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Toribío también tuvo un día histórico con el anuncio de la paz

Toribío también tuvo un día histórico con el anuncio de la paz

Desde muy temprano empezaron a llegar los habitantes de Toribío y poblaciones vecinas para escuchar los acuerdos que fueron firmados entre las Farc y el Gobierno para poner fin al conflicto armado que protagonizaron durante 52 años. No era día de mercado, pero los niños corrían en el...

La Corte Constitucional de Colombia ordena al Gobierno proteger a los nasa yuwe, la gente del agua

La Corte Constitucional de Colombia ordena al Gobierno proteger a los nasa yuwe, la gente del agua

Al conflicto armado que ya lleva décadas y que ha afectado el desarrollo integral de este pueblo indígena, hay que sumar las amenazas crecientes del narcotráfico, la minería ilegal y el otorgamiento de licencias ambientales La Corte Constitucional colombiana le ordenó al Gobierno...

Vendieron el Chocó

Vendieron el Chocó

Una parte del pulmón de Colombia fue vendido a China. Comenzó la tala de árboles en el departamento del Chocó para exportarlos a China, la empresa  “Colombia Hardwood” ha empezado a tumbar arboles en Bahía Solano, las maderas más finas del Chocó como el algarrobo, sande, cedro...

  • Toribío también tuvo un día histórico con el anuncio de la paz

    Toribío también tuvo un día histórico con el anuncio de la paz

    Viernes, 24 Junio 2016 16:07
  • La Corte Constitucional de Colombia ordena al Gobierno proteger a los nasa yuwe, la gente del agua

    La Corte Constitucional de Colombia ordena al Gobierno proteger a los nasa yuwe, la gente del agua

    Sábado, 25 Junio 2016 09:18
  • Vendieron el Chocó

    Vendieron el Chocó

    Lunes, 27 Junio 2016 08:59

Nuestra Palabra

En esta minga de resistencia también hablamos de liberar la Madre Tierra, pero no negociamos con quienes nos asesinan.

Como pueblo Nasa rechazamos rotundamente la brutal arremetida de la fuerza publica y el vil asesinato de nuestros tres  compañeros  GERSAIN CERON del Resguardo ancestral de las Mercedes del pueblo Nasa; MARCOS AURELIO DIAZ del Resguardo la Aguada territorio de Sath Tama Kiwe de Caldono del pueblo Nasa; WELLINGTON QUIBARECAMA NEQUIRUCAMA del pueblo Embera, los mas 142 heridos y dos judicializados hasta la fecha en el marco de minga de resistencia por la vida, el territorio, la dignidad, la paz y cumplimiento de acuerdos que inicio  el 30 de mayo del 2016 en diferentes puntos del Departamento del Cauca y del país.

“No es lo mismo sentarse a dialogar que a negociar” palabras de los liberadores y liberadoras de la Madre Tierra en el norte del Cauca. Y no es lo mismo cuando nos masacran y corre nuestra sangre, como la de nuestro compañero GUILLERMO PAVÍ  que retorno al seno de la Madre Tierra mientras la liberaba en el 2015.

 

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    UCHUNYA - ¿Y dónde vamos a vivir?

Nuestra Palabra Kueta Susuza

  • La cara de la lucha afro en Cauca

    Francia Márquez es la representante legal del Consejo Comunitario La Toma y actualmente es estudiante de derecho.

    La líder de 34 años Francia Márquez, premio Nacional de Derechos Humanos en 2015, fue amenazada y desplazada por luchar contra la minería ilegal que devora su territorio.

     
  • Matar indígenas, afros y campesinos para complacer poderosos

    En 1999 el entonces presidente Andrés Pastrana se reunió con la cúpula de la banca liderada por María Mercedes Cuéllar. En menos de una hora se decidió la creación del 4 por mil con el propósito de recaudar dineros para invertir en gastos del Estado, pero con el veneno de dejarlos en las cajas fuertes de la banca durante un largo periodo, sin intereses significativos, para que los dueños de los bancos dispusieran de efectivo para recuperarse de lo que denominaron “crisis financiera”.

     
  • Desafíos territoriales de los afrodescendientes en el Caribe y en los valles interandinos del Cauca.

    En el Caribe colombianos, los consejos comunitarios de comunidades negras llegan a ciento setenta (170), de acuerdo con la Red de Consejos Comunitarios del Caribe. Y en el norte del Cauca, son alrededor de sesenta (60), de los cuales, siete se ubican en Suárez organizados en la Asociación que lleva el mismo nombre del municipio. En éstas regiones habitadas por afrodescendientes se configuran hoy los principales desafíos para el reconocimiento de derechos territoriales y la gobernanza de recursos naturales estratégicos en las áreas que coinciden con tierras tradicionales que, en la mayoría de los casos, no tienen demarcación por parte del estado ni reconocimiento formal.

