendo uno de los territorios más golpeados.  

Contexto Colombiano

  • Campesinos del Putumayo continúan en el dialogo

    Yules Anzueta, líder campesinoLos campesinos del Putumayo continuaran con los diálogos con el Gobierno Nacional a pesar de las dificultades registradas en las últimas horas cuando uno de sus lideres fue detenido por las autoridades por el supuesto delito de subversión y terrorismo.
     
     
  • ¿Sí serán los pájaros los que agreden a las escopetas?

    La persecución a nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó está saturada de episodios macabros y absurdos, pero quizás algo faltaba: que nos demandaran por “perseguir” y “amenazar” a quienes nos han masacrado, torturado, desplazado, violado, despojado, estigmatizado, calumniado y arruinado.

     
  • ¿Estrés petrolero en Colombia?

    Øystein Noreng, noruego experto en economía petrolera, ha insistido en la complejidad de factores que, más allá de la oferta y de la demanda, inciden en ella. Entre dichos factores resalta la condición del recurso como no renovable y en proceso de agotamiento, la “cartelización” del sector en manos de pocas compañías y la relevante incidencia de los aspectos geopolíticos, en especial, porque los países industrializados están subordinados al suministro proveniente de los exportadores.

     

Vivencias Globales

Comunicados

Caloto – Cauca: Acciones de control territorial en los Cabildos Indígenas de Huellas, Toez y López Adentro
Los tres cabildos de Caloto convocan a Armonizar el territorio mediante el desalojo de maquinaria para la extracción minera que afecta el territorio y la comunidad. Responsabilizar a los mineros de la cuenca del río Palo, actores armados, socios y compañías de propietarios de fincas privadas aledañas por cualquier tipo de retaliación física psicológica a comuneros, guardias indígenas, cabildantes y comunidad en general de los cabildos ejecutantes de la resolución número 001-02-2014. El encuentro será a partir del 3 de abril del 2014.
(2204)
Territorios indígenas beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH en el año 2011 convertidos en escenarios de guerra
Comunicado público. El día 14 de noviembre del año 2011, la Comisión Interamericano de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares a favor de miembros del Pueblo Nasa pertenecientes a los resguardos de Toribio, San Francisco, Tacueyó y Jambaló. En la solicitud de medidas cautelares, los miembros del pueblo Nasa argumentaron que se encuentran en una situación de alto riesgo en razón del conflicto armado, y que han sido objeto de homicidios, desapariciones forzadas y otros hechos de violencia.
(1104)

Documentos

Deplazamiento por enfrentamiento armado Farc y Ejército, en el Consejo comunitario Guapi Abajo – Guapi (Costa Pacífica del Cauca)
Las 2 familias que resistían en la comunidad de “El Partidero” (porque todo el resto de la población y de las comunidades cercanas llevan más de 3 años desplazadas) y 10 familias indígenas en el Consejo comunitario de comunidades negras de Guapi Abajo – municipio de Guapi (costa pacífica de Cauca), se desplazaron desde el día 9 de septiembre de 2014 a raíz del fuego cruzado entre el Ejército y el Frente 29 de las Farc- Ep.
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Continuan los asesinatos en la industria petrolera
Una vez más  rechazamos a quienes creen que todas las diferencias se  pueden resolver a punta de pistola, ensañándose  con los trabajadores del sector petrolero. Hoy lamentamos  la muerte de Germán Arturo Ariza Camacho y Jairo Aguilar, contratistas de la empresa Termotécnica Coindustrial, quienes  fueron asesinados el domingo 14 de septiembre, de 2014, mientras realizaban labores de inspección en el oleoducto Caño Limón Coveñas, en jurisdicción de la vereda Villa Nueva, municipio de Teorama, Norte de Santander.
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ACIN - Çxhab Wala Kiwe

En la comuna 13 los 'paras' desaparecieron varias casas

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Casa del barrio Las Independencias que fue despojada y desvalijada por los paramilitares. En Medellín, decenas de familias fueron despojas de sus casas. Muchas de esas viviendas se convirtieron en guaridas de los paramilitares, que las desmantelaron hasta dejarlas en escombros.
 
