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Las comunidades indígenas aplican remedio a jóvenes en Toribio - Cauca

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Desde el día jueves 16 de Mayo en la Vereda del Sesteadero, Municipio de Toribio – Cauca, la comunidad se declaró en Asamblea Permanente tras el asesinato del comunero Jhon Alexander Vitonás Yosando, de 14 años de edad, por parte de otros adolescentes reclutados por las milicias de las FARC....

Comunicado para Accionistas de la Anglo Gold Ashanti en Colombia

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  A pocos días, ya, de la realización el próximo 5 de junio de la “gran marcha carnaval por la vida” contra la megaminería y especialmente contra la multinacional Anglo Gold Ashanti, en la ciudad de Ibagué, capital del Departamento del Tolima en Colombia, el Comité Ambiental desde ha...

Cafeteros proponen Unidad por la Defensa del Agro

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  La VII Asamblea Nacional del Movimiento por la Defensa y la Dignidad Cafetera, reunida en la ciudad de Popayán, Cauca, con la presencia de delegaciones de 12 departamentos y una vez analizado el desarrollo de los acuerdos que permitieron el levantamiento del Paro Cívico Cafetero...

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    Miércoles, 22 Mayo 2013 00:33
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    Jueves, 23 Mayo 2013 11:26

Nuestra Palabra

Colombia: lucro para empresarios o salud para la gente

El sistema de salud de Colombia genera grandes ganancias a las empresas de salud y miles de muertes a los colombianos y colombianas. El Estado que debe protegernos nos persigue, nos abandona y permite el lucro con nuestro sufrimiento. Intentamos organizarnos para resistir y exigir la salud como derecho fundamental, pero enfrentamos una maquinaria de engaños y trampas al servicio de un negocio privado. La historia que contamos a continuación es una de muchas. Convocamos la solidaridad, la consciencia y el apoyo de todas y todos por Mireya y porque con ella nos ayudemos a denunciar y transformar este sistema que privatiza los derechos. Porque en Colombia el modelo de salud mata, compartimos nuestra palabra, esta denuncia y el llamado a buscar alternativas.

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  • Tráiler - Y siguen llegando por el oro

Nuestra Palabra Kueta Susuza

  • Abril de paz y guerra

    Se consolida el movimiento social por la paz. El hecho político más relevante de los últimos meses ha sido el nacimiento de un Movimiento Social por la Paz en Colombia. Varios intentos venían articulándose de tiempo atrás, especialmente en la Ruta Social Común para la Paz, donde confluyen las iniciativas del Congreso de los Pueblos, Comosoc, Redepaz, Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz, Marcha Patriótica, Red de Iniciativas de Paz desde la Base, Mujeres por la Paz, entre otros; el llamado Espacio Cinep (sobre todo de plataformas de organizaciones por la paz y derechos humanos) y el espacio ecuménico por la paz, 
     
     
  • Las que recuperaron las Tierras - Asamblea de mujeres en Las Delicias

    El 17 de Mayo de 2013, se desarrolló una Asamblea de Mujer y Familia en el Resguardo de Las Delicias del municipio de Buenos Aires - Cauca, con el propósito de hacer un recuento histórico del programa mujer local y de la participación de las mayoras del Resguardo en las recuperaciones de tierras.  
     
  • El trueque comunitario un signo de unidad

    El trueque ha sido considerado por las comunidades indígenas, campesinas y algunos grupos urbanos como un ejercicio que permite dignificar el trabajo y solventar de algún modo las necesidades básicas, al tiempo que fortalece los lazos solidarios entre los pueblos.
     

Contexto Colombiano

  • Trampolín para el exterminio del Pueblo Pijao

    Han llegado diferentes mega-proyectos al territorio ancestral Pijao en el departamento del Tolima: de hidrocarburos, minería, hidroeléctricas, el proyecto de riego Triángulo del Tolima, concesiones de agua y, últimamente, el cruce del oleoducto San Martín Meta - Mar Pacífico.

