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Se muere la cuenca del Caura del Orinoco

Se muere la cuenca del Caura del Orinoco

Pillaje, corrupción e impunidad son los tres principales males del sistema de minería ilegal en la cuenca del Caura del Orinoco, donde la pérdida de biodiversidad acusa un llamado de alerta.  De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura(...

La Madre Tierra, cuida y vela por el bienestar de sus hijos

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  Las políticas neoliberales, capitalista y mercantilista han expropiado de manera ilegal a través de la patentación de nuestras semillas y plantas naturales de los pueblos indígenas, campesinos y afros del territorio colombiano. No contentos con la destrucción de la vida, las...

 Corinto: Palabrandando para continuar la Liberación de la Madre Tierra

Corinto: Palabrandando para continuar la Liberación de la Madre Tierra

El días lunes 6 se de abril se visitó a la comunidad de Corinto que se encuentra sembrando en medio de los cañaduzales hasta el momento. Para hacer esta siembra se hace minga, donde participan los resguardos de Jambaló, San Francisco, Tacueyó, Toribio y Miranda. Al finalizar la jornada de...

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    Viernes, 24 Abril 2015 10:40
  • La Madre Tierra, cuida y vela por el bienestar de sus hijos

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    Sábado, 25 Abril 2015 16:01
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    Sábado, 25 Abril 2015 17:35

Nuestra Palabra

Ante la carta de las Farc a Santos: Una condición impostergable desde los pueblos

Fotografía de Jesús Abad Colorado
 
En este contexto, las FARC reiteran su decisión de mantener una tregua unilateral y ahora, en la carta anexa dirigida a Juan Manuel Santos, insisten en que se den a conocer verdades que han surgido gracias a las negociaciones de La Habana. Algunas de estas exigencias que expresan las FARC han sido planteadas desde comunidades, procesos e individuos de manera reiterada: De una parte, que asuma por fin su compromiso real con la historia y con el fin de la guerra y se defina. 

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    Victimarios en la escena del crimen

Nuestra Palabra Kueta Susuza

  • Propuestas al movimiento popular y por derechos humanos en la Audiencia Pública

    Propuestas al movimi...
    Esta Audiencia tiene el propósito de compartir un análisis sobre las razones que llevan al Estado a una respuesta militar a nuestras acciones. ¿Qué se esconde en esa agresiva política? ¿Por qué tan desmedidos en sus acciones? ¿Se trata solamente de la mala intención de algunos uniformados? ¿Hay detrás una estrategia, unas razones? Permítannos compartir nuestras reflexiones y proponer algunas alternativas a modo de preguntas.
     
  • Continúa la problemática por el relleno sanitario en la vereda Quita Pereza

    El día 1 de abril se realizó una reunión en finca Gualanday del resguardo de Muchique los Tigres, en la cual se hicieron presentes el gobernador del Cauca Temístocles Ortega, el alcalde de Santander de Quilichao Eduardo Grijalva y delegados de la CRC. Igualmente acudieron el programa económico Ambiental del CRIC, la comunidad de Quita Pereza y delegaciones de tres resguardos indígenas Munchique Los Tigres, Canoas y Nasa Kiwe Tek Cxaw.

     
  • Cauca: “Sabemos que nuevamente tienen en la mira a El Naya para despojarlo”

    La comunidad del Naya convoca la solidaridad para prevenir nueva incursión militar a su territorio
     
    Dos delegados de la comunidad del Alto Naya estuvieron visitando la ACIN y también el Tejido de Comunicación. Esta visita tiene el objetivo de socializar la compleja situación que vive esta comunidad por el riesgo que significa la entrada de militares a su territorio el pasado mes de marzo. Además del incumplimiento del gobierno con la promesa de reparación tras la masacre del Naya en el año 2001. Aseguran también que el anuncio del gobierno de reanudar los bombardeos contra la guerrilla, es un hecho que agudiza el riesgo ya que estos operativos afectan también a la población civil inocente, sobre todo en esta zona donde existe presencia de todos los grupos armados legales e ilegales.

Contexto Colombiano

  • Comunicado a la Opinión Pública Frente al Rechazo de Consulta Popular por la Vida, el Agua y el Territorio en Pueblorrico

    Tribunal Administrativo de Antioquia Rechaza Consulta Popular por la Vida, el Agua y el Territorio en Pueblorrico
     
    Los grupos organizados del municipio de Pueblorrico, que recogemos el espíritu de las luchas sociales, campesinas e indígenas de nuestra región, en la búsqueda de conquistar la autodeterminación territorial para decidir nuestro presente y futuro, emite el siguiente comunicado a la opinión pública frente al rechazo que el Tribunal Administrativo de Antioquia ha dado a nuestra propuesta de defender la Vida, el Agua y el Territorio como Derechos Sagrados:
     
  • COLOMBIA-EXTERMINIO: Privatizan un río y matan de hambre a 14 mil indígenas.

