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Mega Proyecto amenaza con la vida ecológica en el  resguardo indígena Triunfo Cristal Paez en el municipio Florida Valle de Cauca.

Mega Proyecto amenaza con la vida ecológica en el resguardo indígena Triunfo Cristal Paez en el municipio Florida Valle de Cauca.

En calidad de Autoridades Indígenas Ancestrales y Ambientales del resguardo indígena Triunfo Cristal Páez, queremos manifestar y denunciar lo siguiente: Foto: archivos del Tejido de Comunicación; la Laguna del Viento Florida Valle 1 Los pueblos indígenas somos milenarios que...

Una vida de liberación; un trabajo permanente para la libertad de la Madre Tierra

Una vida de liberación; un trabajo permanente para la libertad de la Madre Tierra

En el Norte del Cauca el machete no se deja quieto mucho tiempo. A pesar de la cosecha del café y de los trabajos que van acumulándose en las fincas que por fin pudieron recibir el agua vital de las lluvias,  las comuneras y comuneros siguen movilizados en la liberación de la Madre Tierra.

Tras 14 años de la masacre de Bojayá, comunidad esperan la garantía de sus derechos y la protección de su territorio

Tras 14 años de la masacre de Bojayá, comunidad esperan la garantía de sus derechos y la protección de su territorio

Desde el 29 de abril hasta el 1 de mayo, el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá se reunió en asamblea con aproximadamente 200 personas de los pueblos afrocolombianos e indígenas, en la Iglesia donde ocurrió la masacre de más de 70 personas, el 2 de mayo de 2002.

  • Mega Proyecto amenaza con la vida ecológica en el  resguardo indígena Triunfo Cristal Paez en el municipio Florida Valle de Cauca.

    Mega Proyecto amenaza con la vida ecológica en el resguardo indígena Triunfo Cristal Paez en el municipio Florida Valle de Cauca.

    Lunes, 02 Mayo 2016 12:05
  • Una vida de liberación; un trabajo permanente para la libertad de la Madre Tierra

    Una vida de liberación; un trabajo permanente para la libertad de la Madre Tierra

    Lunes, 02 Mayo 2016 19:15
  • Tras 14 años de la masacre de Bojayá, comunidad esperan la garantía de sus derechos y la protección de su territorio

    Tras 14 años de la masacre de Bojayá, comunidad esperan la garantía de sus derechos y la protección de su territorio

    Martes, 03 Mayo 2016 13:01

Nuestra Palabra

“Una cosa es lo que piensa el burro y otra cosa el que lo arrea”: Comuneros hablando de “incidir” en la Mesa de Negociaciones de Paz en la Habana- Cuba.

En la Junta Directiva del Consejo Regional indígena del Cauca- CRIC, realizada el 23 de febrero, en la María-Piendamó sitio de  convivencia, diálogo y negociación, las  comunidades de distintas zonas del Cauca  se repartieron en cuatro  comisiones para trabajar  “cuatro preguntas para analizar las problemáticas actuales de los pueblos indígenas”. 

 

Unas de estas preguntas fue: ¿Cómo incidir para que la mesa de negociaciones de paz en la Habana - Cuba, garantice el dialogo con los pueblos indígenas? La respuesta que dieron los participantes fue muy  concreta, señalaron  que la propuesta que dieron algunos líderes de incidir en la mesas de negociaciones de paz entre el gobierno y las guerrillas de las FARC sonaba de forma interesada, porque no es posible  participar en estos diálogos sin tener propuestas que sean construidas de forma consulta y por las bases, en este sentido es mejor exigir a los actores armados y el capital transnacional  que respeten los  territorios en vez de incidir en la mesa que no aborda la crisis del sistema capitalista. 

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    Intervención: Blanca Andrae Habla sobre proceso de paz

Nuestra Palabra Kueta Susuza

Contexto Colombiano

  • Comunidad indígena en putumayo dijo no a actividad petrolera de amerisur

    El pasado 29 de marzo el Pueblo Murui Monai de Jitoma, en Puerto Leguizamo en el departamento de Putumayo, hizo legitimo su derecho fundamental a la consulta previa para dar su negativa al proyecto de exploración y explotación petrolera en 9 pozos de la multinacional Amerisur Exploración Colombia Ltda.