     
  • El horóscopo del TLC

    "En este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con que se mira”. Ramón de Campoamor
     
     
  • La paz de los pueblos sin dueños

    Aspiramos a que las negociaciones entre la insurgencia armada (por ahora las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, pero muy seguramente pronto con el Ejército de Liberación Nacional, ELN) y el Gobierno de Colombia, concluyan rápidamente con la firma de un acuerdo que garantice el cese al fuego definitivo y permanente entre las partes.
     

Vivencias Globales

  • Tratados de inversión: Estados en la cuerda floja

    Estados en la cuerda floja cuestionan los tratados de inversión. Arbitraje sobre inversiones y DDHH: El caso del derecho al agua. El Mercosur y el tratamiento de las inversiones. La apuesta de Ecuador para las inversiones: Transformar el sistema internacional de protección. Estados hacen frente común. OMS y control del tabaco: La demanda de Philip Morris contra Uruguay. Argentina y las inversiones extranjeras. Compañías mineras, El Salvador y la defensa del agua: El oro o la vida. Alternativas a las reglas internacionales de inversión. Un breve repaso histórico: La campaña contra TBIs y el CIADI.

     
  • Conflictos mineros y el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas

    A más de un año y medio de la promulgación de la Ley de la Consulta Previa, la “novedosa” posibilidad de su no aplicación en territorios destinados a la minería, nos permite plantear nuevos retos al volvernos a topar con la magra institucionalidad democrática del Estado,
     
     
  • Declaración de la primera asamblea continental de los movimientos sociales

    Del 16 al 20 de mayo, en la Escuela Nacional Florestan Fernandes, municipio de Guararema, estado de São Paulo, Brasil; nos hemos encontrado más de 200 delegadas y delegados de movimientos de mujeres, campesinos, urbanos, indígenas, estudiantes, jóvenes, sindicatos y organizaciones agroecológicas de 22 países, para constituir la I Asamblea Continental de los Movimientos Sociales hacia el ALBA.

     

Comunicados

Carta de los Pueblos Indígenas de Colombia a las FARC-EP

Preferimos contestar la carta suya, que propone conversar, porque la otra nos anuncia –ahora sí con toda la claridad-- que somos objetivo militar de esos frentes de las FARC. Eso ya lo sabíamos, pero ahora con esa declaración oficial de las FARC ya nos ahorran la tarea de hacer las investigaciones sobre los responsables cuando aparezca el próximo muerto, que seguro llegará; al fin y al cabo no hemos visto que el Secretariado le dé la orden imperativa a sus frentes de que paren la matanza de indios nasa y de otros pueblos hermanos.

(2024)
Movimiento Indígena exige verdad, justicia y reparación integral a las FARC

Dolidos y preocupados por las consecuencias que deja la guerra en nuestros territorios pero a la vez con esperanza y expectativas porque en La Habana se negocie la terminación del conflicto armado, los indígenas del Cauca agrupados en ACIN, CRIC y ONIC, nos dirigimos a usted señor Timoleón Jiménez, comandante del Estado Mayor de las FARC para expresarle lo siguiente:

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Documentos

Algunas reflexiones respecto al aniversario XVIII de la OPIAC

El mundo mientras estaba mirando las elecciones de Venezuela, el conflicto de Siria, la bomba que explotó en Boston, los diálogos en Cuba; los 56 pueblos indígenas de la Amazonia Colombiana estábamos celebrando los 18 años de haberse creado nuestra Organización OPIAC en una pequeña ciudad llamado Mitú (Vaupés) al suroriente de Colombia. Como era de esperar estábamos alejados del bullicio y los medios de comunicación. Este evento que contó con el apoyo del Ministerio del Interior a través de la dirección de asuntos indígenas, la alcaldía de este municipio y otras entidades, se logró convocar delegaciones de Guainía, Guaviare, Caquetá, Amazonas y Putumayo.

