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Asesinado consejero mayor de la asociación del consejo de autoridades tradicionales Nasa Cxacha de Puerto Asís Putumayo.

Asesinado consejero mayor de la asociación del consejo de autoridades tradicionales Nasa Cxacha de Puerto Asís Putumayo.

La amenaza y la persecución a los pueblos indígenas que defienden su territorio, no se detiene. El pasado jueves 10 de abril, en la finca las Minas sector alto Danubio del cabildo Yu’ Lux del municipio de Puerto Asís Putumayo, fue asesinado Luis Albeiro Guetio consejero mayor de la asociación...

Colombia: Militarización al servicio del extractivismo

Colombia: Militarización al servicio del extractivismo

El auge de las actividades extractivistas minero-energéticas en Colombia de los últimos años ha venido acompañada de una fuerte militarización de las zonas donde el sector minero-energético opera. El gobierno colombiano ha creado a lo largo de los últimos años los denominados Batallones...

Jorge Caballero, el caballero de senderos y caminos

Jorge Caballero, el caballero de senderos y caminos

Jorge Caballero Fula, nació en Bogotá el 14 de noviembre de 1.952. Segundo de una familia de 5 hermanos, 4 hombres y una mujer. Su primaria la realizo en escuelas públicas de Bogotá, curso hasta el grado tercero de bachillerato en el colegio camilo Torres, por dificultades económicas de la...

  • Asesinado consejero mayor de la asociación del consejo de autoridades tradicionales Nasa Cxacha de Puerto Asís Putumayo.

    Asesinado consejero mayor de la asociación del consejo de autoridades tradicionales Nasa Cxacha de Puerto Asís Putumayo.

    Lunes, 14 Abril 2014 10:00
  • Colombia: Militarización al servicio del extractivismo

    Colombia: Militarización al servicio del extractivismo

    Martes, 15 Abril 2014 12:52
  • Jorge Caballero, el caballero de senderos y caminos

    Jorge Caballero, el caballero de senderos y caminos

    Martes, 15 Abril 2014 19:40

Nuestra Palabra

Los grupos armados le sirven al mismo modelo dominante que despoja a los pueblos originarios

Los graves hechos de violaciones a los DDHH que sucedieron en la madrugada del 4 de abril del 2014 en Totoró demuestran que está en curso el plan de sometimiento del pueblo colombiano hacia una dictadura que no ve más prioridad que escoltar los grandes negocios que hacen parte de la locomotora minero energética. Toda diversidad de pensamiento está vetada y fuertemente vigilada para no permitir ningún cuestionamiento a las decisiones legislativas, económicas y militares del gobierno, de lo contrario será tachado de guerrillero.

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  • Cauca: El dolor No tiene Color

Nuestra Palabra Kueta Susuza

  • Control territorial en el marco de la legitimidad y soberanía del Pueblo Indígena Tontontuna-Totoroez por la autonomía y Gobernabilidad

    El pueblo Indígena “Tontotuna”  Totoroez en uso autónomo de los derechos legítimos y originarios  en el marco del derecho mayor, ley 89 de 1890, Constitución Nacional de 1991, el convenio 169 de la OIT,  ley 21 de 1991, la declaración internacional de los derechos humanos, la sentencia T0-25 del 2004 que dio origen a al auto 004 del 29 de enero del 2009 y artículo 246 de la constitución política de Colombia.

     
  • Asesinado autoridad tradicional de Nasa Cxacha de Puerto Asís - Putumayo

    Asesinado consejero mayor de la asociación del consejo de autoridades tradicionales Nasa Cxacha de Puerto Asís Putumayo. La amenaza y la persecución a los pueblos indígenas que defienden su territorio, no se detiene. El pasado jueves 10 de abril, en la finca las minas sector alto Danubio del cabildo Yu’ Lux del municipio de Puerto Asís Putumayo, fue asesinado Luis Albeiro Guetio consejero mayor de la asociación de autoridades tradicionales Nasa Cxacha de puerto Asis Putumayo, asociación conformada en el 2001  y que agrupa ocho cabildos  del pueblo Nasa.
     
  • Cauca: Fuerza pública miente al decir que operativos realizados en los territorios, son para proteger la vida y dar seguridad a las comunidades

    El pasado 4 de abril entre la vereda Betania y la Peña del resguardo indígena de los Totoroez, fueron agredidos por integrantes de la policía nacional, los comuneros indígenas, Luis Alfonso Pillimue exgobernador del pueblo Totoroez y Miguel Antonio Morales  joven del pueblo Misak, acción donde resulto involucrado el  patrullero Alex Rodríguez, guarda espaldas del alcalde municipal de Totoro,  frente a estos hechos el alcalde municipal José Fernando Conejo, convoco el pasado martes  8 de abril a un consejo de seguridad al cual fueron citados, el Coronel de la policía departamental, el comandante del ejército, el comandante de policía de Totoro, la defensoría del Pueblo, la personería Municipal, la fiscalía, representantes de la gobernación del Cauca, consejería del CRIC, cabildo indígena de Totoro, gobernadores indígenas  del municipio de Totoro, la guardia Indígena, líderes, ex gobernadores y algunos comuneros del resguardo, también se hicieron presentes los comuneros agredidos y sus familiares.