     
  • SALVAR EL ÚLTIMO RÍO LIBRE Y LIMPIO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA

    Estimados Ministros: por favor, solicito cancelar la licencia ambiental para el aprovechamiento de las aguas del Río Samaná Norte, con el proyecto hidroeléctrico Porvenir 2, adelantado por la empresa Celsia, cuyo accionista mayoritario es el grupo Argos S.A, y que fue aprobada de forma irregular por los siguientes argumentos:

     
  • Urge protección de indígenas de Acandí, Chocó

     

    El Juez Especializado en Restitución de Quibdó le solicitó a Procuraduría y Defensoría hacer seguimiento a las órdenes impartidas desde 2011 por la Corte Constitucional, en relación con la protección de los indígenas Embera de dos resguardos en Chocó.

     

    Mientras el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, interviene a favor de ganaderos y palmicultores que aseguran ser “víctimas” de la Ley de Restitución de Tierras, los indígenas Embera del municipio de Acandí, Chocó, continúan en situación de vulnerabilidad, sin que este organismo del Ministerio Público cumpla con la orden dada por la Corte Constitucional de apoyar, acompañar y vigilar las medidas de protección contenidas en la Sentencia T-129 de 2011.

    El “jalón de orejas” está contenido en la Auto Interlocutorio 074, fechado el pasado 19 de abril y proferido por el juez Primero Civil de Quibdó, Mario Lozano Madrid, especializado en Restitución de Tierras, a través del cual dicta medidas de protección a favor de los resguardos Chidima Tolo y Pescadito.

     

Vivencias Globales

  • Detienen militares por asesinato de Berta Cáceres

    En diciembre del 2013 hicimos un extenso reportaje en la región de Río Blanco y el lugar al lado de Río Gualqarque en donde la empresa constructora y consorcio Desa quiere levantar la represa Aguazarca.

     

    En ese entonces sabíamos por parte de Bertha que ella había sido acusada y amenazada por parte del vice jefe de la seguridad de la empresa, Douglas Bustillo. Éste habría dicho, según Bertha, que Copinh y Bertha eran guerrilleros. Enfrentamos a Bustillo con las acusaciones allá en el lugar por la obra, las cuales desmintió rotundamente.

     
  • Estados Unidos amenaza derechos indígenas

    Pretende fusionar Relator Especial y Mecanismo de Expertos Diseñan estrategia para fortalecer MEDPI  Obligación de Estados cumplimiento de la Declaración: Alta Comisionada de la ONU

    Genaro Bautista /AIPIN

    Palais des Nations. Ginebra. Estados Unidos lanzó una amenaza que lleva el propósito de reducir los derechos de los pueblos indígenas, al interior de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de las siete regiones geopolíticas.

     
  • Heridos en agresión planificada a caravana en solidaridad al COPINH

    La Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras (PMSPH) y las delegaciones que participaron en el Encuentro Internacional de los Pueblos "Berta Cáceres Vive", denunciamos que ayer a las 5:00 de la tarde, integrantes de la plataforma, de las delegaciones internacionales y nacionales que se movilizaban desde el Río Gualcarque hacia Tegucigalpa fueron agredidos y amenazados a muerte por un grupo de hombres al servicio de la empresa Desarrollos Energéticos S.A.(DESA)

     

Comunicados

Las autoridades tradicionales no han ofrecido la guardia indígena, para Salvaguardar zonas de ubicación de las FARC

Comunicado a la Opinión Pública Nacional e Internacional
 Ante el artículo aparecido el día 25 de febrero del presente año en el periódico el
Espectador titulado “Guardia indígena se ofrece para salvaguardar zonas de ubicación de las FARC”, la Consejería mayor del CRIC se permite aclarar lo siguiente: 

(1938)
EL AGUA NO ES UN NEGOCIO ES UN DERECHO FUNDAMENTAL.
Buenaventura Enero del 2016.
 
El COMITE DE LA AGUA Y LA VIDA DE BUENAVENTURA, desea, para este  año nuevo, la unidad y la decisión de 
 
lucha del pueblo para afrontar y lograr la solución definitiva a la problemática del agua y el alcantarillado de 
 
Buenaventura.
(538)

Documentos

Salud en Palogordo en Estado Terminal: nuevamente muere preso por falta de atención médica

La atención en salud es cada vez es más precaria por no decir grave; pareciera que no tiene cura mientras va cobrando vidas en la población privada de la libertad. Poco o nada le importa al Estado colombiano,  tampoco a los organismos de control conocedores de la problemática; ¿cuantos de nosotros: presos políticos, sociales deben morir en las mazmorras del régimen? para que la dignidad humana, según ellos, no sea violada y tema de preocupación por parte del Gobierno Nacional.

