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Comunidad de Paz San José de Apartadó: Población civil blanco de los militares

Comunidad de Paz San José de Apartadó: Población civil blanco de los militares

  No vale que lo digamos en todos los tonos, la degradación del valor que tiene la vida se ha convertido en infamia para los asesinos que gozan de protección de un sistema de impunidad absoluta, garantía para persistir en destruir las vidas humanas de la población civil....

Cauca: En el bosque mágico para restablecer la armonía

Cauca: En el bosque mágico para restablecer la armonía

Recuerdos del encuentro de inventores e inventoras para el wët wët fxi'zenxi en el bosque mágico, el 24 y 25 de agosto. "Este lugar parece un cuento infantil" dijo Manuel Méndez después al tomar la palabra en la fogata del domingo por la noche. Después habló de la sabiduría de la tierra,...

Cauca: Cuidando el territorio de las acciones que desequilibran a la madre tierra

Cauca: Cuidando el territorio de las acciones que desequilibran a la madre tierra

ANTECEDENTES: Los pueblos indígenas desdes su historia se han caracterizado por la defensa integral del territorio cuidando la madre tierra de acciones que dañen, desarmonicen y desequilibren el buen vivir de los seres en la Madre Tierra WET WET ICXI FXIZENXI; en este sentido...

  • Comunidad de Paz San José de Apartadó: Población civil blanco de los militares

    Comunidad de Paz San José de Apartadó: Población civil blanco de los militares

    Lunes, 25 Agosto 2014 18:08
  • Cauca: En el bosque mágico para restablecer la armonía

    Cauca: En el bosque mágico para restablecer la armonía

    Jueves, 28 Agosto 2014 11:08
  • Cauca: Cuidando el territorio de las acciones que desequilibran a la madre tierra

    Cauca: Cuidando el territorio de las acciones que desequilibran a la madre tierra

    Sábado, 30 Agosto 2014 18:16

Nuestra Palabra

De cómo nos están mapeando y despojando para "La paz"...

Las Expediciones Bowman coordinan al Pentágono, las universidades y organizaciones y líderes de procesos indígenas y populares. Donde quiera que se implementan hay guerra para la paz del modelo, sea México, Centro América o Colombia urbana y rural. Pasan mayormente desapercibidas. Sus ideólogos no son suficientemente estudiados ni controvertidos. Sus contrapartes gozan de recursos y prestigio. Los efectos en despojo y sometimiento son, ni más ni menos, la conquista hoy, en su modelo post-neoliberal, extractivista legitimado. Hay que hacerle Minga a esta amenaza real para conocerla y detenerla. Así No!!

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    Niña recita hermoso poema contra proyecto Conga (Cajamarca - Perú)

Nuestra Palabra Kueta Susuza

  • Cauca: Llamamos a no participar en el censo nacional agropecuario

    A toda la comunidad campesina del municipio de Inzá mantenerse en la decisión de NO HACER PARTE DEL CENSO NACIONAL AGROPECUARIO que se lleva a cabo en el municipio.
     
  • Cauca: Continúan los hostigamientos y detenciones ilegales por parte de la Fuerza pública en comunidades indigenas

    COMUNICADO A LA OPINON PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL: La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-ACIN en cumplimiento de los principios culturales y territoriales como  pueblos indígenas  del territorio, manifiesta su voz de rechazo  e indignación contra todos los hechos violentos e inhumanos que atentan contra la vida y la integridad física de los comuneros y comuneras que habitamos en nuestros territorios y  cuando es violentado el ejercicio autónomo de control territorial por parte de miembros de las fuerzas militares de Colombia.

     
  • Una luz aquí y ahora

    Crónica del encuentro con inventores e inventoras para el wët wët fxizenxi, realizada el pasado 15 de agosto. A partir del mes de septiembre se iniciará un nuevo recorrido para visitar uno a uno los inventos que falta por visitar.

Contexto Colombiano

  • Entre sequías y privatizaciones

    La sed consume a la Guajira. Mientras Cerrejón Limited gasta cada día 17 millones de litros de agua en su proceso extractivo del carbón, miles de pobladores sufren por falta del precioso líquido. Esta realidad se erige como emblema del modelo extractivista acelerado impuesto en el país. El Gobierno actúa como cómplice de la tragedia, tanto por acción como por omisión, que deslegitima y privatiza cada vez más una gestión comunitaria del agua.

     
  • Tolima: "Alcalde de Cajamarca teme aprobar consulta popular"

    La legislación colombiana es explicita en resaltar que los proyectos mineros se perfeccionan una vez obtengan la licencia ambiental, es decir, ninguna multinacional goza del derecho de explotación o continuidad de un proyecto, si carece o niega la licencia ambiental.
     