Contexto Colombiano

  • Agoniza la educación colombiana

    La Organización para la Cooperación y el Desarrollo –OCDE-, cada tres años realiza una evaluación sobre la calidad de la Educación, que se conoce como el Informe PISA, que es la sigla en inglés del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes.

     
  • Emgesa y asociados construirían Hidroeléctrica Oporapa

    Actualmente se encuentra en trámite el Proyecto Hidroeléctrico Oporapa que adelantaría EMGESA y asociados. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA está a la espera del Diagnostico Ambiental de Alternativas DAA, este es una de las primeras etapas que deben realizar en este tipo de proyectos hidroeléctricos ante las autoridades ambientales. ¿Hay participación de las comunidades? 
     
  • Asunto: Grupos armados legales e ilegales continúan realizando ataques indiscriminados, amenazando y asesinando a la población civil.

    Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
    Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia

     

    Narni, Abril 10 de 2014. En primer lugar queremos reconocer la labor de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH en lo referente a su último informe sobre Colombia.

     

Vivencias Globales

  • Laconsigna de El Comercio: “Sí a la minería. No a la educación”

    En medio de una maraña de ataques de la prensa reaccionaria en el Perú (Grupo El Comercio y sus aliados) al gobierno regional Cajamarca y su presidente Gregorio Santos, sale nuevamente a la luz las mezquindades del poder mediático que alaba a la política neoliberal (extractivismo y privatizaciones) e ignora a la educación pública en nuestro país.

     
  • Comunidades Mapuche de Likan Ray logran detener amenazante proyecto de piscicultura de la industria salmonera

    Un importante logro de Comunidades Mapuche de sectores de Likán Ray en la defensa de sus espacios de vida, de su cultura y sus economías, consiguieron luego que una empresa desistiera, sin  reponer ante el sistema de evaluación ambiental un proyecto de piscicultura vinculado  a la industria salmonera correspondiente a  la empresa “Sociedad Comercial, Agrícola y Forestal Nalcahue Limitada”  y que significaba intervenir mayormente las aguas en el sector Chesque Alto, lo que habría causado graves impactos territoriales.
     
     
  • Mafiosidad y promoción de la democracia, dos mangas de la misma camisa de fuerza

    La estrategia de promoción de Democracia que se pusiera en marcha en el primer gobierno Reagan involucrando a la CIA, los dos partidos políticos de EEUU (NED y IRI),  USAID ha seguido actuando con una flexibilidad estratégica esencial. Como bien lo señalaron en su momento investigadores como William Robinson, la promoción de la Democracia se adapta a contextos diversos.

     

Comunicados

Caloto – Cauca: Acciones de control territorial en los Cabildos Indígenas de Huellas, Toez y López Adentro
Los tres cabildos de Caloto convocan a Armonizar el territorio mediante el desalojo de maquinaria para la extracción minera que afecta el territorio y la comunidad. Responsabilizar a los mineros de la cuenca del río Palo, actores armados, socios y compañías de propietarios de fincas privadas aledañas por cualquier tipo de retaliación física psicológica a comuneros, guardias indígenas, cabildantes y comunidad en general de los cabildos ejecutantes de la resolución número 001-02-2014. El encuentro será a partir del 3 de abril del 2014.
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Territorios indígenas beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH en el año 2011 convertidos en escenarios de guerra
Comunicado público. El día 14 de noviembre del año 2011, la Comisión Interamericano de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares a favor de miembros del Pueblo Nasa pertenecientes a los resguardos de Toribio, San Francisco, Tacueyó y Jambaló. En la solicitud de medidas cautelares, los miembros del pueblo Nasa argumentaron que se encuentran en una situación de alto riesgo en razón del conflicto armado, y que han sido objeto de homicidios, desapariciones forzadas y otros hechos de violencia.
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Documentos

La devastación de Buenaventura, vergüenza para el régimen.

El presidente Santos anuncia nueva gira electoral por el Valle, luego que el 8 de marzo visitó Buenaventura, donde prometió, el pueblo no le creyó y el 12 de marzo el Plantón paralizó unos 8.000 camiones, a todo el comercio y unos 2.700 millones de pesos no circularon. Esta acción dio continuidad a la multitudinaria marcha del 19 de febrero: “Entierro de la Violencia en Buenaventura”, “Para vivir con dignidad”. Buenaventura sigue en primera página de los medios de comunicación por la crisis humanitaria que la sacude y la presión de su pueblo por soluciones.

