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Cauca: Agresión sistemática, señalamiento y amenaza al proceso de Liberación de la Madre Tierra

Cauca: Agresión sistemática, señalamiento y amenaza al proceso de Liberación de la Madre Tierra

  En desarrollo de las acciones legítimas de liberación de la madre tierra, la Fuerza Pública, Ejército Nacional, Policía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, mantienen agresiones sobre las comunidades ubicadas en las fincas en proceso de liberación en los municipios de...

Voces del Pueblo Nasa respaldan la lucha de los pueblos originarios de Argentina

Voces del Pueblo Nasa respaldan la lucha de los pueblos originarios de Argentina

  Ante las exigencias de los pueblos originarios de Argentina, que se adelantan hoy en el acampe en la ciudad de Buenos Aires, el Pueblo Nasa (Cauca - Colombia) envía voces de respaldo a su justa lucha. Denununciamos la agresión sistemática que se implementa en las comunidades...

Cauca: A sembrar, es la orden mandatada por el KSXA´W!

Cauca: A sembrar, es la orden mandatada por el KSXA´W!

  Después de esperar 314 años, en el que el Gobierno Republicano a favor de unos pocos, declaro el título de origen colonial de propiedad colectiva (inembargable, imprescriptible, inalienable), ésta se declaro como tierras baldías, para establecer el título de “propiedad privada”...

  • Cauca: Agresión sistemática, señalamiento y amenaza al proceso de Liberación de la Madre Tierra

    Cauca: Agresión sistemática, señalamiento y amenaza al proceso de Liberación de la Madre Tierra

    Viernes, 27 Marzo 2015 22:27
  • Voces del Pueblo Nasa respaldan la lucha de los pueblos originarios de Argentina

    Voces del Pueblo Nasa respaldan la lucha de los pueblos originarios de Argentina

    Viernes, 27 Marzo 2015 22:54
  • Cauca: A sembrar, es la orden mandatada por el KSXA´W!

    Cauca: A sembrar, es la orden mandatada por el KSXA´W!

    Sábado, 28 Marzo 2015 12:01

Nuestra Palabra

Cauca: Esmad y ejército agreden a comunidades indígenas que liberan madre tierra en la Emperatriz - Caloto

 salida del ejercito ...Las comunidades de Huellas, Toez y Lopez Adentro se encuentran desde el pasado 5 de marzo realizando la liberación de la Madre Tierra en la Hacienda La Emperatriz. Hasta hoy, hubo 4 intentos de desalojo por parte de la fuerza pública.
 
Después de que la guardia indígena sacó de manera pacífica al Esmad de la hacienda La Emperatriz, el pasado 6 de marzo, no volvió a presentarse otro intento de desalojo. Los comuneros concentrados en esta finca, permanecen de manera pacífica, dedicados a cultivar la tierra. En el día trabajan y en la tarde se van a descansar a los cambuches de sus respectivas comunidades.

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    Solidaridad con nuestros hermanos indígenas

Nuestra Palabra Kueta Susuza

  • Cauca: "Ningún grupo armado nos representa"

    Ningún grupo armado ...
    COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA. Una vez más se repite la historia de violación de los derechos humanos en los territorios ancestrales indígenas del norte del Cauca. La Liberación de la Madre Tierra es un derecho ancestral, estas tierras fueron usurpadas mediante artimañas engañosas a sus legítimos dueños, los indígenas; es por ello que hoy con el fin de restablecer la armonía y el equilibrio en nuestro territorio y en cumplimiento de los principios culturales y territoriales; continuamos con el mandato ancestral de Liberar la Madre Tierra.
     
  • Caravana de solidaridad para nuestros hermanos indígenas

    Solidaridad con nuestros hermanos indigenas. Como es de su conocimiento en el territorio del Norte del Cauca los compañeros indígenas vienen desarrollando una minga por la liberación de la madre tierra, una fuerte lucha contra grandes propietarios y magnates de la economía Colombiana como lo es el Ingenio INCAUCA, entre otros.
     
  • Las autoridades indígenas llamamos al orden, control y corrección de comuneros que causen desorden y desequilibrio

    COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA. Las autoridades indígenas del norte del Cauca ejercerán control territorial y población.