Contexto Colombiano

  • Asesinan a Gobernador Indígena de la comunidad de Dojura del municipio de Chigorodó, Urabá Antioqueño.

    El Comité Ejecutivo de la Organización Indígena de Antioquia, en cabeza de su presidenta, Aida Suárez Santos, lamenta profundamente el asesinato del Gobernador local de la comunidad indígena Dojura del municipio de Chigorodó, Amado Gómez, tras ser herido en cuatro oportunidades con arma blanca, el pasado 22 de junio a las 10 de la mañana.

     
  • ESMAD Agrede a Campesinos que se oponen a explotación petrolera en Caquetá

    Este lunes, efectivos del ESMAD agredieron con gases lacrimógenos a los campesinos que estaban en inmedicaciones de los municipios de Valparaiso, Milan y Morelia, en Caquetá, intentando desalojar a los funcionarios de la empresa 'Petroseismic Services', filial de la multinacional 'Emerald Energy', mientras realizaban actividades de exploración petrolera sin la autorización de las comunidades.

     
  • Tasco, un año de resistencia frente a minería

    Los campesinos llevan acampando 365 días en el páramo de Pisba para evitar que Acerías Paz de Río explote carbón y hierro en su territorio.

    Se cumple un año ya desde que los campesinos de Tasco, Boyacá, llevan acampando en el páramo de Pisba para impedir la explotación de la mina El Banco, ubicada en la vereda El Pedregal.

     

Vivencias Globales

  • ¿Guerra en México? No, es la Policía disparando contra los maestros

    Terribles imágenes han llegado tras la jornada de violencia desatada el pasado domingo en el municipio oaxaqueño de Nochixtlán.

     
  • Contra el “secuestro” de un río indígena por una empresa española en Guatemala

    La campaña TieRRRa de Alianza por la Solidaridad lanza una recogida de firmas para frenar la construcción de un complejo que vulnera los derechos de 29.000 indígenas quekchí en Guatemala hasta que la empresa Cobra-ACS, propiedad de Florentino Pérez, no se haga un estudio de sus graves impactos sociales y ambientales.  

     
  • En la primera vuelta:Ganó el Perú

    Hubo 5.052.676 electores hábiles que no asistieron a su local de votación. Esta cifra, sumada a los 2.145.015 que votaron en blanco y los 878.238 queoptaron por el nulo o viciado, llega a los 8.075.929  lectores hábiles que no le dieron su respaldo a ningún aspirante a la Presidencia de la República. Esa cifra supera de lejos la votación obtenida por Keiko Fujimori.


    Así, el pueblo peruano rechazó el fraude cometido por el Jurado Nacional Electoral que excluyo a candidatos que  podían disputar a Keiko el primer puesto. El JNE no excluyó a Keiko a pesar de los videos que  ostraban que repartía dinero para obtener votos.

     

Comunicados

Las autoridades tradicionales no han ofrecido la guardia indígena, para Salvaguardar zonas de ubicación de las FARC

Comunicado a la Opinión Pública Nacional e Internacional
 Ante el artículo aparecido el día 25 de febrero del presente año en el periódico el
Espectador titulado “Guardia indígena se ofrece para salvaguardar zonas de ubicación de las FARC”, la Consejería mayor del CRIC se permite aclarar lo siguiente: 

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EL AGUA NO ES UN NEGOCIO ES UN DERECHO FUNDAMENTAL.
Buenaventura Enero del 2016.
 
El COMITE DE LA AGUA Y LA VIDA DE BUENAVENTURA, desea, para este  año nuevo, la unidad y la decisión de 
 
lucha del pueblo para afrontar y lograr la solución definitiva a la problemática del agua y el alcantarillado de 
 
Buenaventura.
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Documentos

Ríos Vivos Antioquia exige a la policía nacional rectificar señalamientos en su contra

En el doceavo día de movilización de la Minga Agraria, Étnica y Popular, el Movimiento Ríos Vivos permanece en el coliseo del Municipio de Valdivia, Antioquia, socializándole al pueblo valdiviense las problemáticas sociales y ambientales de la ruralidad colombiana.

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Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la ACIN hace la siguiente recomendación de alerta a la comunidad en general

El Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos informan a toda la estructura organizativa indígena (cabildos, programas, tejidos) y a los organismos e instituciones del Estado en el norte del Cauca, junto a organizaciones de Derechos Humanos, que en el ejercicio de exigir el respeto a la vida el territorio, educación salud, la justicia y ante incumplimiento de los acuerdos anteriormente firmados por parte del gobierno nacional; las comunidades indígenas del Norte del Cauca se estarán Movilizando desde el dia 30 de Mayo por término indefinido.

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ACIN - Çxhab Wala Kiwe

Colombia: ¿Se Ajusta a Derecho la Presencia Militar Inconsulta en Territorios Indígenas?