    En La Guajira colombiana, una región situada al norte del país y hogar de  uno de los mayores pueblos indígenas de Colombia, los wayúu, se está produciendo un exterminio silencioso, del que muy pocos medios informan. Los wayúu están muriendo de sed y hambre porque una empresa minera y grandes propietarios agrícolas han privatizado el principal río de la región, el Ranchería, y los han dejado sin agua. Denuncian que ya han muerto de inanición y sed 14.000 (14 mil) indígenas, especialmente niños y personas mayores. Incluimos al final de la nota, parte del documental “El río que nos robaron” del periodista colombiano Gonzalo Guillén. El documental será utilizado como prueba documental ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. MM

     
  • Situación que carcome mis entrañas. A Propósito de la orden de bombardear el Cauca

    Compartimos la palabra frente a la guerra y la paz que desde el dolor expresa la  lideresa afrocolombiana, Francia Márquez, no sólo porque nos identificamos con estas situaciones históricas y actuales que carcomen nuestras entrañas también como indígenas y campesinas hijas del Cauca, sino también porque sus reflexiones reiteran todo lo que hemos venido sintiendo y denunciando desde varios años atrás, particularmente en relación a la Paz de Mama Kiwe en Libertad, de la mujer sin amarras ni silencios, pero también en nuestro análisis sobre la Paz de los pueblos sin Dueños.
     

Vivencias Globales

Comunicados

La guerra, la muerte, la violencia y el terror regresa a las comunidades y territorios del norte del Cauca

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA: LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA -ACIN- CXHAB WALA KIWE, ante los hechos de violencia que vienen ocurriendo en los últimos días, se permite informar y denunciar la situación que se viene presentando en la zona del departamento del Norte del Cauca.

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Restituir las tierras a las comunidades indígenas
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL Definitivamente, la sangre del indio, es apetecida por los hombres del ejército nacional, la policía y los agentes del ESMAD, como requisito previo para el ascenso militar. Así como la sangre del indio, alimentó la riqueza de unos criollos españoles en Colombia.
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Documentos

Acción urgente: Por amenazas y presencia de hombres armados, peligra la vida de campesinxs y pescadores de Terraplen - Cesar
Las comunidades de campesinos, campesinas y pescadores de Terraplén en el municipio de San Martín - Cesar, como mandato del pueblo hoy estamos recuperando nuestro territorio para la vida y manifestamos a la opinión pública nacional e internacional los siguientes.
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Por reactivación de bombardeos es asesinada mujer indígena en el Alto Andágueda
La Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC y la Asociación de Cabildos Indígenas del Choco – ASOREWA, RECHAZAMOS el asesinato de MELBA TEQUIA  SINTUA, mujer indígena de la etnia Emberá Katío, en hechos ocurridos el día 18 de abril del año en curso, por bombardeos realizados por el Ejército Nacional, entre las 17:00 horas y las 23:00 horas de la fecha en mención, en territorio indígena del Resguardo Tahami y el Consejo Comunitario del Alto Atrato, Municipio del Alto Andágueda.
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ACIN - Çxhab Wala Kiwe

La mentira y la difamación como políticas de Estado

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Estado de algunas viviendas en la vereda La Esperanza, durante el comienzo del retorno en 2006. Foto: Jorge Mata, Surimages.
 
En ya numerosas ocasiones nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó le ha solicitado al Presidente de la República, jefe constitucional de la fuerza pública, que ponga remedio a la mentira sistemática, a los montajes, a las campañas de difamación y deshonra que la Brigada XVII del Ejército, la Policía de Urabá, otros organismos de seguridad e inteligencia, a la par con el poder judicial y otros órganos del Estado, han mantenido durante 15 años contra nuestra Comunidad, pero con su silencio, indolencia e inacción la Presidencia se ha vuelto más que cómplice de estos crímenes, todos ellos íntimamente ligados a las masacres, las desapariciones, asesinatos, torturas, desplazamientos, violaciones, saqueos, asaltos, amenazas, anuncios de exterminio, montajes judiciales y otros numerosos crímenes que se ven preparados, seguidos y acompañados por la calumnia y la mentira como estrategia de justificación.
 
