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Atentado contra un coordinador de guardia e integrante de derechos humanos de la Asociación de Cabildos Indignas del Norte del Cauca -ACIN

Atentado contra un coordinador de guardia e integrante de derechos humanos de la Asociación de Cabildos Indignas del Norte del Cauca -ACIN

El Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de ACIN, informa que después de 6 días (132 horas) de circulado un panfleto de autoría del grupo paramilitar Águilas Negras en la zona con amenazas específicas, en la madrugada de hoy se da el primer intento  de homicidio dirigido a uno...

En Minga de resistencia: Desde el Cauca le Apostamos a la Defensa de la Madre Tierra y la Autonomía como Pueblos

En Minga de resistencia: Desde el Cauca le Apostamos a la Defensa de la Madre Tierra y la Autonomía como Pueblos

Ante las históricas  amenazas que continuamos viviendo como pueblos en nuestros territorios, las autoridades tradicionales agrupadas en el CRIC, han optado por mantener la minga de movilización permanente como única estrategia de resistencia y exigencia de los derechos colectivos.

Campesinos del Catatumbo rechazaron señalamientos del Gobierno

Campesinos del Catatumbo rechazaron señalamientos del Gobierno

26 may. CI.- El Comité de Integración Social del Catatumbo -Cisca- denunció en un comunicado las declaraciones de William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, quien en las últimas horas mostró su rechazo a la movilización campesina y también su voluntad de tomar acciones para impedir...

  • Atentado contra un coordinador de guardia e integrante de derechos humanos de la Asociación de Cabildos Indignas del Norte del Cauca -ACIN

    Atentado contra un coordinador de guardia e integrante de derechos humanos de la Asociación de Cabildos Indignas del Norte del Cauca -ACIN

    Jueves, 26 Mayo 2016 17:06
  • En Minga de resistencia: Desde el Cauca le Apostamos a la Defensa de la Madre Tierra y la Autonomía como Pueblos

    En Minga de resistencia: Desde el Cauca le Apostamos a la Defensa de la Madre Tierra y la Autonomía como Pueblos

    Viernes, 27 Mayo 2016 10:09
  • Campesinos del Catatumbo rechazaron señalamientos del Gobierno

    Campesinos del Catatumbo rechazaron señalamientos del Gobierno

    Viernes, 27 Mayo 2016 11:44

Nuestra Palabra

“Una cosa es lo que piensa el burro y otra cosa el que lo arrea”: Comuneros hablando de “incidir” en la Mesa de Negociaciones de Paz en la Habana- Cuba.

En la Junta Directiva del Consejo Regional indígena del Cauca- CRIC, realizada el 23 de febrero, en la María-Piendamó sitio de  convivencia, diálogo y negociación, las  comunidades de distintas zonas del Cauca  se repartieron en cuatro  comisiones para trabajar  “cuatro preguntas para analizar las problemáticas actuales de los pueblos indígenas”. 

 

Unas de estas preguntas fue: ¿Cómo incidir para que la mesa de negociaciones de paz en la Habana - Cuba, garantice el dialogo con los pueblos indígenas? La respuesta que dieron los participantes fue muy  concreta, señalaron  que la propuesta que dieron algunos líderes de incidir en la mesas de negociaciones de paz entre el gobierno y las guerrillas de las FARC sonaba de forma interesada, porque no es posible  participar en estos diálogos sin tener propuestas que sean construidas de forma consulta y por las bases, en este sentido es mejor exigir a los actores armados y el capital transnacional  que respeten los  territorios en vez de incidir en la mesa que no aborda la crisis del sistema capitalista. 

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    La Liberacion de la Madre tierra no se vende ni se negocia

Nuestra Palabra Kueta Susuza

Contexto Colombiano

  • Procuraduría pide revocar condena contra Feliciano Valencia

    Jorge Caldas, delegado del Ministerio Público, le pidió a la Corte Suprema dejar sin efectos la condena de 28 años de cárcel que le fue impuesta al líder aborigen.


    Con sorpresa fue recibido en la Corte Suprema de Justicia el concepto de la Procuraduría que pide declarar inocente de secuestro al líder indígena nasa Feliciano Valencia.

     
  • El complejo conflicto de la restitución en La Larga Tumaradó

    En este territorio colectivo de los afros, hay títulos y restituciones individuales, grandes extensiones en manos de terratenientes, y una aguda tensión entre reclamantes y empresarios que rechazan la restitución.