  • La población civil como escudos humanos

    De nuevo, se reafirma la realidad de muerte y guerra que se vive en la región y que coloca en grave riesgo a la población civil, en especial a nuestra Comunidad de Paz. Las mentiras con que siempre ha actuado el Gobierno, se sigue destapando no solo por los hechos realizados por el Ejercito en la masacre del 2005, sino además de la paz y tranquilidad de la que se habla en a región, pues, las evidencias muestran la situación real contraria al discurso del Gobierno:

     

Vivencias Globales

  • Argentina: El Pueblo Wichí perseguidos y asesinados por defender su territorio

    AgustinEntrevista a Agustín Santillán referente del Pueblo Wichí de la comunidad el Palmar Largo del oeste de la provincia de Formosa - Argentina. Agustín Santillán describe la situación que se está viviendo en la comunidad Wichi de Cacique Colorado, la cual el pasado 28 de julio fue víctima de un ataque policial. 
     
     
  • Mexico: Conoce la estrategia contrainsurgente contra los territorios comunales indígenas

    Los territorios comunales indígenas y campesinos son una piedra en el zapato para los intereses económicos de las transnacionales y de las élites locales. Por eso, EEUU camufla de misiones académicas las acciones de contrainsurgencia dirigidas a despojar de las tierras a las comunidades. Revelador trabajo de Renata Bessi y Santiago Navarro.

     
  • Las muchas batallas de Aida, defensora de Morococha

    Aida Gamarra, la defensora del pueblo de Morococha. La mujer que se enfrentó a Chinalco. La que desprendiéndose de todo y olvidando el cansancio, no ha parado ni un día, ni se ha quebrantado por nada, exigiendo justicia para su familia y Morococha.

     

Comunicados

Caloto – Cauca: Acciones de control territorial en los Cabildos Indígenas de Huellas, Toez y López Adentro
Los tres cabildos de Caloto convocan a Armonizar el territorio mediante el desalojo de maquinaria para la extracción minera que afecta el territorio y la comunidad. Responsabilizar a los mineros de la cuenca del río Palo, actores armados, socios y compañías de propietarios de fincas privadas aledañas por cualquier tipo de retaliación física psicológica a comuneros, guardias indígenas, cabildantes y comunidad en general de los cabildos ejecutantes de la resolución número 001-02-2014. El encuentro será a partir del 3 de abril del 2014.
(2095)
Territorios indígenas beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH en el año 2011 convertidos en escenarios de guerra
Comunicado público. El día 14 de noviembre del año 2011, la Comisión Interamericano de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares a favor de miembros del Pueblo Nasa pertenecientes a los resguardos de Toribio, San Francisco, Tacueyó y Jambaló. En la solicitud de medidas cautelares, los miembros del pueblo Nasa argumentaron que se encuentran en una situación de alto riesgo en razón del conflicto armado, y que han sido objeto de homicidios, desapariciones forzadas y otros hechos de violencia.
(1010)

Documentos

Corrupción y Privatización en la Unidad Nacional de Protección

Ante el reciente escándalo develado por el Secretario para la Transparencia de la Presidencia de la Republica y la Fiscalía General de la Nación, sobre la red de corrupción en la Unidad Nacional de Protección, las plataformas de derechos humanos en Colombia manifestamos a la opinión pública nuestra preocupación por este hecho teniendo en cuenta las siguientes situaciones:

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Contra la engañosa política de Santos movilicémonos el 27 de agosto
La política de Santos contra Colombia y su educación pública es una aplanadora camuflada con los usuales engaños y astucias de este Gobierno. Engaño con la bandera de la jornada única para ilusionar a estudiantes y padres de familia, pero sin ampliación y mejoramiento de escuelas y colegios públicos (se hace retórica con 160 colegios, que en el incierto evento de ser construidos no se sabe cuándo, tan solo serían una gota de agua en el mar del abandono), es decir, propicia más hacinamiento y peores condiciones para el estudio, la recreación y la convivencia, tal como lo está haciendo Petro en el Distrito; en lugar de salario profesional para los educadores y ampliación de la planta docente y administrativa, expide un decreto de bonificaciones que burla el acuerdo de mayo y anuncia la contratación de tutores por medio de la empresa privada, igual que en Bogotá, avanzando en la privatización y el desconocimiento de los derechos laborales; e impone planes de estudios violando la autonomía educativa establecida en la Ley General de Educación.
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ACIN - Çxhab Wala Kiwe

Colombia: ¿Se Ajusta a Derecho la Presencia Militar Inconsulta en Territorios Indígenas?

