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Cuatro hechos han puesto estos días el agro otra vez en primer plano:

 

1. Las Naciones Unidas piden actuar con rapidez ante el aumento de los precios de maíz, el trigo y la soya.1 Se trata de una crisis alimentaria mundial que tuvo ya un episodio agudo en 2007 y 2008 y que ha sido causada por los desvíos de los productos y extensas áreas a la producción de agrocombustibles; el daño climático que ha incrementado las catástrofes con sequías e inundaciones; y la especulación financiera con las ventas a futuro, que se ha extendido ahora a un proceso de acaparamiento internacional de tierras.2

 

2. El producto interno del sector agropecuario durante el primer trimestre de 2012 fue 0,4% inferior al del primer trimestre de 2011. El valor agregado de los productos agrícolas sin café se redujo 1,2%, e incluso el de los cultivos permanentes que se suponen son la estrella del modelo, se redujo 1,7%. La producción de café cayó 26%.3 Durante 2011 el sector registró un crecimiento limitado, rezagado y transitorio, debido a que los principales problemas fundamentales que obstaculizan su desarrollo no han sido resueltos.4

 

3. La sentencia C-644 de 2012 de la Corte Constitucional declaró inconstitucionales los artículos 60, 61 y 62 del Plan Nacional de Desarrollo por ser contrarios al deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios.

 

4. El desarrollo agropecuario ha sido incluido como primer tema a discutir en los diálogos hacia la paz entre el gobierno nacional y las Farc.

 

Carestía, soberanía alimentaria y tierra

 

La carestía mundial de los alimentos debería haber sido una oportunidad para que se disparara el crecimiento agrícola nacional, pero en 2008, cuando llegó al máximo el incremento mundial de los precios de los alimentos, la agricultura colombiana retrocedió y la producción de cereales descendió cuando su precio crecía al máximo.

 

Fue el resultado triste de una política construida por años, que sacrificó la soberanía alimentaria; aumentó las importaciones de alimentos, de manera que Colombia pasó a importar casi todo el trigo y la cebada, a depender de las importaciones de soya y a importar el 85% del maíz que consume; fomentó y subsidió las plantaciones para la producción de agrocombustibles; destruyó la institucionalidad agropecuaria y especialmente la generación de tecnología propia; e incrementó la ya alta concentración especulativa de la propiedad de la tierra, especialmente en Antioquia y Valle del Cauca,5 de manera que la tierra en Colombia es la más cara de la región6 y una de las más caras del mundo.7

 

El gobierno actual podría haber dado un viraje, pero desde su programa electoral se propuso mantener las columnas del modelo vigente. Por ejemplo, se empeñó en la firma de tratados de libre comercio, que han aumentado y van a aumentar más las importaciones de alimentos; priorizó las “locomotoras” minera y energética, que subordinan al sector agropecuario a las necesidades de la minería, y lesionan los ecosistemas y las fuentes de agua vitales para la agricultura; propuso además, mantener grandes explotaciones como eje del desarrollo del sector agropecuario.

El numeral 69 del programa del actual gobierno anunció que eliminaría la “limitación burocrática” de la Unidad Agrícola Familiar (UAF). Esta es la extensión que puede aprovechar una familia campesina y es la máxima área de  que puede recibir una persona o familia beneficiaria del Incoder. Eliminar la UAF significaría permitir que el estado subsidie tierras o entregue baldíos a empresas o a personas diferentes a los campesinos, comunidades indígenas y afrocolombianas.

 

Este punto del programa comenzó a instrumentarse con los artículos del Plan de Desarrollo que fueron declarados inconstitucionales. El artículo 60 “flexibilizaba” la UAF, permitiendo que los beneficiarios de subsidio para tierras o de adjudicaciones de baldíos las vendieran a empresarios para proyectos especiales agropecuarios o forestales. La demanda presentada por el senador Jorge Robledo y por el representante Wilson Arias sirvió para que la Corte defendiera de una vez por todas las atacadas UAF.