Contexto Colombiano

  • Una nueva muerte en San José de Apartadó

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    Nuevamente nuestra Comunidad de Paz deja constancia ante la humanidad y la historia sobre nuevos hechos contra la población civil de nuestro entorno geográfico y social:
     
  • Cauca: Ejército estaría planeando nueva masacre en el Naya

    TEMOR EN EL NAYA: INVASIÓN MASIVA DE TROPAS ASÍ COMO EN EL 2001 CUANDO COMETIERON LA MASACRE
     
    Recibimos este llamado de una comunera del Alto Naya que compartimos literalmente con carácter de urgencia para convocar el rechazo solidario que impida una nueva masacre como la que cometió la Fuerza Pública uniformada de paramilitar en el 2001. También publicamos la alerta temprana que ya está circulando haciendo la denuncia.
     
  • Tras 18 años de resistencia, nuestra Comunidad de Paz llega a una simbólica mayoría de edad en medio de una persecución persistente

    El 23 de marzo nuestra Comunidad de Paz rodeada de muchas personas y organizaciones sociales nacionales e internacionales, diplomáticos y personalidades conmemoro 18 años de vida, de memoria y de resistencia pacifica desde acciones alternativas no violentas; son años de lucha sembrando alternativas pacificas donde la muerte sin dar tregua ha arrasado con la vida a través de los mas perversos métodos.

     

Vivencias Globales

  • Brasil: Árboles transgénicos y resistencia campesina

    árbEl 5 de marzo de 2015, mujeres del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) y Vía Campesina Brasil protagonizaron la primera liberación comercial de árboles transgénicos en América Latina. Cerca de mil mujeres ocuparon una planta de FuturaGene en Itapetininga, estado de São Paulo, arrancando plántulas de eucaliptos transgénicos de esa empresa, propiedad de la transnacional brasilera Suzano Papel e Celulosa, una de las diez mayores productoras globales de celulosa.
     
     
  • Guatemala: Detención ilegal de Rigoberto Juarez, un defensor del territorio

    "Un Preso Político más: Rigoberto Juárez defensor del territorio. </p><br /><br /><br /><br />
<p>Esta tarde Rigoberto Juárez Mateo fue detenido de forma arbitraria y se convierte en un nuevo preso político del Estado guatemalteco. Rigoberto Juárez es representante del Gobierno Plurinacional de la Nación Q'anjob'al, Chuj, Akateka, Popti y Mestiza de 16 municipios de Huehuetenango. Juárez es criminalizado por defender el territorio y el agua.</p><br /><br /><br /><br />
<p>En el momento de la detención, por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), no se mostró una orden de juez competente. Junto con Rigoberto fue detenido Domingo Baltazar, ambos miembros de la autoridad comunitaria de Santa Eulalia, Huehuetenango. </p><br /><br /><br /><br />
<p>Durante la detención, mediada por el uso de la violencia, se  agredió físicamente al abogado Ricardo Cajas, cuando éste les pidió que se identificaran y mostraran una orden de detención en contra de Rigoberto Juárez.</p><br /><br /><br /><br />
<p>Los representantes comunitarios detenidos habían viajado a la capital para denunciar las violaciones de la que fueron objeto autoridades ancestrales y varios periodistas e pasado 19 de marzo del presente año, cometidas por el alcalde Diego Marcos Pedro, miembros de la corporación municipal y gente afín a las autoridades. </p><br /><br /><br /><br />
<p>Las autoridades ancestrales Q’anjob’al fueron agredidas por la corporación municipal el jueves 19 de marzo durante una actividad pública para la apertura de la Radio Comunitaria Snuq’ Jolom Konob, durante 4 horas fueron agredidos verbal y psicológicamente, también fueron amenazados, por esta razón una delegación viajo a la capital para realizar las denuncias ante la Fiscalía de delitos contra Defensores de los DDHH del Ministerio Público (MP), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Guatemala.</p><br /><br /><br /><br />
<p>Desde el año 2011 han sido varias las ocasiones en las que representantes del Gobierno Plurinacional han viajado a la capital para denunciar los atropellos que comete las empresas hidroeléctricas en todo el territorio maya Q’anjob’al, concretamente en el caso de la empresa Hidro San Luis, en Santa Eulalia, que de acuerdo con los líderes, atenta contra los derechos de las comunidades opuestas al proyecto hidroeléctrico.</p><br /><br /><br /><br />
<p>Esta detención arbitraria se suma a la larga lista que desde el año 2012 se acrecentó como una de las estrategias del Gobierno y Empresas para desarticular la oposición pacífica y organizada de los pueblos frente al modelo de despojo de las empresas.</p><br /><br /><br /><br />
<p>Ciudad de Guatemala, 24 de marzo 2015.<br /><br /><br /><br /><br />
Por Nelton Rivera."
     