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EL MOVIMIENTO SOCIAL Y SINDICAL DEL VALLE DEL CAUCA AMENAZADOS POR AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA – AUG

Las organizaciones sociales, sindicales y derechos humanos abajo firmantes denunciamos ante la comunidad nacional e internacional, las nuevas amenazas de las que ha sido objeto el movimiento social y organizaciones sociales en la región; las que se han venido presentando de manera reiterada, señalando y estigmatizando la labor de los defensores de los Derechos Humanos, de las organizaciones sindicales y en general del movimiento social; estas últimas amenazas han sido proferidas por grupos paramilitares que se hacen llamar movimiento gaitanista de Colombia y que mantienen presencia en la zona del Valle del Cauca y Cauca, amenazas que se han denunciado ante las autoridades competentes, sin que hasta el momento se hallen los responsables de dichas amenazas.

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ACIN - Çxhab Wala Kiwe

A juicio ex funcionarios del Incora por despojo de tierras en Chibolo

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Llaman a juicio a siete ex funcionarios del Incora acusados de ser cómplices de 'Jorge 40' en el despojo de miles de hectáreas en Magdalena y piden la captura de tres más.
 
'Jorge 40' quería estas tierras para regresar después de pagar su condena por paramilitarismo. Imagen: VerdadAbierta.com.
 
 
La Fiscalía acusó a siete ex funcionarios del Incora -hoy Incoder- por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado, falsedad en documentos público y supresión u ocultamiento de documento público. 
 
Los acusados son José Fernando Mercado Polo, ex gerente del Incora en Magdalena; Carlos Vásquez Vásquez, coordinador del Grupo de Gestión en el municipio de Fundación; Luz Zenith Curiel de Sánchez, ex asesora jurídica; Édgar Rafael Navarro Quintero, coordinador Administrativo y Financiero; Francisco Solano Díaz, funcionario de Cartera, y Antonio Lomato Morán, funcionario del desaparecido Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
 
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, entre 2002 y 2003, en el municipio de Chibolo, ocurrieron casos de despojo de tierras cuando el gerente de la regional del Incora, con la colaboración de varios de sus funcionarios, decretó nulidades y adjudicaciones de predios de campesinos desplazados por paramilitares del Bloque Norte, que terminaron beneficiando a Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'.
 
Para el ente acusador, “por medio de esas nulidades y adjudicaciones llegaron a poder de Tovar Pupo 61 predios de Chivolo como las fincas y haciendas La Pola, El Pavo, El Encanto, Bejuco Prieto, Nuevo Horizonte, La Florida, Cambio de Vida, La Unión, Vayan Viendo, El Revolcón, La Envidia, Nueva Vida, Tamaca, Lucitania, Las Mercedes y Santa Fe, entre otras”.
 
Dentro de este proceso, el fiscal del caso mantuvo las medidas de aseguramiento contra seis de los implicados y dictó orden de captura en contra de Carlos Vásquez Vásquez, Francisco Solano Díaz y Édgar Rafael Navarro Quintero. También son procesados Fredys Alonso Yance de Angel y Ricardo Salazar Echeverry, presuntos trabajadores de 'Jorge 40'.
 
Esta investigación se desprende de una compulsa de copias que hizo la Corte Suprema de Justicia en enero de 2011, mediante un fallo en el que ordenó la restitución de 36 predios que fueron despojados y estaban en manos de gente de 'Jorge 40'.
 
En ese momento, el alto tribunal estimó que eran falsas las razones invocadas por el Incoder para reasignar los predios que, entre 2002 y 2003, les fueron quitados a los campesinos por abandono, y terminaron en manos de testaferros de los paramilitares.
 
Ese caso ya había sido presentado en julio de 2010 ante un magistrado de Justicia y Paz en Barranquilla, que se abstuvo de tomar la decisión de restituir las tierras. La Corte dijo que “el juez tiene el deber constitucional y legal de imponerle coactivamente a los morosos el cumplimiento de sus obligaciones, porque de lo contrario (…) Justicia y Paz no podrá alcanzar sus metas”.
 