En 2009 denunciamos repetidas veces la ilegalidad de mantener en las instalaciones de la Brigada XVII al desmovilizado de las FARC alias “Samir”, en violación de todas las normas emitidas por el mismo gobierno para la desmovilización de los alzados en armas. Siempre las instancias del Estado nos respondieron que el hecho era “legal” en contradicción con todos los textos legales que nosotros citamos, sin explicar por qué se admitían dichas contradicciones. Muy pronto se descubrió que la Brigada quería utilizar a “Samir” como falso testigo contra nuestra Comunidad y ello se evidenció en la entrevista que el ex ministro Fernando Londoño Hoyos le hizo el 28 de mayo de 2009 por “Radio Super”, donde el afán de mentir del primero y la presión por hacer mentir del segundo confluyeron en una impresionante colección de calumnias que evidenciaban la carencia absoluta de principios éticos y morales de ambos y la vileza, suciedad, abyección y perversidad de sus procederes. Pero era evidente que detrás de dichas calumnias estaba la Brigada XVII, como podía comprobarse en la convergencia de esas calumnias con otras muchas antes denunciadas. Nuestra Comunidad, en un documento público, respondió a ese libelo demostrando la falsedad de cada una de sus afirmaciones.
 
Una víctima central de ese tejido de calumnias fue el acompañante de nuestra Comunidad EDUAR LANCHERO, quien generosamente nos había acompañado en todas nuestra amarguras y tragedias desde que iniciamos nuestro camino como Comunidad de Paz, pues Eduar, desde que había optado por servir a las víctimas, había acariciado el sueño de poder “convertir el dolor en esperanza”, que fue el camino que nos enseñó y que compartimos con él durante 15 años, hasta que murió de un cáncer el pasado 27 de junio. Conocedores de la fuerza moral que significaba su   presencia entre  nosotros, militares y paramilitares se propusieron eliminarlo y al menos en 25 ocasiones que fueron denunciadas públicamente, intentaron asesinarlo o estigmatizarlo gravemente para destruir su honra y sus derechos. El gobierno jamás quiso protegerlo, ni siquiera en respuesta a las exigencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de otros organismos internacionales; siempre toleró y patrocinó todas las vilezas que contra él se perpetraron desde la Brigada XVII y desde otros organismos del Estado en la región.
 
El jueves 4 de octubre de 2012, hacia las 19:00 horas, alias “Samir”, desde su domicilio en la Brigada XVII donde se han confeccionado todas  sus mentiras, calumnias y suciedades, pronunciándose a través de emisoras locales como “Antena Estéreo” y la emisora del Ejército en la Brigada XVII, manifestó su alegría por la muerte de Eduar, a quien nuevamente calumnió calificándolo como “ideólogo de las FARC”, acusando nuevamente a nuestra Comunidad de trabajar en coordinación con las FARC, hasta llegar a decir que nuestros comunicados públicos son “orientados por las FARC”.  Allí mismo afirmó que él mantiene informantes en la zona, que lo ponen al tanto de todo lo que ocurre, y le hizo un llamado a la Comunidad para que corrija su camino, ya que Eduar no está presente. Es cosa sabida y probada hasta la saciedad, que cualquier denuncia por calumnia, injuria o falsedad contra alias “Samir”, es tiempo perdido, pues la protección del Estado a este criminal ha sido manifiesta, explícita, tozuda y contumaz. No importa que el gobierno sea acusado de emitir mentiras altamente dañinas para la honra de las personas y radicalmente violatorias de los derechos  humanos por emisoras que pertenecen a instituciones del Estado. Lo sabemos de sobra: la justicia no hará absolutamente nada para investigar ni sancionar a los responsables ni a sus cadenas de mando.
 
En nuestra constancia anterior (Octubre 5/12) habíamos denunciado el tiroteo que se presentó en el caserío de San José el jueves 4 de octubre de 2012 hacia las 19:50 horas por espacio de 50 minutos, tiroteo en el cual resultó herido en su propia casa el civil ALBERTO ARIZA, de 32 años y padre de dos niños. El viernes 5 de octubre de 2012, durante todo el día, los medios locales estuvieron dando la noticia de un supuesto combate entre el ejército y la guerrilla, señalando al civil herido como “guerrillero”. Luego de investigar el hecho analizando las trayectorias de los proyectiles y de interrogar a muchos pobladores del caserío, no nos queda duda alguna de que los proyectiles venían de la base militar y estaban dirigidos contra las viviendas de los pobladores. Todos los testigos afirman que los militares disparaban desaforadamente en todas direcciones y que, como era de noche, las balas se veían avanzar, luminosas e incandescentes, en clara proveniencia de la base militar. Además nadie pudo ver a ningún guerrillero disparando y por ello se pone en duda la versión de un supuesto ataque de la guerrilla a la base militar. Se desmintió como dato absolutamente falso el que desde alguna vivienda hubieran salido disparos y como algo mucho más falso aún, el que la víctima fuera un guerrillero o tuviera armas, como de manera infame lo dio a entender el comandante del puesto militar, cuando ingresó a su casa y le pidió a la familia de Alberto que “le entregara el uniforme de guerrillero que él usaba”. Él es a todas luces un civil, padre de familia, integrante de una congregación cristiana del lugar y trabajador en la obra que actualmente se adelanta en la carretera, cuyos compañeros y directivos realizaron un cese de trabajo al día siguiente en protesta por el vil atentado del ejército contra él. Con toda evidencia, el proyectil que hirió a Alberto provenía de la base militar, pues impactó la pared de la vivienda desde esa dirección y en la misma dirección atravesó una escoba que estaba junto a la puerta y por último el cuerpo de Alberto, quien se disponía a abrir la puerta luego de escuchar el llanto de unos niños en medio de la balacera.
 