    Rigoberto Juárez es autoridad ancestral maya Q'anjob'al y ha sido criminalizado por las empresas extractivas, hidroeléctricas, corporación Municipal y Gobierno de Guatemala por defender los Derechos Humanos. Rigoberto Juárez Mateo viajó a la ciudad capital para interponer una denuncia ante Ministerio Publico, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionados para los derechos Humanos en Guatemala: por las amenazas y agresiones que sufrió por parte del Alcalde Diego Marcos Pedro, el día 19 de marzo 2015, en la actividad para la reinstalación de la Radio Comunitaria Snuq Jolom Konob. 
     
  • Confirmado: El glifosato de las fumigaciones puede provocar cáncer

     
    La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó lo que hace más de una década afirman pueblos fumigados, vecinos en lucha, organizaciones sociales y académicos que no responden al sector empresario.
     

Comunicados

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA; Sigue la presión e intimidación a nuestros comuneros y comuneras quienes ejercen la liberación de la madre tierra

Comunidades, Autoridades tradicionales y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN – Cxhab Wala Kiwe, en cumplimiento de los principios culturales y territoriales, en el ejercicio de la Autonomía como pueblos indígenas del territorio y siguiendo nuestros mandatos, estamos en proceso de Liberación de nuestra madre tierra con el fin de restablecer la Armonía y el Equilibrio en nuestro territorio. Pero hacer valer nuestros derechos tiene un costo elevado en nuestro país y desde que comenzamos el proceso, el número de amenazas, persecuciones, procesos judiciales, estigmatizaciones y heridos van en incremento.

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Resolución Nº 001 2015 Resguardo Indígena de Canoas Norte del Cauca

La autoridad  tradicional  del resguardo de canoas, en usos de sus facultades legítimas y legales que le confiere la ley del origen, el derecho propio, la ley 89 de 1890, la constitución política, reafirmado por la declaración universal de los derechos de los pueblos indígenas, de los tratados y los convenios internacionales.

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Documentos

Alerta temprana sobre situación de miembros de la Asociación Campesina de Santander ASOGRAS
SABANA DE TORRES MARZO 2015.  Alerta temprana: La Asociación Campesina de Santander “ASOGRAS” pone en conocimiento de la comunidad nacional e internacional la activación de alerta temprana y prevención de hechos de amenazas, detenciones y seguimientos contra miembros de la Asociación Campesina, organización integrante de la Mesa de Unidad Agraria y de la Cumbre Agraria.
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“No hay excelencia educativa con hambre”
La comunidad educativa del municipio de Bolívar, en el departamento del Cauca, manifiesta nuevamente la continua anormalidad en la prestación del servicio de restaurante escolar como estrategia del Programa de Alimentación Escolar - PAE para el año 2015. De igual manera se plantea la inconformidad con el consorcio Cauca 2015, quien a la fecha no ha llegado a la totalidad de unidades educativas rurales.
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ACIN - Çxhab Wala Kiwe

En la comuna 13 los 'paras' desaparecieron varias casas

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Casa del barrio Las Independencias que fue despojada y desvalijada por los paramilitares. En Medellín, decenas de familias fueron despojas de sus casas. Muchas de esas viviendas se convirtieron en guaridas de los paramilitares, que las desmantelaron hasta dejarlas en escombros.
 
María Carmenza*, líder comunitaria, llevaba seis años sin ver su casa. En el 2008,  volvió a Barrio Nuevo acompañada por varios funcionarios de la Personería de Medellín y la abogada que lleva su caso por desplazamiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al llegar al lugar, descubrieron una estructura a punto de caerse a la que sólo le quedaban algunos muros, no tenía nada que ver con la casa en la que vivió trece años junto a sus tres hijas.
 