    Los conflictos en diferentes zonas de La Larga Tumaradó, en el Bajo Atrato, entre reclamantes que retornaron sin acompañamiento institucional a sus antiguos predios y empresarios que intentan desalojarlos por todos los medios, llevaron a que el 12 de diciembre de 2014 el Juez de Restitución de Tierras de Quibdó emitiera el auto 00181 con medidas cautelares para los reclamantes. Sin embargo, de las 14 órdenes dictadas solo dos se han cumplido. Pasa el tiempo y las tensiones se incrementan. (Vea aquí el especial "El despojo a las comunidades negras")

     
  • Colombia. Por primera vez en el mundo, capital Tolimense expectante por consulta popular que definirá si, o no, minería en su territorio.

    Por: Colectivo Radicales Libres y Radio Salmon.
    Nuestro pasado programa titulado “Un primero de mayo que augura radicalización de la lucha de clases y nuevas luchas populares” permite a nuestros oyentes, como lo señala su título, tener claridad sobre la radicalización en la lucha de clases, dando a conocer de las problemáticas en las que los sectores de izquierda se hallan enfrascadas y que, pese a ello y por encima de eso, las comunidades que viven el día a día, se aprestan a dar la batalla, atosigadas, pisoteadas, perseguidas, manoseadas y muchas veces olvidadas, o simplemente utilizadas, viendo como su derecho a vivir se reduce cada día más, consecuencia de unas políticas trazadas por la oligarquía colombiana, siguiendo rectores internacionales, les afecta. Para quienes quieran escucharlo, en el siguiente enlace lo podrán hacer.

     

Vivencias Globales

Comunicados

Las autoridades tradicionales no han ofrecido la guardia indígena, para Salvaguardar zonas de ubicación de las FARC

Comunicado a la Opinión Pública Nacional e Internacional
 Ante el artículo aparecido el día 25 de febrero del presente año en el periódico el
Espectador titulado “Guardia indígena se ofrece para salvaguardar zonas de ubicación de las FARC”, la Consejería mayor del CRIC se permite aclarar lo siguiente: 

(2083)
EL AGUA NO ES UN NEGOCIO ES UN DERECHO FUNDAMENTAL.
Buenaventura Enero del 2016.
 
El COMITE DE LA AGUA Y LA VIDA DE BUENAVENTURA, desea, para este  año nuevo, la unidad y la decisión de 
 
lucha del pueblo para afrontar y lograr la solución definitiva a la problemática del agua y el alcantarillado de 
 
Buenaventura.
(625)

Documentos

Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la ACIN hace la siguiente recomendación de alerta a la comunidad en general

El Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos informan a toda la estructura organizativa indígena (cabildos, programas, tejidos) y a los organismos e instituciones del Estado en el norte del Cauca, junto a organizaciones de Derechos Humanos, que en el ejercicio de exigir el respeto a la vida el territorio, educación salud, la justicia y ante incumplimiento de los acuerdos anteriormente firmados por parte del gobierno nacional; las comunidades indígenas del Norte del Cauca se estarán Movilizando desde el dia 30 de Mayo por término indefinido.

(35)
Comunidad desplazada por explosiones y presencia de fuerza pública en consejo comunitario de Mamuncia - Lopez de Micay (Costa Pacífica de Cauca).

Los habitantes de la comunidad de San Isidro – Consejo comunitario de Mamuncia se encuentran desplazados a raíz de las acciones armadas que han ocurrido en su territorio.
 
Comentan que en horas de la noche del 17 de mayo de 2016 escucharon cerca de 2 explosiones, y los comentarios en el pueblo era que así comenzaban los altos riesgos para la gente.

(155)

ACIN - Çxhab Wala Kiwe

Colombia: ¿Se Ajusta a Derecho la Presencia Militar Inconsulta en Territorios Indígenas?

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Formando parte de la Misión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas que visitó Colombia hace un par de años, en una reunión con altos mandos militares, pregunté sobre si se requería el consentimiento de las autoridades indígenas para actuar en sus territorios. No es sólo que la respuesta fuese negativa; es que se reaccionó a cajas destempladas, no sé si sincera o afectadamente, como si la pregunta fuera ofensiva: “¡Es nuestra obligación defender a nuestros indígenas!”. 

