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La comunidad de Corinto retoma la fuerza y vuelve a las fincas tras la arremetida del ESMAD

La comunidad de Corinto retoma la fuerza y vuelve a las fincas tras la arremetida del ESMAD

  Tras la brutal arremetida de la fuerza pública contra la comunidad de Corinto, sucedida desde horas de la mañana del día de ayer, 22 de mayo de 2015, la comunidad volvió a los sitios de concentración donde fueron atacados (las fincas de Miraflores, García Arriba y García...

De manera violenta fuerza pública intenta desajolar a comunidades indígenas que liberan la Madre Tierra en Corinto Cauca

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  A ciencia cierta no sabemos hasta dónde puede llegar la inhumanidad de las personas, lo único cierto es que cuando alguien actúa adoctrinado obedeciendo órdenes superiores aunque representen al Estado son capaces de arremeter hasta a su propio pueblo. Es el caso que las...

Cauca: Una vez más seguimos siendo Victimas del atropello por parte de la fuerza pública

Cauca: Una vez más seguimos siendo Victimas del atropello por parte de la fuerza pública

  Comunicado a la opinión pública: Una vez más seguimos siendo Victimas del atropello por parte de la fuerza pública dentro de nuestro derecho legítimo de liberación de la madre tierra   La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-ACIN, en...

  • La comunidad de Corinto retoma la fuerza y vuelve a las fincas tras la arremetida del ESMAD

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    Sábado, 23 Mayo 2015 12:47
  • De manera violenta fuerza pública intenta desajolar a comunidades indígenas que liberan la Madre Tierra en Corinto Cauca

    De manera violenta fuerza pública intenta desajolar a comunidades indígenas que liberan la Madre Tierra en Corinto Cauca

    Sábado, 23 Mayo 2015 13:12
  • Cauca: Una vez más seguimos siendo Victimas del atropello por parte de la fuerza pública

    Cauca: Una vez más seguimos siendo Victimas del atropello por parte de la fuerza pública

    Lunes, 25 Mayo 2015 20:18

Nuestra Palabra

Corinto: Con hambre no hay paz, por eso seguiremos liberando la Madre Tierra

Corinto: Con hambre ...
Ante la negativa del gobierno nacional frente a las exigencias de las comunidades que continúan en las acciones de liberación de la Madre Tierra en el norte del Cauca, éstas decidieron permanecer concentrados en las haciendas realizando trabajo comunitario para mejorar los sitios de albergue y mingas de siembra de productos de pan coger como maíz, yuca, frijol y plátano. Este trabajo fue realizado entre las comunidades de base y las autoridades de los cabildos.

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Nuestra Palabra Kueta Susuza

Contexto Colombiano

  • Colombia: Restitución de tierras o la legitimación del despojo

    El fracaso de la política de restitución de tierras no solo enterraría este derecho de las víctimas sino que legitimaría las prácticas de despojo por parte de grandes actores económicos.
     
  • Árbol que nace torcido…

    1. El pasado 15 de mayo se cumplieron tres años de la aprobación del TLC con Estados Unidos. Los resultados de su implementación en este periodo no podían ser diferentes, porque el árbol se sembró mal desde el principio. El acuerdo no es para que Estados Unidos compre más a Colombia, sino para que ese país pueda deshacerse de sus excedentes de mercancías. Por eso no sorprenden los resultados, aunque sí obligan a realizar un llamado de alerta a los colombianos por sus consecuencias.
       
    2. Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia: El agua como bien común y derecho humano fundamental

      Comunicación sobre el II Congreso Internacional Acueductos Rurales y Municipios Prestadores Directos. Evento convocado entre la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia y la Gobernación de Antioquia.

      Desde la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia afirmamos:
      Las organizaciones comunitarias que gestionamos el agua somos construcciones sociales y populares legítimas sin ánimo de lucro, basadas en principios del agua como bien común y derecho humano fundamental. Trabajamos cimentados en nuestra autonomía, la autogestión, la solidaridad, la participación y el trabajo comunitario.