Su casa era de estilo campesino, los muros blancos, de bahareque, y el techo de teja. Tenía un corredor grande adornado de plantas, tres habitaciones, sala-comedor, cocina y una terraza pequeña. La compró por dos millones de pesos, los ahorros de muchos años, cuando su primera hija estaba en brazos. María Carmenza estaba contenta y tranquila porque la recién nacida tendría un lugar seguro donde crecer.
 
Un medio día de octubre del 2002, esta mujer salió de su casa con sus hijas, sin tiempo para llevarse ni una maleta con ropa. Días antes, apareció en las ‘listas negras’ de los paramilitares: a ella y a otros líderes comunitarios los señalaron como guerrilleros. “Nos llamaban a las casas y nos decían que ya iban a entrar al barrio, que nos iban a asesinar y que no iban a importar ni los hijos de nosotros”.
 
Semanas antes de la Operación Orión, realizada entre el 16 y el 20 de octubre de 2002 por tropas del Ejército y la Policía, agentes de seguridad allanaron varias casas con la excusa de que buscaban armamento o cualquier cosa que pudiera vincular a las personas con las milicias guerrilleras. Según María Carmenza, en esos operativos los líderes fueron reseñados. Ella cuenta que “en esos allanamientos, los militares le hacían alguna pinta a la fachada de la casa.  Esto era para mostrarles a los paramilitares dónde tenían que llegar”.
 
El día que la desplazaron del barrio, también otros cinco líderes abandonaron sus hogares por razones similares. “Esos hombres se apoderaron de nuestras casas. La usaron para quedarse a vivir allí o traían gente de otras partes. Desde eso no pudimos volver. Ellos se fueron quedando ahí en la casa y la fueron desvalijando. Tumbaron las lozas, los baños; decían que era que las necesitaban o que habían mandado por eso. Parecían unos comejenes. Hasta se llevaron las puertas”, recuerda María Carmenza.
 
Las viviendas de los líderes barriales fueron utilizadas por los paramilitares para distintos fines: trinchera para los enfrentamientos, caleta de armas, lugar para planear sus operaciones; también las usaron para vivir en ellas o las arrendaron a otras personas; incluso, llegaron a venderlas falsificando la firma de sus verdaderos dueños. En algunos casos, fueron usadas como centros de tortura y se dice que en los solares de algunas de esas viviendas puede haber cuerpos enterrados.  
 
Según datos recogidos por el Grupo de Memoria Histórica en el informe “La huella invisible de la guerra. Desplazamiento forzado en la Comuna 13”, durante y después de la Operación Orión trescientas cincuenta familias, conformadas por 1.785 personas, denunciaron 521 casos de abandono o pérdida de bienes. Una cifra que no corresponde a los casos que realmente se dieron porque muchos no han sido reportados por el miedo a denunciar los victimarios, quienes después de haber desplazado y despojado no dejaron de amenazar a sus víctimas.
 
Sandra González, investigadora de Corporación Región y quien participó en la elaboración del informe de la comuna 13, cuenta que “encontramos de manera reiterada que los principales responsables del despojo fueron los paramilitares. En ningún caso las personas señalaron las milicias. Era una práctica en la que ocupaban, usurpaban y se usufructuaban de las viviendas. La particularidad es que el despojo trajo consigo la destrucción de las viviendas”.
 
Entre el 2006 y 2008, el proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la población desplazada, iniciativa de Acción Social, recibió setenta y siete solicitudes de protección, de las cuales veinticuatro eran de bienes en la comuna 13 que fueron abandonados entre el 2001 y 2007. Pero los medios para denunciar estos casos en el momento en que sucedieron no fueron efectivos. Además, la administración municipal se negaba a reconocer, en un principio, el desplazamiento intraurbano.
 
“Yo puse la demanda ante la Fiscalía, y solicité ayuda a la Red de Solidaridad, que es la Acción Social. Ellos se negaron, dijeron que solo era desplazado el que viene de un pueblo; luego empezaron a decir que ellos necesitaban saber cuáles eran mis intereses ideológicos y políticos por los que me habían sacado los grupos paramilitares de mi casa”, narra María Carmenza.
 
