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Cauca: Agresión sistemática, señalamiento y amenaza al proceso de Liberación de la Madre Tierra

Cauca: Agresión sistemática, señalamiento y amenaza al proceso de Liberación de la Madre Tierra

  En desarrollo de las acciones legítimas de liberación de la madre tierra, la Fuerza Pública, Ejército Nacional, Policía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, mantienen agresiones sobre las comunidades ubicadas en las fincas en proceso de liberación en los municipios de...

Voces del Pueblo Nasa respaldan la lucha de los pueblos originarios de Argentina

Voces del Pueblo Nasa respaldan la lucha de los pueblos originarios de Argentina

  Ante las exigencias de los pueblos originarios de Argentina, que se adelantan hoy en el acampe en la ciudad de Buenos Aires, el Pueblo Nasa (Cauca - Colombia) envía voces de respaldo a su justa lucha. Denununciamos la agresión sistemática que se implementa en las comunidades...

Cauca: A sembrar, es la orden mandatada por el KSXA´W!

Cauca: A sembrar, es la orden mandatada por el KSXA´W!

  Después de esperar 314 años, en el que el Gobierno Republicano a favor de unos pocos, declaro el título de origen colonial de propiedad colectiva (inembargable, imprescriptible, inalienable), ésta se declaro como tierras baldías, para establecer el título de “propiedad privada”...

  • Cauca: Agresión sistemática, señalamiento y amenaza al proceso de Liberación de la Madre Tierra

    Cauca: Agresión sistemática, señalamiento y amenaza al proceso de Liberación de la Madre Tierra

    Viernes, 27 Marzo 2015 22:27
  • Voces del Pueblo Nasa respaldan la lucha de los pueblos originarios de Argentina

    Voces del Pueblo Nasa respaldan la lucha de los pueblos originarios de Argentina

    Viernes, 27 Marzo 2015 22:54
  • Cauca: A sembrar, es la orden mandatada por el KSXA´W!

    Cauca: A sembrar, es la orden mandatada por el KSXA´W!

    Sábado, 28 Marzo 2015 12:01

Nuestra Palabra

Cauca: Minga de siembra para devolverle el equilibrio a la Madre Tierra

Corinto Cauca: Minga...
La comunidades indígenas de Corinto continúa cumpliendo con el mandato ancestral de la liberación de la Madre Tierra, por eso convocaron a todo el pueblo del norte del Cauca a participar en la minga de siembra que se realizó los días 24 y 25 de marzo de 2015, en las haciendas que ocupan pacíficamente.

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    Solidaridad con nuestros hermanos indígenas

Nuestra Palabra Kueta Susuza

  • Cauca: "Ningún grupo armado nos representa"

    Ningún grupo armado ...
    COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA. Una vez más se repite la historia de violación de los derechos humanos en los territorios ancestrales indígenas del norte del Cauca. La Liberación de la Madre Tierra es un derecho ancestral, estas tierras fueron usurpadas mediante artimañas engañosas a sus legítimos dueños, los indígenas; es por ello que hoy con el fin de restablecer la armonía y el equilibrio en nuestro territorio y en cumplimiento de los principios culturales y territoriales; continuamos con el mandato ancestral de Liberar la Madre Tierra.
     
  • Caravana de solidaridad para nuestros hermanos indígenas

    Solidaridad con nuestros hermanos indigenas. Como es de su conocimiento en el territorio del Norte del Cauca los compañeros indígenas vienen desarrollando una minga por la liberación de la madre tierra, una fuerte lucha contra grandes propietarios y magnates de la economía Colombiana como lo es el Ingenio INCAUCA, entre otros.
     
  • Las autoridades indígenas llamamos al orden, control y corrección de comuneros que causen desorden y desequilibrio

    COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA. Las autoridades indígenas del norte del Cauca ejercerán control territorial y población.

