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Mega Proyecto amenaza con la vida ecológica en el  resguardo indígena Triunfo Cristal Paez en el municipio Florida Valle de Cauca.

Mega Proyecto amenaza con la vida ecológica en el resguardo indígena Triunfo Cristal Paez en el municipio Florida Valle de Cauca.

En calidad de Autoridades Indígenas Ancestrales y Ambientales del resguardo indígena Triunfo Cristal Páez, queremos manifestar y denunciar lo siguiente: Foto: archivos del Tejido de Comunicación; la Laguna del Viento Florida Valle 1 Los pueblos indígenas somos milenarios que...

Una vida de liberación; un trabajo permanente para la libertad de la Madre Tierra

Una vida de liberación; un trabajo permanente para la libertad de la Madre Tierra

En el Norte del Cauca el machete no se deja quieto mucho tiempo. A pesar de la cosecha del café y de los trabajos que van acumulándose en las fincas que por fin pudieron recibir el agua vital de las lluvias,  las comuneras y comuneros siguen movilizados en la liberación de la Madre Tierra.

Tras 14 años de la masacre de Bojayá, comunidad esperan la garantía de sus derechos y la protección de su territorio

Tras 14 años de la masacre de Bojayá, comunidad esperan la garantía de sus derechos y la protección de su territorio

Desde el 29 de abril hasta el 1 de mayo, el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá se reunió en asamblea con aproximadamente 200 personas de los pueblos afrocolombianos e indígenas, en la Iglesia donde ocurrió la masacre de más de 70 personas, el 2 de mayo de 2002.

  • Mega Proyecto amenaza con la vida ecológica en el  resguardo indígena Triunfo Cristal Paez en el municipio Florida Valle de Cauca.

    Mega Proyecto amenaza con la vida ecológica en el resguardo indígena Triunfo Cristal Paez en el municipio Florida Valle de Cauca.

    Lunes, 02 Mayo 2016 12:05
  • Una vida de liberación; un trabajo permanente para la libertad de la Madre Tierra

    Una vida de liberación; un trabajo permanente para la libertad de la Madre Tierra

    Lunes, 02 Mayo 2016 19:15
  • Tras 14 años de la masacre de Bojayá, comunidad esperan la garantía de sus derechos y la protección de su territorio

    Tras 14 años de la masacre de Bojayá, comunidad esperan la garantía de sus derechos y la protección de su territorio

    Martes, 03 Mayo 2016 13:01

Nuestra Palabra

“Una cosa es lo que piensa el burro y otra cosa el que lo arrea”: Comuneros hablando de “incidir” en la Mesa de Negociaciones de Paz en la Habana- Cuba.

En la Junta Directiva del Consejo Regional indígena del Cauca- CRIC, realizada el 23 de febrero, en la María-Piendamó sitio de  convivencia, diálogo y negociación, las  comunidades de distintas zonas del Cauca  se repartieron en cuatro  comisiones para trabajar  “cuatro preguntas para analizar las problemáticas actuales de los pueblos indígenas”. 

 

Unas de estas preguntas fue: ¿Cómo incidir para que la mesa de negociaciones de paz en la Habana - Cuba, garantice el dialogo con los pueblos indígenas? La respuesta que dieron los participantes fue muy  concreta, señalaron  que la propuesta que dieron algunos líderes de incidir en la mesas de negociaciones de paz entre el gobierno y las guerrillas de las FARC sonaba de forma interesada, porque no es posible  participar en estos diálogos sin tener propuestas que sean construidas de forma consulta y por las bases, en este sentido es mejor exigir a los actores armados y el capital transnacional  que respeten los  territorios en vez de incidir en la mesa que no aborda la crisis del sistema capitalista. 

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    Intervención: Blanca Andrae Habla sobre proceso de paz

Nuestra Palabra Kueta Susuza

Contexto Colombiano

  • Comunidad indígena en putumayo dijo no a actividad petrolera de amerisur

    El pasado 29 de marzo el Pueblo Murui Monai de Jitoma, en Puerto Leguizamo en el departamento de Putumayo, hizo legitimo su derecho fundamental a la consulta previa para dar su negativa al proyecto de exploración y explotación petrolera en 9 pozos de la multinacional Amerisur Exploración Colombia Ltda.