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Asesinan a líder campesino del Catatumbo
Asesinado por desconocidos Douglas Zuluaga presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Cartagenita, Catatumbo. ASCAMCAT en su mandato para la defensa de los derechos humanos desea poner en conocimiento de la opinión pública un nuevo asesinato cometido contra un destacado líder comunal del corregimiento Cartagenita, perteneciente al municipio de Convención en el Catatumbo.
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ACIN - Çxhab Wala Kiwe

En la comuna 13 los 'paras' desaparecieron varias casas

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Casa del barrio Las Independencias que fue despojada y desvalijada por los paramilitares. En Medellín, decenas de familias fueron despojas de sus casas. Muchas de esas viviendas se convirtieron en guaridas de los paramilitares, que las desmantelaron hasta dejarlas en escombros.
 
María Carmenza*, líder comunitaria, llevaba seis años sin ver su casa. En el 2008,  volvió a Barrio Nuevo acompañada por varios funcionarios de la Personería de Medellín y la abogada que lleva su caso por desplazamiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al llegar al lugar, descubrieron una estructura a punto de caerse a la que sólo le quedaban algunos muros, no tenía nada que ver con la casa en la que vivió trece años junto a sus tres hijas.
 
Su casa era de estilo campesino, los muros blancos, de bahareque, y el techo de teja. Tenía un corredor grande adornado de plantas, tres habitaciones, sala-comedor, cocina y una terraza pequeña. La compró por dos millones de pesos, los ahorros de muchos años, cuando su primera hija estaba en brazos. María Carmenza estaba contenta y tranquila porque la recién nacida tendría un lugar seguro donde crecer.
 
Un medio día de octubre del 2002, esta mujer salió de su casa con sus hijas, sin tiempo para llevarse ni una maleta con ropa. Días antes, apareció en las ‘listas negras’ de los paramilitares: a ella y a otros líderes comunitarios los señalaron como guerrilleros. “Nos llamaban a las casas y nos decían que ya iban a entrar al barrio, que nos iban a asesinar y que no iban a importar ni los hijos de nosotros”.
 
Semanas antes de la Operación Orión, realizada entre el 16 y el 20 de octubre de 2002 por tropas del Ejército y la Policía, agentes de seguridad allanaron varias casas con la excusa de que buscaban armamento o cualquier cosa que pudiera vincular a las personas con las milicias guerrilleras. Según María Carmenza, en esos operativos los líderes fueron reseñados. Ella cuenta que “en esos allanamientos, los militares le hacían alguna pinta a la fachada de la casa.  Esto era para mostrarles a los paramilitares dónde tenían que llegar”.
 
El día que la desplazaron del barrio, también otros cinco líderes abandonaron sus hogares por razones similares. “Esos hombres se apoderaron de nuestras casas. La usaron para quedarse a vivir allí o traían gente de otras partes. Desde eso no pudimos volver. Ellos se fueron quedando ahí en la casa y la fueron desvalijando. Tumbaron las lozas, los baños; decían que era que las necesitaban o que habían mandado por eso. Parecían unos comejenes. Hasta se llevaron las puertas”, recuerda María Carmenza.
 
Las viviendas de los líderes barriales fueron utilizadas por los paramilitares para distintos fines: trinchera para los enfrentamientos, caleta de armas, lugar para planear sus operaciones; también las usaron para vivir en ellas o las arrendaron a otras personas; incluso, llegaron a venderlas falsificando la firma de sus verdaderos dueños. En algunos casos, fueron usadas como centros de tortura y se dice que en los solares de algunas de esas viviendas puede haber cuerpos enterrados.  
 
Según datos recogidos por el Grupo de Memoria Histórica en el informe “La huella invisible de la guerra. Desplazamiento forzado en la Comuna 13”, durante y después de la Operación Orión trescientas cincuenta familias, conformadas por 1.785 personas, denunciaron 521 casos de abandono o pérdida de bienes. Una cifra que no corresponde a los casos que realmente se dieron porque muchos no han sido reportados por el miedo a denunciar los victimarios, quienes después de haber desplazado y despojado no dejaron de amenazar a sus víctimas.
 
Sandra González, investigadora de Corporación Región y quien participó en la elaboración del informe de la comuna 13, cuenta que “encontramos de manera reiterada que los principales responsables del despojo fueron los paramilitares. En ningún caso las personas señalaron las milicias. Era una práctica en la que ocupaban, usurpaban y se usufructuaban de las viviendas. La particularidad es que el despojo trajo consigo la destrucción de las viviendas”.
 
Entre el 2006 y 2008, el proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la población desplazada, iniciativa de Acción Social, recibió setenta y siete solicitudes de protección, de las cuales veinticuatro eran de bienes en la comuna 13 que fueron abandonados entre el 2001 y 2007. Pero los medios para denunciar estos casos en el momento en que sucedieron no fueron efectivos. Además, la administración municipal se negaba a reconocer, en un principio, el desplazamiento intraurbano.
 