Contexto Colombiano

Vivencias Globales

  • Brasil: Árboles transgénicos y resistencia campesina

    árbEl 5 de marzo de 2015, mujeres del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) y Vía Campesina Brasil protagonizaron la primera liberación comercial de árboles transgénicos en América Latina. Cerca de mil mujeres ocuparon una planta de FuturaGene en Itapetininga, estado de São Paulo, arrancando plántulas de eucaliptos transgénicos de esa empresa, propiedad de la transnacional brasilera Suzano Papel e Celulosa, una de las diez mayores productoras globales de celulosa.
     
     
  • Guatemala: Detención ilegal de Rigoberto Juarez, un defensor del territorio

    "Un Preso Político más: Rigoberto Juárez defensor del territorio. </p><br /><br /><br /><br />
<p>Esta tarde Rigoberto Juárez Mateo fue detenido de forma arbitraria y se convierte en un nuevo preso político del Estado guatemalteco. Rigoberto Juárez es representante del Gobierno Plurinacional de la Nación Q'anjob'al, Chuj, Akateka, Popti y Mestiza de 16 municipios de Huehuetenango. Juárez es criminalizado por defender el territorio y el agua.</p><br /><br /><br /><br />
<p>En el momento de la detención, por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), no se mostró una orden de juez competente. Junto con Rigoberto fue detenido Domingo Baltazar, ambos miembros de la autoridad comunitaria de Santa Eulalia, Huehuetenango. </p><br /><br /><br /><br />
<p>Durante la detención, mediada por el uso de la violencia, se  agredió físicamente al abogado Ricardo Cajas, cuando éste les pidió que se identificaran y mostraran una orden de detención en contra de Rigoberto Juárez.</p><br /><br /><br /><br />
<p>Los representantes comunitarios detenidos habían viajado a la capital para denunciar las violaciones de la que fueron objeto autoridades ancestrales y varios periodistas e pasado 19 de marzo del presente año, cometidas por el alcalde Diego Marcos Pedro, miembros de la corporación municipal y gente afín a las autoridades. </p><br /><br /><br /><br />
<p>Las autoridades ancestrales Q’anjob’al fueron agredidas por la corporación municipal el jueves 19 de marzo durante una actividad pública para la apertura de la Radio Comunitaria Snuq’ Jolom Konob, durante 4 horas fueron agredidos verbal y psicológicamente, también fueron amenazados, por esta razón una delegación viajo a la capital para realizar las denuncias ante la Fiscalía de delitos contra Defensores de los DDHH del Ministerio Público (MP), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Guatemala.</p><br /><br /><br /><br />
<p>Desde el año 2011 han sido varias las ocasiones en las que representantes del Gobierno Plurinacional han viajado a la capital para denunciar los atropellos que comete las empresas hidroeléctricas en todo el territorio maya Q’anjob’al, concretamente en el caso de la empresa Hidro San Luis, en Santa Eulalia, que de acuerdo con los líderes, atenta contra los derechos de las comunidades opuestas al proyecto hidroeléctrico.</p><br /><br /><br /><br />
<p>Esta detención arbitraria se suma a la larga lista que desde el año 2012 se acrecentó como una de las estrategias del Gobierno y Empresas para desarticular la oposición pacífica y organizada de los pueblos frente al modelo de despojo de las empresas.</p><br /><br /><br /><br />
<p>Ciudad de Guatemala, 24 de marzo 2015.<br /><br /><br /><br /><br />
Por Nelton Rivera."
     
    Rigoberto Juárez es autoridad ancestral maya Q'anjob'al y ha sido criminalizado por las empresas extractivas, hidroeléctricas, corporación Municipal y Gobierno de Guatemala por defender los Derechos Humanos. Rigoberto Juárez Mateo viajó a la ciudad capital para interponer una denuncia ante Ministerio Publico, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionados para los derechos Humanos en Guatemala: por las amenazas y agresiones que sufrió por parte del Alcalde Diego Marcos Pedro, el día 19 de marzo 2015, en la actividad para la reinstalación de la Radio Comunitaria Snuq Jolom Konob. 
     
  • Confirmado: El glifosato de las fumigaciones puede provocar cáncer

     
    La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó lo que hace más de una década afirman pueblos fumigados, vecinos en lucha, organizaciones sociales y académicos que no responden al sector empresario.
     