     
  • SALVAR EL ÚLTIMO RÍO LIBRE Y LIMPIO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA

    Estimados Ministros: por favor, solicito cancelar la licencia ambiental para el aprovechamiento de las aguas del Río Samaná Norte, con el proyecto hidroeléctrico Porvenir 2, adelantado por la empresa Celsia, cuyo accionista mayoritario es el grupo Argos S.A, y que fue aprobada de forma irregular por los siguientes argumentos:

     
  • Urge protección de indígenas de Acandí, Chocó

     

    El Juez Especializado en Restitución de Quibdó le solicitó a Procuraduría y Defensoría hacer seguimiento a las órdenes impartidas desde 2011 por la Corte Constitucional, en relación con la protección de los indígenas Embera de dos resguardos en Chocó.

     

    Mientras el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, interviene a favor de ganaderos y palmicultores que aseguran ser “víctimas” de la Ley de Restitución de Tierras, los indígenas Embera del municipio de Acandí, Chocó, continúan en situación de vulnerabilidad, sin que este organismo del Ministerio Público cumpla con la orden dada por la Corte Constitucional de apoyar, acompañar y vigilar las medidas de protección contenidas en la Sentencia T-129 de 2011.

    El “jalón de orejas” está contenido en la Auto Interlocutorio 074, fechado el pasado 19 de abril y proferido por el juez Primero Civil de Quibdó, Mario Lozano Madrid, especializado en Restitución de Tierras, a través del cual dicta medidas de protección a favor de los resguardos Chidima Tolo y Pescadito.

     

Vivencias Globales

  • Detienen militares por asesinato de Berta Cáceres

    En diciembre del 2013 hicimos un extenso reportaje en la región de Río Blanco y el lugar al lado de Río Gualqarque en donde la empresa constructora y consorcio Desa quiere levantar la represa Aguazarca.

     

    En ese entonces sabíamos por parte de Bertha que ella había sido acusada y amenazada por parte del vice jefe de la seguridad de la empresa, Douglas Bustillo. Éste habría dicho, según Bertha, que Copinh y Bertha eran guerrilleros. Enfrentamos a Bustillo con las acusaciones allá en el lugar por la obra, las cuales desmintió rotundamente.

     
  • Estados Unidos amenaza derechos indígenas

    Pretende fusionar Relator Especial y Mecanismo de Expertos Diseñan estrategia para fortalecer MEDPI  Obligación de Estados cumplimiento de la Declaración: Alta Comisionada de la ONU

    Genaro Bautista /AIPIN

    Palais des Nations. Ginebra. Estados Unidos lanzó una amenaza que lleva el propósito de reducir los derechos de los pueblos indígenas, al interior de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de las siete regiones geopolíticas.

     
  • Heridos en agresión planificada a caravana en solidaridad al COPINH

    La Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras (PMSPH) y las delegaciones que participaron en el Encuentro Internacional de los Pueblos "Berta Cáceres Vive", denunciamos que ayer a las 5:00 de la tarde, integrantes de la plataforma, de las delegaciones internacionales y nacionales que se movilizaban desde el Río Gualcarque hacia Tegucigalpa fueron agredidos y amenazados a muerte por un grupo de hombres al servicio de la empresa Desarrollos Energéticos S.A.(DESA)

     

Comunicados

Las autoridades tradicionales no han ofrecido la guardia indígena, para Salvaguardar zonas de ubicación de las FARC

Comunicado a la Opinión Pública Nacional e Internacional
 Ante el artículo aparecido el día 25 de febrero del presente año en el periódico el
Espectador titulado “Guardia indígena se ofrece para salvaguardar zonas de ubicación de las FARC”, la Consejería mayor del CRIC se permite aclarar lo siguiente: 

(1938)
EL AGUA NO ES UN NEGOCIO ES UN DERECHO FUNDAMENTAL.
Buenaventura Enero del 2016.
 
