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Genaro García, el líder negro al que mataron las Farc

Genaro García, el líder negro al que mataron las Farc

  A Genaro García lo mataron por sentirse negro, por decirlo sin miedo y por defender su territorio de los violentos sin importar la sigla que lo amenazara. Hace ya tres semanas, el 3 de agosto pasado, varios hombres lo retuvieron en una carretera en zona rural de Tumaco, lo...

Mujeres del suroccidente colombiano se reunieron en Cali reclamando sus derechos

Mujeres del suroccidente colombiano se reunieron en Cali reclamando sus derechos

  De varios rincones del suroccidente del país llegaron estas líderes para participar en el sexto encuentro de mujeres por los derechos sociales, culturales y ambientales. Una de las delegaciones más numerosas es la de las corteras de caña, quienes denunciaron el empeoramiento de...

El Pueblo Wounaan en alto riesgo de desplazamiento

El Pueblo Wounaan en alto riesgo de desplazamiento

  COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL - S.O.S El Consejo de Autoridades del Pueblo Wounaan de Colombia WOUNDEKO, alerta un S.O.S por el alto riesgo de violaciones de derechos humanos en las comunidades del municipio del Litoral del San Juan,...

  • Genaro García, el líder negro al que mataron las Farc

    Genaro García, el líder negro al que mataron las Farc

    Lunes, 24 Agosto 2015 18:38
  • Mujeres del suroccidente colombiano se reunieron en Cali reclamando sus derechos

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    Jueves, 27 Agosto 2015 10:06
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    Jueves, 27 Agosto 2015 17:38

Nuestra Palabra

Desde Ecuador se vuelven a levantar los runas de la Pacha Mamita

 
Carlos Pérez Guartambuel, Presidente actual de la Ecuarrunari, defensor del agua y de los derechos de los pueblos indígenas con una larga trayectoria de lucha siempre articulado a procesos colectivos y comunitarios, abogado, perseguido político del gobierno de Rafael Correa, presenta y provoca este intercambio de Pueblos en Camino para promover el tejido de resistencias y autonomías desde abajo. Su agenda, punto por punto es contra el sistema, aunque los vayan a señalar falsamente como de derecha y de la CIA. 

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    Saakhelu - Ritual a las semillas en Corinto

Nuestra Palabra Kueta Susuza

Contexto Colombiano

  • Colombia: la tragedia de la Alta Guajira, la región en la que no llueve hace tres años

    Tres años de sequía, falta de infraestructura, alta corrupción, baja presencia del Estado, aislamiento y -desde hace meses- el cierre al paso de mercancías desde Venezuela, se han combinado para crear una profunda crisis humanitaria en el departamento de La Guajira, en el noroeste de Colombia. Hasta la parte más remota del departamento, la Alta Guajira, viajó BBC Mundo.

     
  • De Medellín a Estados Unidos: la ruta del oro en Colombia

    Entre el 2010 y el 2014 Colombia exportó 310 toneladas de oro. OjoPúblico determinó que más del 70% de este volumen tuvo como destino compañías de EE.UU., principalmente Republic Metals Corporation y el grupo Metalor. El gobierno reconoce que solo el 17% de toda la producción proviene de zonas autorizadas, el resto es informal, y en varios casos su explotación está asociada a áreas controladas por las FARC o bandas criminales. Medellín concentra el 93% de los despachos del oro al extranjero.

     
  • Risaralda: Campesinos de Belén de Umbría expulsados por embalse “Morro Azul”

    Desde hace tres meses los campesinos de las Veredas El Diamante y Caucaya, del Municipio de Belén de Umbría (Risaralda) vienen observando y sufriendo la pérdida del agua que corría por las quebradas que pasaban por sus fincas. De forma “coincidencial”, en este mismo período de tiempo y atravesando el curso de las quebradas, en el interior de la montaña, se viene construyendo el túnel de aducción del Embalse “Morro Azul”.

     

Vivencias Globales

  • Termina la era de las promesas andinas

    Ecuador. Pueblos originarios cerraron varias carreteras en una huelga nacional hace una semana.
    Ecuador. Pueblos originarios cerraron varias carreteras en una huelga nacional hace una semana.
     
    Bolivia y Ecuador. La represión y los límites a la libre expresión jaquean los rumbos políticos de dos gobiernos que se reivindicaron multiculturales y hoy intentan cercenar libertades y críticas opositoras.
     
