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Comunidad de Paz San José de Apartadó: Población civil blanco de los militares

Comunidad de Paz San José de Apartadó: Población civil blanco de los militares

  No vale que lo digamos en todos los tonos, la degradación del valor que tiene la vida se ha convertido en infamia para los asesinos que gozan de protección de un sistema de impunidad absoluta, garantía para persistir en destruir las vidas humanas de la población civil....

Cauca: En el bosque mágico para restablecer la armonía

Cauca: En el bosque mágico para restablecer la armonía

Recuerdos del encuentro de inventores e inventoras para el wët wët fxi'zenxi en el bosque mágico, el 24 y 25 de agosto. "Este lugar parece un cuento infantil" dijo Manuel Méndez después al tomar la palabra en la fogata del domingo por la noche. Después habló de la sabiduría de la tierra,...

Cauca: Cuidando el territorio de las acciones que desequilibran a la madre tierra

Cauca: Cuidando el territorio de las acciones que desequilibran a la madre tierra

ANTECEDENTES: Los pueblos indígenas desdes su historia se han caracterizado por la defensa integral del territorio cuidando la madre tierra de acciones que dañen, desarmonicen y desequilibren el buen vivir de los seres en la Madre Tierra WET WET ICXI FXIZENXI; en este sentido...

  • Comunidad de Paz San José de Apartadó: Población civil blanco de los militares

    Comunidad de Paz San José de Apartadó: Población civil blanco de los militares

    Lunes, 25 Agosto 2014 18:08
  • Cauca: En el bosque mágico para restablecer la armonía

    Cauca: En el bosque mágico para restablecer la armonía

    Jueves, 28 Agosto 2014 11:08
  • Cauca: Cuidando el territorio de las acciones que desequilibran a la madre tierra

    Cauca: Cuidando el territorio de las acciones que desequilibran a la madre tierra

    Sábado, 30 Agosto 2014 18:16

Nuestra Palabra

De cómo nos están mapeando y despojando para "La paz"...

Las Expediciones Bowman coordinan al Pentágono, las universidades y organizaciones y líderes de procesos indígenas y populares. Donde quiera que se implementan hay guerra para la paz del modelo, sea México, Centro América o Colombia urbana y rural. Pasan mayormente desapercibidas. Sus ideólogos no son suficientemente estudiados ni controvertidos. Sus contrapartes gozan de recursos y prestigio. Los efectos en despojo y sometimiento son, ni más ni menos, la conquista hoy, en su modelo post-neoliberal, extractivista legitimado. Hay que hacerle Minga a esta amenaza real para conocerla y detenerla. Así No!!

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  • Video inicio

    Niña recita hermoso poema contra proyecto Conga (Cajamarca - Perú)

Nuestra Palabra Kueta Susuza

  • Cauca: Llamamos a no participar en el censo nacional agropecuario

    A toda la comunidad campesina del municipio de Inzá mantenerse en la decisión de NO HACER PARTE DEL CENSO NACIONAL AGROPECUARIO que se lleva a cabo en el municipio.
     
  • Cauca: Continúan los hostigamientos y detenciones ilegales por parte de la Fuerza pública en comunidades indigenas

    COMUNICADO A LA OPINON PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL: La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-ACIN en cumplimiento de los principios culturales y territoriales como  pueblos indígenas  del territorio, manifiesta su voz de rechazo  e indignación contra todos los hechos violentos e inhumanos que atentan contra la vida y la integridad física de los comuneros y comuneras que habitamos en nuestros territorios y  cuando es violentado el ejercicio autónomo de control territorial por parte de miembros de las fuerzas militares de Colombia.

     
  • Una luz aquí y ahora

    Crónica del encuentro con inventores e inventoras para el wët wët fxizenxi, realizada el pasado 15 de agosto. A partir del mes de septiembre se iniciará un nuevo recorrido para visitar uno a uno los inventos que falta por visitar.

Contexto Colombiano

  • Entre sequías y privatizaciones

    La sed consume a la Guajira. Mientras Cerrejón Limited gasta cada día 17 millones de litros de agua en su proceso extractivo del carbón, miles de pobladores sufren por falta del precioso líquido. Esta realidad se erige como emblema del modelo extractivista acelerado impuesto en el país. El Gobierno actúa como cómplice de la tragedia, tanto por acción como por omisión, que deslegitima y privatiza cada vez más una gestión comunitaria del agua.

     
  • Tolima: "Alcalde de Cajamarca teme aprobar consulta popular"

    La legislación colombiana es explicita en resaltar que los proyectos mineros se perfeccionan una vez obtengan la licencia ambiental, es decir, ninguna multinacional goza del derecho de explotación o continuidad de un proyecto, si carece o niega la licencia ambiental.
     