 

La norma inconstitucional significaba insistir en que el desarrollo empresarial se hace a costa de las tierras de los campesinos, afros e indígenas, en vez de hacerlo en las millones de hectáreas aptas para la agricultura pero que no están cultivadas, porque están desperdiciadas en las grandes propiedades.

 

El gobierno hasta manifestó su intención de dejar desperdiciadas esas tierras, cuando en el artículo 146 su proyecto de ley de desarrollo rural pretende elevar de 3 a 5 años el período durante el cual una finca puede estar desaprovechada y después del cual se extingue el dominio de su propietario.

 

Los empresarios arroceros y hasta algunos de caña que no tienen tierra y el 80% de los productores de maíz, muchos de ellos campesinos, los cuales carecen de ella, saben que si se eleva ese período los grandes propietarios elevarán inmediatamente los arrendamientos. Esto sería regresiva incluso frente al 33ª0ad6 “chicoralazo” o ley 4ª de 1973.

 

Normas regresivas frente a los indígenas también han sido propuestas en ese proyecto oficial. Por ejemplo, desde la ley 30 de 1988 y también en la ley 160 de 1994 no pueden ser adjudicados a particulares no solamente las tierras en que se encuentran asentadas las comunidades indígenas sino aquellas que constituyen su hábitat, es decir su territorio en los términos del Convenio 169 de la OIT. Ahora se quiere reducir esta protección solamente a los asentamientos de los grupos étnicos y siempre y cuando haya una certificación del Ministerio del Interior que ha demostrado ignorar los territorios indígenas en varios casos. Se intenta de la misma forma eliminar la especial protección a las áreas de caza y recolección de los pueblos nómadas, seminómadas y horticultores itinerantes y a las por lo menos doce reservas indígenas vigentes y se quiere reestructurar los resguardos coloniales con títulos vigentes excluyendo las áreas que en el momento no posean los indígenas, legalizando desplazamientos forzados.

 

El gobierno entonces no está haciendo ni proponiendo nada que no afiance el modelo que condena a la agricultura al estancamiento. Cada día se firma, aprueba o entra en vigencia un nuevo tratado de libre comercio, con Canadá, con Suiza, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con China, con Corea del Sur, con Turquía y hasta con el chiras. Siguen aumentando las importaciones, en este año especialmente las de leche. La verdad ahora importamos hasta café, y bastante.

 

Pero los TLC no solamente impactan en la parte comercial. Establecen prebendas para los inversionistas extranjeros, que garantizan sus empresas mineras y petroleras, las patentes de las semillas, la solución de los conflictos por árbitros privados no sometidos a la Constitución y leyes de Colombia ni de sus países de origen y hasta la indemnización si Colombia modifica sus leyes. Sin una camisa de fuerza, un verdadero obstáculo para que la agricultura nacional tome un rumbo diferente.

 

La base del cambio

 

Cambiar significa poner en práctica otro modelo en el cual se proteja la producción nacional agropecuaria, priorizando la producción de alimentos; se genere tecnología limpia propia; se tenga claro que el desarrollo agrícola parte de aprovechar las tierras aptas para la agricultura actualmente desaprovechadas en las grandes propiedades y que allí pueden crecer la empresa agropecuaria y la economía campesina; y se confíe en que el campesinado sí puede impulsar el desarrollo agropecuario si se le permite disponer de los recursos.

 

Definitivamente no es cierto que la economía campesina sea ineficiente. Así, Brasil, el ejemplo latinoamericano más destacado de la expansión de las grandes empresas agropecuarias, posee una economía campesina o “agricultura familiar” dinámica. De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de ese país, la economía campesina suministra cerca del 70% de los alimentos que se consumen actualmente en Brasil,8 siendo fundamental para el abastecimiento de fríjol (70%), mandioca (87%), porcinos (59%),  leche (58%) , maíz (46%), aves (40%), arroz (34%)9 y verduras, además de ofrecer gran diversidad de productos10, como varias frutas.

