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Asesinado consejero mayor de la asociación del consejo de autoridades tradicionales Nasa Cxacha de Puerto Asís Putumayo.

Asesinado consejero mayor de la asociación del consejo de autoridades tradicionales Nasa Cxacha de Puerto Asís Putumayo.

La amenaza y la persecución a los pueblos indígenas que defienden su territorio, no se detiene. El pasado jueves 10 de abril, en la finca las Minas sector alto Danubio del cabildo Yu’ Lux del municipio de Puerto Asís Putumayo, fue asesinado Luis Albeiro Guetio consejero mayor de la asociación...

Colombia: Militarización al servicio del extractivismo

Colombia: Militarización al servicio del extractivismo

El auge de las actividades extractivistas minero-energéticas en Colombia de los últimos años ha venido acompañada de una fuerte militarización de las zonas donde el sector minero-energético opera. El gobierno colombiano ha creado a lo largo de los últimos años los denominados Batallones...

Jorge Caballero, el caballero de senderos y caminos

Jorge Caballero, el caballero de senderos y caminos

Jorge Caballero Fula, nació en Bogotá el 14 de noviembre de 1.952. Segundo de una familia de 5 hermanos, 4 hombres y una mujer. Su primaria la realizo en escuelas públicas de Bogotá, curso hasta el grado tercero de bachillerato en el colegio camilo Torres, por dificultades económicas de la...

  • Asesinado consejero mayor de la asociación del consejo de autoridades tradicionales Nasa Cxacha de Puerto Asís Putumayo.

    Asesinado consejero mayor de la asociación del consejo de autoridades tradicionales Nasa Cxacha de Puerto Asís Putumayo.

    Lunes, 14 Abril 2014 10:00
  • Colombia: Militarización al servicio del extractivismo

    Colombia: Militarización al servicio del extractivismo

    Martes, 15 Abril 2014 12:52
  • Jorge Caballero, el caballero de senderos y caminos

    Jorge Caballero, el caballero de senderos y caminos

    Martes, 15 Abril 2014 19:40

Nuestra Palabra

Los grupos armados le sirven al mismo modelo dominante que despoja a los pueblos originarios

Los graves hechos de violaciones a los DDHH que sucedieron en la madrugada del 4 de abril del 2014 en Totoró demuestran que está en curso el plan de sometimiento del pueblo colombiano hacia una dictadura que no ve más prioridad que escoltar los grandes negocios que hacen parte de la locomotora minero energética. Toda diversidad de pensamiento está vetada y fuertemente vigilada para no permitir ningún cuestionamiento a las decisiones legislativas, económicas y militares del gobierno, de lo contrario será tachado de guerrillero.

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  • Cauca: El dolor No tiene Color

Nuestra Palabra Kueta Susuza

  • Control territorial en el marco de la legitimidad y soberanía del Pueblo Indígena Tontontuna-Totoroez por la autonomía y Gobernabilidad

    El pueblo Indígena “Tontotuna”  Totoroez en uso autónomo de los derechos legítimos y originarios  en el marco del derecho mayor, ley 89 de 1890, Constitución Nacional de 1991, el convenio 169 de la OIT,  ley 21 de 1991, la declaración internacional de los derechos humanos, la sentencia T0-25 del 2004 que dio origen a al auto 004 del 29 de enero del 2009 y artículo 246 de la constitución política de Colombia.

     
  • Asesinado autoridad tradicional de Nasa Cxacha de Puerto Asís - Putumayo

    Asesinado consejero mayor de la asociación del consejo de autoridades tradicionales Nasa Cxacha de Puerto Asís Putumayo. La amenaza y la persecución a los pueblos indígenas que defienden su territorio, no se detiene. El pasado jueves 10 de abril, en la finca las minas sector alto Danubio del cabildo Yu’ Lux del municipio de Puerto Asís Putumayo, fue asesinado Luis Albeiro Guetio consejero mayor de la asociación de autoridades tradicionales Nasa Cxacha de puerto Asis Putumayo, asociación conformada en el 2001  y que agrupa ocho cabildos  del pueblo Nasa.
     
