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La tierra es central para la paz

La tierra es central para la paz

Todos los estudios evidencian que la productividad de la pequeña propiedad agraria es más alta que de la gran propiedad. / El Espectador   "Artículo de Julio Berdegué y José Antonio Ocampo. La resolución del problema agrario mira al pasado, pero también y principalmente, al...

“Carta de Anglogold es un chantaje”: Julio Roberto Vargas

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  Anglogold anuncia retiro de apoyo económico a la Alcaldía y diferentes proyectos en Cajamarca si se continúa con la iniciativa de consulta popular.

Cauca: El camino de la memoria es el PalabrAndar con nuestra Uma Kiwe

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      Recientemente 7 jóvenes emprendimos un camino hacia la historia que no puede quedar en el olvido de las montañas de Toribio - Cauca, los días 19 al 21 de diciembre. Este camino nos llevó primero hacia una cascada a la cual la palabra bella se queda corta,...

  • La tierra es central para la paz

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    Lunes, 22 Diciembre 2014 18:07
  • “Carta de Anglogold es un chantaje”: Julio Roberto Vargas

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    Viernes, 26 Diciembre 2014 16:55
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    Viernes, 26 Diciembre 2014 18:55

Nuestra Palabra

México. Venimos a tejer tejiendo

El Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías fue convocado desde agosto de 2014 a celebrarse entre el 22 de diciembre y el 3 de enero, así: “Venimos para compartir nuestros sentimientos y dolores que nos han hecho este sistema neoliberal.

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    El Fracking

Nuestra Palabra Kueta Susuza

  • Cauca: La comunidad del Pueblo Totoroez elige a su autoridad indígena

    Como es costumbre dentro de los pueblos indígenas en Colombia, el mes de diciembre es el mes donde se eligen las autoridades tradicionales indígenas para la vigencia del próximo periodo, las dinámicas de elección son diferentes en cada pueblo, vamos a referirnos a la elección de nuestra autoridad para el Pueblo Totoroez - Cauca.
     
     
  • “Las locomotoras del 'desarrollo' no generan paz sino miseria, pobreza y desplazamiento”

    Luego de que las mujeres del norte del Cauca, el pasado 27 de noviembre se tomaron la sede de la Casa Giralda del Ministerio del Interior, en la ciudad de Bogotá, a instancias de Carmen Inés Vásquez, Viceministra para la Participación e Igualdad de Derechos, donde además, fueron convocados funcionarios de los ministerios de: Ambiente, defensa, interior y la Agencia Nacional Minera y Energía, para exigir que las máquinas mineras salieran de su territorio, en el norte del departamento del Cauca.

     
  • Pronunciamiento por la preservación del Macizo Colombiano

    Es inaudito y antes que causarnos indignación, lo que nos da es verdadera tristeza saber que entidades como la Corporación Autónoma Regional del Cauca que tiene por misión defender, conservar y preservar el patrimonio ambiental, hoy, se presten a las pretensiones de la Agencia Nacional Minera para la implementación de la política de promoción y formalización de la minería que, para el caso del Macizo Colombiano se convertiría en una verdadera catástrofe.

Contexto Colombiano

Vivencias Globales

  • Dos muertos en protesta contra construcción de canal en Nicaragua

    Imagen cedida por el diario La Prensa de Nicaragua de residentes bloqueando la Carretera Panamericana. APEl dirigente de las protestas en la zona, Danilo Lorío, confirmó a AFP que vio los cuerpos de las víctimas tendidos sobre la carretera, aunque dijo que la policía les impidió acercarse a ellos. 
     
     
  • ¿Qué significa el desalojo de la CONAIE para las luchas de un mundo en común?

    Reacción comunitaria al intento de desalojo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el movimiento social responsable de la caída de dos presidentes neoliberales.


    “Deberán desalojar este inmueble en los quince días hábiles a partir de esta fecha, (…) Este edificio no cumple ninguna función social”[1]

     
  • Ejido San Sebastián Bachajón recupera tierras que le fueron despojadas el 2 de febrero de 2011

    Chiapas, México. 21 de diciembre. “Nuestras comunidades en asamblea, decidimos recuperar el día de hoy las tierras que fueron despojadas por el mal gobierno desde el 2 de febrero de 2011, con la complicidad del comisariado ejidal en ese tiempo Francisco Guzmán Jiménez, alias el Goyito y ahora por su fiel discípulo Alejandro Moreno Gómez, y su consejo de vigilancia Samuel Díaz, que sirven a los intereses del mal gobierno y no de su pueblo”, comunica el ejido San Sebastián Bachajón, quien el día de hoy retoman las tierras donde se ubica la caseta de las turísticas Cascadas de Agua Azul, que son parte de su territorio.

     

Comunicados

Carta y comunicado a la opinión pública: La guerra no para en los territorios indígenas del norte del Cauca.

El día 19 de diciembre de 2014 a eso de las 3: 30 de la madrugada, en la vereda Vilachi del Resguardo Indígena de Canoas ubicado en el Municipio de Santander de Quilichao Departamento del Cauca, la guerrilla de la Farc realizó un asalto a un grupo de soldados que se encontraban acampando a los alrededores de la vivienda de  propiedad de la señora Rosa María Dizu de 83 años de edad y su hijo Albeiro Dizu quienes se encontraban dentro de la misma.

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Comunicado; Equipo Plan Salvaguarda Nasa

COMUNICADO: Los delegados para la formulación del Plan Salvaguarda Nasa  representados por ciento noventa y seis autoridades ancestrales indígenas, que se encuentran haciendo presencia en nueve departamentos de Colombia, analizando la actual agudización del conflicto armado y que no se detiene aun con las conversaciones  de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y el Gobierno Nacional en la Habana Cuba.