 

Una investigación realizada en 2010 en Minas Gerais (Brasil), bajo la dirección de Rosemeire Aparecida de Almeida, arrojó resultados sorprendentes sobre productividad de la economía campesina. Entre 1996 y 2006, la agricultura familiar de fríjol y arroz aumentó en 50% la producción por Ha, mientras la agricultura empresarial de soja la incrementó en sólo 7%. La agricultura familiar genera allá un empleo cada 6,7 Ha y la empresarial un empleo cada 411,5 Ha. Para completar, en esa región brasilera evaluada, aunque los campesinos reciben solamente el 2,4% del crédito, obtienen el 12,2% de la producción agropecuaria.11 Esto confirma datos anteriores para todo ese país, que indicaban que poseyendo el 30,5% del área y recibiendo apenas el 25,3% crédito, la agricultura familiar suministraba el 37,9% de producción.12

Vietnam, que de ser un importador de arroz se convirtió en el segundo exportador mundial y actualmente  es también el segundo exportador de café y de nuez de marañón y, un gran productor de ñame, también es un ejemplo de cómo la economía campesina puede impulsar fuertemente el desarrollo rural, capitalista. El decreto 100 de 1981 promovió el predominio de las parcelas familiares y el respeto  y fomento de la iniciativa campesina. A partir de ahí, la agricultura vietnamita se convirtió en un éxito de dimensión mundial.13 La producción de alimentos pasó de 18,4 millones de toneladas en 1984, a 33,8 millones en 1999.14

 

Es posible una política agropecuaria que a corto, mediano y largo plazo cambie la situación del sector agropecuaria y haga que deje de ser la “locomotora lenta” que ahora es. Una política así requiere estas bases:

 

1. Fijar como prioridad la soberanía alimentaria y por lo mismo proteger la producción nacional de alimentos, como lo ordena la Constitución y echar atrás la subordinación de nuestra economía mediante los tratados de libre comercio. Los alimentos y el agua, por encima del oro.

 

2. Establecer institutos y programas con financiación central para la generación y transferencia de tecnología limpia y apropiada para las diferentes ecoregiones y formas de producción, incluida la economía campesina, así como para la recuperación y proyección de tecnologías tradicionales. Un factor clave del éxito vietnamita, ha sido la generación y transferencia de tecnología, por el Instituto de Ciencias Agronómicas y más de 40 institutos estatales y de organizaciones no gubernamentales dedicados sistemáticamente a la investigación sobre problemas agropecuarios específicos, por ecosistema, producto, forma de producción y problema a resolver, que en total empleaban, en 2003, a 2.964 científicos.15

 

3. Rehacer la institucionalidad agropecuaria, de manera que se cuente por una parte con instrumentos serios de planificación, se cuente con crédito subsidiado y oportuno y canales de mercadeo controlados por productores y consumidores.

 

4. Establecer y cumplir objetivos concretos anuales para bajar el precio de la tierra y utilizar toda la que ya es apta para la agricultura, en vez de priorizar la titulación de baldíos. Esto exige una reforma agraria, que entregue tierra a los campesinos y campesinas dispuestos a cultivarla; el pago impuestos por el latifundio especulativo y; la devolución de sus tierras a los desplazados.

 

5. La vigencia del derecho laboral para los trabajadores agrícolas, llevará, como ha sido el caso de la vigencia del derecho laboral en el mundo, a un real aumento de la productividad y no a una competitividad transitoria y miserable, lograda con salarios de hambre y jornadas de trabajo indefinidas, que lleva siempre a largo plazo a perpetuar el atraso tecnológico de las empresas.

 

6. El respeto y la valoración de la diferencia como riqueza, que lleva tanto a defender la diversidad étnica y cultural y la territorialidad de indígenas, afros y campesinos; como a fomentar la heterogeneidad de las formas de producción rural, valorando la economía campesina; como también a establecer políticas de género que beneficien específicamente a la mujer rural y reconozcan sus derechos.