La historia del despojo
 
En 1997, 'Jorge 40' se instaló en la finca La Pola, una de las que fue adjudicada a 72 familias de parceleros en 1991, y de allí orquestaba sus macabros planes de asesinatos y masacres.
 
Según le contaron a VerdadAbierta.com los propios campesinos, los paramilitares se tomaron el corregimiento de Pueblo Nuevo y en menos de dos años- entre 1996 y 1997- asesinaron a varios de ellos de El Pueblito, San Ángel, Chivolo y La Estrella: a Victor Cantillo Jiménez, José Montenegro Manga, Alonso Martínez, Miguel Avendaño Martínez, Antonio Mendinueta Barrios, Miguel Palencia, Luis Alfonso Fernández de Agua, Alberto Zolar, Laura Acuña, Humberto Noriega, Lorenzo Ariza, Juan Marriaga, Yonis Marriaga, Orlando Buelvas Cervantes, Manuel Pérez, Dionisio Jaraba y Manuel de la Cruz de la Hoz, entre muchos otros.
 
Estas tierras fueron tituladas a parceleros por el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora, hoy Incoder) en los noventa. Les revocaron los títulos por abandono luego de que ‘Jorge 40’ y sus hombres asesinaran a varios de ellos, los desplazaran, y los obligaron a venderle o traspasarle sus títulos a testaferros de los ‘paras’.
 
Escudados por las armas de  ‘40’, llegaron Augusto 'Tuto' Castro, Saúl Severini, Pedro Sánchez Gamarra, Miguel Gnecco Pacheco alias 'Don Armando', Neyla Alfredina Soto Ruiz alias 'Doña Sonia' o 'La Sombrerona' y Ómar Montero Martínez alias 'Codazzi' intimidando a los campesinos y obligándolos a vender sus parcelas por precios irrisorios.
 
“Los campesinos eran señalados como colaboradores de la guerrilla y empezaron a recibir ofertas por sus tierras de hombres de 'Jorge 40'”, dice uno de los campesinos despojados entrevistados por VerdadAbierta.com.
 
El 15 de julio del 1997, 'Jorge 40' ordenó a sus hombres que reunieran a todos los campesinos que vivían en las fincas La Pola, El Encanto y La Palizua, entre otras, y les dijo que tenían 15 días para desocupar. En esa reunión estaba el profesor Ricardo Barrios quien fue retenido por hombres de '40' y apareció asesinado al día siguiente. También asesinaron a José de Jesús Henao, quien tenía propiedades en el predio El Radio y lo acusaron de ser colaborador de la guerrilla. Su objetivo primordial, era ya obvio, no era combatir a la guerrilla, sino hacerse a las mejores tierras de la región.
 
En un allanamiento del 28 de julio de 2006 la Fiscalía encontró documentos que prueban el despojo de 36 predios en Chibolo, adjudicados por el Incora en 1991 a campesinos sin tierra.
 
El abandono fue una de las formas que los ‘paras’ usaron para robar tierras a los campesinos. Como el Incora les había otorgado los títulos, la ley precisaba que estos no podían ser ni vendidos ni traspasados antes de 15 años. La única forma era declararlos abandonados por sus dueños y reasignarlos.
 
Los ‘paras’ masacraron, asesinaron, desaparecieron, saquearon y desplazaron para que los funcionarios del Incoder, muchas veces cómplices, vinieran unos meses después a constatar el abandono.
 
Una vez que los campesinos se atrevieron a denunciar del despojo, el Programa de Tierras de Acción Social documentó el caso y solicitó la protección de los predios robados por los hombres de '40'. Con estas medidas se inició el trámite para la restitución de los predios en el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, en donde inicialmente se negó la devolución de los predios. 
 
Finalmente, el 21 de enero de 2011 la Corte Suprema de Justicia le ordenó al Incoder revocar los títulos fraudulentos de 36 predios y ordenó compulsar copias a un fiscal de la Unidad Antiterrorismo para investigar a los funcionarios del Incoder Magdalena que intervinieron en la titulación fraudulenta. 
 
El Incora, '40' y sus ladrones de tierras
 
A finales de marzo del año pasado, VerdadAbierta.com documentó cómo el Instituto de la Reforma Agraria se prestó para que ‘Jorge 40’ y sus amigotes pudieran legalizar miles de hectáreas de tierras usurpadas a la fuerza a campesinos pobres en Magdalena. La siguiente infografía interactiva hace parte de esa investigación:
 

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