“Yo puse la demanda ante la Fiscalía, y solicité ayuda a la Red de Solidaridad, que es la Acción Social. Ellos se negaron, dijeron que solo era desplazado el que viene de un pueblo; luego empezaron a decir que ellos necesitaban saber cuáles eran mis intereses ideológicos y políticos por los que me habían sacado los grupos paramilitares de mi casa”, narra María Carmenza.
 
Ella se fue para un municipio aledaño a Medellín, y llegó con sus tres hijas a la casa de un familiar que les dio posada durante unas semanas. Luego empezó a trabajar el doble que antes para pagar arriendo y servicios, mercar y sostener el estudio de sus hijas. “Ha sido muy difícil pero no puedo desfallecer. A mis hijas les pude dar el estudio. Ya las dos mayores están en la universidad. Ellas me dan el aliento para salir adelante, han sido muy conscientes de los que nos sucedió”.
 
Al despojo lo sucedió la mora de servicios públicos e impuestos que no paró de cobrarse. A pesar de que con su denuncia a María Carmenza le dijeron que esos cobros se suspenderían, esto no sucedió. Muchos despojados tienen deudas que superan, incluso, el valor de la vivienda.
 
En Medellín, desde el 2009, entró en vigencia el amparo a la propiedad de inmuebles, a partir de esa fecha la Unidad de Desplazamiento Forzado ha recibido más de seiscientas solicitudes de protección. Además, esta Unidad y otras entidades que pertenecen a la Mesa Interinstitucional de Protección de Predios Urbanos Abandonados o en Riesgo de Abandono a consecuencia de la violencia, estudian una prueba piloto para la restitución urbana.
 
Pero este tipo de iniciativas gubernamentales no convencen a las víctimas y aún generan desconfianza, que se engendró por el trato que recibieron en el momento más difícil, cuando fueron expulsados de sus barrios y no recibieron ayuda humanitaria.
 
Según María Carmenza, ella al barrio no puede regresar: “compañeros que volvieron porque supuestamente la Alcaldía les iba brindar seguridad fueron asesinados. Entonces, uno no confía en el Estado. Igual, en este momento la situación está horrible. No hay condiciones para volver, siguen las matanzas, la retención de jóvenes”.
 
Como un indicio negativo, las víctimas de despojo recuerdan la supuesta entrega de casas que en  noviembre del 2006 hicieron en la comuna 13 voceros de la entonces Corporación Democracia, acompañados por el Programa Paz y Reconciliación de la Secretaría de Gobierno.
 
“La gente dice que eso fue una farsa. Entregaban un papel donde decía la dirección de la vivienda y el nombre de la persona. Ese papel era la restitución de las casas, en su mayoría, destruidas. Y los desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara nunca reconocieron el despojo sino que decían que era un acto de reconciliación con las víctimas”, explica la investigadora González.
 
Con la Operación Orión no terminaron los casos de despojo. Siguió siendo una práctica con la que los grupos armados se benefician económicamente y afianzan su poder territorial.
 
Según González, hasta el 2009 se seguían registrando estos casos: “Tenemos la historia de una señora a la que en ese tiempo que se suponía ya no estaban los paramilitares, fue interpelada por ‘Los muchachos’. Le dijeron que necesitaban su casa apara guardar armas, luego empezaron a reunirse en ella para planear sus operaciones. Hasta que empezaron a exigirle que les planchara la ropa. La señora no se aguantó más y se fue. Ella no denuncia porque tiene miedo que la maten”.
 
Por su lado, María Carmenza no se resigna a la pérdida. Aunque de su casa solo queda el recuerdo, ella quiere que su caso sea reconocido por el Estado, y reclama lo mismo que el gobierno le ha prometido: verdad, justicia y reparación.
 
“Voy a seguir luchando por recuperar lo que era de nosotros. Mi caso ya está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creemos que va muy adelante, al menos los entes internacionales nos oyeron, porque acá el mismo Estado violentó una cantidad de derechos contra mi familia y mi persona”, dice.
 
Muchas veces, en eventos que convocan a las víctimas, María Carmenza se encuentra con algunos de que fueron sus vecinos. A ella le da tristeza porque ellos le recuerdan ese barrio al que le cogió tanto cariño. Pero al mismo tiempo, la nostalgia se esfuma y la reemplazan otras imágenes, las de los heridos y cuerpos sin vida abandonados que vio en esas callejuelas. Por eso prefiere mantenerse lejos y salvaguardar lo que durante los últimos diez años ha reconstruido con sus hijas.  
 
*Nombre cambiado para proteger la fuente.
 
Foto: Cortesía Corporación Región.
 

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