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Documentos

Situación de desplazamiento Comunidad indígena Wounaan
Somos 59 familias, 325 indígenas del pueblo Wounaan de la comunidad Unión Agua Clara, del resguardo el Burujón San Bernardo, ubicado en jurisdicción del municipio de Litoral de San Juan, departamento del Valle del Cauca.
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Comunidad de Bolívar, Cauca afectada luego de avalancha del 20 de diciembre
El Centro de Investigaciones Culturales y Producción Literaria “Defensores del Macizo” expresa su solidaridad con las familias y comunidad afectada luego de la avalancha del Rio San Bingo el pasado 20 de diciembre en horas de la tarde. Igualmente se hace un llamado a los organismos de emergencia
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ACIN - Çxhab Wala Kiwe

Colombia: ¿Se Ajusta a Derecho la Presencia Militar Inconsulta en Territorios Indígenas?

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Formando parte de la Misión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas que visitó Colombia hace un par de años, en una reunión con altos mandos militares, pregunté sobre si se requería el consentimiento de las autoridades indígenas para actuar en sus territorios. No es sólo que la respuesta fuese negativa; es que se reaccionó a cajas destempladas, no sé si sincera o afectadamente, como si la pregunta fuera ofensiva: “¡Es nuestra obligación defender a nuestros indígenas!”. 

El ejército colombiano sigue actuado no sólo sin el requerimiento o la venia de las autoridades indígenas, sino también, con riesgo para la vida y con daño para la dignidad, contra las personas indígenas aplicando una rudeza incluso superior, muy superior, a la que acostumbra con el conjunto de la población. “Es nuestra obligación”. Un reciente testimonio viene del territorio wayuu. La pregunta conviene reiterarla. Hagámoslo en términos de derecho. ¿Puede el ejército actuar legítimamente en territorios indígena sin el consentimiento de las autoridades indígenas? La pregunta se planteó en el Diálogo Regional Andino sobre el Derecho Fundamental a la Consulta celebrado en Bogotá a mediados de este mes de julio.
 
La Constitución de Colombia parece avalar la referida posición militar: “La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional” (art. 217, sin referencia ulterior, ni por asomo, a consulta indígena en cuanto a la defensa de la integridad del territorio). Hace veinte años, acto prácticamente seguido de la aprobación de la Constitución, Colombia ratificó el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes que pudiera dar base al planteamiento de la cuestión: “La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones” (art. 18). Cabría en todo caso interpretarse que las fuerzas armadas regulares no son personas ajenas cuya intrusión debiera sancionarse y que lo serían en cambio, claramente, las guerrillas, contra las cuales por lo tanto, sin más requisito, podría actuar el ejército en defensa del territorio indígena en cuanto que territorio del Estado.
 
Mas no es esa la interpretación que trae la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que los Estados andinos se comprometieron a asumir antes incluso de que se adoptara por las Naciones Unidas (Carta Andina para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos, art. 40: “Se comprometen [Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela] con la adopción de la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas que se encuentra en preparación en el marco de las Naciones Unidas…”). Colombia incumplió el compromiso, pero luego rectificó endosando la Declaración. He aquí su disposición al propósito: “No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares” (art. 30).
 
Es una disposición que necesita poca interpretación, pues resulta diáfana. No puede haber presencia militar sin el requerimiento o el acuerdo indígena, con la sola excepción de que exista interés público pertinente (no necesariamente permanente, como reza la errata de alguna edición de la Declaración), pero mediando en todo caso consulta por procedimientos apropiados y con autoridades representativas con carácter previo. En este contexto, la apreciación de la pertinencia no puede ser unilateral del Estado, sino que ha de ser propuesta a las autoridades indígenas en la correspondiente consulta. ¿Qué ocurre si las mismas no la aprecian? No tendría sentido que entonces la decisión quedara en manos de ninguna de las partes. Para la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, han de entrar entonces en juego otros mecanismos que debieran estar constituidos: “Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de controversias con los Estados…”. ¿Qué ocurre si hay urgencia de intervención militar como en el caso, por ejemplo, de invasión por un Estado vecino? Se necesita entonces el requerimiento de defensa por parte del pueblo indígena. No hay otra para la Declaración. Si el ejército colombiano no cuenta con la confianza de parte indígena, Colombia tiene un problema que no se resuelve por medios militares.
 
Todo lo dicho debe especialmente resaltarse respecto a los pueblos indígenas transfronterizos, como suelen encontrase en las fronteras terrestres de Colombia y como es el caso wayuu, pues cuentan con derechos adicionales por virtud de instrumentos de derecho internacional aquí vigentes: “Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente” (Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, art. 32); “Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con sus propios miembros así como con otros pueblos a través de las fronteras. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán medidas eficaces para facilitar el ejercicio y garantizar la aplicación de este derecho” (Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, art. 36).
 
En consulta y cooperación con los pueblos indígenas es como, según la Declaración (art. 38), los Estados deben adoptar “las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines” de la misma; más aun, como miembros de las Naciones Unidas vinculados a los instrumentos de derechos humanos, los Estados en sus respectivos espacios “promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y velarán por su eficacia” (Declaración, art. 42). Todo esto debe hacerse valer para el caso de Colombia pues su Corte Constitucional tiene sentada la jurisprudencia de que el establecimiento de instalaciones militares es de interés nacional no susceptible de consulta indígena. Debe entonces considerarse que la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas explícitamente asumida por Colombia ha sobreseído dicha jurisprudencia por mucho que la Constitución parezca respaldarla.
En suma, en Colombia y en cualquier Estado dentro de cuyas fronteras existan pueblos indígenas, la presencia militar inconsulta en territorios indígenas no se ajusta a derecho.
 
Bartolomé Clavero
Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla

 

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