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Norte del Cauca/ Comunidades Afro bloquean vía panamericana por incumplimientos del Gobierno

Norte del Cauca/ Comunidades Afro bloquean vía panamericana por incumplimientos del Gobierno

La Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ANCOC) denuncia agresión policial, un herido por arma de fuego y seis personas más lesionadas por artefactos explosivos que dispara el ESMAD contra la población civil.

Continúa Amenazas a los Procesos Indígenas, Sociales y Populares del Cauca

Continúa Amenazas a los Procesos Indígenas, Sociales y Populares del Cauca

Comunicado a la Opinión Pública Nacional e Internacional La Consejería Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, denuncia y rechaza ante la opinión pública Nacional e Internacional la agudización del conflicto en nuestros territorios, pueblos y comunidades indígenas, así...

Alerta, nuevamente  quieren acallar la voz y las acciones de la comunidad afro-descendientes quienes exigen sus derechos incumplidos  por el gobierno

Alerta, nuevamente quieren acallar la voz y las acciones de la comunidad afro-descendientes quienes exigen sus derechos incumplidos por el gobierno

 Foto: Tejido de Comunicación AMENAZAS A  LIDERESAS Y LÍDERES DEL NORTE DEL CAUCA.  El Equipo de Derechos Humanos del  Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca ACONC y  el Consejo Nacional de Paz...

  • Norte del Cauca/ Comunidades Afro bloquean vía panamericana por incumplimientos del Gobierno

    Norte del Cauca/ Comunidades Afro bloquean vía panamericana por incumplimientos del Gobierno

    Martes, 26 Abril 2016 08:32
  • Continúa Amenazas a los Procesos Indígenas, Sociales y Populares del Cauca

    Continúa Amenazas a los Procesos Indígenas, Sociales y Populares del Cauca

    Miércoles, 27 Abril 2016 09:01
  • Alerta, nuevamente  quieren acallar la voz y las acciones de la comunidad afro-descendientes quienes exigen sus derechos incumplidos  por el gobierno

    Alerta, nuevamente quieren acallar la voz y las acciones de la comunidad afro-descendientes quienes exigen sus derechos incumplidos por el gobierno

    Viernes, 29 Abril 2016 10:05

Nuestra Palabra

“Una cosa es lo que piensa el burro y otra cosa el que lo arrea”: Comuneros hablando de “incidir” en la Mesa de Negociaciones de Paz en la Habana- Cuba.

En la Junta Directiva del Consejo Regional indígena del Cauca- CRIC, realizada el 23 de febrero, en la María-Piendamó sitio de  convivencia, diálogo y negociación, las  comunidades de distintas zonas del Cauca  se repartieron en cuatro  comisiones para trabajar  “cuatro preguntas para analizar las problemáticas actuales de los pueblos indígenas”. 

 

Unas de estas preguntas fue: ¿Cómo incidir para que la mesa de negociaciones de paz en la Habana - Cuba, garantice el dialogo con los pueblos indígenas? La respuesta que dieron los participantes fue muy  concreta, señalaron  que la propuesta que dieron algunos líderes de incidir en la mesas de negociaciones de paz entre el gobierno y las guerrillas de las FARC sonaba de forma interesada, porque no es posible  participar en estos diálogos sin tener propuestas que sean construidas de forma consulta y por las bases, en este sentido es mejor exigir a los actores armados y el capital transnacional  que respeten los  territorios en vez de incidir en la mesa que no aborda la crisis del sistema capitalista. 

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  • Video inicio

    Intervención: Blanca Andrae Habla sobre proceso de paz

Nuestra Palabra Kueta Susuza

  • De nuevo la protesta social es violentamente reprimida por los ESMAD Y el gobierno Colombiano

    Las comunidades de 41 consejos comunitarios pertenecientes a la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca-ACONC, desde el 25 de abril de 2016 se declararon en asamblea permanente en uso al derecho constitucional de movilización, levantaron la bandera de la protesta social y se movilizaron por la Vía Panamericana desde horas de la mañana, en la vereda Quinamayó, municipio de Santander de Quilichao, para denunciar la violación de los derechos humanos, étnicos y territoriales y exigir al Gobierno Nacional, el derecho a la vida y al territorio ancestral afrocolombiano.