María Carmenza*, líder comunitaria, llevaba seis años sin ver su casa. En el 2008,  volvió a Barrio Nuevo acompañada por varios funcionarios de la Personería de Medellín y la abogada que lleva su caso por desplazamiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al llegar al lugar, descubrieron una estructura a punto de caerse a la que sólo le quedaban algunos muros, no tenía nada que ver con la casa en la que vivió trece años junto a sus tres hijas.
 
Su casa era de estilo campesino, los muros blancos, de bahareque, y el techo de teja. Tenía un corredor grande adornado de plantas, tres habitaciones, sala-comedor, cocina y una terraza pequeña. La compró por dos millones de pesos, los ahorros de muchos años, cuando su primera hija estaba en brazos. María Carmenza estaba contenta y tranquila porque la recién nacida tendría un lugar seguro donde crecer.
 
Un medio día de octubre del 2002, esta mujer salió de su casa con sus hijas, sin tiempo para llevarse ni una maleta con ropa. Días antes, apareció en las ‘listas negras’ de los paramilitares: a ella y a otros líderes comunitarios los señalaron como guerrilleros. “Nos llamaban a las casas y nos decían que ya iban a entrar al barrio, que nos iban a asesinar y que no iban a importar ni los hijos de nosotros”.
 
Semanas antes de la Operación Orión, realizada entre el 16 y el 20 de octubre de 2002 por tropas del Ejército y la Policía, agentes de seguridad allanaron varias casas con la excusa de que buscaban armamento o cualquier cosa que pudiera vincular a las personas con las milicias guerrilleras. Según María Carmenza, en esos operativos los líderes fueron reseñados. Ella cuenta que “en esos allanamientos, los militares le hacían alguna pinta a la fachada de la casa.  Esto era para mostrarles a los paramilitares dónde tenían que llegar”.
 
El día que la desplazaron del barrio, también otros cinco líderes abandonaron sus hogares por razones similares. “Esos hombres se apoderaron de nuestras casas. La usaron para quedarse a vivir allí o traían gente de otras partes. Desde eso no pudimos volver. Ellos se fueron quedando ahí en la casa y la fueron desvalijando. Tumbaron las lozas, los baños; decían que era que las necesitaban o que habían mandado por eso. Parecían unos comejenes. Hasta se llevaron las puertas”, recuerda María Carmenza.
 
Las viviendas de los líderes barriales fueron utilizadas por los paramilitares para distintos fines: trinchera para los enfrentamientos, caleta de armas, lugar para planear sus operaciones; también las usaron para vivir en ellas o las arrendaron a otras personas; incluso, llegaron a venderlas falsificando la firma de sus verdaderos dueños. En algunos casos, fueron usadas como centros de tortura y se dice que en los solares de algunas de esas viviendas puede haber cuerpos enterrados.  
 
Según datos recogidos por el Grupo de Memoria Histórica en el informe “La huella invisible de la guerra. Desplazamiento forzado en la Comuna 13”, durante y después de la Operación Orión trescientas cincuenta familias, conformadas por 1.785 personas, denunciaron 521 casos de abandono o pérdida de bienes. Una cifra que no corresponde a los casos que realmente se dieron porque muchos no han sido reportados por el miedo a denunciar los victimarios, quienes después de haber desplazado y despojado no dejaron de amenazar a sus víctimas.
 
Sandra González, investigadora de Corporación Región y quien participó en la elaboración del informe de la comuna 13, cuenta que “encontramos de manera reiterada que los principales responsables del despojo fueron los paramilitares. En ningún caso las personas señalaron las milicias. Era una práctica en la que ocupaban, usurpaban y se usufructuaban de las viviendas. La particularidad es que el despojo trajo consigo la destrucción de las viviendas”.
 
Entre el 2006 y 2008, el proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la población desplazada, iniciativa de Acción Social, recibió setenta y siete solicitudes de protección, de las cuales veinticuatro eran de bienes en la comuna 13 que fueron abandonados entre el 2001 y 2007. Pero los medios para denunciar estos casos en el momento en que sucedieron no fueron efectivos. Además, la administración municipal se negaba a reconocer, en un principio, el desplazamiento intraurbano.
 
“Yo puse la demanda ante la Fiscalía, y solicité ayuda a la Red de Solidaridad, que es la Acción Social. Ellos se negaron, dijeron que solo era desplazado el que viene de un pueblo; luego empezaron a decir que ellos necesitaban saber cuáles eran mis intereses ideológicos y políticos por los que me habían sacado los grupos paramilitares de mi casa”, narra María Carmenza.
 
