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La locura de querer construir 17 represas en el Alto Magdalena

La locura de querer construir 17 represas en el Alto Magdalena

Un movimiento cívico se empieza a formar en varios municipios del departamento del Huila en oposición a un megaproyecto que transformaría radicalmente el río Magdalena. Ese proyecto ya tiene el aval del gobierno de Colombia y fue formulado por Hydrochina, empresa estatal de ese país.

San José de Apartadó: Carta a Director de Testigo Directo Rafael Poveda

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"...Si usted hubiera querido transmitirle al mundo la verdadera situación de San José de Apartadó, habría tenido abundante tema.

En Libertad condicional el Taita Crispín Chindoy pasará año nuevo en Argentina, a falta de celeridad de jueces y fiscales, por un delito que no existe

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  El 10 de octubre del 2014 permanecerá en la memoria del Taita Crispín, de la comunidad Cametsa del Valle del Sibundoy Putumayo; cuando -como si fuera una película-, vio atropellada su ceremonia de Yajé por parte de 30 efectivos fuertemente armados del Estado de Corrientes en...

  • La locura de querer construir 17 represas en el Alto Magdalena

    La locura de querer construir 17 represas en el Alto Magdalena

    Martes, 16 Diciembre 2014 20:26
  • San José de Apartadó: Carta a Director de Testigo Directo Rafael Poveda

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    Miércoles, 17 Diciembre 2014 12:27
  • En Libertad condicional el Taita Crispín Chindoy pasará año nuevo en Argentina, a falta de celeridad de jueces y fiscales, por un delito que no existe

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    Miércoles, 17 Diciembre 2014 20:30

Nuestra Palabra

Uma kiwe no aguanta más. Encuentro de mingas por la vida y en defensa del territorio, 24 y 25 de noviembre de 2014

Dicen los mayores que el territorio es el lugar donde camina el pensamiento. Por supuesto se refieren al pensamiento ancestral, al pensamiento nasa.
 
Porque una gran amenaza para nuestros territorios es ahora mismo la implantación del pensamiento capitalista. No solo en Cxhab wala kiwe, también en toda Abya Yala. El pensamiento capitalista avanza a galope como un caballo loco por las selvas, los ríos, las montañas, los páramos y los glaciares de Nuestramérica.
 
No es fácil reconocerlo, aparentemente todo lo que está llegando es bueno. Desarrollo. Progreso. Después de tantos siglos tenemos la oportunidad de “una vida digna”. Llegan los proyectos, los programas asistenciales, la inversión social. Llega el extractivismo.

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    Diálogos de PAZtilina, la locomotora minera en Suárez, Cauca

Nuestra Palabra Kueta Susuza

  • Cauca: La comunidad del Pueblo Totoroez elige a su autoridad indígena

    Como es costumbre dentro de los pueblos indígenas en Colombia, el mes de diciembre es el mes donde se eligen las autoridades tradicionales indígenas para la vigencia del próximo periodo, las dinámicas de elección son diferentes en cada pueblo, vamos a referirnos a la elección de nuestra autoridad para el Pueblo Totoroez - Cauca.
     
     
  • Pronunciamiento por la preservación del Macizo Colombiano

    Es inaudito y antes que causarnos indignación, lo que nos da es verdadera tristeza saber que entidades como la Corporación Autónoma Regional del Cauca que tiene por misión defender, conservar y preservar el patrimonio ambiental, hoy, se presten a las pretensiones de la Agencia Nacional Minera para la implementación de la política de promoción y formalización de la minería que, para el caso del Macizo Colombiano se convertiría en una verdadera catástrofe.

     
  • La masacre de Caloto: crónica de una vergonzosa impunidad

    En hora buena el Consejo de Estado y la CSJ han tomado estas decisiones, casi 23 años después de la matanza. Sin embargo, no todas las víctimas han sido reparadas y el juicio contra los oficiales de la Policía apenas comienza en un juzgado en la ciudad de Popayán.

Contexto Colombiano

  • A la cárcel 16 empresarios de palma de Chocó

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    Un desplazado de Curvaradó contempla sus tierras. Foto: archivo Semana.
     