     
  • De nuevo la muerte y los que se creen dueños de la vida y el territorio, asesinan vilmente a una mujer humilde

    Las mujeres de la Çxhab Wala Kiwe “Territorio del Gran Pueblo” ACIN, en solidaridad con la familia, amigos y allegados de la compañera indígena Rubiela Coicue, expresamos nuestra voz de indignación y rechazo por el asesinato y tortura de Rubiela como también las violencias que padecen nuestras mujeres, pues día a día somos víctimas de sistemáticas discriminaciones y violencias que evidencian la grave situación que enfrentamos como mujeres al ser víctimas tanto de la violencia social como política al interior de nuestros territorios.

     
  • Disparos de Fuerza Pública – Ejército Nacional - ponen en peligro la vida de delegación oficial de la consejería de ACIN en el Norte del Cauca, Colombia.

    El Tejido Defensa de la Vida y los DDHH de ACIN respondiendo al ejercicio de Defensa de la Vida, informa y denuncia a la opinión pública nacional e internacional que una comisión oficial de la consejería de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte el Cauca-ACIN, fue objeto de disparos por parte de miembros del Ejército Nacional ubicados en el puesto esporádico de control en el sector de la Hacienda El Japio, municipio de Caloto, Cauca.

Contexto Colombiano

  • SALVAR EL ÚLTIMO RÍO LIBRE Y LIMPIO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA

    Estimados Ministros: por favor, solicito cancelar la licencia ambiental para el aprovechamiento de las aguas del Río Samaná Norte, con el proyecto hidroeléctrico Porvenir 2, adelantado por la empresa Celsia, cuyo accionista mayoritario es el grupo Argos S.A, y que fue aprobada de forma irregular por los siguientes argumentos:

     
  • Urge protección de indígenas de Acandí, Chocó

     

    El Juez Especializado en Restitución de Quibdó le solicitó a Procuraduría y Defensoría hacer seguimiento a las órdenes impartidas desde 2011 por la Corte Constitucional, en relación con la protección de los indígenas Embera de dos resguardos en Chocó.

     

    Mientras el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, interviene a favor de ganaderos y palmicultores que aseguran ser “víctimas” de la Ley de Restitución de Tierras, los indígenas Embera del municipio de Acandí, Chocó, continúan en situación de vulnerabilidad, sin que este organismo del Ministerio Público cumpla con la orden dada por la Corte Constitucional de apoyar, acompañar y vigilar las medidas de protección contenidas en la Sentencia T-129 de 2011.

    El “jalón de orejas” está contenido en la Auto Interlocutorio 074, fechado el pasado 19 de abril y proferido por el juez Primero Civil de Quibdó, Mario Lozano Madrid, especializado en Restitución de Tierras, a través del cual dicta medidas de protección a favor de los resguardos Chidima Tolo y Pescadito.

     
  • Petroleras ponen en riesgo equilibro ambiental del Caquetá

    43 bloqueos petroleros están afectando a municipios del departamento como Valparaiso, Doncello, Puerto Rico, Paujil y San Vicente

     

    La presencia de empresas petroleras en el departamento de Caquetá ha generado un rechazo de ciudadanos y campesinos que se organizan para defender el territorio. “Es tiempo de actuar, tomemos conciencia y defendamos el Caquetá”, es la apuesta de organizaciones sociales y ciudadanos para rechazar la explotación petrolera en este departamento.

     

Vivencias Globales

  • Estados Unidos amenaza derechos indígenas

    Pretende fusionar Relator Especial y Mecanismo de Expertos Diseñan estrategia para fortalecer MEDPI  Obligación de Estados cumplimiento de la Declaración: Alta Comisionada de la ONU

    Genaro Bautista /AIPIN

    Palais des Nations. Ginebra. Estados Unidos lanzó una amenaza que lleva el propósito de reducir los derechos de los pueblos indígenas, al interior de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de las siete regiones geopolíticas.