  • Marcha en apoyo a comunidades Mapuche de Malleco

    MarchaTomaConadi_cap_ADKIMVN_014
    Una masiva marcha se desarrolló en Temuco - Chile en apoyo a las comunidades Mapuche de Malleco que mantienen ocupadas las dependencias de la CONADI.
     
  • El Levantamiento indígena en el Ecuador alumbra las luchas comunales en Guatemala

    Nuevamente, las luchas de las mujeres y los hombres de las comunidades indígenas del Ecuador logran interpelar al sistema de explotación y despojo territorial que encabeza el gobierno de Rafael Correa, y al mismo tiempo, producen sentidos que alimentan la resistencia de los pueblos y comunidades que en Guatemala también se enfrentan contra una política nacional abiertamente extractivista.

     

Comunicados

Cauca: Matan las semillas que alimentan la vida del pueblo y defienden los monocultivos de caña para darles de comer a las máquinas

LIBERACIÓN DE LA MADRE TIERRA, EN EL TERRITORIO INDÍGENA ANCESTRAL DE CORINTO 

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA. Contexto de la liberación de la madre tierra
Después del despojo por de sus tierras planas en la conquista y la colonia, quienes permanecieron por más de un siglo usufructuando en la llanura del río Cauca, los indígenas en las faldas de las montañas de la cordillera central, poniendo en riesgo la fragilidad ambiental; 
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Comunicado a la opinión pública nacional e internacional : Rechazo por el feminicidio, tortura y violación de Noemí
Las mujeres de la Çxhab Wala Kiwe “Territorio del Gran Pueblo” ACIN, en solidaridad con la familia, amigos y allegados de nuestra hermana indígena Ana Nohemí Corpus Mestizo expresamos nuestra voz de tristeza y rechazo por el feminicidio, tortura y violación de Noemí como también las violencias que padecen nuestras mujeres indígenas, pues día a día somos víctimas de sistemáticas discriminaciones y violencias que evidencian la grave situación que enfrentamos como mujeres al ser víctimas tanto de la violencia social como política al interior de nuestros territorios.
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Documentos

Murió Carlos Rua, el gran librepensador de los negros en Colombia
CARLOS RUA, un hombre negro reconocido por su capacidad intelectual, con entrega incondicional a la lucha por un mundo justo y equitativo, con énfasis en el enfoque diferencial étnico de comunidades negras.
(158)
2 Personas muertas, otro en estado crítico y 6 lesionados por accidente de lancha de lancha en Timbiquí - Costa Pacifica de Cauca

El día 11 de agosto de 2015 salieron del área urbana del municipio de Timbiquí (costa pacífica de Cauca), 9 personas en una lancha con motor fuera de borda rumbo a la comunidad de Corozal. Se estima que eran las 8 pm y a escasos minutos de haber salido, por el corregimiento de Brazo Corto – Consejo comunitario Negros Unidos, al parecer tuvieron una falla en el vehículo fluvio – marítimo y chocaron contra un tronco.

(176)

ACIN - Çxhab Wala Kiwe

La población desplazada: víctima de la ley de víctimas

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Hace más de un año, el 10 de junio de 2011, Colombia aprobó la ley 1448, más conocida como: “Ley de víctimas y de restitución de tierras”, dando un gran paso hacia el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado y abriendo las puertas de la esperanza para un proceso de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las millones de víctimas en el país.

Proceso, que ya había iniciado años atrás la Corte Constitucional con la sentencia T-025 de 2004, que declaró el estado de cosas inconstitucional frente a los derechos de la población desplazada, y ordenó al Gobierno Nacional superar dicho estado de violación masiva de derechos humanos.

Pero, pese a lo positivo desde el punto de vista legal y jurisprudencial de la ley de víctimas y de la sentencia T-025 de 2004 es importante resaltar que tanto la ley como la sentencia T-025 trajeron nuevos retos para el Estado colombiano, la sociedad y las propias víctimas y sus organizaciones, así como para los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia. Retos que, pese a los grandes avances, aún están lejos de llegar a cumplir las enormes expectativas generadas y de aliviar el dolor e impotencia de un país inundado de víctimas de la violencia.