  • Cauca: Fuerza pública miente al decir que operativos realizados en los territorios, son para proteger la vida y dar seguridad a las comunidades

    El pasado 4 de abril entre la vereda Betania y la Peña del resguardo indígena de los Totoroez, fueron agredidos por integrantes de la policía nacional, los comuneros indígenas, Luis Alfonso Pillimue exgobernador del pueblo Totoroez y Miguel Antonio Morales  joven del pueblo Misak, acción donde resulto involucrado el  patrullero Alex Rodríguez, guarda espaldas del alcalde municipal de Totoro,  frente a estos hechos el alcalde municipal José Fernando Conejo, convoco el pasado martes  8 de abril a un consejo de seguridad al cual fueron citados, el Coronel de la policía departamental, el comandante del ejército, el comandante de policía de Totoro, la defensoría del Pueblo, la personería Municipal, la fiscalía, representantes de la gobernación del Cauca, consejería del CRIC, cabildo indígena de Totoro, gobernadores indígenas  del municipio de Totoro, la guardia Indígena, líderes, ex gobernadores y algunos comuneros del resguardo, también se hicieron presentes los comuneros agredidos y sus familiares.

Contexto Colombiano

  • Agoniza la educación colombiana

    La Organización para la Cooperación y el Desarrollo –OCDE-, cada tres años realiza una evaluación sobre la calidad de la Educación, que se conoce como el Informe PISA, que es la sigla en inglés del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes.

     
  • Emgesa y asociados construirían Hidroeléctrica Oporapa

    Actualmente se encuentra en trámite el Proyecto Hidroeléctrico Oporapa que adelantaría EMGESA y asociados. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA está a la espera del Diagnostico Ambiental de Alternativas DAA, este es una de las primeras etapas que deben realizar en este tipo de proyectos hidroeléctricos ante las autoridades ambientales. ¿Hay participación de las comunidades? 
     
  • Asunto: Grupos armados legales e ilegales continúan realizando ataques indiscriminados, amenazando y asesinando a la población civil.

    Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
    Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia

     

    Narni, Abril 10 de 2014. En primer lugar queremos reconocer la labor de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH en lo referente a su último informe sobre Colombia.

     

Vivencias Globales

  • Laconsigna de El Comercio: “Sí a la minería. No a la educación”

    En medio de una maraña de ataques de la prensa reaccionaria en el Perú (Grupo El Comercio y sus aliados) al gobierno regional Cajamarca y su presidente Gregorio Santos, sale nuevamente a la luz las mezquindades del poder mediático que alaba a la política neoliberal (extractivismo y privatizaciones) e ignora a la educación pública en nuestro país.

     
  • Comunidades Mapuche de Likan Ray logran detener amenazante proyecto de piscicultura de la industria salmonera

    Un importante logro de Comunidades Mapuche de sectores de Likán Ray en la defensa de sus espacios de vida, de su cultura y sus economías, consiguieron luego que una empresa desistiera, sin  reponer ante el sistema de evaluación ambiental un proyecto de piscicultura vinculado  a la industria salmonera correspondiente a  la empresa “Sociedad Comercial, Agrícola y Forestal Nalcahue Limitada”  y que significaba intervenir mayormente las aguas en el sector Chesque Alto, lo que habría causado graves impactos territoriales.
     
     
  • Mafiosidad y promoción de la democracia, dos mangas de la misma camisa de fuerza

    La estrategia de promoción de Democracia que se pusiera en marcha en el primer gobierno Reagan involucrando a la CIA, los dos partidos políticos de EEUU (NED y IRI),  USAID ha seguido actuando con una flexibilidad estratégica esencial. Como bien lo señalaron en su momento investigadores como William Robinson, la promoción de la Democracia se adapta a contextos diversos.