     
  • Heridos en agresión planificada a caravana en solidaridad al COPINH

    La Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras (PMSPH) y las delegaciones que participaron en el Encuentro Internacional de los Pueblos "Berta Cáceres Vive", denunciamos que ayer a las 5:00 de la tarde, integrantes de la plataforma, de las delegaciones internacionales y nacionales que se movilizaban desde el Río Gualcarque hacia Tegucigalpa fueron agredidos y amenazados a muerte por un grupo de hombres al servicio de la empresa Desarrollos Energéticos S.A.(DESA)

     
  • ¡¡ defendiendo derechos !! ¡¡ Defendiendo nuestras tierras !! ¡ defendiendo nuestro territorio !

    Mi nombre es Juana Calfunao Paillalef, soy Longko de la comunidad Juan Paillalef y con respecto al estado chileno, debo decir muchas cosas: Primero que nada que no me causa ningún impacto con lo que el estado está haciendo, por que desde que el estado chileno se conforma sobre la nación mapuche, lo único que se ha dedicado,tanto en forma legal como en forma ilegal, es de desarticular al pueblo mapuche, así que por esa vía yo no veo que el estado quiera hacer algo absolutamente positivo para el pueblo mapuche.

     

Comunicados

Las autoridades tradicionales no han ofrecido la guardia indígena, para Salvaguardar zonas de ubicación de las FARC

Comunicado a la Opinión Pública Nacional e Internacional
 Ante el artículo aparecido el día 25 de febrero del presente año en el periódico el
Espectador titulado “Guardia indígena se ofrece para salvaguardar zonas de ubicación de las FARC”, la Consejería mayor del CRIC se permite aclarar lo siguiente: 

(1923)
EL AGUA NO ES UN NEGOCIO ES UN DERECHO FUNDAMENTAL.
Buenaventura Enero del 2016.
 
El COMITE DE LA AGUA Y LA VIDA DE BUENAVENTURA, desea, para este  año nuevo, la unidad y la decisión de 
 
lucha del pueblo para afrontar y lograr la solución definitiva a la problemática del agua y el alcantarillado de 
 
Buenaventura.
(526)

Documentos

EL MOVIMIENTO SOCIAL Y SINDICAL DEL VALLE DEL CAUCA AMENAZADOS POR AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA – AUG

Las organizaciones sociales, sindicales y derechos humanos abajo firmantes denunciamos ante la comunidad nacional e internacional, las nuevas amenazas de las que ha sido objeto el movimiento social y organizaciones sociales en la región; las que se han venido presentando de manera reiterada, señalando y estigmatizando la labor de los defensores de los Derechos Humanos, de las organizaciones sindicales y en general del movimiento social; estas últimas amenazas han sido proferidas por grupos paramilitares que se hacen llamar movimiento gaitanista de Colombia y que mantienen presencia en la zona del Valle del Cauca y Cauca, amenazas que se han denunciado ante las autoridades competentes, sin que hasta el momento se hallen los responsables de dichas amenazas.

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Cxhab Wala Kiw ‐ACIN, apuesta por la construcción de PAZ en el norte del Cauca.
Las autoridades indígenas del norte del Cauca organizadas en la Cxhab Wala Kiwe-ACIN, nos hemos movilizado a la ciudad de Bogotá a presentar nuestra propuesta de construcción de paz.  No hemos sido ajenos a los efectos de la guerra, ni queremos estar ausentes en la construcción de paz para el país. El norte del Cauca se convirtió durante muchos años, en un teatro de operaciones de los actores armados: Ejército, Guerrilla, Policía y Paramilitares se asentaron en la región generando zozobra y desarmonía en las comunidades. 
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ACIN - Çxhab Wala Kiwe

En la comuna 13 los 'paras' desaparecieron varias casas

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Casa del barrio Las Independencias que fue despojada y desvalijada por los paramilitares. En Medellín, decenas de familias fueron despojas de sus casas. Muchas de esas viviendas se convirtieron en guaridas de los paramilitares, que las desmantelaron hasta dejarlas en escombros.
 
María Carmenza*, líder comunitaria, llevaba seis años sin ver su casa. En el 2008,  volvió a Barrio Nuevo acompañada por varios funcionarios de la Personería de Medellín y la abogada que lleva su caso por desplazamiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al llegar al lugar, descubrieron una estructura a punto de caerse a la que sólo le quedaban algunos muros, no tenía nada que ver con la casa en la que vivió trece años junto a sus tres hijas.
 