  • La población civil como escudos humanos

    De nuevo, se reafirma la realidad de muerte y guerra que se vive en la región y que coloca en grave riesgo a la población civil, en especial a nuestra Comunidad de Paz. Las mentiras con que siempre ha actuado el Gobierno, se sigue destapando no solo por los hechos realizados por el Ejercito en la masacre del 2005, sino además de la paz y tranquilidad de la que se habla en a región, pues, las evidencias muestran la situación real contraria al discurso del Gobierno:

     

Vivencias Globales

  • Argentina: El Pueblo Wichí perseguidos y asesinados por defender su territorio

    AgustinEntrevista a Agustín Santillán referente del Pueblo Wichí de la comunidad el Palmar Largo del oeste de la provincia de Formosa - Argentina. Agustín Santillán describe la situación que se está viviendo en la comunidad Wichi de Cacique Colorado, la cual el pasado 28 de julio fue víctima de un ataque policial. 
     
     
  • Mexico: Conoce la estrategia contrainsurgente contra los territorios comunales indígenas

    Los territorios comunales indígenas y campesinos son una piedra en el zapato para los intereses económicos de las transnacionales y de las élites locales. Por eso, EEUU camufla de misiones académicas las acciones de contrainsurgencia dirigidas a despojar de las tierras a las comunidades. Revelador trabajo de Renata Bessi y Santiago Navarro.

     
  • Las muchas batallas de Aida, defensora de Morococha

    Aida Gamarra, la defensora del pueblo de Morococha. La mujer que se enfrentó a Chinalco. La que desprendiéndose de todo y olvidando el cansancio, no ha parado ni un día, ni se ha quebrantado por nada, exigiendo justicia para su familia y Morococha.

     

Comunicados

Caloto – Cauca: Acciones de control territorial en los Cabildos Indígenas de Huellas, Toez y López Adentro
Los tres cabildos de Caloto convocan a Armonizar el territorio mediante el desalojo de maquinaria para la extracción minera que afecta el territorio y la comunidad. Responsabilizar a los mineros de la cuenca del río Palo, actores armados, socios y compañías de propietarios de fincas privadas aledañas por cualquier tipo de retaliación física psicológica a comuneros, guardias indígenas, cabildantes y comunidad en general de los cabildos ejecutantes de la resolución número 001-02-2014. El encuentro será a partir del 3 de abril del 2014.
(2095)
Territorios indígenas beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH en el año 2011 convertidos en escenarios de guerra
Comunicado público. El día 14 de noviembre del año 2011, la Comisión Interamericano de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares a favor de miembros del Pueblo Nasa pertenecientes a los resguardos de Toribio, San Francisco, Tacueyó y Jambaló. En la solicitud de medidas cautelares, los miembros del pueblo Nasa argumentaron que se encuentran en una situación de alto riesgo en razón del conflicto armado, y que han sido objeto de homicidios, desapariciones forzadas y otros hechos de violencia.
(1008)

Documentos

Corrupción y Privatización en la Unidad Nacional de Protección

Ante el reciente escándalo develado por el Secretario para la Transparencia de la Presidencia de la Republica y la Fiscalía General de la Nación, sobre la red de corrupción en la Unidad Nacional de Protección, las plataformas de derechos humanos en Colombia manifestamos a la opinión pública nuestra preocupación por este hecho teniendo en cuenta las siguientes situaciones:

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Contra la engañosa política de Santos movilicémonos el 27 de agosto
La política de Santos contra Colombia y su educación pública es una aplanadora camuflada con los usuales engaños y astucias de este Gobierno. Engaño con la bandera de la jornada única para ilusionar a estudiantes y padres de familia, pero sin ampliación y mejoramiento de escuelas y colegios públicos (se hace retórica con 160 colegios, que en el incierto evento de ser construidos no se sabe cuándo, tan solo serían una gota de agua en el mar del abandono), es decir, propicia más hacinamiento y peores condiciones para el estudio, la recreación y la convivencia, tal como lo está haciendo Petro en el Distrito; en lugar de salario profesional para los educadores y ampliación de la planta docente y administrativa, expide un decreto de bonificaciones que burla el acuerdo de mayo y anuncia la contratación de tutores por medio de la empresa privada, igual que en Bogotá, avanzando en la privatización y el desconocimiento de los derechos laborales; e impone planes de estudios violando la autonomía educativa establecida en la Ley General de Educación.
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ACIN - Çxhab Wala Kiwe

En la comuna 13 los 'paras' desaparecieron varias casas

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Casa del barrio Las Independencias que fue despojada y desvalijada por los paramilitares. En Medellín, decenas de familias fueron despojas de sus casas. Muchas de esas viviendas se convirtieron en guaridas de los paramilitares, que las desmantelaron hasta dejarlas en escombros.
 