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Formando parte de la Misión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas que visitó Colombia hace un par de años, en una reunión con altos mandos militares, pregunté sobre si se requería el consentimiento de las autoridades indígenas para actuar en sus territorios. No es sólo que la respuesta fuese negativa; es que se reaccionó a cajas destempladas, no sé si sincera o afectadamente, como si la pregunta fuera ofensiva: “¡Es nuestra obligación defender a nuestros indígenas!”. 

El ejército colombiano sigue actuado no sólo sin el requerimiento o la venia de las autoridades indígenas, sino también, con riesgo para la vida y con daño para la dignidad, contra las personas indígenas aplicando una rudeza incluso superior, muy superior, a la que acostumbra con el conjunto de la población. “Es nuestra obligación”. Un reciente testimonio viene del territorio wayuu. La pregunta conviene reiterarla. Hagámoslo en términos de derecho. ¿Puede el ejército actuar legítimamente en territorios indígena sin el consentimiento de las autoridades indígenas? La pregunta se planteó en el Diálogo Regional Andino sobre el Derecho Fundamental a la Consulta celebrado en Bogotá a mediados de este mes de julio.
 
La Constitución de Colombia parece avalar la referida posición militar: “La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional” (art. 217, sin referencia ulterior, ni por asomo, a consulta indígena en cuanto a la defensa de la integridad del territorio). Hace veinte años, acto prácticamente seguido de la aprobación de la Constitución, Colombia ratificó el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes que pudiera dar base al planteamiento de la cuestión: “La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones” (art. 18). Cabría en todo caso interpretarse que las fuerzas armadas regulares no son personas ajenas cuya intrusión debiera sancionarse y que lo serían en cambio, claramente, las guerrillas, contra las cuales por lo tanto, sin más requisito, podría actuar el ejército en defensa del territorio indígena en cuanto que territorio del Estado.
 
Mas no es esa la interpretación que trae la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que los Estados andinos se comprometieron a asumir antes incluso de que se adoptara por las Naciones Unidas (Carta Andina para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos, art. 40: “Se comprometen [Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela] con la adopción de la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas que se encuentra en preparación en el marco de las Naciones Unidas…”). Colombia incumplió el compromiso, pero luego rectificó endosando la Declaración. He aquí su disposición al propósito: “No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares” (art. 30).
 
Es una disposición que necesita poca interpretación, pues resulta diáfana. No puede haber presencia militar sin el requerimiento o el acuerdo indígena, con la sola excepción de que exista interés público pertinente (no necesariamente permanente, como reza la errata de alguna edición de la Declaración), pero mediando en todo caso consulta por procedimientos apropiados y con autoridades representativas con carácter previo. En este contexto, la apreciación de la pertinencia no puede ser unilateral del Estado, sino que ha de ser propuesta a las autoridades indígenas en la correspondiente consulta. ¿Qué ocurre si las mismas no la aprecian? No tendría sentido que entonces la decisión quedara en manos de ninguna de las partes. Para la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, han de entrar entonces en juego otros mecanismos que debieran estar constituidos: “Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de controversias con los Estados…”. ¿Qué ocurre si hay urgencia de intervención militar como en el caso, por ejemplo, de invasión por un Estado vecino? Se necesita entonces el requerimiento de defensa por parte del pueblo indígena. No hay otra para la Declaración. Si el ejército colombiano no cuenta con la confianza de parte indígena, Colombia tiene un problema que no se resuelve por medios militares.
 
Todo lo dicho debe especialmente resaltarse respecto a los pueblos indígenas transfronterizos, como suelen encontrase en las fronteras terrestres de Colombia y como es el caso wayuu, pues cuentan con derechos adicionales por virtud de instrumentos de derecho internacional aquí vigentes: “Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente” (Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, art. 32); “Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con sus propios miembros así como con otros pueblos a través de las fronteras. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán medidas eficaces para facilitar el ejercicio y garantizar la aplicación de este derecho” (Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, art. 36).
 
En consulta y cooperación con los pueblos indígenas es como, según la Declaración (art. 38), los Estados deben adoptar “las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines” de la misma; más aun, como miembros de las Naciones Unidas vinculados a los instrumentos de derechos humanos, los Estados en sus respectivos espacios “promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y velarán por su eficacia” (Declaración, art. 42). Todo esto debe hacerse valer para el caso de Colombia pues su Corte Constitucional tiene sentada la jurisprudencia de que el establecimiento de instalaciones militares es de interés nacional no susceptible de consulta indígena. Debe entonces considerarse que la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas explícitamente asumida por Colombia ha sobreseído dicha jurisprudencia por mucho que la Constitución parezca respaldarla.
En suma, en Colombia y en cualquier Estado dentro de cuyas fronteras existan pueblos indígenas, la presencia militar inconsulta en territorios indígenas no se ajusta a derecho.
 
Bartolomé Clavero
Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla

 

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