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La Corte Constitucional de Colombia ordena al Gobierno proteger a los nasa yuwe, la gente del agua

La Corte Constitucional de Colombia ordena al Gobierno proteger a los nasa yuwe, la gente del agua

Al conflicto armado que ya lleva décadas y que ha afectado el desarrollo integral de este pueblo indígena, hay que sumar las amenazas crecientes del narcotráfico, la minería ilegal y el otorgamiento de licencias ambientales La Corte Constitucional colombiana le ordenó al Gobierno...

Vendieron el Chocó

Vendieron el Chocó

Una parte del pulmón de Colombia fue vendido a China. Comenzó la tala de árboles en el departamento del Chocó para exportarlos a China, la empresa  “Colombia Hardwood” ha empezado a tumbar arboles en Bahía Solano, las maderas más finas del Chocó como el algarrobo, sande, cedro...

El despojo: origen del conflicto por la tierra en el Cauca

El despojo: origen del conflicto por la tierra en el Cauca

La lucha de las comunidades indígenas del Cauca por la liberación de la tierra involucra reivindicaciones ancestrales que hacen parte de una autentica cultura de la resistencia, con una historicidad y una cosmovisión propia que no puede ser confundida con los procesos de lucha campesina....

  • La Corte Constitucional de Colombia ordena al Gobierno proteger a los nasa yuwe, la gente del agua

    La Corte Constitucional de Colombia ordena al Gobierno proteger a los nasa yuwe, la gente del agua

    Sábado, 25 Junio 2016 09:18
  • Vendieron el Chocó

    Vendieron el Chocó

    Lunes, 27 Junio 2016 08:59
  • El despojo: origen del conflicto por la tierra en el Cauca

    El despojo: origen del conflicto por la tierra en el Cauca

    Lunes, 27 Junio 2016 18:45

Nuestra Palabra

En esta minga de resistencia también hablamos de liberar la Madre Tierra, pero no negociamos con quienes nos asesinan.

Como pueblo Nasa rechazamos rotundamente la brutal arremetida de la fuerza publica y el vil asesinato de nuestros tres  compañeros  GERSAIN CERON del Resguardo ancestral de las Mercedes del pueblo Nasa; MARCOS AURELIO DIAZ del Resguardo la Aguada territorio de Sath Tama Kiwe de Caldono del pueblo Nasa; WELLINGTON QUIBARECAMA NEQUIRUCAMA del pueblo Embera, los mas 142 heridos y dos judicializados hasta la fecha en el marco de minga de resistencia por la vida, el territorio, la dignidad, la paz y cumplimiento de acuerdos que inicio  el 30 de mayo del 2016 en diferentes puntos del Departamento del Cauca y del país.

“No es lo mismo sentarse a dialogar que a negociar” palabras de los liberadores y liberadoras de la Madre Tierra en el norte del Cauca. Y no es lo mismo cuando nos masacran y corre nuestra sangre, como la de nuestro compañero GUILLERMO PAVÍ  que retorno al seno de la Madre Tierra mientras la liberaba en el 2015.

 

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    UCHUNYA - ¿Y dónde vamos a vivir?

Nuestra Palabra Kueta Susuza

  • Toribío también tuvo un día histórico con el anuncio de la paz

    Desde muy temprano empezaron a llegar los habitantes de Toribío y poblaciones vecinas para escuchar los acuerdos que fueron firmados entre las Farc y el Gobierno para poner fin al conflicto armado que protagonizaron durante 52 años.

    No era día de mercado, pero los niños corrían en el parque. Había fogón de leña, venta de carne, de sancocho, de artesanías. Música en altoparlantes. Una tarima adornada con bombas rojas y verdes,  se izaron banderas de Colombia, Toribío y la comunidad Nasa.

     
  • La cara de la lucha afro en Cauca

    Francia Márquez es la representante legal del Consejo Comunitario La Toma y actualmente es estudiante de derecho.

    La líder de 34 años Francia Márquez, premio Nacional de Derechos Humanos en 2015, fue amenazada y desplazada por luchar contra la minería ilegal que devora su territorio.

     
  • Matar indígenas, afros y campesinos para complacer poderosos

    En 1999 el entonces presidente Andrés Pastrana se reunió con la cúpula de la banca liderada por María Mercedes Cuéllar. En menos de una hora se decidió la creación del 4 por mil con el propósito de recaudar dineros para invertir en gastos del Estado, pero con el veneno de dejarlos en las cajas fuertes de la banca durante un largo periodo, sin intereses significativos, para que los dueños de los bancos dispusieran de efectivo para recuperarse de lo que denominaron “crisis financiera”.