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Pronunciamiento público en relación con el proyecto hidroeléctrico Porvenir II

 

La Mesa de Derechos Humanos y Protección Humanitaria del Oriente Antioqueño, públicamente se pronuncia en relación con el proceso de licenciamiento del proyecto hidroeléctrico Porvenir II, a ser desarrollado en una área de aproximadamente 1.200 hectáreas pertenecientes a los municipio de San Carlos, San Luis, Puerto Nare y Caracolí, y  generaría impactos ambientales indirectos en la zona Páramo del mismo Oriente y en el ecosistema del Magdalena Medio.
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ACIN - Çxhab Wala Kiwe

Cesar: La lucha por la tierra

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En la hacienda, ubicada en el sur del Cesar, el Incoder comenzó a verificar las tierras baldías que reclaman 350 familias desplazadas. Hay tensiones entre la organización campesina y la Dolce Vista Estate, la empresa que explota estos terrenos.
 
Los campesinos de Asocol y Asodacar no pudieron ingresar a la antigua Bellacruz, después de que vigilantes y abogados de la Dolce Vista les indicaron que no podían hacerlo.
 
altEn momentos en que el Incoder adelanta una investigación para determinar si entre los predios que compró Germán Efromovich a la familia Marulanda hay predios baldíos de propiedad de la nación, han surgido nuevas tensiones entre los campesinos que reclaman esas tierras y algunas empresas que participan en la compañía Dolce Vista que actualmente explota esos terrenos.
 
Según conoció VerdadAbierta.com, el martes 21 de agosto de 2012, a las 9 de la mañana, una comisión integrada por funcionarios del Incoder, del Agustín Codazzi -Igac-, la Procuraduría Agraria y seis representantes de Asocol y Asodacar, las dos organizaciones que representan a los campesinos reclamantes, llegaron hasta uno de los portones de la antigua hacienda Bellacruz, rebautizada en 2009 como La Gloria, para realizar una inspección. Es decir, verificar los límites de los baldíos que están reclamando los campesinos desde hace dos décadas.
 
Cuando intentaron entrar a la hacienda, donde la empresa La Dolce Vista Estate desarrolla un cultivo de palma aceitera, vigilantes de una compañía de seguridad privada y varios abogados de esta firma impidieron el ingreso de los representantes de los campesinos.
 
Según un comunicado del Incoder, quienes se opusieron al ingreso fueron Jorge Alberto Martínez, jefe de seguridad privada de la empresa agropecuaria La Gloria; el abogado Jorge Enrique Martínez, abogado de la Sociedad M.R. Inversiones SAS; y Orieta Daza, abogada del Grupo Agroindustrial SA, todas empresas accionistas de La Dolce Vista. Varios campesinos que estuvieron en la zona confirmaron la versión del Incoder y expresaron su inconformidad con la actitud de la empresa.
 
Según el Incoder, la verificación fue solicitada por las organizaciones campesinas y su participación en el proceso es clave porque “son terceros con intereses legítimos”, dijo Jhenifer Mojica, subdirectora de Tierras del Incoder. La visita está planeada para diez días y busca verificar los linderos de las 1.500 de baldíos que, según el instituto de tierras hay dentro de las 6.000 hectáreas que componen la hacienda, y reclaman los campesinos.
 
¿Qué sucedió en la Bellacruz?
 
La antigua Hacienda Bellacruz ha tenido una historia marcada por la violencia y el despojo. Desde los años 50, en pleno período de La Violencia, cuando campesinos sin tierras comenzaron a ocupar y a cultivar parcelas en el sur del Cesar, entre ellas, tierras cercanas a la propiedad de Alberto Marulanda Grillo. Según los campesinos, Marulanda Grillo fue corriendo las cercas durante las siguientes décadas hasta ampliar su hacienda a 25.500 hectáreas comprendidas entre los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque.
 
Desde los años 80, cuando los campesinos comenzaron a solicitar al antiguo instituto de tierras Incora -hoy Incoder- la titulación de algunas parcelas, el conflicto entre la familia Marulanda (que tuvo a un hijo, Carlos Arturo Marulanda, como Ministro de Desarrollo) y los campesinos comenzó a aumentar. Primero fueron los desalojos policivos, luego las familias se tomaron la oficina del Incoder para que los escucharan, después vino un acuerdo de titulación y el Incora, sin atender la advertencia de los campesinos de que había baldíos, le compró en 1995 varios globos de tierras a los Marulanda para adjudicar parcelas a las familias.
 