       

Vivencias Globales

  • Memoria del encuentro “A 15 años de la Guerra del Agua”

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    El día 9 de abril, en ambientes del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) se llevó adelante el encuentro “A 15 años de la Guerra del Agua” con el objetivo de rememorar una de las luchas más emblemáticas contra el neoliberalismo y la privatización en Bolivia y el mundo, así como  para discutir la coyuntura local y nacional en relación al agua, su consumo y distribución. El evento fue un esfuerzo colectivo de la Fundación Abril, el Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU), el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), el Democracy Center, el Centro di Volontariato Internazionale (CeVI), la Red Vida, la Cooperativa de Agua y Servicios Arocagua Ltda., Territorios en Resistencia y el Centro Aguas.
     
  • Honduras: ¡Asesinan al compañero Moisés Durón Sánchez, líder comunitario del COPINH en Santa Bárbara!

     
    El COPINH denuncia y condena el brutal  asesinato del compañero Moisés Durón Sánchez de la comunidad de Somolagua, San Juan, municipio de Ceguaca, Departamento de Santa Bárbara, perpetrado en horas de la tarde del 20 de mayo por sicarios vinculados a los hermanos  Ríos, invasora de tierras comunitarias.
     
  • Cesa la demarcación de tierras indígenas en Brasil y se agudiza la violencia

    Tupinamba-19
    El indígena Adenilson da Silva Nascimento, mejor conocido como Pinduca Tupinamba, de 54 años de edad, de la región conocida como Serra das Tempes, Olivença, en el estado de Bahía, nordeste de Brasil, creció y vivió toda su vida en su aldea. 
     

Comunicados

Comunicado de apoyo al paro de FECODE. En defensa del derecho a la educación pública
Colombia si requiere un cambio en el sistema educativo Nacional, un  cambio estructural de fondo, no un cambio simplemente para cumplir los estándares internacionales y competir con “calidad”. No  podemos continuar con un sistema educativo que ha convertido la educación en un negocio,  “un servicio”, que está lejos de garantizarlo  como un  derecho fundamental como lo plantea la constitución nacional  y  las normas internacionales.
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Propuestas al movimiento popular y por derechos humanos en la Audiencia Pública

 

Esta Audiencia tiene el propósito de compartir un análisis sobre las razones que llevan al Estado a una respuesta militar a nuestras acciones. ¿Qué se esconde en esa agresiva política? ¿Por qué tan desmedidos en sus acciones? ¿Se trata solamente de la mala intención de algunos uniformados? ¿Hay detrás una estrategia, unas razones? Permítannos compartir nuestras reflexiones y proponer algunas alternativas a modo de preguntas.
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Documentos

Posible desplazamiento masivo del Consejo Comunitario Alto Guapi, por bombardeo del ejército a las Farc en Guapi (Costa Pacifica de Cauca)

Las comunidad de San Agustín, Rosario y Naranjo del Consejo comunitario del Alto Guapi – municipio de Guapi en la costa pacífica de Cauca, están en máximo riesgo de desplazamiento masivo como consecuencia de los bombardeos presentados al terminar la tarde del 21 de mayo de 2015 al parecer de la Infantería de marina No 42 con sede en Guapi contra una columna del frente 29 de las FARC.
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Comunicado Público: Salud Hernandez señala a campesinos del Catatumbo
Las Organizaciones sociales, populares, organizaciones defensoras de derechos humanos y la comunidad del departamento de Norte de Santander de la República de Colombia, rechazamos contundentemente los señalamientos temerarios y ofensivos hechos por la periodista, Salud Hernández Mora a través de su columna de opinión del domingo 10 de Mayo en el periódico el Tiempo, titulada “¿Ratas Humanas?”.
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ACIN - Çxhab Wala Kiwe

En la comuna 13 los 'paras' desaparecieron varias casas

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Casa del barrio Las Independencias que fue despojada y desvalijada por los paramilitares. En Medellín, decenas de familias fueron despojas de sus casas. Muchas de esas viviendas se convirtieron en guaridas de los paramilitares, que las desmantelaron hasta dejarlas en escombros.
 
María Carmenza*, líder comunitaria, llevaba seis años sin ver su casa. En el 2008,  volvió a Barrio Nuevo acompañada por varios funcionarios de la Personería de Medellín y la abogada que lleva su caso por desplazamiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al llegar al lugar, descubrieron una estructura a punto de caerse a la que sólo le quedaban algunos muros, no tenía nada que ver con la casa en la que vivió trece años junto a sus tres hijas.
 