El COMITE DE LA AGUA Y LA VIDA DE BUENAVENTURA, desea, para este  año nuevo, la unidad y la decisión de 
 
lucha del pueblo para afrontar y lograr la solución definitiva a la problemática del agua y el alcantarillado de 
 
Buenaventura.
(538)

Documentos

Salud en Palogordo en Estado Terminal: nuevamente muere preso por falta de atención médica

La atención en salud es cada vez es más precaria por no decir grave; pareciera que no tiene cura mientras va cobrando vidas en la población privada de la libertad. Poco o nada le importa al Estado colombiano,  tampoco a los organismos de control conocedores de la problemática; ¿cuantos de nosotros: presos políticos, sociales deben morir en las mazmorras del régimen? para que la dignidad humana, según ellos, no sea violada y tema de preocupación por parte del Gobierno Nacional.

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EL MOVIMIENTO SOCIAL Y SINDICAL DEL VALLE DEL CAUCA AMENAZADOS POR AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA – AUG

Las organizaciones sociales, sindicales y derechos humanos abajo firmantes denunciamos ante la comunidad nacional e internacional, las nuevas amenazas de las que ha sido objeto el movimiento social y organizaciones sociales en la región; las que se han venido presentando de manera reiterada, señalando y estigmatizando la labor de los defensores de los Derechos Humanos, de las organizaciones sindicales y en general del movimiento social; estas últimas amenazas han sido proferidas por grupos paramilitares que se hacen llamar movimiento gaitanista de Colombia y que mantienen presencia en la zona del Valle del Cauca y Cauca, amenazas que se han denunciado ante las autoridades competentes, sin que hasta el momento se hallen los responsables de dichas amenazas.

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ACIN - Çxhab Wala Kiwe

En el Chocó colombiano: hambre en medio de la riqueza

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altResulta contradictorio que en medio del oro, la plata, el platino y miles de especies biodiversas que se encuentra en el Chocó, punto de encuentro de dos océanos, exista el nivel más alto de pobreza en Colombia.
 
Hace unas semanas un noticiero de Colombia divulgó que niños indígenas, habitantes de una región conocida como el Chocó, se estaban suicidando por física hambre.
 
La noticia causó gran revuelo en la sociedad y aunque cita como fuente un informe de Unicef, no se sabe a ciencia cierta a cuál se refiere específicamente, pues no se aporta dato alguno al respecto.
 
Sin embargo, lo que si se conoce gracias a las organizaciones indígenas de Colombia es que la situación en materia de derechos humanos de los niños y niñas de esta región es grave y data de hace más de un lustro.
 
Para no ir muy lejos, en el año 2007 se conoce de la muerte de 17 niños y dos adultos indígenas en el departamento del Chocó, cerca de la frontera con Panamá, y según el diagnóstico médico, los decesos se originaron por causa de desnutrición severa y otras enfermedades relacionadas con la pobreza extrema.
 
En este mismo sentido, en el año 2008, la asociación de cabildos indígenas y la diócesis de Quibdo (capital del Chocó), denunciaron un grave problema alimentario en los pueblos indígenas de la zona, evidenciado por la muerte de 10 niños a causa de la desnutrición,  mientras que otros 70 habían registrado grave estado de salud por la misma razón.
 

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Según datos de una investigación realizada entre 2008 y 2010 por organizaciones indígenas y autoridades tradicionales de los pueblos Awa, Yukpa Y Embera en los departamentos de Nariño, Cesar y Chocó respectivamente, y publicada por la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-, las tasas de mortalidad infantil antes de cumplir el primer año para el caso del pueblo Embera es de 142 por cada mil niños, teniendo como causas principales la desnutrición, problemas respiratorios, tuberculosis y tosferina.
 
Así mismo se expresa que de cada 100 menores de 13 años, 12 del mismo pueblo permanecen enfermos por causas que se pueden evitar con atención en salud básica.
 