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Formando parte de la Misión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas que visitó Colombia hace un par de años, en una reunión con altos mandos militares, pregunté sobre si se requería el consentimiento de las autoridades indígenas para actuar en sus territorios. No es sólo que la respuesta fuese negativa; es que se reaccionó a cajas destempladas, no sé si sincera o afectadamente, como si la pregunta fuera ofensiva: “¡Es nuestra obligación defender a nuestros indígenas!”. 

El ejército colombiano sigue actuado no sólo sin el requerimiento o la venia de las autoridades indígenas, sino también, con riesgo para la vida y con daño para la dignidad, contra las personas indígenas aplicando una rudeza incluso superior, muy superior, a la que acostumbra con el conjunto de la población. “Es nuestra obligación”. Un reciente testimonio viene del territorio wayuu. La pregunta conviene reiterarla. Hagámoslo en términos de derecho. ¿Puede el ejército actuar legítimamente en territorios indígena sin el consentimiento de las autoridades indígenas? La pregunta se planteó en el Diálogo Regional Andino sobre el Derecho Fundamental a la Consulta celebrado en Bogotá a mediados de este mes de julio.
 
La Constitución de Colombia parece avalar la referida posición militar: “La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional” (art. 217, sin referencia ulterior, ni por asomo, a consulta indígena en cuanto a la defensa de la integridad del territorio). Hace veinte años, acto prácticamente seguido de la aprobación de la Constitución, Colombia ratificó el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes que pudiera dar base al planteamiento de la cuestión: “La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones” (art. 18). Cabría en todo caso interpretarse que las fuerzas armadas regulares no son personas ajenas cuya intrusión debiera sancionarse y que lo serían en cambio, claramente, las guerrillas, contra las cuales por lo tanto, sin más requisito, podría actuar el ejército en defensa del territorio indígena en cuanto que territorio del Estado.
 
Mas no es esa la interpretación que trae la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que los Estados andinos se comprometieron a asumir antes incluso de que se adoptara por las Naciones Unidas (Carta Andina para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos, art. 40: “Se comprometen [Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela] con la adopción de la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas que se encuentra en preparación en el marco de las Naciones Unidas…”). Colombia incumplió el compromiso, pero luego rectificó endosando la Declaración. He aquí su disposición al propósito: “No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares” (art. 30).
 
Es una disposición que necesita poca interpretación, pues resulta diáfana. No puede haber presencia militar sin el requerimiento o el acuerdo indígena, con la sola excepción de que exista interés público pertinente (no necesariamente permanente, como reza la errata de alguna edición de la Declaración), pero mediando en todo caso consulta por procedimientos apropiados y con autoridades representativas con carácter previo. En este contexto, la apreciación de la pertinencia no puede ser unilateral del Estado, sino que ha de ser propuesta a las autoridades indígenas en la correspondiente consulta. ¿Qué ocurre si las mismas no la aprecian? No tendría sentido que entonces la decisión quedara en manos de ninguna de las partes. Para la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, han de entrar entonces en juego otros mecanismos que debieran estar constituidos: “Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de controversias con los Estados…”. ¿Qué ocurre si hay urgencia de intervención militar como en el caso, por ejemplo, de invasión por un Estado vecino? Se necesita entonces el requerimiento de defensa por parte del pueblo indígena. No hay otra para la Declaración. Si el ejército colombiano no cuenta con la confianza de parte indígena, Colombia tiene un problema que no se resuelve por medios militares.
 
Todo lo dicho debe especialmente resaltarse respecto a los pueblos indígenas transfronterizos, como suelen encontrase en las fronteras terrestres de Colombia y como es el caso wayuu, pues cuentan con derechos adicionales por virtud de instrumentos de derecho internacional aquí vigentes: “Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente” (Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, art. 32); “Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con sus propios miembros así como con otros pueblos a través de las fronteras. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán medidas eficaces para facilitar el ejercicio y garantizar la aplicación de este derecho” (Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, art. 36).
 
En consulta y cooperación con los pueblos indígenas es como, según la Declaración (art. 38), los Estados deben adoptar “las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines” de la misma; más aun, como miembros de las Naciones Unidas vinculados a los instrumentos de derechos humanos, los Estados en sus respectivos espacios “promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y velarán por su eficacia” (Declaración, art. 42). Todo esto debe hacerse valer para el caso de Colombia pues su Corte Constitucional tiene sentada la jurisprudencia de que el establecimiento de instalaciones militares es de interés nacional no susceptible de consulta indígena. Debe entonces considerarse que la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas explícitamente asumida por Colombia ha sobreseído dicha jurisprudencia por mucho que la Constitución parezca respaldarla.
En suma, en Colombia y en cualquier Estado dentro de cuyas fronteras existan pueblos indígenas, la presencia militar inconsulta en territorios indígenas no se ajusta a derecho.
 
Bartolomé Clavero
Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla

 

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