     

Comunicados

Caloto – Cauca: Acciones de control territorial en los Cabildos Indígenas de Huellas, Toez y López Adentro
Los tres cabildos de Caloto convocan a Armonizar el territorio mediante el desalojo de maquinaria para la extracción minera que afecta el territorio y la comunidad. Responsabilizar a los mineros de la cuenca del río Palo, actores armados, socios y compañías de propietarios de fincas privadas aledañas por cualquier tipo de retaliación física psicológica a comuneros, guardias indígenas, cabildantes y comunidad en general de los cabildos ejecutantes de la resolución número 001-02-2014. El encuentro será a partir del 3 de abril del 2014.
(849)
Territorios indígenas beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH en el año 2011 convertidos en escenarios de guerra
Comunicado público. El día 14 de noviembre del año 2011, la Comisión Interamericano de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares a favor de miembros del Pueblo Nasa pertenecientes a los resguardos de Toribio, San Francisco, Tacueyó y Jambaló. En la solicitud de medidas cautelares, los miembros del pueblo Nasa argumentaron que se encuentran en una situación de alto riesgo en razón del conflicto armado, y que han sido objeto de homicidios, desapariciones forzadas y otros hechos de violencia.
(226)

Documentos

La devastación de Buenaventura, vergüenza para el régimen.

El presidente Santos anuncia nueva gira electoral por el Valle, luego que el 8 de marzo visitó Buenaventura, donde prometió, el pueblo no le creyó y el 12 de marzo el Plantón paralizó unos 8.000 camiones, a todo el comercio y unos 2.700 millones de pesos no circularon. Esta acción dio continuidad a la multitudinaria marcha del 19 de febrero: “Entierro de la Violencia en Buenaventura”, “Para vivir con dignidad”. Buenaventura sigue en primera página de los medios de comunicación por la crisis humanitaria que la sacude y la presión de su pueblo por soluciones.

(21)
Asesinan a líder campesino del Catatumbo
Asesinado por desconocidos Douglas Zuluaga presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Cartagenita, Catatumbo. ASCAMCAT en su mandato para la defensa de los derechos humanos desea poner en conocimiento de la opinión pública un nuevo asesinato cometido contra un destacado líder comunal del corregimiento Cartagenita, perteneciente al municipio de Convención en el Catatumbo.
(24)

ACIN - Çxhab Wala Kiwe

La población desplazada: víctima de la ley de víctimas

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Hace más de un año, el 10 de junio de 2011, Colombia aprobó la ley 1448, más conocida como: “Ley de víctimas y de restitución de tierras”, dando un gran paso hacia el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado y abriendo las puertas de la esperanza para un proceso de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las millones de víctimas en el país.

Proceso, que ya había iniciado años atrás la Corte Constitucional con la sentencia T-025 de 2004, que declaró el estado de cosas inconstitucional frente a los derechos de la población desplazada, y ordenó al Gobierno Nacional superar dicho estado de violación masiva de derechos humanos.

Pero, pese a lo positivo desde el punto de vista legal y jurisprudencial de la ley de víctimas y de la sentencia T-025 de 2004 es importante resaltar que tanto la ley como la sentencia T-025 trajeron nuevos retos para el Estado colombiano, la sociedad y las propias víctimas y sus organizaciones, así como para los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia. Retos que, pese a los grandes avances, aún están lejos de llegar a cumplir las enormes expectativas generadas y de aliviar el dolor e impotencia de un país inundado de víctimas de la violencia.

Por lo anterior, es altamente preocupante que a más de un año de expedida la ley su aplicación no arranque en serio, con el agravante que este traumático proceso de acomodo institucional, también está afectando el proceso anterior de cumplimiento a la sentencia T-025, con lo cual, en vez de avanzar, estamos retrocediendo. A la espera de la ley de víctimas las metas, indicadores y propuestas construidas por el Gobierno, ante la presión de la Corte Constitucional, en materia de goce efectivo de derechos, quedaron desplazadas, menoscabando un trascendental proceso judicial de más de ocho años, que estaba logrando importantes espacios en materia de política pública para las víctimas en áreas como la vivienda, la educación, la salud, la atención humanitaria, entre otros.