    Una juez de Medellín condenó a 16 empresarios tras comprobar que se aliaron con los paramilitares para desarrollar un proyecto agroindustrial de palma de aceite en el Bajo Atrato.
     
  • Paramilitares deciden plan de ordenamiento territorial de Apartadó y Turbo

    Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó no cesa de descubrir cada día nuevas dimensiones del poderío paramilitar y de su unidad de acción con las instituciones de un Estado que se sigue destacando como amplio violador de los derechos de los ciudadanos sin pudor alguno.

     
  • Ningún presidente se había atrevido a tanto

    Ministro de Defensa de Colombia con Comandante Supremo de la OTAN
     
    El Presidente de Colombia hizo una gira reciente por Europa. El propósito de esta fue presentado como la “Gira por la Paz” en la que Santos buscaba y obtenía “exitosamente” recursos para el post-conflicto, cuando está por firmarse un acuerdo entre las FARC y el Gobierno. En realidad, como lo señala el Senador Jorge Robledo, Santos iba a firmar un acuerdo que pone al ejército colombiano al servicio de la OTAN y de las potencias europeas. Un acuerdo ilegal, inconstitucional e inconsulto. En la nueva geografía global, tropas colombianas ya actúan en Ucrania, en Africa y donde quiera que las necesite el imperio transnacional de la derecha capitalista. 
     

Vivencias Globales

Comunicados

Cauca: Carta abierta al secretariado de la farc-ep Timoleon Jimenez

Hasta ahora ha hablado el gran responsable revolucionario y el pequeño también, sacando panfletos con amenazas y mentiras. Habló el alto Comisionado y los comisionados subalternos, han hablado los partidos políticos, han hablado los gremios, los comités, los grupos de alto nivel y los grupos de bajo nivel, también sacan sus comunicados los sindicatos, los obreros, los campesinos, los eternos demagogos; han hablado todos…..Falta alguno?

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Comunicado público frente a las amenazas de las Farc

La Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca  es la autoridad tradicional de Cxhab Wala Kiwe y es una entidad pública especial con cobertura territorial, que actúa legítimamente bajo los mandatos comunitarios, respetando la autonomía de sus territorios y tiene como mandato guiar la consolidación de un territorio indígena en el marco del derecho propio.  Por tanto, reiteramos que no nos encontramos trabajando con ninguna entidad de seguridad del Estado, mucho menos utilizando nuestra guardia indígena para hacerle juego a la Fuerza Pública. Actuamos bajo nuestros mandatos comunitarios y nuestros usos y costumbres; entre los cuales se encuentra el ejercicio del control territorial y la aplicación de nuestra justicia propia.

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Documentos

Denuncia pública: Nuevas amenazas contra integrantes del Movice, medios y defensores DDHH
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) denuncia una nueva amenaza firmada por las Águilas Negras, dirigida contra varios de nuestros integrantes, además de otros defensores de derechos humanos, víctimas de crímenes estatales, funcionarios de la Alcaldía de Bogotá y medios alternativos de comunicación.
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Amenazas de muerte, hostigamientos, seguimientos, planes de atentados
Amenazas de muerte, hostigamientos, seguimientos, planes de atentados, órdenes arbitrarias de desalojo contra legítimos habitantes de los predios colectivos Curvaradó, Jiguamiandó, La Larga Tumaradó, Pedeguita y Mansilla.
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ACIN - Çxhab Wala Kiwe

En la comuna 13 los 'paras' desaparecieron varias casas

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Casa del barrio Las Independencias que fue despojada y desvalijada por los paramilitares. En Medellín, decenas de familias fueron despojas de sus casas. Muchas de esas viviendas se convirtieron en guaridas de los paramilitares, que las desmantelaron hasta dejarlas en escombros.
 
María Carmenza*, líder comunitaria, llevaba seis años sin ver su casa. En el 2008,  volvió a Barrio Nuevo acompañada por varios funcionarios de la Personería de Medellín y la abogada que lleva su caso por desplazamiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al llegar al lugar, descubrieron una estructura a punto de caerse a la que sólo le quedaban algunos muros, no tenía nada que ver con la casa en la que vivió trece años junto a sus tres hijas.
 