 

7. La defensa del ambiente y los ecosistemas por encima de los grandes negocios. Cuidar del planeta es cuidar del futuro de nuestros nietos. Las economías de “bonanza” transitoria, motivadas por el lucro excesivo de algunos, destruyen regiones enteras, empobrecen y desplazan su población y causan daños a todos al destruir las fuentes de agua y los ecosistemas.

 

Sería bueno si las negociaciones de paz contribuyeran a ese cambio. Pero no tiene justificación esperar. El gobierno no puede decir que no cambia de política porque debe esperar a ver que se decide en esas negociaciones. Si el gobierno y el Congreso no hacen los cambios a pesar de los deberes del estado que ha recordado la Corte Constitucional, es porque hay intereses creados en que la política seguida se mantenga y porque hay intereses neocoloniales en reconvertir nuestra economía de manera que las empresas coloniales mineras y energéticas sean su eje articulador.

 

La Mesa de Unidad Agraria ha redactado un proyecto de ley de tierras y desarrollo rural alterno. Hace tiempo el gobierno ha debido dialogar con los campesinos.

 

En verdad, obstáculo grande para que sea posible el cambio de política agropecuaria es la dispersión de las organizaciones campesinas y especialmente la violencia en el campo que afecta al campesinado, a los pueblos indígenas, a los afrocolombianos y a los obreros rurales.

 

Solamente con la movilización civil cientos de miles de pobladores rurales junto con la población de las ciudades será posible un cambio positivo, para defender a las comunidades rurales y a la tierra, beneficiar al país y a cada colombiano.

 

Edición N° 00319 – Semana del 7 al 13 de Septiembre de 2012

 

1 Centro de Noticias de la ONU (2012) “ONU pide actuar con rapidez ante aumento de precios de alimentos”. 4 de septiembre de 2012.

2 GRAIN (2012) “GRAIN publica conjunto de datos con más de 400 acaparamientos de tierra agrícolas a nivel mundial”.

3 DANE (2012) Boletín de Prensa N° 9, 21 de junio de 2012.

4 Mondragón, Héctor (2012) “Sector agropecuario: crecimiento limitado, rezagado y transitorio”; Revista Foro 76. Bogotá.

5 PNUD (2011) “Colombia Rural: Razones para la Esperanza”. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011, p. 197 y 198.

6 Portafolio (2009) “Colombia tendría la tierra más cara de la región, según estudio de la SAC”, 30 de octubre de 2009.

7 El País (2007) “Amargo debate por precio de la caña”; El País, Cali, 23 de febrero de 2007.

8 Agência Brasil “Fortalecer agricultura familiar garante segurança alimentar”; Fome Zero, 13/05/2008.

9 Canuto, Antônio “Agricultura familiar alimenta a população e gera empregos”; Adital, 05.10.2009.

10 Júnia, Raquel “Agronegócio não garante segurança alimentar”; Adital, 29 de março de 2011.

11 CPT “Agronegócio no MS perde em eficácia para a agricultura familiar camponesa”; Ecdebate, 13 de janeiro de 2011.

12 Caume, David José “Segurança Alimentar, Reforma Agrária e Agricultura Familiar”; Revista da UFG 5 (1)PROEC, abril de 2003.

13 Merlet, Michel (2002)  “La serie de reformas agrarias y el éxito de la agricultura familiar”; Fondo Documental Dinámico sobre la gobernanza de los recursos naturales en el mundo. AGTER. Fuente: Dao The Tuan (2001) “Communications écrites et orales à l’atelier Agriculture paysanne et réformes agraires du Forum Social Mondial”, IRAM - APM - CONTAG, Porto Alegre.

14 Bui Ngoc Hung et Duc Tinh Nguyen (2002) “Le développement de l’agriculture vietnamienne au cours des 15 dernières années”; Vertigo 3:2.

15 Starts, Gert-Jan and Nguyen Viet Hai (2006) “Vietnam”; ASTI Country Brief 33.

 

  Héctor Mondragón

  Consultor del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo, ILSA.

    http://viva.org.co/cajavirtual/svc0319/articulo10.html