Este mismo día, un delegado de la Defensoría del Pueblo se trasladó al caserío de San José y se reunió con un grupo de pobladores ante quienes hizo una defensa del ejército, exonerándolo de toda responsabilidad en el crimen, sin haber estado presente y desatendiendo todos los testimonios presenciales. Dicho “defensor” visitó la vivienda de la víctima donde hizo interpretaciones completamente ilógicas sobre la trayectoria de los proyectiles. Los pobladores se burlaron de su falta de cordura y le preguntaron si era defensor del pueblo o defensor de los militares.
 
El sábado 6 de octubre, varios habitantes del casco urbano de San José se acercaron a miembros de nuestra Comunidad de Paz para comentarles que otras casas del caserío habían sido impactadas por los disparos de los militares y policías desde sus respectivas bases. Esta información se comprobó y se encontró que había cinco viviendas averiadas, además de la escuela de San José, la cual tiene varios impactos. Este mismo día, el equipo de comunicación de nuestra Comunidad se acercó a fotografiar las casas averiadas por los disparos, pero los uniformados que allí se encontraban se opusieron a que los miembros de nuestra Comunidad registraran fotográficamente los daños, aduciendo que ellos no poseían carnés de periodistas, por lo que les prohibieron rotundamente fotografiar el lugar, amenazándolos de detención y de decomiso de sus cámaras. Así el crimen quedaba completado con el encubrimiento, la obstrucción de la verdad y el ocultamiento de pruebas, lo que confirma la conciencia de culpa. Todo esto alcanzó niveles extraordinarios de descaro, cuando los mismos militares intimidaron a los pobladores prohibiéndoles que afirmaran que las heridas de Alberto habían sido causadas por el ejército y presionándolos a que afirmaran en cambio que ellas habían sido causadas por la guerrilla, mientras nadie había visto a ningún guerrillero esa noche. Sobra todo comentario.
 
Nuevamente nuestra Comunidad le insiste al gobierno que acate la sentencia T-1206 de 2001, la cual prohíbe ubicar puestos de policía y bases militares en medio de la población civil, aportando criterios y doctrina constitucional de gran nitidez sobre la carencia de toda legitimidad y legalidad para imponer a las poblaciones civiles riesgos de violencia sobreviniente que los pobladores no tienen por qué soportar. Los ya numerosísimos hechos de violencia vividos por los pobladores de San José, causados por la presencia de la fuerza pública en sus espacios de vida y trabajo, que siempre buscan utilizar a la población civil como escudo, demuestran la sabiduría de la Corte Constitucional en dicha jurisprudencia y la tozudez de un gobierno que busca siempre victimizar a la población civil que no es de su incondicional adhesión.
 
Invocamos otra vez la solidaridad de quienes nos conocen y que desde muchos rincones de Colombia y de otros países del mundo lloran con nosotros a nuestras víctimas y nos dan aliento moral en medio de la barbarie. Estamos seguros que muchos de ellos, quienes conocieron la extraordinaria altura moral y la generosidad a toda prueba de Eduar, manifestarán su indignación ante las nuevas vilezas del gobierno, que quizás frustrado por no haberlo podido asesinar en tantos intentos, ahora quiere manchar su memoria con la más repugnante suciedad.
 
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Después de la masacre de febrero de 2005, las fuerzas de seguridad se instalaron perrmanentemente en el casco urbano de San José de Apartadó,
provocando el desplazamiento de la Comunidad de Paz a la finca La Holandita, lugar ahora conocido como San Josesito. Foto: Jorge Mata, Surimages.
 
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Octubre 9 de 2012
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