Su casa era de estilo campesino, los muros blancos, de bahareque, y el techo de teja. Tenía un corredor grande adornado de plantas, tres habitaciones, sala-comedor, cocina y una terraza pequeña. La compró por dos millones de pesos, los ahorros de muchos años, cuando su primera hija estaba en brazos. María Carmenza estaba contenta y tranquila porque la recién nacida tendría un lugar seguro donde crecer.
 
Un medio día de octubre del 2002, esta mujer salió de su casa con sus hijas, sin tiempo para llevarse ni una maleta con ropa. Días antes, apareció en las ‘listas negras’ de los paramilitares: a ella y a otros líderes comunitarios los señalaron como guerrilleros. “Nos llamaban a las casas y nos decían que ya iban a entrar al barrio, que nos iban a asesinar y que no iban a importar ni los hijos de nosotros”.
 
Semanas antes de la Operación Orión, realizada entre el 16 y el 20 de octubre de 2002 por tropas del Ejército y la Policía, agentes de seguridad allanaron varias casas con la excusa de que buscaban armamento o cualquier cosa que pudiera vincular a las personas con las milicias guerrilleras. Según María Carmenza, en esos operativos los líderes fueron reseñados. Ella cuenta que “en esos allanamientos, los militares le hacían alguna pinta a la fachada de la casa.  Esto era para mostrarles a los paramilitares dónde tenían que llegar”.
 
El día que la desplazaron del barrio, también otros cinco líderes abandonaron sus hogares por razones similares. “Esos hombres se apoderaron de nuestras casas. La usaron para quedarse a vivir allí o traían gente de otras partes. Desde eso no pudimos volver. Ellos se fueron quedando ahí en la casa y la fueron desvalijando. Tumbaron las lozas, los baños; decían que era que las necesitaban o que habían mandado por eso. Parecían unos comejenes. Hasta se llevaron las puertas”, recuerda María Carmenza.
 
Las viviendas de los líderes barriales fueron utilizadas por los paramilitares para distintos fines: trinchera para los enfrentamientos, caleta de armas, lugar para planear sus operaciones; también las usaron para vivir en ellas o las arrendaron a otras personas; incluso, llegaron a venderlas falsificando la firma de sus verdaderos dueños. En algunos casos, fueron usadas como centros de tortura y se dice que en los solares de algunas de esas viviendas puede haber cuerpos enterrados.  
 
Según datos recogidos por el Grupo de Memoria Histórica en el informe “La huella invisible de la guerra. Desplazamiento forzado en la Comuna 13”, durante y después de la Operación Orión trescientas cincuenta familias, conformadas por 1.785 personas, denunciaron 521 casos de abandono o pérdida de bienes. Una cifra que no corresponde a los casos que realmente se dieron porque muchos no han sido reportados por el miedo a denunciar los victimarios, quienes después de haber desplazado y despojado no dejaron de amenazar a sus víctimas.
 
Sandra González, investigadora de Corporación Región y quien participó en la elaboración del informe de la comuna 13, cuenta que “encontramos de manera reiterada que los principales responsables del despojo fueron los paramilitares. En ningún caso las personas señalaron las milicias. Era una práctica en la que ocupaban, usurpaban y se usufructuaban de las viviendas. La particularidad es que el despojo trajo consigo la destrucción de las viviendas”.
 
Entre el 2006 y 2008, el proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la población desplazada, iniciativa de Acción Social, recibió setenta y siete solicitudes de protección, de las cuales veinticuatro eran de bienes en la comuna 13 que fueron abandonados entre el 2001 y 2007. Pero los medios para denunciar estos casos en el momento en que sucedieron no fueron efectivos. Además, la administración municipal se negaba a reconocer, en un principio, el desplazamiento intraurbano.
 
“Yo puse la demanda ante la Fiscalía, y solicité ayuda a la Red de Solidaridad, que es la Acción Social. Ellos se negaron, dijeron que solo era desplazado el que viene de un pueblo; luego empezaron a decir que ellos necesitaban saber cuáles eran mis intereses ideológicos y políticos por los que me habían sacado los grupos paramilitares de mi casa”, narra María Carmenza.
 