Contexto Colombiano

  • Asesinan a Gobernador Indígena de la comunidad de Dojura del municipio de Chigorodó, Urabá Antioqueño.

    El Comité Ejecutivo de la Organización Indígena de Antioquia, en cabeza de su presidenta, Aida Suárez Santos, lamenta profundamente el asesinato del Gobernador local de la comunidad indígena Dojura del municipio de Chigorodó, Amado Gómez, tras ser herido en cuatro oportunidades con arma blanca, el pasado 22 de junio a las 10 de la mañana.

     
  • ESMAD Agrede a Campesinos que se oponen a explotación petrolera en Caquetá

    Este lunes, efectivos del ESMAD agredieron con gases lacrimógenos a los campesinos que estaban en inmedicaciones de los municipios de Valparaiso, Milan y Morelia, en Caquetá, intentando desalojar a los funcionarios de la empresa 'Petroseismic Services', filial de la multinacional 'Emerald Energy', mientras realizaban actividades de exploración petrolera sin la autorización de las comunidades.

     
  • Tasco, un año de resistencia frente a minería

    Los campesinos llevan acampando 365 días en el páramo de Pisba para evitar que Acerías Paz de Río explote carbón y hierro en su territorio.

    Se cumple un año ya desde que los campesinos de Tasco, Boyacá, llevan acampando en el páramo de Pisba para impedir la explotación de la mina El Banco, ubicada en la vereda El Pedregal.

     

Vivencias Globales

  • ¿Guerra en México? No, es la Policía disparando contra los maestros

    Terribles imágenes han llegado tras la jornada de violencia desatada el pasado domingo en el municipio oaxaqueño de Nochixtlán.

     
  • Contra el “secuestro” de un río indígena por una empresa española en Guatemala

    La campaña TieRRRa de Alianza por la Solidaridad lanza una recogida de firmas para frenar la construcción de un complejo que vulnera los derechos de 29.000 indígenas quekchí en Guatemala hasta que la empresa Cobra-ACS, propiedad de Florentino Pérez, no se haga un estudio de sus graves impactos sociales y ambientales.  

     
  • En la primera vuelta:Ganó el Perú

    Hubo 5.052.676 electores hábiles que no asistieron a su local de votación. Esta cifra, sumada a los 2.145.015 que votaron en blanco y los 878.238 queoptaron por el nulo o viciado, llega a los 8.075.929  lectores hábiles que no le dieron su respaldo a ningún aspirante a la Presidencia de la República. Esa cifra supera de lejos la votación obtenida por Keiko Fujimori.


    Así, el pueblo peruano rechazó el fraude cometido por el Jurado Nacional Electoral que excluyo a candidatos que  podían disputar a Keiko el primer puesto. El JNE no excluyó a Keiko a pesar de los videos que  ostraban que repartía dinero para obtener votos.

     

Comunicados

Las autoridades tradicionales no han ofrecido la guardia indígena, para Salvaguardar zonas de ubicación de las FARC

Comunicado a la Opinión Pública Nacional e Internacional
 Ante el artículo aparecido el día 25 de febrero del presente año en el periódico el
Espectador titulado “Guardia indígena se ofrece para salvaguardar zonas de ubicación de las FARC”, la Consejería mayor del CRIC se permite aclarar lo siguiente: 

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EL AGUA NO ES UN NEGOCIO ES UN DERECHO FUNDAMENTAL.
Buenaventura Enero del 2016.
 
El COMITE DE LA AGUA Y LA VIDA DE BUENAVENTURA, desea, para este  año nuevo, la unidad y la decisión de 
 
lucha del pueblo para afrontar y lograr la solución definitiva a la problemática del agua y el alcantarillado de 
 
Buenaventura.
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Documentos

Ríos Vivos Antioquia exige a la policía nacional rectificar señalamientos en su contra

En el doceavo día de movilización de la Minga Agraria, Étnica y Popular, el Movimiento Ríos Vivos permanece en el coliseo del Municipio de Valdivia, Antioquia, socializándole al pueblo valdiviense las problemáticas sociales y ambientales de la ruralidad colombiana.

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Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la ACIN hace la siguiente recomendación de alerta a la comunidad en general

El Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos informan a toda la estructura organizativa indígena (cabildos, programas, tejidos) y a los organismos e instituciones del Estado en el norte del Cauca, junto a organizaciones de Derechos Humanos, que en el ejercicio de exigir el respeto a la vida el territorio, educación salud, la justicia y ante incumplimiento de los acuerdos anteriormente firmados por parte del gobierno nacional; las comunidades indígenas del Norte del Cauca se estarán Movilizando desde el dia 30 de Mayo por término indefinido.