Por lo anterior, es altamente preocupante que a más de un año de expedida la ley su aplicación no arranque en serio, con el agravante que este traumático proceso de acomodo institucional, también está afectando el proceso anterior de cumplimiento a la sentencia T-025, con lo cual, en vez de avanzar, estamos retrocediendo. A la espera de la ley de víctimas las metas, indicadores y propuestas construidas por el Gobierno, ante la presión de la Corte Constitucional, en materia de goce efectivo de derechos, quedaron desplazadas, menoscabando un trascendental proceso judicial de más de ocho años, que estaba logrando importantes espacios en materia de política pública para las víctimas en áreas como la vivienda, la educación, la salud, la atención humanitaria, entre otros.

A su vez, una Corte que empezó bajo una novedosa presión judicial, con fuerte acompañamiento ciudadano, a exigir resultados ante el fenómeno del desplazamiento forzado, tanto del Gobierno nacional, como de los gobiernos locales, también parece confundida con la expedición de la ley, al punto que, muchas de las órdenes perentorias a las que conminó al Gobierno Nacional, a los gobiernos departamentales, distritales y municipales ya se vencieron, dejando en peligro todo el proceso desatado por la T-025, la credibilidad misma de la Corte y el cumplimiento efectivo del estado Social de Derecho mismo.

También preocupa enormemente que la ley de víctimas, a la vez que no arranca, si ha generado nuevos espacios de vulnerabilidad para las víctimas. Víctimas que por el simple hecho de reclamar lo que les ofreció la ley, se encuentran más inermes y susceptibles a ataques sistemáticos y deliberados. Por esto, cabe destacar la urgente implementación de los programas de protección, especialmente para aquellos defensores y defensoras de derechos humanos de las víctimas, y para los lideres y miembros de organizaciones, que están siendo asesinados impunemente y amenazados masivamente por quienes, desde diversos espacios, realizan una resistencia violenta al cumplimiento de la ley 1448 y la sentencia T-025.

Para sólo mencionar un trágico ejemplo de la actual amenaza que se desprende para los y las defensoras de las víctimas, desde la promulgación de la ley de víctimas (10 de junio de 2011), hasta el 20 de junio de este año fueron asesinados impunemente 60 líderes y lideresas del proceso de restitución de tierras de la población desplazada. Cabe anotar que a estos hechos de violencia son especialmente vulnerables las comunidades étnicas (indígenas y afrocolombianos), las mujeres y particularmente, las víctimas del desplazamiento forzado.

Es más, la misma ley de víctimas, es hoy fruto de un debate polarizado, que se aterriza en acciones violentas en los territorios donde las víctimas pretenden aplicar la ley a su favor, o exigir el cumplimiento de la sentencia T-025. Los derechos de las víctimas, hoy más que nunca, se enfrentan a los poderosos intereses de grupos legales e ilegales que usufructúan su tragedia.

Por el lado de los afrocolombianas, la exacerbación de la violencia en su contra llegó a tal punto, que la Corte Constitucional, después de que en el 2004 expidiera la sentencia T-025, tuvo que expedir únicamente para ellos el auto 005 de 2009, en el cual evidenció el peligro de que los pueblos afro desaparecieran física y culturalmente reclamando sus derechos en medio de la guerra. Sobre esta realidad,  la  experta Independiente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones de las Minorías, Señora Gay McDougall, se pronunció  en su informe sobre su visita oficial a Colombia en 2010 (del 1 al 12 de febrero de 2010)1. Allí, pone de presente la grave situación de riesgo que viven los pueblos afrocolombianos. La violencia en manos de varios tipos de actores armados, la lucha en curso por sus tierras y territorios, el desplazamiento forzado, el impacto de la agroindustria, los intereses madereros y mineros y los “megaproyectos” destinados al desarrollo económico y a la explotación de los recursos naturales.

Es urgente proteger a los y las defensoras de los pueblos afrocolombianos, así como salvaguardar sus procesos organizativos y Consejos Comunitarios que se encuentran haciendo resistencia civil y pacífica en sus territorios mediante la exigibilidad de los derechos que les trajo la sentencia T-025 de 2004 y la ley de víctimas, ya que, a partir de sus reclamos, se han intensificado los señalamientos, amenazas y asesinatos a líderes y miembros prominentes de los pueblos afrocolombianos. Se concentraron los controles arbitrarios a la movilidad de las personas, alimentos, medicamentos, bienes y servicios básicos como estrategia de guerra por parte de los diferentes actores.

