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Canoas: Minga de Control Territorial para limpiar el territorio de los cultivos de uso ilícito

Canoas: Minga de Control Territorial para limpiar el territorio de los cultivos de uso ilícito

  El día 21 de mayo del presente año el Cabildo del Canoas realizó actividades de control territorial bajo la resolución del 14 de noviembre del 2014, emanado en el resguardo de Munchique los Tigres, la resolución dice lo siguiente.

La comunidad de Corinto retoma la fuerza y vuelve a las fincas tras la arremetida del ESMAD

La comunidad de Corinto retoma la fuerza y vuelve a las fincas tras la arremetida del ESMAD

  Tras la brutal arremetida de la fuerza pública contra la comunidad de Corinto, sucedida desde horas de la mañana del día de ayer, 22 de mayo de 2015, la comunidad volvió a los sitios de concentración donde fueron atacados (las fincas de Miraflores, García Arriba y García...

De manera violenta fuerza pública intenta desajolar a comunidades indígenas que liberan la Madre Tierra en Corinto Cauca

De manera violenta fuerza pública intenta desajolar a comunidades indígenas que liberan la Madre Tierra en Corinto Cauca

  A ciencia cierta no sabemos hasta dónde puede llegar la inhumanidad de las personas, lo único cierto es que cuando alguien actúa adoctrinado obedeciendo órdenes superiores aunque representen al Estado son capaces de arremeter hasta a su propio pueblo. Es el caso que las...

  • Canoas: Minga de Control Territorial para limpiar el territorio de los cultivos de uso ilícito

    Canoas: Minga de Control Territorial para limpiar el territorio de los cultivos de uso ilícito

    Viernes, 22 Mayo 2015 13:13
  • La comunidad de Corinto retoma la fuerza y vuelve a las fincas tras la arremetida del ESMAD

    La comunidad de Corinto retoma la fuerza y vuelve a las fincas tras la arremetida del ESMAD

    Sábado, 23 Mayo 2015 12:47
  • De manera violenta fuerza pública intenta desajolar a comunidades indígenas que liberan la Madre Tierra en Corinto Cauca

    De manera violenta fuerza pública intenta desajolar a comunidades indígenas que liberan la Madre Tierra en Corinto Cauca

    Sábado, 23 Mayo 2015 13:12

Nuestra Palabra

Corinto: Con hambre no hay paz, por eso seguiremos liberando la Madre Tierra

Corinto: Con hambre ...
Ante la negativa del gobierno nacional frente a las exigencias de las comunidades que continúan en las acciones de liberación de la Madre Tierra en el norte del Cauca, éstas decidieron permanecer concentrados en las haciendas realizando trabajo comunitario para mejorar los sitios de albergue y mingas de siembra de productos de pan coger como maíz, yuca, frijol y plátano. Este trabajo fue realizado entre las comunidades de base y las autoridades de los cabildos.

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    Consulta Autónoma Pueblorrico Antioquia

Nuestra Palabra Kueta Susuza

Contexto Colombiano

  • Colombia: Restitución de tierras o la legitimación del despojo

    El fracaso de la política de restitución de tierras no solo enterraría este derecho de las víctimas sino que legitimaría las prácticas de despojo por parte de grandes actores económicos.
     
  • La comunidad de Huellas sigue en alerta tras el violento desalojo del ESMAD en Corinto

    Luego de tres meses de haber iniciado las acciones de liberación de la Madre Tierra, la comunidad del resguardo de Huellas ha realizado mingas para la limpieza del terreno y el cultivo de alimentos como plátano, yuca, maíz, frijol y han tumbado la caña. 

     
  • Árbol que nace torcido…

    1. El pasado 15 de mayo se cumplieron tres años de la aprobación del TLC con Estados Unidos. Los resultados de su implementación en este periodo no podían ser diferentes, porque el árbol se sembró mal desde el principio. El acuerdo no es para que Estados Unidos compre más a Colombia, sino para que ese país pueda deshacerse de sus excedentes de mercancías. Por eso no sorprenden los resultados, aunque sí obligan a realizar un llamado de alerta a los colombianos por sus consecuencias.
       

Vivencias Globales

Comunicados

Comunicado de apoyo al paro de FECODE. En defensa del derecho a la educación pública
Colombia si requiere un cambio en el sistema educativo Nacional, un  cambio estructural de fondo, no un cambio simplemente para cumplir los estándares internacionales y competir con “calidad”. No  podemos continuar con un sistema educativo que ha convertido la educación en un negocio,  “un servicio”, que está lejos de garantizarlo  como un  derecho fundamental como lo plantea la constitución nacional  y  las normas internacionales.
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Propuestas al movimiento popular y por derechos humanos en la Audiencia Pública

 

Esta Audiencia tiene el propósito de compartir un análisis sobre las razones que llevan al Estado a una respuesta militar a nuestras acciones. ¿Qué se esconde en esa agresiva política? ¿Por qué tan desmedidos en sus acciones? ¿Se trata solamente de la mala intención de algunos uniformados? ¿Hay detrás una estrategia, unas razones? Permítannos compartir nuestras reflexiones y proponer algunas alternativas a modo de preguntas.
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Documentos

Posible desplazamiento masivo del Consejo Comunitario Alto Guapi, por bombardeo del ejército a las Farc en Guapi (Costa Pacifica de Cauca)

Las comunidad de San Agustín, Rosario y Naranjo del Consejo comunitario del Alto Guapi – municipio de Guapi en la costa pacífica de Cauca, están en máximo riesgo de desplazamiento masivo como consecuencia de los bombardeos presentados al terminar la tarde del 21 de mayo de 2015 al parecer de la Infantería de marina No 42 con sede en Guapi contra una columna del frente 29 de las FARC.
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Comunicado Público: Salud Hernandez señala a campesinos del Catatumbo
Las Organizaciones sociales, populares, organizaciones defensoras de derechos humanos y la comunidad del departamento de Norte de Santander de la República de Colombia, rechazamos contundentemente los señalamientos temerarios y ofensivos hechos por la periodista, Salud Hernández Mora a través de su columna de opinión del domingo 10 de Mayo en el periódico el Tiempo, titulada “¿Ratas Humanas?”.
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ACIN - Çxhab Wala Kiwe

Colombia: ¿Se Ajusta a Derecho la Presencia Militar Inconsulta en Territorios Indígenas?