Cuando los títulos estaban listos, en marzo de 1996 un grupo paramilitar a cargo de Juan Francisco Prada Márquez alias ‘Juancho Prada’, jefe de las Auc en el sur del Cesar y cómplice de los hermanos Castaño en la expansión paramilitar, expulsó a las familias con violencia. Las organizaciones de campesinos calculan que 350 familias se desplazaron desde entonces y que entre los años 80 y 90, en pleno conflicto, fueron asesinados 16 líderes que exigían tierra.
 
altEste es uno de los portones de ingreso a la actual hacienda La Gloria, donde La Dolce Vista desarrolla el cultivo de palma.
 
En 2006 el grupo paramilitar se desmovilizó y un año más tarde, ante la Notaría 7 en Bogotá, la familia Marulanda registró un englobe de su hacienda por 6.000 hectáreas. En 2008, La Dolce Vista negoció con la familia Marulanda y le compró las dos empresas que explotaban la Bellacruz, que a partir de 2009 fue rebautizada como La Gloria para desarrollar un proyecto de palma aceitera de 5.000 hectáreas. El principal accionista de La Dolce es el empresario Germán Efromovich, quien dijo en una entrevista a VerdadAbierta.com que compró la tierra de buena fe y que estaba dispuesto a que el Estado verificara la tradición de los predios. (Lea: Las trampas de Bellacruz y Tierra prometida en La Bellacruz).
 
Larga espera
 
Las 350 familias campesinas basan su petición en una resolución emitida por el Incora el 20 de abril de 1994, que confirmó la existencia de 1.500 hectáreas de predios baldíos dentro de la antigua Bellacruz y distribuidos en siete predios llamados Los Bajos, Caño Negro, San Simón, Venecia, Potosí, María Isidra y San Miguel. Para esa época, los Marulanda no pudieron acreditar títulos sobre esos terrenos.
 
Durante el segundo semestre de 2011 los campesinos solicitaron la recuperación de los baldíos y el Incoder comenzó el proceso el 5 de septiembre de 2011. VerdadAbierta.com tuvo acceso al archivo del caso Bellacruz y encontró que los abogados de La Dolce Vista han interpuesto diferentes recursos. Esto ha sido considerado por los líderes de Asodacar y Asocol, cuyos nombres se reservan por razones de seguridad, como una “dilación del proceso para ganar tiempo, declarar la nulidad del proceso y seguir sembrando palma”, dijo uno de los campesinos.
 
En el expediente, se pueden leer varias acciones legales interpuestas por los abogados de la Dolce Vista. Lo primero fue un recurso de reposición al comienzo del proceso de recuperación de baldíos. El Incoder lo resolvió el 2 de diciembre de 2011 indicando que el proceso seguía en curso. El 13 de diciembre el Incoder aclaró que erróneamente indicó que se trataba de un proceso de extinción de dominio y aclaró que en realidad era una recuperación de bienes indebidamente ocupados.
 
Esta aclaración dio pie para que el 18 de enero de 2012 el abogado Jorge Enrique Martínez, abogado de M.R. Inversiones SAS, interpusiera otra reposición señalando que no había claridad en el proceso. El 3 de febrero el Incoder resolvió esa solicitud. Entre mayo y julio siguieron las comunicaciones entre el instituto y los abogados Martínez y Orieta Daza. Ambos planteaban la nulidad del proceso. Ante la negativa del instituto de tierras, el abogado Martínez pidió que no se tuviera en cuenta la resolución de 1994 del Incora que confirmaba la existencia de baldíos. El 9 de agosto el Incoder rechazó esa petición.
 
Aunque el 31 de julio de 2012 el Incoder fijó la fecha de la visita para el 21 de agosto pero, según el instituto de tierras, los abogados de la firma no se dejaron notificar y volvieron a solicitar la nulidad del proceso y el aplazamiento de la visita. El Incoder negó las peticiones y empezó con el proceso de verificación en terreno.
 
Los cuestionamientos
 
VerdadAbierta.com habló con los líderes de las organizaciones campesinas de Asodacar y Asocol y ambos cuestionaron la actitud de La Dolce Vista.
 