Hasta el momento, no ha sido posible que el Gobierno cumpla la sentencia T-025, ni aplique en territorio afro la ley de víctimas, y tampoco que acate las sugerencias del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, quien en su Informe de agosto de 2009 recomendó al Estado colombiano “intensificar las medidas destinadas a proteger la seguridad de los líderes afrocolombianos e indígenas”.

Por el lado indígena, las cosas están aún peores, la intensificación del conflicto en sus territorios ancestrales ha desatado procesos de lucha por sus derechos con manifestaciones de violencia como respuesta por parte de los grupos armados y el mismo Estado. La situación humanitaria que vive la zona indígena del Cauca, es tan sólo una muestra de la terrible situación que enfrentan estos pueblos por exigir sus derechos en medio de la guerra.

La Organización Indígena de Colombia, ONIC, ve con enorme preocupación la implementación de la ley de víctimas y el cumplimiento de las órdenes de la Corte en el marco de la sentencia T-025 de 2004, y particularmente, en el avance del auto 04 de 2009, donde la Corte lanzó la alarma por la inminente destrucción física y cultural de 32 pueblos indígenas.

Ahora, al reclamar los derechos traídos por la jurisprudencia y la ley de víctimas, los defensores y defensoras de los derechos humanos de los indígenas y sus organizaciones vienen siendo perseguidos por su exigencia de instalar el Programa de garantías y los 32 planes de salvaguarda, y son diariamente atropellados por la profundización del conflicto en zonas indígenas, por factores como la nueva restructuración de los paramilitares, la lucha territorial por el narcotráfico, y la presencia de transnacionales por los proyectos mineros y de hidrocarburos, en zonas como la Orinoquía, el norte del país, el suroccidente y el sur del país.

Fenómenos de violencia como los asesinatos han cobrado la vida de más de 40 indígenas en lo que va corrido del 2012, que se suman a los 122, que fueron asesinados en el 2011. Además de enero a agosto de 2012, van más de 5.000 indígenas desplazados, cuando en este mismo período, en el 2011 se desplazaron menos de 2.000.

Urge también una propuesta que proteja en Colombia a los líderes, defensores y organizaciones indígenas y afro, que luchan por el derecho a la consulta previa, ya que en Colombia se está generando todo un proceso de estigmatización frente a los líderes que defienden los intereses de los pueblos en las consultas, una persecución donde el Gobierno y las empresas están golpeando a todo aquel que exija y reclame procesos de consulta en territorios indígena, diciendo que los líderes de los pueblos son guerrilleros, o están contra el desarrollo.
Por el lado de las mujeres, casos como los denunciados por las indígenas del Cauca, ante la representante del Secretario General para Violencia Sexual en Conflictos Armados, Margot Wallstrom, son aterradoramente dicientes: “Tomaron una mujer de la comunidad indígena que estaba embarazada, la violaron, le sacaron el feto y después de desmembrarlo y tirarlo al río, la asesinaron”

La violencia sexual contra las mujeres es una práctica reiterada en el marco del conflicto armado colombiano, es una forma de control que parte del cuerpo de las mujeres hacia el territorio. En Colombia, a pesar de la magnitud de la violencia sexual, el Estado precariamente maneja cifras de los hechos, la justicia es casi inoperante y esto alimenta la desprotección y el correspondiente temor de las mujeres y sus líderes. Sin embargo, se conocen 183 casos que están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación, en el marco del Auto 092 del 2008 de la Corte Constitucional, y 716 casos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, de los cuales se han emitido solo dos sentencias.

Lo anterior exige un nuevo y decidido compromiso del Estado colombiano, la sociedad en su conjunto y las propias víctimas. Compromiso que no debe ser ajeno a la Comunidad Internacional, más cuando la ley de víctimas se promulgó sin terminar el conflicto armado, conflicto colombiano que se haya inserto en una serie de relaciones globales (siendo las más graves el narcotráfico), y que es el único conflicto vivo en todo el continente americano, del cual se desprende una de las peores tragedias humanitarias a nivel mundial, con los más de 5 millones de desplazados por la violencia. Desplazados que pretendió proteger la Corte Constitucional con la sentencia T-025, y que, paradójicamente, hoy son víctimas de la inercia que desató la ley 1448, víctimas de la ley de víctimas.

http://viva.org.co/cajavirtual/svc0315/articulo05.html

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