A su vez, una Corte que empezó bajo una novedosa presión judicial, con fuerte acompañamiento ciudadano, a exigir resultados ante el fenómeno del desplazamiento forzado, tanto del Gobierno nacional, como de los gobiernos locales, también parece confundida con la expedición de la ley, al punto que, muchas de las órdenes perentorias a las que conminó al Gobierno Nacional, a los gobiernos departamentales, distritales y municipales ya se vencieron, dejando en peligro todo el proceso desatado por la T-025, la credibilidad misma de la Corte y el cumplimiento efectivo del estado Social de Derecho mismo.

También preocupa enormemente que la ley de víctimas, a la vez que no arranca, si ha generado nuevos espacios de vulnerabilidad para las víctimas. Víctimas que por el simple hecho de reclamar lo que les ofreció la ley, se encuentran más inermes y susceptibles a ataques sistemáticos y deliberados. Por esto, cabe destacar la urgente implementación de los programas de protección, especialmente para aquellos defensores y defensoras de derechos humanos de las víctimas, y para los lideres y miembros de organizaciones, que están siendo asesinados impunemente y amenazados masivamente por quienes, desde diversos espacios, realizan una resistencia violenta al cumplimiento de la ley 1448 y la sentencia T-025.

Para sólo mencionar un trágico ejemplo de la actual amenaza que se desprende para los y las defensoras de las víctimas, desde la promulgación de la ley de víctimas (10 de junio de 2011), hasta el 20 de junio de este año fueron asesinados impunemente 60 líderes y lideresas del proceso de restitución de tierras de la población desplazada. Cabe anotar que a estos hechos de violencia son especialmente vulnerables las comunidades étnicas (indígenas y afrocolombianos), las mujeres y particularmente, las víctimas del desplazamiento forzado.

Es más, la misma ley de víctimas, es hoy fruto de un debate polarizado, que se aterriza en acciones violentas en los territorios donde las víctimas pretenden aplicar la ley a su favor, o exigir el cumplimiento de la sentencia T-025. Los derechos de las víctimas, hoy más que nunca, se enfrentan a los poderosos intereses de grupos legales e ilegales que usufructúan su tragedia.

Por el lado de los afrocolombianas, la exacerbación de la violencia en su contra llegó a tal punto, que la Corte Constitucional, después de que en el 2004 expidiera la sentencia T-025, tuvo que expedir únicamente para ellos el auto 005 de 2009, en el cual evidenció el peligro de que los pueblos afro desaparecieran física y culturalmente reclamando sus derechos en medio de la guerra. Sobre esta realidad,  la  experta Independiente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones de las Minorías, Señora Gay McDougall, se pronunció  en su informe sobre su visita oficial a Colombia en 2010 (del 1 al 12 de febrero de 2010)1. Allí, pone de presente la grave situación de riesgo que viven los pueblos afrocolombianos. La violencia en manos de varios tipos de actores armados, la lucha en curso por sus tierras y territorios, el desplazamiento forzado, el impacto de la agroindustria, los intereses madereros y mineros y los “megaproyectos” destinados al desarrollo económico y a la explotación de los recursos naturales.

Es urgente proteger a los y las defensoras de los pueblos afrocolombianos, así como salvaguardar sus procesos organizativos y Consejos Comunitarios que se encuentran haciendo resistencia civil y pacífica en sus territorios mediante la exigibilidad de los derechos que les trajo la sentencia T-025 de 2004 y la ley de víctimas, ya que, a partir de sus reclamos, se han intensificado los señalamientos, amenazas y asesinatos a líderes y miembros prominentes de los pueblos afrocolombianos. Se concentraron los controles arbitrarios a la movilidad de las personas, alimentos, medicamentos, bienes y servicios básicos como estrategia de guerra por parte de los diferentes actores.

Hasta el momento, no ha sido posible que el Gobierno cumpla la sentencia T-025, ni aplique en territorio afro la ley de víctimas, y tampoco que acate las sugerencias del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, quien en su Informe de agosto de 2009 recomendó al Estado colombiano “intensificar las medidas destinadas a proteger la seguridad de los líderes afrocolombianos e indígenas”.