Comunicados

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA; Sigue la presión e intimidación a nuestros comuneros y comuneras quienes ejercen la liberación de la madre tierra

Comunidades, Autoridades tradicionales y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN – Cxhab Wala Kiwe, en cumplimiento de los principios culturales y territoriales, en el ejercicio de la Autonomía como pueblos indígenas del territorio y siguiendo nuestros mandatos, estamos en proceso de Liberación de nuestra madre tierra con el fin de restablecer la Armonía y el Equilibrio en nuestro territorio. Pero hacer valer nuestros derechos tiene un costo elevado en nuestro país y desde que comenzamos el proceso, el número de amenazas, persecuciones, procesos judiciales, estigmatizaciones y heridos van en incremento.

(599)
Resolución Nº 001 2015 Resguardo Indígena de Canoas Norte del Cauca

La autoridad  tradicional  del resguardo de canoas, en usos de sus facultades legítimas y legales que le confiere la ley del origen, el derecho propio, la ley 89 de 1890, la constitución política, reafirmado por la declaración universal de los derechos de los pueblos indígenas, de los tratados y los convenios internacionales.

(138)

Documentos

Alerta temprana sobre situación de miembros de la Asociación Campesina de Santander ASOGRAS
SABANA DE TORRES MARZO 2015.  Alerta temprana: La Asociación Campesina de Santander “ASOGRAS” pone en conocimiento de la comunidad nacional e internacional la activación de alerta temprana y prevención de hechos de amenazas, detenciones y seguimientos contra miembros de la Asociación Campesina, organización integrante de la Mesa de Unidad Agraria y de la Cumbre Agraria.
(24)
“No hay excelencia educativa con hambre”
La comunidad educativa del municipio de Bolívar, en el departamento del Cauca, manifiesta nuevamente la continua anormalidad en la prestación del servicio de restaurante escolar como estrategia del Programa de Alimentación Escolar - PAE para el año 2015. De igual manera se plantea la inconformidad con el consorcio Cauca 2015, quien a la fecha no ha llegado a la totalidad de unidades educativas rurales.
(35)

ACIN - Çxhab Wala Kiwe

La población desplazada: víctima de la ley de víctimas

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Hace más de un año, el 10 de junio de 2011, Colombia aprobó la ley 1448, más conocida como: “Ley de víctimas y de restitución de tierras”, dando un gran paso hacia el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado y abriendo las puertas de la esperanza para un proceso de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las millones de víctimas en el país.

Proceso, que ya había iniciado años atrás la Corte Constitucional con la sentencia T-025 de 2004, que declaró el estado de cosas inconstitucional frente a los derechos de la población desplazada, y ordenó al Gobierno Nacional superar dicho estado de violación masiva de derechos humanos.

Pero, pese a lo positivo desde el punto de vista legal y jurisprudencial de la ley de víctimas y de la sentencia T-025 de 2004 es importante resaltar que tanto la ley como la sentencia T-025 trajeron nuevos retos para el Estado colombiano, la sociedad y las propias víctimas y sus organizaciones, así como para los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia. Retos que, pese a los grandes avances, aún están lejos de llegar a cumplir las enormes expectativas generadas y de aliviar el dolor e impotencia de un país inundado de víctimas de la violencia.

Por lo anterior, es altamente preocupante que a más de un año de expedida la ley su aplicación no arranque en serio, con el agravante que este traumático proceso de acomodo institucional, también está afectando el proceso anterior de cumplimiento a la sentencia T-025, con lo cual, en vez de avanzar, estamos retrocediendo. A la espera de la ley de víctimas las metas, indicadores y propuestas construidas por el Gobierno, ante la presión de la Corte Constitucional, en materia de goce efectivo de derechos, quedaron desplazadas, menoscabando un trascendental proceso judicial de más de ocho años, que estaba logrando importantes espacios en materia de política pública para las víctimas en áreas como la vivienda, la educación, la salud, la atención humanitaria, entre otros.