María Carmenza*, líder comunitaria, llevaba seis años sin ver su casa. En el 2008,  volvió a Barrio Nuevo acompañada por varios funcionarios de la Personería de Medellín y la abogada que lleva su caso por desplazamiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al llegar al lugar, descubrieron una estructura a punto de caerse a la que sólo le quedaban algunos muros, no tenía nada que ver con la casa en la que vivió trece años junto a sus tres hijas.
 
Su casa era de estilo campesino, los muros blancos, de bahareque, y el techo de teja. Tenía un corredor grande adornado de plantas, tres habitaciones, sala-comedor, cocina y una terraza pequeña. La compró por dos millones de pesos, los ahorros de muchos años, cuando su primera hija estaba en brazos. María Carmenza estaba contenta y tranquila porque la recién nacida tendría un lugar seguro donde crecer.
 
Un medio día de octubre del 2002, esta mujer salió de su casa con sus hijas, sin tiempo para llevarse ni una maleta con ropa. Días antes, apareció en las ‘listas negras’ de los paramilitares: a ella y a otros líderes comunitarios los señalaron como guerrilleros. “Nos llamaban a las casas y nos decían que ya iban a entrar al barrio, que nos iban a asesinar y que no iban a importar ni los hijos de nosotros”.
 
Semanas antes de la Operación Orión, realizada entre el 16 y el 20 de octubre de 2002 por tropas del Ejército y la Policía, agentes de seguridad allanaron varias casas con la excusa de que buscaban armamento o cualquier cosa que pudiera vincular a las personas con las milicias guerrilleras. Según María Carmenza, en esos operativos los líderes fueron reseñados. Ella cuenta que “en esos allanamientos, los militares le hacían alguna pinta a la fachada de la casa.  Esto era para mostrarles a los paramilitares dónde tenían que llegar”.
 
El día que la desplazaron del barrio, también otros cinco líderes abandonaron sus hogares por razones similares. “Esos hombres se apoderaron de nuestras casas. La usaron para quedarse a vivir allí o traían gente de otras partes. Desde eso no pudimos volver. Ellos se fueron quedando ahí en la casa y la fueron desvalijando. Tumbaron las lozas, los baños; decían que era que las necesitaban o que habían mandado por eso. Parecían unos comejenes. Hasta se llevaron las puertas”, recuerda María Carmenza.
 
Las viviendas de los líderes barriales fueron utilizadas por los paramilitares para distintos fines: trinchera para los enfrentamientos, caleta de armas, lugar para planear sus operaciones; también las usaron para vivir en ellas o las arrendaron a otras personas; incluso, llegaron a venderlas falsificando la firma de sus verdaderos dueños. En algunos casos, fueron usadas como centros de tortura y se dice que en los solares de algunas de esas viviendas puede haber cuerpos enterrados.  
 
Según datos recogidos por el Grupo de Memoria Histórica en el informe “La huella invisible de la guerra. Desplazamiento forzado en la Comuna 13”, durante y después de la Operación Orión trescientas cincuenta familias, conformadas por 1.785 personas, denunciaron 521 casos de abandono o pérdida de bienes. Una cifra que no corresponde a los casos que realmente se dieron porque muchos no han sido reportados por el miedo a denunciar los victimarios, quienes después de haber desplazado y despojado no dejaron de amenazar a sus víctimas.
 
Sandra González, investigadora de Corporación Región y quien participó en la elaboración del informe de la comuna 13, cuenta que “encontramos de manera reiterada que los principales responsables del despojo fueron los paramilitares. En ningún caso las personas señalaron las milicias. Era una práctica en la que ocupaban, usurpaban y se usufructuaban de las viviendas. La particularidad es que el despojo trajo consigo la destrucción de las viviendas”.
 
Entre el 2006 y 2008, el proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la población desplazada, iniciativa de Acción Social, recibió setenta y siete solicitudes de protección, de las cuales veinticuatro eran de bienes en la comuna 13 que fueron abandonados entre el 2001 y 2007. Pero los medios para denunciar estos casos en el momento en que sucedieron no fueron efectivos. Además, la administración municipal se negaba a reconocer, en un principio, el desplazamiento intraurbano.
 