Su casa era de estilo campesino, los muros blancos, de bahareque, y el techo de teja. Tenía un corredor grande adornado de plantas, tres habitaciones, sala-comedor, cocina y una terraza pequeña. La compró por dos millones de pesos, los ahorros de muchos años, cuando su primera hija estaba en brazos. María Carmenza estaba contenta y tranquila porque la recién nacida tendría un lugar seguro donde crecer.
 
Un medio día de octubre del 2002, esta mujer salió de su casa con sus hijas, sin tiempo para llevarse ni una maleta con ropa. Días antes, apareció en las ‘listas negras’ de los paramilitares: a ella y a otros líderes comunitarios los señalaron como guerrilleros. “Nos llamaban a las casas y nos decían que ya iban a entrar al barrio, que nos iban a asesinar y que no iban a importar ni los hijos de nosotros”.
 
Semanas antes de la Operación Orión, realizada entre el 16 y el 20 de octubre de 2002 por tropas del Ejército y la Policía, agentes de seguridad allanaron varias casas con la excusa de que buscaban armamento o cualquier cosa que pudiera vincular a las personas con las milicias guerrilleras. Según María Carmenza, en esos operativos los líderes fueron reseñados. Ella cuenta que “en esos allanamientos, los militares le hacían alguna pinta a la fachada de la casa.  Esto era para mostrarles a los paramilitares dónde tenían que llegar”.
 
El día que la desplazaron del barrio, también otros cinco líderes abandonaron sus hogares por razones similares. “Esos hombres se apoderaron de nuestras casas. La usaron para quedarse a vivir allí o traían gente de otras partes. Desde eso no pudimos volver. Ellos se fueron quedando ahí en la casa y la fueron desvalijando. Tumbaron las lozas, los baños; decían que era que las necesitaban o que habían mandado por eso. Parecían unos comejenes. Hasta se llevaron las puertas”, recuerda María Carmenza.
 
Las viviendas de los líderes barriales fueron utilizadas por los paramilitares para distintos fines: trinchera para los enfrentamientos, caleta de armas, lugar para planear sus operaciones; también las usaron para vivir en ellas o las arrendaron a otras personas; incluso, llegaron a venderlas falsificando la firma de sus verdaderos dueños. En algunos casos, fueron usadas como centros de tortura y se dice que en los solares de algunas de esas viviendas puede haber cuerpos enterrados.  
 
Según datos recogidos por el Grupo de Memoria Histórica en el informe “La huella invisible de la guerra. Desplazamiento forzado en la Comuna 13”, durante y después de la Operación Orión trescientas cincuenta familias, conformadas por 1.785 personas, denunciaron 521 casos de abandono o pérdida de bienes. Una cifra que no corresponde a los casos que realmente se dieron porque muchos no han sido reportados por el miedo a denunciar los victimarios, quienes después de haber desplazado y despojado no dejaron de amenazar a sus víctimas.
 
Sandra González, investigadora de Corporación Región y quien participó en la elaboración del informe de la comuna 13, cuenta que “encontramos de manera reiterada que los principales responsables del despojo fueron los paramilitares. En ningún caso las personas señalaron las milicias. Era una práctica en la que ocupaban, usurpaban y se usufructuaban de las viviendas. La particularidad es que el despojo trajo consigo la destrucción de las viviendas”.
 
Entre el 2006 y 2008, el proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la población desplazada, iniciativa de Acción Social, recibió setenta y siete solicitudes de protección, de las cuales veinticuatro eran de bienes en la comuna 13 que fueron abandonados entre el 2001 y 2007. Pero los medios para denunciar estos casos en el momento en que sucedieron no fueron efectivos. Además, la administración municipal se negaba a reconocer, en un principio, el desplazamiento intraurbano.
 
“Yo puse la demanda ante la Fiscalía, y solicité ayuda a la Red de Solidaridad, que es la Acción Social. Ellos se negaron, dijeron que solo era desplazado el que viene de un pueblo; luego empezaron a decir que ellos necesitaban saber cuáles eran mis intereses ideológicos y políticos por los que me habían sacado los grupos paramilitares de mi casa”, narra María Carmenza.
 