A su vez, una Corte que empezó bajo una novedosa presión judicial, con fuerte acompañamiento ciudadano, a exigir resultados ante el fenómeno del desplazamiento forzado, tanto del Gobierno nacional, como de los gobiernos locales, también parece confundida con la expedición de la ley, al punto que, muchas de las órdenes perentorias a las que conminó al Gobierno Nacional, a los gobiernos departamentales, distritales y municipales ya se vencieron, dejando en peligro todo el proceso desatado por la T-025, la credibilidad misma de la Corte y el cumplimiento efectivo del estado Social de Derecho mismo.

También preocupa enormemente que la ley de víctimas, a la vez que no arranca, si ha generado nuevos espacios de vulnerabilidad para las víctimas. Víctimas que por el simple hecho de reclamar lo que les ofreció la ley, se encuentran más inermes y susceptibles a ataques sistemáticos y deliberados. Por esto, cabe destacar la urgente implementación de los programas de protección, especialmente para aquellos defensores y defensoras de derechos humanos de las víctimas, y para los lideres y miembros de organizaciones, que están siendo asesinados impunemente y amenazados masivamente por quienes, desde diversos espacios, realizan una resistencia violenta al cumplimiento de la ley 1448 y la sentencia T-025.

Para sólo mencionar un trágico ejemplo de la actual amenaza que se desprende para los y las defensoras de las víctimas, desde la promulgación de la ley de víctimas (10 de junio de 2011), hasta el 20 de junio de este año fueron asesinados impunemente 60 líderes y lideresas del proceso de restitución de tierras de la población desplazada. Cabe anotar que a estos hechos de violencia son especialmente vulnerables las comunidades étnicas (indígenas y afrocolombianos), las mujeres y particularmente, las víctimas del desplazamiento forzado.

Es más, la misma ley de víctimas, es hoy fruto de un debate polarizado, que se aterriza en acciones violentas en los territorios donde las víctimas pretenden aplicar la ley a su favor, o exigir el cumplimiento de la sentencia T-025. Los derechos de las víctimas, hoy más que nunca, se enfrentan a los poderosos intereses de grupos legales e ilegales que usufructúan su tragedia.

Por el lado de los afrocolombianas, la exacerbación de la violencia en su contra llegó a tal punto, que la Corte Constitucional, después de que en el 2004 expidiera la sentencia T-025, tuvo que expedir únicamente para ellos el auto 005 de 2009, en el cual evidenció el peligro de que los pueblos afro desaparecieran física y culturalmente reclamando sus derechos en medio de la guerra. Sobre esta realidad,  la  experta Independiente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones de las Minorías, Señora Gay McDougall, se pronunció  en su informe sobre su visita oficial a Colombia en 2010 (del 1 al 12 de febrero de 2010)1. Allí, pone de presente la grave situación de riesgo que viven los pueblos afrocolombianos. La violencia en manos de varios tipos de actores armados, la lucha en curso por sus tierras y territorios, el desplazamiento forzado, el impacto de la agroindustria, los intereses madereros y mineros y los “megaproyectos” destinados al desarrollo económico y a la explotación de los recursos naturales.

Es urgente proteger a los y las defensoras de los pueblos afrocolombianos, así como salvaguardar sus procesos organizativos y Consejos Comunitarios que se encuentran haciendo resistencia civil y pacífica en sus territorios mediante la exigibilidad de los derechos que les trajo la sentencia T-025 de 2004 y la ley de víctimas, ya que, a partir de sus reclamos, se han intensificado los señalamientos, amenazas y asesinatos a líderes y miembros prominentes de los pueblos afrocolombianos. Se concentraron los controles arbitrarios a la movilidad de las personas, alimentos, medicamentos, bienes y servicios básicos como estrategia de guerra por parte de los diferentes actores.

Hasta el momento, no ha sido posible que el Gobierno cumpla la sentencia T-025, ni aplique en territorio afro la ley de víctimas, y tampoco que acate las sugerencias del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, quien en su Informe de agosto de 2009 recomendó al Estado colombiano “intensificar las medidas destinadas a proteger la seguridad de los líderes afrocolombianos e indígenas”.