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ACIN - Çxhab Wala Kiwe

En la comuna 13 los 'paras' desaparecieron varias casas

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Casa del barrio Las Independencias que fue despojada y desvalijada por los paramilitares. En Medellín, decenas de familias fueron despojas de sus casas. Muchas de esas viviendas se convirtieron en guaridas de los paramilitares, que las desmantelaron hasta dejarlas en escombros.
 
María Carmenza*, líder comunitaria, llevaba seis años sin ver su casa. En el 2008,  volvió a Barrio Nuevo acompañada por varios funcionarios de la Personería de Medellín y la abogada que lleva su caso por desplazamiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al llegar al lugar, descubrieron una estructura a punto de caerse a la que sólo le quedaban algunos muros, no tenía nada que ver con la casa en la que vivió trece años junto a sus tres hijas.
 
Su casa era de estilo campesino, los muros blancos, de bahareque, y el techo de teja. Tenía un corredor grande adornado de plantas, tres habitaciones, sala-comedor, cocina y una terraza pequeña. La compró por dos millones de pesos, los ahorros de muchos años, cuando su primera hija estaba en brazos. María Carmenza estaba contenta y tranquila porque la recién nacida tendría un lugar seguro donde crecer.
 
Un medio día de octubre del 2002, esta mujer salió de su casa con sus hijas, sin tiempo para llevarse ni una maleta con ropa. Días antes, apareció en las ‘listas negras’ de los paramilitares: a ella y a otros líderes comunitarios los señalaron como guerrilleros. “Nos llamaban a las casas y nos decían que ya iban a entrar al barrio, que nos iban a asesinar y que no iban a importar ni los hijos de nosotros”.
 
Semanas antes de la Operación Orión, realizada entre el 16 y el 20 de octubre de 2002 por tropas del Ejército y la Policía, agentes de seguridad allanaron varias casas con la excusa de que buscaban armamento o cualquier cosa que pudiera vincular a las personas con las milicias guerrilleras. Según María Carmenza, en esos operativos los líderes fueron reseñados. Ella cuenta que “en esos allanamientos, los militares le hacían alguna pinta a la fachada de la casa.  Esto era para mostrarles a los paramilitares dónde tenían que llegar”.
 
El día que la desplazaron del barrio, también otros cinco líderes abandonaron sus hogares por razones similares. “Esos hombres se apoderaron de nuestras casas. La usaron para quedarse a vivir allí o traían gente de otras partes. Desde eso no pudimos volver. Ellos se fueron quedando ahí en la casa y la fueron desvalijando. Tumbaron las lozas, los baños; decían que era que las necesitaban o que habían mandado por eso. Parecían unos comejenes. Hasta se llevaron las puertas”, recuerda María Carmenza.
 
Las viviendas de los líderes barriales fueron utilizadas por los paramilitares para distintos fines: trinchera para los enfrentamientos, caleta de armas, lugar para planear sus operaciones; también las usaron para vivir en ellas o las arrendaron a otras personas; incluso, llegaron a venderlas falsificando la firma de sus verdaderos dueños. En algunos casos, fueron usadas como centros de tortura y se dice que en los solares de algunas de esas viviendas puede haber cuerpos enterrados.  
 
Según datos recogidos por el Grupo de Memoria Histórica en el informe “La huella invisible de la guerra. Desplazamiento forzado en la Comuna 13”, durante y después de la Operación Orión trescientas cincuenta familias, conformadas por 1.785 personas, denunciaron 521 casos de abandono o pérdida de bienes. Una cifra que no corresponde a los casos que realmente se dieron porque muchos no han sido reportados por el miedo a denunciar los victimarios, quienes después de haber desplazado y despojado no dejaron de amenazar a sus víctimas.
 
Sandra González, investigadora de Corporación Región y quien participó en la elaboración del informe de la comuna 13, cuenta que “encontramos de manera reiterada que los principales responsables del despojo fueron los paramilitares. En ningún caso las personas señalaron las milicias. Era una práctica en la que ocupaban, usurpaban y se usufructuaban de las viviendas. La particularidad es que el despojo trajo consigo la destrucción de las viviendas”.
 
Entre el 2006 y 2008, el proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la población desplazada, iniciativa de Acción Social, recibió setenta y siete solicitudes de protección, de las cuales veinticuatro eran de bienes en la comuna 13 que fueron abandonados entre el 2001 y 2007. Pero los medios para denunciar estos casos en el momento en que sucedieron no fueron efectivos. Además, la administración municipal se negaba a reconocer, en un principio, el desplazamiento intraurbano.
 