Su casa era de estilo campesino, los muros blancos, de bahareque, y el techo de teja. Tenía un corredor grande adornado de plantas, tres habitaciones, sala-comedor, cocina y una terraza pequeña. La compró por dos millones de pesos, los ahorros de muchos años, cuando su primera hija estaba en brazos. María Carmenza estaba contenta y tranquila porque la recién nacida tendría un lugar seguro donde crecer.
 
Un medio día de octubre del 2002, esta mujer salió de su casa con sus hijas, sin tiempo para llevarse ni una maleta con ropa. Días antes, apareció en las ‘listas negras’ de los paramilitares: a ella y a otros líderes comunitarios los señalaron como guerrilleros. “Nos llamaban a las casas y nos decían que ya iban a entrar al barrio, que nos iban a asesinar y que no iban a importar ni los hijos de nosotros”.
 
Semanas antes de la Operación Orión, realizada entre el 16 y el 20 de octubre de 2002 por tropas del Ejército y la Policía, agentes de seguridad allanaron varias casas con la excusa de que buscaban armamento o cualquier cosa que pudiera vincular a las personas con las milicias guerrilleras. Según María Carmenza, en esos operativos los líderes fueron reseñados. Ella cuenta que “en esos allanamientos, los militares le hacían alguna pinta a la fachada de la casa.  Esto era para mostrarles a los paramilitares dónde tenían que llegar”.
 
El día que la desplazaron del barrio, también otros cinco líderes abandonaron sus hogares por razones similares. “Esos hombres se apoderaron de nuestras casas. La usaron para quedarse a vivir allí o traían gente de otras partes. Desde eso no pudimos volver. Ellos se fueron quedando ahí en la casa y la fueron desvalijando. Tumbaron las lozas, los baños; decían que era que las necesitaban o que habían mandado por eso. Parecían unos comejenes. Hasta se llevaron las puertas”, recuerda María Carmenza.
 
Las viviendas de los líderes barriales fueron utilizadas por los paramilitares para distintos fines: trinchera para los enfrentamientos, caleta de armas, lugar para planear sus operaciones; también las usaron para vivir en ellas o las arrendaron a otras personas; incluso, llegaron a venderlas falsificando la firma de sus verdaderos dueños. En algunos casos, fueron usadas como centros de tortura y se dice que en los solares de algunas de esas viviendas puede haber cuerpos enterrados.  
 
Según datos recogidos por el Grupo de Memoria Histórica en el informe “La huella invisible de la guerra. Desplazamiento forzado en la Comuna 13”, durante y después de la Operación Orión trescientas cincuenta familias, conformadas por 1.785 personas, denunciaron 521 casos de abandono o pérdida de bienes. Una cifra que no corresponde a los casos que realmente se dieron porque muchos no han sido reportados por el miedo a denunciar los victimarios, quienes después de haber desplazado y despojado no dejaron de amenazar a sus víctimas.
 
Sandra González, investigadora de Corporación Región y quien participó en la elaboración del informe de la comuna 13, cuenta que “encontramos de manera reiterada que los principales responsables del despojo fueron los paramilitares. En ningún caso las personas señalaron las milicias. Era una práctica en la que ocupaban, usurpaban y se usufructuaban de las viviendas. La particularidad es que el despojo trajo consigo la destrucción de las viviendas”.
 
Entre el 2006 y 2008, el proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la población desplazada, iniciativa de Acción Social, recibió setenta y siete solicitudes de protección, de las cuales veinticuatro eran de bienes en la comuna 13 que fueron abandonados entre el 2001 y 2007. Pero los medios para denunciar estos casos en el momento en que sucedieron no fueron efectivos. Además, la administración municipal se negaba a reconocer, en un principio, el desplazamiento intraurbano.
 
“Yo puse la demanda ante la Fiscalía, y solicité ayuda a la Red de Solidaridad, que es la Acción Social. Ellos se negaron, dijeron que solo era desplazado el que viene de un pueblo; luego empezaron a decir que ellos necesitaban saber cuáles eran mis intereses ideológicos y políticos por los que me habían sacado los grupos paramilitares de mi casa”, narra María Carmenza.
 