Por el lado indígena, las cosas están aún peores, la intensificación del conflicto en sus territorios ancestrales ha desatado procesos de lucha por sus derechos con manifestaciones de violencia como respuesta por parte de los grupos armados y el mismo Estado. La situación humanitaria que vive la zona indígena del Cauca, es tan sólo una muestra de la terrible situación que enfrentan estos pueblos por exigir sus derechos en medio de la guerra.

La Organización Indígena de Colombia, ONIC, ve con enorme preocupación la implementación de la ley de víctimas y el cumplimiento de las órdenes de la Corte en el marco de la sentencia T-025 de 2004, y particularmente, en el avance del auto 04 de 2009, donde la Corte lanzó la alarma por la inminente destrucción física y cultural de 32 pueblos indígenas.

Ahora, al reclamar los derechos traídos por la jurisprudencia y la ley de víctimas, los defensores y defensoras de los derechos humanos de los indígenas y sus organizaciones vienen siendo perseguidos por su exigencia de instalar el Programa de garantías y los 32 planes de salvaguarda, y son diariamente atropellados por la profundización del conflicto en zonas indígenas, por factores como la nueva restructuración de los paramilitares, la lucha territorial por el narcotráfico, y la presencia de transnacionales por los proyectos mineros y de hidrocarburos, en zonas como la Orinoquía, el norte del país, el suroccidente y el sur del país.

Fenómenos de violencia como los asesinatos han cobrado la vida de más de 40 indígenas en lo que va corrido del 2012, que se suman a los 122, que fueron asesinados en el 2011. Además de enero a agosto de 2012, van más de 5.000 indígenas desplazados, cuando en este mismo período, en el 2011 se desplazaron menos de 2.000.

Urge también una propuesta que proteja en Colombia a los líderes, defensores y organizaciones indígenas y afro, que luchan por el derecho a la consulta previa, ya que en Colombia se está generando todo un proceso de estigmatización frente a los líderes que defienden los intereses de los pueblos en las consultas, una persecución donde el Gobierno y las empresas están golpeando a todo aquel que exija y reclame procesos de consulta en territorios indígena, diciendo que los líderes de los pueblos son guerrilleros, o están contra el desarrollo.
Por el lado de las mujeres, casos como los denunciados por las indígenas del Cauca, ante la representante del Secretario General para Violencia Sexual en Conflictos Armados, Margot Wallstrom, son aterradoramente dicientes: “Tomaron una mujer de la comunidad indígena que estaba embarazada, la violaron, le sacaron el feto y después de desmembrarlo y tirarlo al río, la asesinaron”

La violencia sexual contra las mujeres es una práctica reiterada en el marco del conflicto armado colombiano, es una forma de control que parte del cuerpo de las mujeres hacia el territorio. En Colombia, a pesar de la magnitud de la violencia sexual, el Estado precariamente maneja cifras de los hechos, la justicia es casi inoperante y esto alimenta la desprotección y el correspondiente temor de las mujeres y sus líderes. Sin embargo, se conocen 183 casos que están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación, en el marco del Auto 092 del 2008 de la Corte Constitucional, y 716 casos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, de los cuales se han emitido solo dos sentencias.

Lo anterior exige un nuevo y decidido compromiso del Estado colombiano, la sociedad en su conjunto y las propias víctimas. Compromiso que no debe ser ajeno a la Comunidad Internacional, más cuando la ley de víctimas se promulgó sin terminar el conflicto armado, conflicto colombiano que se haya inserto en una serie de relaciones globales (siendo las más graves el narcotráfico), y que es el único conflicto vivo en todo el continente americano, del cual se desprende una de las peores tragedias humanitarias a nivel mundial, con los más de 5 millones de desplazados por la violencia. Desplazados que pretendió proteger la Corte Constitucional con la sentencia T-025, y que, paradójicamente, hoy son víctimas de la inercia que desató la ley 1448, víctimas de la ley de víctimas.

http://viva.org.co/cajavirtual/svc0315/articulo05.html

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