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Se muere la cuenca del Caura del Orinoco

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Pillaje, corrupción e impunidad son los tres principales males del sistema de minería ilegal en la cuenca del Caura del Orinoco, donde la pérdida de biodiversidad acusa un llamado de alerta.  De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura(...

La Madre Tierra, cuida y vela por el bienestar de sus hijos

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  Las políticas neoliberales, capitalista y mercantilista han expropiado de manera ilegal a través de la patentación de nuestras semillas y plantas naturales de los pueblos indígenas, campesinos y afros del territorio colombiano. No contentos con la destrucción de la vida, las...

 Corinto: Palabrandando para continuar la Liberación de la Madre Tierra

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El días lunes 6 se de abril se visitó a la comunidad de Corinto que se encuentra sembrando en medio de los cañaduzales hasta el momento. Para hacer esta siembra se hace minga, donde participan los resguardos de Jambaló, San Francisco, Tacueyó, Toribio y Miranda. Al finalizar la jornada de...

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    Viernes, 24 Abril 2015 10:40
  • La Madre Tierra, cuida y vela por el bienestar de sus hijos

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    Sábado, 25 Abril 2015 16:01
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    Sábado, 25 Abril 2015 17:35

Nuestra Palabra

Ante la carta de las Farc a Santos: Una condición impostergable desde los pueblos

Fotografía de Jesús Abad Colorado
 
En este contexto, las FARC reiteran su decisión de mantener una tregua unilateral y ahora, en la carta anexa dirigida a Juan Manuel Santos, insisten en que se den a conocer verdades que han surgido gracias a las negociaciones de La Habana. Algunas de estas exigencias que expresan las FARC han sido planteadas desde comunidades, procesos e individuos de manera reiterada: De una parte, que asuma por fin su compromiso real con la historia y con el fin de la guerra y se defina. 

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    Victimarios en la escena del crimen

Nuestra Palabra Kueta Susuza

  • Propuestas al movimiento popular y por derechos humanos en la Audiencia Pública

    Propuestas al movimi...
    Esta Audiencia tiene el propósito de compartir un análisis sobre las razones que llevan al Estado a una respuesta militar a nuestras acciones. ¿Qué se esconde en esa agresiva política? ¿Por qué tan desmedidos en sus acciones? ¿Se trata solamente de la mala intención de algunos uniformados? ¿Hay detrás una estrategia, unas razones? Permítannos compartir nuestras reflexiones y proponer algunas alternativas a modo de preguntas.
     
  • Continúa la problemática por el relleno sanitario en la vereda Quita Pereza

    El día 1 de abril se realizó una reunión en finca Gualanday del resguardo de Muchique los Tigres, en la cual se hicieron presentes el gobernador del Cauca Temístocles Ortega, el alcalde de Santander de Quilichao Eduardo Grijalva y delegados de la CRC. Igualmente acudieron el programa económico Ambiental del CRIC, la comunidad de Quita Pereza y delegaciones de tres resguardos indígenas Munchique Los Tigres, Canoas y Nasa Kiwe Tek Cxaw.

     
  • Cauca: “Sabemos que nuevamente tienen en la mira a El Naya para despojarlo”

    La comunidad del Naya convoca la solidaridad para prevenir nueva incursión militar a su territorio
     
    Dos delegados de la comunidad del Alto Naya estuvieron visitando la ACIN y también el Tejido de Comunicación. Esta visita tiene el objetivo de socializar la compleja situación que vive esta comunidad por el riesgo que significa la entrada de militares a su territorio el pasado mes de marzo. Además del incumplimiento del gobierno con la promesa de reparación tras la masacre del Naya en el año 2001. Aseguran también que el anuncio del gobierno de reanudar los bombardeos contra la guerrilla, es un hecho que agudiza el riesgo ya que estos operativos afectan también a la población civil inocente, sobre todo en esta zona donde existe presencia de todos los grupos armados legales e ilegales.