Ella se fue para un municipio aledaño a Medellín, y llegó con sus tres hijas a la casa de un familiar que les dio posada durante unas semanas. Luego empezó a trabajar el doble que antes para pagar arriendo y servicios, mercar y sostener el estudio de sus hijas. “Ha sido muy difícil pero no puedo desfallecer. A mis hijas les pude dar el estudio. Ya las dos mayores están en la universidad. Ellas me dan el aliento para salir adelante, han sido muy conscientes de los que nos sucedió”.
 
Al despojo lo sucedió la mora de servicios públicos e impuestos que no paró de cobrarse. A pesar de que con su denuncia a María Carmenza le dijeron que esos cobros se suspenderían, esto no sucedió. Muchos despojados tienen deudas que superan, incluso, el valor de la vivienda.
 
En Medellín, desde el 2009, entró en vigencia el amparo a la propiedad de inmuebles, a partir de esa fecha la Unidad de Desplazamiento Forzado ha recibido más de seiscientas solicitudes de protección. Además, esta Unidad y otras entidades que pertenecen a la Mesa Interinstitucional de Protección de Predios Urbanos Abandonados o en Riesgo de Abandono a consecuencia de la violencia, estudian una prueba piloto para la restitución urbana.
 
Pero este tipo de iniciativas gubernamentales no convencen a las víctimas y aún generan desconfianza, que se engendró por el trato que recibieron en el momento más difícil, cuando fueron expulsados de sus barrios y no recibieron ayuda humanitaria.
 
Según María Carmenza, ella al barrio no puede regresar: “compañeros que volvieron porque supuestamente la Alcaldía les iba brindar seguridad fueron asesinados. Entonces, uno no confía en el Estado. Igual, en este momento la situación está horrible. No hay condiciones para volver, siguen las matanzas, la retención de jóvenes”.
 
Como un indicio negativo, las víctimas de despojo recuerdan la supuesta entrega de casas que en  noviembre del 2006 hicieron en la comuna 13 voceros de la entonces Corporación Democracia, acompañados por el Programa Paz y Reconciliación de la Secretaría de Gobierno.
 
“La gente dice que eso fue una farsa. Entregaban un papel donde decía la dirección de la vivienda y el nombre de la persona. Ese papel era la restitución de las casas, en su mayoría, destruidas. Y los desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara nunca reconocieron el despojo sino que decían que era un acto de reconciliación con las víctimas”, explica la investigadora González.
 
Con la Operación Orión no terminaron los casos de despojo. Siguió siendo una práctica con la que los grupos armados se benefician económicamente y afianzan su poder territorial.
 
Según González, hasta el 2009 se seguían registrando estos casos: “Tenemos la historia de una señora a la que en ese tiempo que se suponía ya no estaban los paramilitares, fue interpelada por ‘Los muchachos’. Le dijeron que necesitaban su casa apara guardar armas, luego empezaron a reunirse en ella para planear sus operaciones. Hasta que empezaron a exigirle que les planchara la ropa. La señora no se aguantó más y se fue. Ella no denuncia porque tiene miedo que la maten”.
 
Por su lado, María Carmenza no se resigna a la pérdida. Aunque de su casa solo queda el recuerdo, ella quiere que su caso sea reconocido por el Estado, y reclama lo mismo que el gobierno le ha prometido: verdad, justicia y reparación.
 
“Voy a seguir luchando por recuperar lo que era de nosotros. Mi caso ya está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creemos que va muy adelante, al menos los entes internacionales nos oyeron, porque acá el mismo Estado violentó una cantidad de derechos contra mi familia y mi persona”, dice.
 
Muchas veces, en eventos que convocan a las víctimas, María Carmenza se encuentra con algunos de que fueron sus vecinos. A ella le da tristeza porque ellos le recuerdan ese barrio al que le cogió tanto cariño. Pero al mismo tiempo, la nostalgia se esfuma y la reemplazan otras imágenes, las de los heridos y cuerpos sin vida abandonados que vio en esas callejuelas. Por eso prefiere mantenerse lejos y salvaguardar lo que durante los últimos diez años ha reconstruido con sus hijas.  
 
*Nombre cambiado para proteger la fuente.
 
Foto: Cortesía Corporación Región.
 

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