Ella se fue para un municipio aledaño a Medellín, y llegó con sus tres hijas a la casa de un familiar que les dio posada durante unas semanas. Luego empezó a trabajar el doble que antes para pagar arriendo y servicios, mercar y sostener el estudio de sus hijas. “Ha sido muy difícil pero no puedo desfallecer. A mis hijas les pude dar el estudio. Ya las dos mayores están en la universidad. Ellas me dan el aliento para salir adelante, han sido muy conscientes de los que nos sucedió”.
 
Al despojo lo sucedió la mora de servicios públicos e impuestos que no paró de cobrarse. A pesar de que con su denuncia a María Carmenza le dijeron que esos cobros se suspenderían, esto no sucedió. Muchos despojados tienen deudas que superan, incluso, el valor de la vivienda.
 
En Medellín, desde el 2009, entró en vigencia el amparo a la propiedad de inmuebles, a partir de esa fecha la Unidad de Desplazamiento Forzado ha recibido más de seiscientas solicitudes de protección. Además, esta Unidad y otras entidades que pertenecen a la Mesa Interinstitucional de Protección de Predios Urbanos Abandonados o en Riesgo de Abandono a consecuencia de la violencia, estudian una prueba piloto para la restitución urbana.
 
Pero este tipo de iniciativas gubernamentales no convencen a las víctimas y aún generan desconfianza, que se engendró por el trato que recibieron en el momento más difícil, cuando fueron expulsados de sus barrios y no recibieron ayuda humanitaria.
 
Según María Carmenza, ella al barrio no puede regresar: “compañeros que volvieron porque supuestamente la Alcaldía les iba brindar seguridad fueron asesinados. Entonces, uno no confía en el Estado. Igual, en este momento la situación está horrible. No hay condiciones para volver, siguen las matanzas, la retención de jóvenes”.
 
Como un indicio negativo, las víctimas de despojo recuerdan la supuesta entrega de casas que en  noviembre del 2006 hicieron en la comuna 13 voceros de la entonces Corporación Democracia, acompañados por el Programa Paz y Reconciliación de la Secretaría de Gobierno.
 
“La gente dice que eso fue una farsa. Entregaban un papel donde decía la dirección de la vivienda y el nombre de la persona. Ese papel era la restitución de las casas, en su mayoría, destruidas. Y los desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara nunca reconocieron el despojo sino que decían que era un acto de reconciliación con las víctimas”, explica la investigadora González.
 
Con la Operación Orión no terminaron los casos de despojo. Siguió siendo una práctica con la que los grupos armados se benefician económicamente y afianzan su poder territorial.
 
Según González, hasta el 2009 se seguían registrando estos casos: “Tenemos la historia de una señora a la que en ese tiempo que se suponía ya no estaban los paramilitares, fue interpelada por ‘Los muchachos’. Le dijeron que necesitaban su casa apara guardar armas, luego empezaron a reunirse en ella para planear sus operaciones. Hasta que empezaron a exigirle que les planchara la ropa. La señora no se aguantó más y se fue. Ella no denuncia porque tiene miedo que la maten”.
 
Por su lado, María Carmenza no se resigna a la pérdida. Aunque de su casa solo queda el recuerdo, ella quiere que su caso sea reconocido por el Estado, y reclama lo mismo que el gobierno le ha prometido: verdad, justicia y reparación.
 
“Voy a seguir luchando por recuperar lo que era de nosotros. Mi caso ya está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creemos que va muy adelante, al menos los entes internacionales nos oyeron, porque acá el mismo Estado violentó una cantidad de derechos contra mi familia y mi persona”, dice.
 
Muchas veces, en eventos que convocan a las víctimas, María Carmenza se encuentra con algunos de que fueron sus vecinos. A ella le da tristeza porque ellos le recuerdan ese barrio al que le cogió tanto cariño. Pero al mismo tiempo, la nostalgia se esfuma y la reemplazan otras imágenes, las de los heridos y cuerpos sin vida abandonados que vio en esas callejuelas. Por eso prefiere mantenerse lejos y salvaguardar lo que durante los últimos diez años ha reconstruido con sus hijas.  
 
*Nombre cambiado para proteger la fuente.
 
Foto: Cortesía Corporación Región.
 

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