El mismo estudio señala adicionalmente que en materia nutricional de niños y niñas indígenas, el 60% nace con un peso por debajo de lo normal, el cual permanece así hasta la época de desarrollo, situación en donde el Estado tiene una responsabilidad directa, según la investigación, ya que sólo el 25% de los niños y niñas indígenas entre los 2 y 5 años, reciben el complemento alimentario estatal.
 
A esto se suma la cantidad insuficiente de tierras aptas para la producción agrícola a la que tienen acceso los pueblos indígenas, debido a la usurpación de las mismas por grupos armados y al control ejercido por parte de empresas agroindustriales como las palmicultoras, madereras o mineras. Así mismo, el fuerte conflicto armado vivenciado en la zona, genera entre otras cosas bloqueos para el suministro de alimentos y confinamientos de la población.
 
Históricamente el Chocó ha sido un departamento con grandes problemáticas sociales, donde sus habitantes han padecido desde siempre altos niveles de pobreza y marginación. Así tenemos, según Fernando Herrera, coordinador de pobreza del PNUD Colombia, que 70 de cada cien habitantes del departamento, viven en la pobreza, y 30 en la extrema pobreza.
 

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También expresa que la expectativa de vida está muy por debajo de ciudades como Bogotá: “Mientras que en la capital del país la expectativa de vida es de 77 años de edad, en el Chocó es de 67”.
 
En consonancia con lo anterior se pregunta la opinión pública de manera reiterada, ¿cómo es posible que exista tal nivel de pobreza en un departamento con tanta riqueza natural?
 
Por un lado el sociólogo colombiano Alfredo Molano expresa en una entrevista  realizada para un periódico nacional, que la permisividad al saqueo “ha sido una constante de nuestra situación en relación con los países llamados desarrollados, en nuestra condición de colonia o post-colonia”.
 
El sociólogo puntualiza además que las concesiones a compañías privadas  no benefician a las comunidades, pues parte de la explotación brutal de los recursos que son sacados de los territorios sin ningún beneficio real para la población.
 
El gobierno por otra parte, culpa a las administraciones municipales y departamentales y a la corrupción de algunos funcionarios. Sin embargo, en estos últimos años se ha podido evidenciar la falta de una política pública nacional seria de seguridad alimentaria y de apoyo para las comunidades.
 
altUna muestra clara de esta situación se vivió en el gobierno anterior, cuando el Ministro de Agricultura de turno, en el año 2008, intentó cambiar la adjudicación de un predio llamado Carimagua en el departamento del Meta, el cual originalmente estaba destinado a víctimas de desplazamiento forzado, para entregarlo en concesión a empresas privadas que tenían como fin cultivar palma aceitera.
 
Cuando un periodista advirtió el hecho, el gobierno expresó que era mejor otorgar las tierras a las empresas para que estas vincularan a la población como empleados, ya que “los pobres”  no sabían administrar los recursos y que los empresarios beneficiarios le darían un mejor manejo a la tierra. Finalmente, la presión de los medios y políticos de la oposición lograron reversar las intenciones del gobierno central.
 
Adicionalmente con el proyecto Agro Ingreso Seguro (AIS) del Ministerio de Agricultura, que tenía como propósito suministrar subsidios a agricultores colombianos, se benefició a narcotraficantes y prestantes familias terratenientes, lo cual fue denunciado por la extinta revista colombiana Cambio.
 
Mientras tanto el cultivo de palma se expande por todo el Chocó, con apoyo del gobierno y la intervención del grupos armados al margen de la ley que se han apostado en las tierras para proteger los intereses de las compañías, debido a las protestas de comunidades desplazadas que reclaman la devolución de las tierras.
 
Así las cosas, evidenciado el modelo de desarrollo neoliberal con propósitos extractivistas que genera graves impactos sociales y ecológicos, impuesto desde el gobierno central, que parece estar acatando directrices internacionales,  no hay esperanza que el derecho a la seguridad alimentaria para las comunidades del Chocó y de otras en iguales condiciones en el país sea efectivamente garantizado en un mediano plazo.
 
Marjorie Andrea González Ramírez

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