Por el lado indígena, las cosas están aún peores, la intensificación del conflicto en sus territorios ancestrales ha desatado procesos de lucha por sus derechos con manifestaciones de violencia como respuesta por parte de los grupos armados y el mismo Estado. La situación humanitaria que vive la zona indígena del Cauca, es tan sólo una muestra de la terrible situación que enfrentan estos pueblos por exigir sus derechos en medio de la guerra.

La Organización Indígena de Colombia, ONIC, ve con enorme preocupación la implementación de la ley de víctimas y el cumplimiento de las órdenes de la Corte en el marco de la sentencia T-025 de 2004, y particularmente, en el avance del auto 04 de 2009, donde la Corte lanzó la alarma por la inminente destrucción física y cultural de 32 pueblos indígenas.

Ahora, al reclamar los derechos traídos por la jurisprudencia y la ley de víctimas, los defensores y defensoras de los derechos humanos de los indígenas y sus organizaciones vienen siendo perseguidos por su exigencia de instalar el Programa de garantías y los 32 planes de salvaguarda, y son diariamente atropellados por la profundización del conflicto en zonas indígenas, por factores como la nueva restructuración de los paramilitares, la lucha territorial por el narcotráfico, y la presencia de transnacionales por los proyectos mineros y de hidrocarburos, en zonas como la Orinoquía, el norte del país, el suroccidente y el sur del país.

Fenómenos de violencia como los asesinatos han cobrado la vida de más de 40 indígenas en lo que va corrido del 2012, que se suman a los 122, que fueron asesinados en el 2011. Además de enero a agosto de 2012, van más de 5.000 indígenas desplazados, cuando en este mismo período, en el 2011 se desplazaron menos de 2.000.

Urge también una propuesta que proteja en Colombia a los líderes, defensores y organizaciones indígenas y afro, que luchan por el derecho a la consulta previa, ya que en Colombia se está generando todo un proceso de estigmatización frente a los líderes que defienden los intereses de los pueblos en las consultas, una persecución donde el Gobierno y las empresas están golpeando a todo aquel que exija y reclame procesos de consulta en territorios indígena, diciendo que los líderes de los pueblos son guerrilleros, o están contra el desarrollo.
Por el lado de las mujeres, casos como los denunciados por las indígenas del Cauca, ante la representante del Secretario General para Violencia Sexual en Conflictos Armados, Margot Wallstrom, son aterradoramente dicientes: “Tomaron una mujer de la comunidad indígena que estaba embarazada, la violaron, le sacaron el feto y después de desmembrarlo y tirarlo al río, la asesinaron”

La violencia sexual contra las mujeres es una práctica reiterada en el marco del conflicto armado colombiano, es una forma de control que parte del cuerpo de las mujeres hacia el territorio. En Colombia, a pesar de la magnitud de la violencia sexual, el Estado precariamente maneja cifras de los hechos, la justicia es casi inoperante y esto alimenta la desprotección y el correspondiente temor de las mujeres y sus líderes. Sin embargo, se conocen 183 casos que están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación, en el marco del Auto 092 del 2008 de la Corte Constitucional, y 716 casos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, de los cuales se han emitido solo dos sentencias.

Lo anterior exige un nuevo y decidido compromiso del Estado colombiano, la sociedad en su conjunto y las propias víctimas. Compromiso que no debe ser ajeno a la Comunidad Internacional, más cuando la ley de víctimas se promulgó sin terminar el conflicto armado, conflicto colombiano que se haya inserto en una serie de relaciones globales (siendo las más graves el narcotráfico), y que es el único conflicto vivo en todo el continente americano, del cual se desprende una de las peores tragedias humanitarias a nivel mundial, con los más de 5 millones de desplazados por la violencia. Desplazados que pretendió proteger la Corte Constitucional con la sentencia T-025, y que, paradójicamente, hoy son víctimas de la inercia que desató la ley 1448, víctimas de la ley de víctimas.

http://viva.org.co/cajavirtual/svc0315/articulo05.html

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