Contexto Colombiano

  • Comunicado a la Opinión Pública Frente al Rechazo de Consulta Popular por la Vida, el Agua y el Territorio en Pueblorrico

    Tribunal Administrativo de Antioquia Rechaza Consulta Popular por la Vida, el Agua y el Territorio en Pueblorrico
     
    Los grupos organizados del municipio de Pueblorrico, que recogemos el espíritu de las luchas sociales, campesinas e indígenas de nuestra región, en la búsqueda de conquistar la autodeterminación territorial para decidir nuestro presente y futuro, emite el siguiente comunicado a la opinión pública frente al rechazo que el Tribunal Administrativo de Antioquia ha dado a nuestra propuesta de defender la Vida, el Agua y el Territorio como Derechos Sagrados:
     
  • COLOMBIA-EXTERMINIO: Privatizan un río y matan de hambre a 14 mil indígenas.

    En La Guajira colombiana, una región situada al norte del país y hogar de  uno de los mayores pueblos indígenas de Colombia, los wayúu, se está produciendo un exterminio silencioso, del que muy pocos medios informan. Los wayúu están muriendo de sed y hambre porque una empresa minera y grandes propietarios agrícolas han privatizado el principal río de la región, el Ranchería, y los han dejado sin agua. Denuncian que ya han muerto de inanición y sed 14.000 (14 mil) indígenas, especialmente niños y personas mayores. Incluimos al final de la nota, parte del documental “El río que nos robaron” del periodista colombiano Gonzalo Guillén. El documental será utilizado como prueba documental ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. MM

     
  • Situación que carcome mis entrañas. A Propósito de la orden de bombardear el Cauca

    Compartimos la palabra frente a la guerra y la paz que desde el dolor expresa la  lideresa afrocolombiana, Francia Márquez, no sólo porque nos identificamos con estas situaciones históricas y actuales que carcomen nuestras entrañas también como indígenas y campesinas hijas del Cauca, sino también porque sus reflexiones reiteran todo lo que hemos venido sintiendo y denunciando desde varios años atrás, particularmente en relación a la Paz de Mama Kiwe en Libertad, de la mujer sin amarras ni silencios, pero también en nuestro análisis sobre la Paz de los pueblos sin Dueños.
     

Vivencias Globales

Comunicados

La guerra, la muerte, la violencia y el terror regresa a las comunidades y territorios del norte del Cauca

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA: LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA -ACIN- CXHAB WALA KIWE, ante los hechos de violencia que vienen ocurriendo en los últimos días, se permite informar y denunciar la situación que se viene presentando en la zona del departamento del Norte del Cauca.

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Restituir las tierras a las comunidades indígenas
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL Definitivamente, la sangre del indio, es apetecida por los hombres del ejército nacional, la policía y los agentes del ESMAD, como requisito previo para el ascenso militar. Así como la sangre del indio, alimentó la riqueza de unos criollos españoles en Colombia.
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Documentos

Acción urgente: Por amenazas y presencia de hombres armados, peligra la vida de campesinxs y pescadores de Terraplen - Cesar
Las comunidades de campesinos, campesinas y pescadores de Terraplén en el municipio de San Martín - Cesar, como mandato del pueblo hoy estamos recuperando nuestro territorio para la vida y manifestamos a la opinión pública nacional e internacional los siguientes.
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Por reactivación de bombardeos es asesinada mujer indígena en el Alto Andágueda
La Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC y la Asociación de Cabildos Indígenas del Choco – ASOREWA, RECHAZAMOS el asesinato de MELBA TEQUIA  SINTUA, mujer indígena de la etnia Emberá Katío, en hechos ocurridos el día 18 de abril del año en curso, por bombardeos realizados por el Ejército Nacional, entre las 17:00 horas y las 23:00 horas de la fecha en mención, en territorio indígena del Resguardo Tahami y el Consejo Comunitario del Alto Atrato, Municipio del Alto Andágueda.
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ACIN - Çxhab Wala Kiwe

En la comuna 13 los 'paras' desaparecieron varias casas

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Casa del barrio Las Independencias que fue despojada y desvalijada por los paramilitares. En Medellín, decenas de familias fueron despojas de sus casas. Muchas de esas viviendas se convirtieron en guaridas de los paramilitares, que las desmantelaron hasta dejarlas en escombros.
 
María Carmenza*, líder comunitaria, llevaba seis años sin ver su casa. En el 2008,  volvió a Barrio Nuevo acompañada por varios funcionarios de la Personería de Medellín y la abogada que lleva su caso por desplazamiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al llegar al lugar, descubrieron una estructura a punto de caerse a la que sólo le quedaban algunos muros, no tenía nada que ver con la casa en la que vivió trece años junto a sus tres hijas.
 