“Yo puse la demanda ante la Fiscalía, y solicité ayuda a la Red de Solidaridad, que es la Acción Social. Ellos se negaron, dijeron que solo era desplazado el que viene de un pueblo; luego empezaron a decir que ellos necesitaban saber cuáles eran mis intereses ideológicos y políticos por los que me habían sacado los grupos paramilitares de mi casa”, narra María Carmenza.
 
Ella se fue para un municipio aledaño a Medellín, y llegó con sus tres hijas a la casa de un familiar que les dio posada durante unas semanas. Luego empezó a trabajar el doble que antes para pagar arriendo y servicios, mercar y sostener el estudio de sus hijas. “Ha sido muy difícil pero no puedo desfallecer. A mis hijas les pude dar el estudio. Ya las dos mayores están en la universidad. Ellas me dan el aliento para salir adelante, han sido muy conscientes de los que nos sucedió”.
 
Al despojo lo sucedió la mora de servicios públicos e impuestos que no paró de cobrarse. A pesar de que con su denuncia a María Carmenza le dijeron que esos cobros se suspenderían, esto no sucedió. Muchos despojados tienen deudas que superan, incluso, el valor de la vivienda.
 
En Medellín, desde el 2009, entró en vigencia el amparo a la propiedad de inmuebles, a partir de esa fecha la Unidad de Desplazamiento Forzado ha recibido más de seiscientas solicitudes de protección. Además, esta Unidad y otras entidades que pertenecen a la Mesa Interinstitucional de Protección de Predios Urbanos Abandonados o en Riesgo de Abandono a consecuencia de la violencia, estudian una prueba piloto para la restitución urbana.
 
Pero este tipo de iniciativas gubernamentales no convencen a las víctimas y aún generan desconfianza, que se engendró por el trato que recibieron en el momento más difícil, cuando fueron expulsados de sus barrios y no recibieron ayuda humanitaria.
 
Según María Carmenza, ella al barrio no puede regresar: “compañeros que volvieron porque supuestamente la Alcaldía les iba brindar seguridad fueron asesinados. Entonces, uno no confía en el Estado. Igual, en este momento la situación está horrible. No hay condiciones para volver, siguen las matanzas, la retención de jóvenes”.
 
Como un indicio negativo, las víctimas de despojo recuerdan la supuesta entrega de casas que en  noviembre del 2006 hicieron en la comuna 13 voceros de la entonces Corporación Democracia, acompañados por el Programa Paz y Reconciliación de la Secretaría de Gobierno.
 
“La gente dice que eso fue una farsa. Entregaban un papel donde decía la dirección de la vivienda y el nombre de la persona. Ese papel era la restitución de las casas, en su mayoría, destruidas. Y los desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara nunca reconocieron el despojo sino que decían que era un acto de reconciliación con las víctimas”, explica la investigadora González.
 
Con la Operación Orión no terminaron los casos de despojo. Siguió siendo una práctica con la que los grupos armados se benefician económicamente y afianzan su poder territorial.
 
Según González, hasta el 2009 se seguían registrando estos casos: “Tenemos la historia de una señora a la que en ese tiempo que se suponía ya no estaban los paramilitares, fue interpelada por ‘Los muchachos’. Le dijeron que necesitaban su casa apara guardar armas, luego empezaron a reunirse en ella para planear sus operaciones. Hasta que empezaron a exigirle que les planchara la ropa. La señora no se aguantó más y se fue. Ella no denuncia porque tiene miedo que la maten”.
 
Por su lado, María Carmenza no se resigna a la pérdida. Aunque de su casa solo queda el recuerdo, ella quiere que su caso sea reconocido por el Estado, y reclama lo mismo que el gobierno le ha prometido: verdad, justicia y reparación.
 
“Voy a seguir luchando por recuperar lo que era de nosotros. Mi caso ya está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creemos que va muy adelante, al menos los entes internacionales nos oyeron, porque acá el mismo Estado violentó una cantidad de derechos contra mi familia y mi persona”, dice.
 
Muchas veces, en eventos que convocan a las víctimas, María Carmenza se encuentra con algunos de que fueron sus vecinos. A ella le da tristeza porque ellos le recuerdan ese barrio al que le cogió tanto cariño. Pero al mismo tiempo, la nostalgia se esfuma y la reemplazan otras imágenes, las de los heridos y cuerpos sin vida abandonados que vio en esas callejuelas. Por eso prefiere mantenerse lejos y salvaguardar lo que durante los últimos diez años ha reconstruido con sus hijas.  
 
*Nombre cambiado para proteger la fuente.
 
Foto: Cortesía Corporación Región.
 

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