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Formando parte de la Misión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas que visitó Colombia hace un par de años, en una reunión con altos mandos militares, pregunté sobre si se requería el consentimiento de las autoridades indígenas para actuar en sus territorios. No es sólo que la respuesta fuese negativa; es que se reaccionó a cajas destempladas, no sé si sincera o afectadamente, como si la pregunta fuera ofensiva: “¡Es nuestra obligación defender a nuestros indígenas!”. 

El ejército colombiano sigue actuado no sólo sin el requerimiento o la venia de las autoridades indígenas, sino también, con riesgo para la vida y con daño para la dignidad, contra las personas indígenas aplicando una rudeza incluso superior, muy superior, a la que acostumbra con el conjunto de la población. “Es nuestra obligación”. Un reciente testimonio viene del territorio wayuu. La pregunta conviene reiterarla. Hagámoslo en términos de derecho. ¿Puede el ejército actuar legítimamente en territorios indígena sin el consentimiento de las autoridades indígenas? La pregunta se planteó en el Diálogo Regional Andino sobre el Derecho Fundamental a la Consulta celebrado en Bogotá a mediados de este mes de julio.
 
La Constitución de Colombia parece avalar la referida posición militar: “La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional” (art. 217, sin referencia ulterior, ni por asomo, a consulta indígena en cuanto a la defensa de la integridad del territorio). Hace veinte años, acto prácticamente seguido de la aprobación de la Constitución, Colombia ratificó el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes que pudiera dar base al planteamiento de la cuestión: “La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones” (art. 18). Cabría en todo caso interpretarse que las fuerzas armadas regulares no son personas ajenas cuya intrusión debiera sancionarse y que lo serían en cambio, claramente, las guerrillas, contra las cuales por lo tanto, sin más requisito, podría actuar el ejército en defensa del territorio indígena en cuanto que territorio del Estado.
 
Mas no es esa la interpretación que trae la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que los Estados andinos se comprometieron a asumir antes incluso de que se adoptara por las Naciones Unidas (Carta Andina para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos, art. 40: “Se comprometen [Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela] con la adopción de la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas que se encuentra en preparación en el marco de las Naciones Unidas…”). Colombia incumplió el compromiso, pero luego rectificó endosando la Declaración. He aquí su disposición al propósito: “No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares” (art. 30).
 
Es una disposición que necesita poca interpretación, pues resulta diáfana. No puede haber presencia militar sin el requerimiento o el acuerdo indígena, con la sola excepción de que exista interés público pertinente (no necesariamente permanente, como reza la errata de alguna edición de la Declaración), pero mediando en todo caso consulta por procedimientos apropiados y con autoridades representativas con carácter previo. En este contexto, la apreciación de la pertinencia no puede ser unilateral del Estado, sino que ha de ser propuesta a las autoridades indígenas en la correspondiente consulta. ¿Qué ocurre si las mismas no la aprecian? No tendría sentido que entonces la decisión quedara en manos de ninguna de las partes. Para la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, han de entrar entonces en juego otros mecanismos que debieran estar constituidos: “Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de controversias con los Estados…”. ¿Qué ocurre si hay urgencia de intervención militar como en el caso, por ejemplo, de invasión por un Estado vecino? Se necesita entonces el requerimiento de defensa por parte del pueblo indígena. No hay otra para la Declaración. Si el ejército colombiano no cuenta con la confianza de parte indígena, Colombia tiene un problema que no se resuelve por medios militares.
 
Todo lo dicho debe especialmente resaltarse respecto a los pueblos indígenas transfronterizos, como suelen encontrase en las fronteras terrestres de Colombia y como es el caso wayuu, pues cuentan con derechos adicionales por virtud de instrumentos de derecho internacional aquí vigentes: “Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente” (Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, art. 32); “Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con sus propios miembros así como con otros pueblos a través de las fronteras. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán medidas eficaces para facilitar el ejercicio y garantizar la aplicación de este derecho” (Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, art. 36).
 
En consulta y cooperación con los pueblos indígenas es como, según la Declaración (art. 38), los Estados deben adoptar “las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines” de la misma; más aun, como miembros de las Naciones Unidas vinculados a los instrumentos de derechos humanos, los Estados en sus respectivos espacios “promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y velarán por su eficacia” (Declaración, art. 42). Todo esto debe hacerse valer para el caso de Colombia pues su Corte Constitucional tiene sentada la jurisprudencia de que el establecimiento de instalaciones militares es de interés nacional no susceptible de consulta indígena. Debe entonces considerarse que la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas explícitamente asumida por Colombia ha sobreseído dicha jurisprudencia por mucho que la Constitución parezca respaldarla.
En suma, en Colombia y en cualquier Estado dentro de cuyas fronteras existan pueblos indígenas, la presencia militar inconsulta en territorios indígenas no se ajusta a derecho.
 
Bartolomé Clavero
Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla

 

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