Su casa era de estilo campesino, los muros blancos, de bahareque, y el techo de teja. Tenía un corredor grande adornado de plantas, tres habitaciones, sala-comedor, cocina y una terraza pequeña. La compró por dos millones de pesos, los ahorros de muchos años, cuando su primera hija estaba en brazos. María Carmenza estaba contenta y tranquila porque la recién nacida tendría un lugar seguro donde crecer.
 
Un medio día de octubre del 2002, esta mujer salió de su casa con sus hijas, sin tiempo para llevarse ni una maleta con ropa. Días antes, apareció en las ‘listas negras’ de los paramilitares: a ella y a otros líderes comunitarios los señalaron como guerrilleros. “Nos llamaban a las casas y nos decían que ya iban a entrar al barrio, que nos iban a asesinar y que no iban a importar ni los hijos de nosotros”.
 
Semanas antes de la Operación Orión, realizada entre el 16 y el 20 de octubre de 2002 por tropas del Ejército y la Policía, agentes de seguridad allanaron varias casas con la excusa de que buscaban armamento o cualquier cosa que pudiera vincular a las personas con las milicias guerrilleras. Según María Carmenza, en esos operativos los líderes fueron reseñados. Ella cuenta que “en esos allanamientos, los militares le hacían alguna pinta a la fachada de la casa.  Esto era para mostrarles a los paramilitares dónde tenían que llegar”.
 
El día que la desplazaron del barrio, también otros cinco líderes abandonaron sus hogares por razones similares. “Esos hombres se apoderaron de nuestras casas. La usaron para quedarse a vivir allí o traían gente de otras partes. Desde eso no pudimos volver. Ellos se fueron quedando ahí en la casa y la fueron desvalijando. Tumbaron las lozas, los baños; decían que era que las necesitaban o que habían mandado por eso. Parecían unos comejenes. Hasta se llevaron las puertas”, recuerda María Carmenza.
 
Las viviendas de los líderes barriales fueron utilizadas por los paramilitares para distintos fines: trinchera para los enfrentamientos, caleta de armas, lugar para planear sus operaciones; también las usaron para vivir en ellas o las arrendaron a otras personas; incluso, llegaron a venderlas falsificando la firma de sus verdaderos dueños. En algunos casos, fueron usadas como centros de tortura y se dice que en los solares de algunas de esas viviendas puede haber cuerpos enterrados.  
 
Según datos recogidos por el Grupo de Memoria Histórica en el informe “La huella invisible de la guerra. Desplazamiento forzado en la Comuna 13”, durante y después de la Operación Orión trescientas cincuenta familias, conformadas por 1.785 personas, denunciaron 521 casos de abandono o pérdida de bienes. Una cifra que no corresponde a los casos que realmente se dieron porque muchos no han sido reportados por el miedo a denunciar los victimarios, quienes después de haber desplazado y despojado no dejaron de amenazar a sus víctimas.
 
Sandra González, investigadora de Corporación Región y quien participó en la elaboración del informe de la comuna 13, cuenta que “encontramos de manera reiterada que los principales responsables del despojo fueron los paramilitares. En ningún caso las personas señalaron las milicias. Era una práctica en la que ocupaban, usurpaban y se usufructuaban de las viviendas. La particularidad es que el despojo trajo consigo la destrucción de las viviendas”.
 
Entre el 2006 y 2008, el proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la población desplazada, iniciativa de Acción Social, recibió setenta y siete solicitudes de protección, de las cuales veinticuatro eran de bienes en la comuna 13 que fueron abandonados entre el 2001 y 2007. Pero los medios para denunciar estos casos en el momento en que sucedieron no fueron efectivos. Además, la administración municipal se negaba a reconocer, en un principio, el desplazamiento intraurbano.
 
“Yo puse la demanda ante la Fiscalía, y solicité ayuda a la Red de Solidaridad, que es la Acción Social. Ellos se negaron, dijeron que solo era desplazado el que viene de un pueblo; luego empezaron a decir que ellos necesitaban saber cuáles eran mis intereses ideológicos y políticos por los que me habían sacado los grupos paramilitares de mi casa”, narra María Carmenza.
 