Ella se fue para un municipio aledaño a Medellín, y llegó con sus tres hijas a la casa de un familiar que les dio posada durante unas semanas. Luego empezó a trabajar el doble que antes para pagar arriendo y servicios, mercar y sostener el estudio de sus hijas. “Ha sido muy difícil pero no puedo desfallecer. A mis hijas les pude dar el estudio. Ya las dos mayores están en la universidad. Ellas me dan el aliento para salir adelante, han sido muy conscientes de los que nos sucedió”.
 
Al despojo lo sucedió la mora de servicios públicos e impuestos que no paró de cobrarse. A pesar de que con su denuncia a María Carmenza le dijeron que esos cobros se suspenderían, esto no sucedió. Muchos despojados tienen deudas que superan, incluso, el valor de la vivienda.
 
En Medellín, desde el 2009, entró en vigencia el amparo a la propiedad de inmuebles, a partir de esa fecha la Unidad de Desplazamiento Forzado ha recibido más de seiscientas solicitudes de protección. Además, esta Unidad y otras entidades que pertenecen a la Mesa Interinstitucional de Protección de Predios Urbanos Abandonados o en Riesgo de Abandono a consecuencia de la violencia, estudian una prueba piloto para la restitución urbana.
 
Pero este tipo de iniciativas gubernamentales no convencen a las víctimas y aún generan desconfianza, que se engendró por el trato que recibieron en el momento más difícil, cuando fueron expulsados de sus barrios y no recibieron ayuda humanitaria.
 
Según María Carmenza, ella al barrio no puede regresar: “compañeros que volvieron porque supuestamente la Alcaldía les iba brindar seguridad fueron asesinados. Entonces, uno no confía en el Estado. Igual, en este momento la situación está horrible. No hay condiciones para volver, siguen las matanzas, la retención de jóvenes”.
 
Como un indicio negativo, las víctimas de despojo recuerdan la supuesta entrega de casas que en  noviembre del 2006 hicieron en la comuna 13 voceros de la entonces Corporación Democracia, acompañados por el Programa Paz y Reconciliación de la Secretaría de Gobierno.
 
“La gente dice que eso fue una farsa. Entregaban un papel donde decía la dirección de la vivienda y el nombre de la persona. Ese papel era la restitución de las casas, en su mayoría, destruidas. Y los desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara nunca reconocieron el despojo sino que decían que era un acto de reconciliación con las víctimas”, explica la investigadora González.
 
Con la Operación Orión no terminaron los casos de despojo. Siguió siendo una práctica con la que los grupos armados se benefician económicamente y afianzan su poder territorial.
 
Según González, hasta el 2009 se seguían registrando estos casos: “Tenemos la historia de una señora a la que en ese tiempo que se suponía ya no estaban los paramilitares, fue interpelada por ‘Los muchachos’. Le dijeron que necesitaban su casa apara guardar armas, luego empezaron a reunirse en ella para planear sus operaciones. Hasta que empezaron a exigirle que les planchara la ropa. La señora no se aguantó más y se fue. Ella no denuncia porque tiene miedo que la maten”.
 
Por su lado, María Carmenza no se resigna a la pérdida. Aunque de su casa solo queda el recuerdo, ella quiere que su caso sea reconocido por el Estado, y reclama lo mismo que el gobierno le ha prometido: verdad, justicia y reparación.
 
“Voy a seguir luchando por recuperar lo que era de nosotros. Mi caso ya está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creemos que va muy adelante, al menos los entes internacionales nos oyeron, porque acá el mismo Estado violentó una cantidad de derechos contra mi familia y mi persona”, dice.
 
Muchas veces, en eventos que convocan a las víctimas, María Carmenza se encuentra con algunos de que fueron sus vecinos. A ella le da tristeza porque ellos le recuerdan ese barrio al que le cogió tanto cariño. Pero al mismo tiempo, la nostalgia se esfuma y la reemplazan otras imágenes, las de los heridos y cuerpos sin vida abandonados que vio en esas callejuelas. Por eso prefiere mantenerse lejos y salvaguardar lo que durante los últimos diez años ha reconstruido con sus hijas.  
 
*Nombre cambiado para proteger la fuente.
 
Foto: Cortesía Corporación Región.
 

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