“Yo puse la demanda ante la Fiscalía, y solicité ayuda a la Red de Solidaridad, que es la Acción Social. Ellos se negaron, dijeron que solo era desplazado el que viene de un pueblo; luego empezaron a decir que ellos necesitaban saber cuáles eran mis intereses ideológicos y políticos por los que me habían sacado los grupos paramilitares de mi casa”, narra María Carmenza.
 
Ella se fue para un municipio aledaño a Medellín, y llegó con sus tres hijas a la casa de un familiar que les dio posada durante unas semanas. Luego empezó a trabajar el doble que antes para pagar arriendo y servicios, mercar y sostener el estudio de sus hijas. “Ha sido muy difícil pero no puedo desfallecer. A mis hijas les pude dar el estudio. Ya las dos mayores están en la universidad. Ellas me dan el aliento para salir adelante, han sido muy conscientes de los que nos sucedió”.
 
Al despojo lo sucedió la mora de servicios públicos e impuestos que no paró de cobrarse. A pesar de que con su denuncia a María Carmenza le dijeron que esos cobros se suspenderían, esto no sucedió. Muchos despojados tienen deudas que superan, incluso, el valor de la vivienda.
 
En Medellín, desde el 2009, entró en vigencia el amparo a la propiedad de inmuebles, a partir de esa fecha la Unidad de Desplazamiento Forzado ha recibido más de seiscientas solicitudes de protección. Además, esta Unidad y otras entidades que pertenecen a la Mesa Interinstitucional de Protección de Predios Urbanos Abandonados o en Riesgo de Abandono a consecuencia de la violencia, estudian una prueba piloto para la restitución urbana.
 
Pero este tipo de iniciativas gubernamentales no convencen a las víctimas y aún generan desconfianza, que se engendró por el trato que recibieron en el momento más difícil, cuando fueron expulsados de sus barrios y no recibieron ayuda humanitaria.
 
Según María Carmenza, ella al barrio no puede regresar: “compañeros que volvieron porque supuestamente la Alcaldía les iba brindar seguridad fueron asesinados. Entonces, uno no confía en el Estado. Igual, en este momento la situación está horrible. No hay condiciones para volver, siguen las matanzas, la retención de jóvenes”.
 
Como un indicio negativo, las víctimas de despojo recuerdan la supuesta entrega de casas que en  noviembre del 2006 hicieron en la comuna 13 voceros de la entonces Corporación Democracia, acompañados por el Programa Paz y Reconciliación de la Secretaría de Gobierno.
 
“La gente dice que eso fue una farsa. Entregaban un papel donde decía la dirección de la vivienda y el nombre de la persona. Ese papel era la restitución de las casas, en su mayoría, destruidas. Y los desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara nunca reconocieron el despojo sino que decían que era un acto de reconciliación con las víctimas”, explica la investigadora González.
 
Con la Operación Orión no terminaron los casos de despojo. Siguió siendo una práctica con la que los grupos armados se benefician económicamente y afianzan su poder territorial.
 
Según González, hasta el 2009 se seguían registrando estos casos: “Tenemos la historia de una señora a la que en ese tiempo que se suponía ya no estaban los paramilitares, fue interpelada por ‘Los muchachos’. Le dijeron que necesitaban su casa apara guardar armas, luego empezaron a reunirse en ella para planear sus operaciones. Hasta que empezaron a exigirle que les planchara la ropa. La señora no se aguantó más y se fue. Ella no denuncia porque tiene miedo que la maten”.
 
Por su lado, María Carmenza no se resigna a la pérdida. Aunque de su casa solo queda el recuerdo, ella quiere que su caso sea reconocido por el Estado, y reclama lo mismo que el gobierno le ha prometido: verdad, justicia y reparación.
 
“Voy a seguir luchando por recuperar lo que era de nosotros. Mi caso ya está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creemos que va muy adelante, al menos los entes internacionales nos oyeron, porque acá el mismo Estado violentó una cantidad de derechos contra mi familia y mi persona”, dice.
 
Muchas veces, en eventos que convocan a las víctimas, María Carmenza se encuentra con algunos de que fueron sus vecinos. A ella le da tristeza porque ellos le recuerdan ese barrio al que le cogió tanto cariño. Pero al mismo tiempo, la nostalgia se esfuma y la reemplazan otras imágenes, las de los heridos y cuerpos sin vida abandonados que vio en esas callejuelas. Por eso prefiere mantenerse lejos y salvaguardar lo que durante los últimos diez años ha reconstruido con sus hijas.  
 
*Nombre cambiado para proteger la fuente.
 
Foto: Cortesía Corporación Región.
 

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