Ella se fue para un municipio aledaño a Medellín, y llegó con sus tres hijas a la casa de un familiar que les dio posada durante unas semanas. Luego empezó a trabajar el doble que antes para pagar arriendo y servicios, mercar y sostener el estudio de sus hijas. “Ha sido muy difícil pero no puedo desfallecer. A mis hijas les pude dar el estudio. Ya las dos mayores están en la universidad. Ellas me dan el aliento para salir adelante, han sido muy conscientes de los que nos sucedió”.
 
Al despojo lo sucedió la mora de servicios públicos e impuestos que no paró de cobrarse. A pesar de que con su denuncia a María Carmenza le dijeron que esos cobros se suspenderían, esto no sucedió. Muchos despojados tienen deudas que superan, incluso, el valor de la vivienda.
 
En Medellín, desde el 2009, entró en vigencia el amparo a la propiedad de inmuebles, a partir de esa fecha la Unidad de Desplazamiento Forzado ha recibido más de seiscientas solicitudes de protección. Además, esta Unidad y otras entidades que pertenecen a la Mesa Interinstitucional de Protección de Predios Urbanos Abandonados o en Riesgo de Abandono a consecuencia de la violencia, estudian una prueba piloto para la restitución urbana.
 
Pero este tipo de iniciativas gubernamentales no convencen a las víctimas y aún generan desconfianza, que se engendró por el trato que recibieron en el momento más difícil, cuando fueron expulsados de sus barrios y no recibieron ayuda humanitaria.
 
Según María Carmenza, ella al barrio no puede regresar: “compañeros que volvieron porque supuestamente la Alcaldía les iba brindar seguridad fueron asesinados. Entonces, uno no confía en el Estado. Igual, en este momento la situación está horrible. No hay condiciones para volver, siguen las matanzas, la retención de jóvenes”.
 
Como un indicio negativo, las víctimas de despojo recuerdan la supuesta entrega de casas que en  noviembre del 2006 hicieron en la comuna 13 voceros de la entonces Corporación Democracia, acompañados por el Programa Paz y Reconciliación de la Secretaría de Gobierno.
 
“La gente dice que eso fue una farsa. Entregaban un papel donde decía la dirección de la vivienda y el nombre de la persona. Ese papel era la restitución de las casas, en su mayoría, destruidas. Y los desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara nunca reconocieron el despojo sino que decían que era un acto de reconciliación con las víctimas”, explica la investigadora González.
 
Con la Operación Orión no terminaron los casos de despojo. Siguió siendo una práctica con la que los grupos armados se benefician económicamente y afianzan su poder territorial.
 
Según González, hasta el 2009 se seguían registrando estos casos: “Tenemos la historia de una señora a la que en ese tiempo que se suponía ya no estaban los paramilitares, fue interpelada por ‘Los muchachos’. Le dijeron que necesitaban su casa apara guardar armas, luego empezaron a reunirse en ella para planear sus operaciones. Hasta que empezaron a exigirle que les planchara la ropa. La señora no se aguantó más y se fue. Ella no denuncia porque tiene miedo que la maten”.
 
Por su lado, María Carmenza no se resigna a la pérdida. Aunque de su casa solo queda el recuerdo, ella quiere que su caso sea reconocido por el Estado, y reclama lo mismo que el gobierno le ha prometido: verdad, justicia y reparación.
 
“Voy a seguir luchando por recuperar lo que era de nosotros. Mi caso ya está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creemos que va muy adelante, al menos los entes internacionales nos oyeron, porque acá el mismo Estado violentó una cantidad de derechos contra mi familia y mi persona”, dice.
 
Muchas veces, en eventos que convocan a las víctimas, María Carmenza se encuentra con algunos de que fueron sus vecinos. A ella le da tristeza porque ellos le recuerdan ese barrio al que le cogió tanto cariño. Pero al mismo tiempo, la nostalgia se esfuma y la reemplazan otras imágenes, las de los heridos y cuerpos sin vida abandonados que vio en esas callejuelas. Por eso prefiere mantenerse lejos y salvaguardar lo que durante los últimos diez años ha reconstruido con sus hijas.  
 
*Nombre cambiado para proteger la fuente.
 
Foto: Cortesía Corporación Región.
 

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