“¿Cómo es que pasan tantos años. Primero nos saca la policía, luego los paramilitares y ahora, después de veinte años, una empresa no nos deja entrar a una diligencia que es pública y que fue solicitada ajustada a la ley?”, dijo uno de los campesinos. Ambos grupos además de solicitar la recuperación de baldíos, se declararon víctimas ante la Unidad de Restitución, el organismo creado por la Ley de Víctimas, para reclamar al tiempo estos predios que abandonaron de forma forzada.
 
Las organizaciones tienen varias posturas frente a lo que sucede. Asodacar considera que La Dolce no es un comprador de buena fe, exigen que se les permita participar del proceso de verificación de baldíos y consideran que las actuaciones de la firma han sido para alargar el proceso.
 
“La sensación que tenemos es que quieren ganar tiempo para sembrar más palma. Los campesinos les resultamos incómodos”, señaló uno de los líderes a quien se le reserva la identidad por seguridad.
 
altLa Dolce Vista tiene un cultivo de 5.000 hectáreas de palma aceitera. En el municipio de La Gloria ya tienen aprobada una zona franca para el procesamiento del aceite.
 
Asodacar adelanta varias peticiones al Ministerio de Agricultura, entre ellas, que se decrete el statu quo para que la firma no realice ninguna intervención sobre los baldíos, y que se declare una zona de reserva campesina y consejo de comunidades negras en Pelaya, para que se respeten las sabanas comunitarias y el acceso a la quebrada Simañana. “Requerimos la presencia permanente de la Procuraduría, la Personería y la Defensoría durante el proceso. ¿Cómo es que los intereses de la empresa prevalecen los derechos de las comunidades”, señaló otro de los líderes.
 
Asocol, por su parte, advirtió que hay una ambiente de inseguridad en la zona. “Prácticamente es una sensación de amenaza. Los vigilantes de la empresa de seguridad nos dijeron que nos fuéramos, que no nos apareciéramos por allá. Nos tomaron fotos así como a los vehículos en que fuimos hasta el lugar”, dijo un campesino, quien también solicitó proteger su identidad. Asocol envió una carta al representante Iván Cepeda, solicitándole mediación en el caso.
 
En caso de que el Incoder verifique la existencia de baldíos y sus linderos, estas tierras pueden ser tituladas a las 350 familias campesinas que están realizando la solicitud desde 1994. En caso de que esto suceda, lo incierto es qué sucederá con el cultivo de palma y la inversión de US160 millones de dólares que alega Efromovich.
 
Paralelo a esta verificación, el Incoder dijo que realiza una inspección sobre otras 500 hectáreas, aledañas a la antigua Bellacruz, que Marulanda le vendió al Incora para que el instituto de tierras parcelara y titulara a campesinos. Como las familias salieron huyendo por la violencia, estas tierras fueron a parar al Fondo Nacional Agrario y la idea, según el Incoder, es verificar los terrenos para continuar con el proceso de titulación que quedó estancado hace dos décadas.
 
Hasta abril de 2010 el único paramilitar que había confesado el desplazamiento de la Bellacruz era Alfredo Ballena alias 'Rancho'. El 31 de mayo de 2012 alias 'Juancho Prada', el jefe paramilitar del sur del Cesar, confesó la creación de un grupo de las Auc en la hacienda para desplazar a los campesinos, quienes eran tildados de guerrilleros por solicitar tierras.
 
VerdadAbierta.com llamó a la Dolce Vista y Ana Botero, empleada de esa empresa, dijo que ninguno de los funcionarios de la firma estaba autorizado para dar declaraciones a la prensa. La Hacienda La Gloria emitió el lunes 27 de agosto de 2012 un comunicado en el que señala que está dispuesta a colaborar con los trámites realizados por el Incoder y que a su juicio, según los títulos con que cuenta, dentro de la hacienda no hay terrenos baldíos. (Lea el comunicado aquí).
 

 

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Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN CXAB WALA KIWE - Territorio del Gran Pueblo correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Calle 3 - 7 A 20. Telefax: (2) 8290958 - (2) 8293999 Santander de Quilichao - Cauca – Colombia. Con el apoyo de: www.afrodescendientes.com