Ella se fue para un municipio aledaño a Medellín, y llegó con sus tres hijas a la casa de un familiar que les dio posada durante unas semanas. Luego empezó a trabajar el doble que antes para pagar arriendo y servicios, mercar y sostener el estudio de sus hijas. “Ha sido muy difícil pero no puedo desfallecer. A mis hijas les pude dar el estudio. Ya las dos mayores están en la universidad. Ellas me dan el aliento para salir adelante, han sido muy conscientes de los que nos sucedió”.
 
Al despojo lo sucedió la mora de servicios públicos e impuestos que no paró de cobrarse. A pesar de que con su denuncia a María Carmenza le dijeron que esos cobros se suspenderían, esto no sucedió. Muchos despojados tienen deudas que superan, incluso, el valor de la vivienda.
 
En Medellín, desde el 2009, entró en vigencia el amparo a la propiedad de inmuebles, a partir de esa fecha la Unidad de Desplazamiento Forzado ha recibido más de seiscientas solicitudes de protección. Además, esta Unidad y otras entidades que pertenecen a la Mesa Interinstitucional de Protección de Predios Urbanos Abandonados o en Riesgo de Abandono a consecuencia de la violencia, estudian una prueba piloto para la restitución urbana.
 
Pero este tipo de iniciativas gubernamentales no convencen a las víctimas y aún generan desconfianza, que se engendró por el trato que recibieron en el momento más difícil, cuando fueron expulsados de sus barrios y no recibieron ayuda humanitaria.
 
Según María Carmenza, ella al barrio no puede regresar: “compañeros que volvieron porque supuestamente la Alcaldía les iba brindar seguridad fueron asesinados. Entonces, uno no confía en el Estado. Igual, en este momento la situación está horrible. No hay condiciones para volver, siguen las matanzas, la retención de jóvenes”.
 
Como un indicio negativo, las víctimas de despojo recuerdan la supuesta entrega de casas que en  noviembre del 2006 hicieron en la comuna 13 voceros de la entonces Corporación Democracia, acompañados por el Programa Paz y Reconciliación de la Secretaría de Gobierno.
 
“La gente dice que eso fue una farsa. Entregaban un papel donde decía la dirección de la vivienda y el nombre de la persona. Ese papel era la restitución de las casas, en su mayoría, destruidas. Y los desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara nunca reconocieron el despojo sino que decían que era un acto de reconciliación con las víctimas”, explica la investigadora González.
 
Con la Operación Orión no terminaron los casos de despojo. Siguió siendo una práctica con la que los grupos armados se benefician económicamente y afianzan su poder territorial.
 
Según González, hasta el 2009 se seguían registrando estos casos: “Tenemos la historia de una señora a la que en ese tiempo que se suponía ya no estaban los paramilitares, fue interpelada por ‘Los muchachos’. Le dijeron que necesitaban su casa apara guardar armas, luego empezaron a reunirse en ella para planear sus operaciones. Hasta que empezaron a exigirle que les planchara la ropa. La señora no se aguantó más y se fue. Ella no denuncia porque tiene miedo que la maten”.
 
Por su lado, María Carmenza no se resigna a la pérdida. Aunque de su casa solo queda el recuerdo, ella quiere que su caso sea reconocido por el Estado, y reclama lo mismo que el gobierno le ha prometido: verdad, justicia y reparación.
 
“Voy a seguir luchando por recuperar lo que era de nosotros. Mi caso ya está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creemos que va muy adelante, al menos los entes internacionales nos oyeron, porque acá el mismo Estado violentó una cantidad de derechos contra mi familia y mi persona”, dice.
 
Muchas veces, en eventos que convocan a las víctimas, María Carmenza se encuentra con algunos de que fueron sus vecinos. A ella le da tristeza porque ellos le recuerdan ese barrio al que le cogió tanto cariño. Pero al mismo tiempo, la nostalgia se esfuma y la reemplazan otras imágenes, las de los heridos y cuerpos sin vida abandonados que vio en esas callejuelas. Por eso prefiere mantenerse lejos y salvaguardar lo que durante los últimos diez años ha reconstruido con sus hijas.  
 
*Nombre cambiado para proteger la fuente.
 
Foto: Cortesía Corporación Región.
 

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