Ella se fue para un municipio aledaño a Medellín, y llegó con sus tres hijas a la casa de un familiar que les dio posada durante unas semanas. Luego empezó a trabajar el doble que antes para pagar arriendo y servicios, mercar y sostener el estudio de sus hijas. “Ha sido muy difícil pero no puedo desfallecer. A mis hijas les pude dar el estudio. Ya las dos mayores están en la universidad. Ellas me dan el aliento para salir adelante, han sido muy conscientes de los que nos sucedió”.
 
Al despojo lo sucedió la mora de servicios públicos e impuestos que no paró de cobrarse. A pesar de que con su denuncia a María Carmenza le dijeron que esos cobros se suspenderían, esto no sucedió. Muchos despojados tienen deudas que superan, incluso, el valor de la vivienda.
 
En Medellín, desde el 2009, entró en vigencia el amparo a la propiedad de inmuebles, a partir de esa fecha la Unidad de Desplazamiento Forzado ha recibido más de seiscientas solicitudes de protección. Además, esta Unidad y otras entidades que pertenecen a la Mesa Interinstitucional de Protección de Predios Urbanos Abandonados o en Riesgo de Abandono a consecuencia de la violencia, estudian una prueba piloto para la restitución urbana.
 
Pero este tipo de iniciativas gubernamentales no convencen a las víctimas y aún generan desconfianza, que se engendró por el trato que recibieron en el momento más difícil, cuando fueron expulsados de sus barrios y no recibieron ayuda humanitaria.
 
Según María Carmenza, ella al barrio no puede regresar: “compañeros que volvieron porque supuestamente la Alcaldía les iba brindar seguridad fueron asesinados. Entonces, uno no confía en el Estado. Igual, en este momento la situación está horrible. No hay condiciones para volver, siguen las matanzas, la retención de jóvenes”.
 
Como un indicio negativo, las víctimas de despojo recuerdan la supuesta entrega de casas que en  noviembre del 2006 hicieron en la comuna 13 voceros de la entonces Corporación Democracia, acompañados por el Programa Paz y Reconciliación de la Secretaría de Gobierno.
 
“La gente dice que eso fue una farsa. Entregaban un papel donde decía la dirección de la vivienda y el nombre de la persona. Ese papel era la restitución de las casas, en su mayoría, destruidas. Y los desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara nunca reconocieron el despojo sino que decían que era un acto de reconciliación con las víctimas”, explica la investigadora González.
 
Con la Operación Orión no terminaron los casos de despojo. Siguió siendo una práctica con la que los grupos armados se benefician económicamente y afianzan su poder territorial.
 
Según González, hasta el 2009 se seguían registrando estos casos: “Tenemos la historia de una señora a la que en ese tiempo que se suponía ya no estaban los paramilitares, fue interpelada por ‘Los muchachos’. Le dijeron que necesitaban su casa apara guardar armas, luego empezaron a reunirse en ella para planear sus operaciones. Hasta que empezaron a exigirle que les planchara la ropa. La señora no se aguantó más y se fue. Ella no denuncia porque tiene miedo que la maten”.
 
Por su lado, María Carmenza no se resigna a la pérdida. Aunque de su casa solo queda el recuerdo, ella quiere que su caso sea reconocido por el Estado, y reclama lo mismo que el gobierno le ha prometido: verdad, justicia y reparación.
 
“Voy a seguir luchando por recuperar lo que era de nosotros. Mi caso ya está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creemos que va muy adelante, al menos los entes internacionales nos oyeron, porque acá el mismo Estado violentó una cantidad de derechos contra mi familia y mi persona”, dice.
 
Muchas veces, en eventos que convocan a las víctimas, María Carmenza se encuentra con algunos de que fueron sus vecinos. A ella le da tristeza porque ellos le recuerdan ese barrio al que le cogió tanto cariño. Pero al mismo tiempo, la nostalgia se esfuma y la reemplazan otras imágenes, las de los heridos y cuerpos sin vida abandonados que vio en esas callejuelas. Por eso prefiere mantenerse lejos y salvaguardar lo que durante los últimos diez años ha reconstruido con sus hijas.  
 
*Nombre cambiado para proteger la fuente.
 
Foto: Cortesía Corporación Región.
 

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