El ejército colombiano sigue actuado no sólo sin el requerimiento o la venia de las autoridades indígenas, sino también, con riesgo para la vida y con daño para la dignidad, contra las personas indígenas aplicando una rudeza incluso superior, muy superior, a la que acostumbra con el conjunto de la población. “Es nuestra obligación”. Un reciente testimonio viene del territorio wayuu. La pregunta conviene reiterarla. Hagámoslo en términos de derecho. ¿Puede el ejército actuar legítimamente en territorios indígena sin el consentimiento de las autoridades indígenas? La pregunta se planteó en el Diálogo Regional Andino sobre el Derecho Fundamental a la Consulta celebrado en Bogotá a mediados de este mes de julio.
 
La Constitución de Colombia parece avalar la referida posición militar: “La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional” (art. 217, sin referencia ulterior, ni por asomo, a consulta indígena en cuanto a la defensa de la integridad del territorio). Hace veinte años, acto prácticamente seguido de la aprobación de la Constitución, Colombia ratificó el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes que pudiera dar base al planteamiento de la cuestión: “La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones” (art. 18). Cabría en todo caso interpretarse que las fuerzas armadas regulares no son personas ajenas cuya intrusión debiera sancionarse y que lo serían en cambio, claramente, las guerrillas, contra las cuales por lo tanto, sin más requisito, podría actuar el ejército en defensa del territorio indígena en cuanto que territorio del Estado.
 
Mas no es esa la interpretación que trae la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que los Estados andinos se comprometieron a asumir antes incluso de que se adoptara por las Naciones Unidas (Carta Andina para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos, art. 40: “Se comprometen [Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela] con la adopción de la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas que se encuentra en preparación en el marco de las Naciones Unidas…”). Colombia incumplió el compromiso, pero luego rectificó endosando la Declaración. He aquí su disposición al propósito: “No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares” (art. 30).
 
Es una disposición que necesita poca interpretación, pues resulta diáfana. No puede haber presencia militar sin el requerimiento o el acuerdo indígena, con la sola excepción de que exista interés público pertinente (no necesariamente permanente, como reza la errata de alguna edición de la Declaración), pero mediando en todo caso consulta por procedimientos apropiados y con autoridades representativas con carácter previo. En este contexto, la apreciación de la pertinencia no puede ser unilateral del Estado, sino que ha de ser propuesta a las autoridades indígenas en la correspondiente consulta. ¿Qué ocurre si las mismas no la aprecian? No tendría sentido que entonces la decisión quedara en manos de ninguna de las partes. Para la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, han de entrar entonces en juego otros mecanismos que debieran estar constituidos: “Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de controversias con los Estados…”. ¿Qué ocurre si hay urgencia de intervención militar como en el caso, por ejemplo, de invasión por un Estado vecino? Se necesita entonces el requerimiento de defensa por parte del pueblo indígena. No hay otra para la Declaración. Si el ejército colombiano no cuenta con la confianza de parte indígena, Colombia tiene un problema que no se resuelve por medios militares.
 
Todo lo dicho debe especialmente resaltarse respecto a los pueblos indígenas transfronterizos, como suelen encontrase en las fronteras terrestres de Colombia y como es el caso wayuu, pues cuentan con derechos adicionales por virtud de instrumentos de derecho internacional aquí vigentes: “Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente” (Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, art. 32); “Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con sus propios miembros así como con otros pueblos a través de las fronteras. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán medidas eficaces para facilitar el ejercicio y garantizar la aplicación de este derecho” (Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, art. 36).
 
En consulta y cooperación con los pueblos indígenas es como, según la Declaración (art. 38), los Estados deben adoptar “las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines” de la misma; más aun, como miembros de las Naciones Unidas vinculados a los instrumentos de derechos humanos, los Estados en sus respectivos espacios “promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y velarán por su eficacia” (Declaración, art. 42). Todo esto debe hacerse valer para el caso de Colombia pues su Corte Constitucional tiene sentada la jurisprudencia de que el establecimiento de instalaciones militares es de interés nacional no susceptible de consulta indígena. Debe entonces considerarse que la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas explícitamente asumida por Colombia ha sobreseído dicha jurisprudencia por mucho que la Constitución parezca respaldarla.
En suma, en Colombia y en cualquier Estado dentro de cuyas fronteras existan pueblos indígenas, la presencia militar inconsulta en territorios indígenas no se ajusta a derecho.
 
Bartolomé Clavero
Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla

 

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