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Cauca: En el bosque mágico para restablecer la armonía

Cauca: En el bosque mágico para restablecer la armonía

Recuerdos del encuentro de inventores e inventoras para el wët wët fxi'zenxi en el bosque mágico, el 24 y 25 de agosto. "Este lugar parece un cuento infantil" dijo Manuel Méndez después al tomar la palabra en la fogata del domingo por la noche. Después habló de la sabiduría de la tierra,...

Cauca: Cuidando el territorio de las acciones que desequilibran a la madre tierra

Cauca: Cuidando el territorio de las acciones que desequilibran a la madre tierra

ANTECEDENTES: Los pueblos indígenas desdes su historia se han caracterizado por la defensa integral del territorio cuidando la madre tierra de acciones que dañen, desarmonicen y desequilibren el buen vivir de los seres en la Madre Tierra WET WET ICXI FXIZENXI; en este sentido...

¿Estrés petrolero en Colombia?

¿Estrés petrolero en Colombia?

Øystein Noreng, noruego experto en economía petrolera, ha insistido en la complejidad de factores que, más allá de la oferta y de la demanda, inciden en ella. Entre dichos factores resalta la condición del recurso como no renovable y en proceso de agotamiento, la “cartelización” del sector en...

  • Cauca: En el bosque mágico para restablecer la armonía

    Cauca: En el bosque mágico para restablecer la armonía

    Jueves, 28 Agosto 2014 11:08
  • Cauca: Cuidando el territorio de las acciones que desequilibran a la madre tierra

    Cauca: Cuidando el territorio de las acciones que desequilibran a la madre tierra

    Sábado, 30 Agosto 2014 18:16
  • ¿Estrés petrolero en Colombia?

    ¿Estrés petrolero en Colombia?

    Martes, 02 Septiembre 2014 14:38

Nuestra Palabra

De cómo nos están mapeando y despojando para "La paz"...

Las Expediciones Bowman coordinan al Pentágono, las universidades y organizaciones y líderes de procesos indígenas y populares. Donde quiera que se implementan hay guerra para la paz del modelo, sea México, Centro América o Colombia urbana y rural. Pasan mayormente desapercibidas. Sus ideólogos no son suficientemente estudiados ni controvertidos. Sus contrapartes gozan de recursos y prestigio. Los efectos en despojo y sometimiento son, ni más ni menos, la conquista hoy, en su modelo post-neoliberal, extractivista legitimado. Hay que hacerle Minga a esta amenaza real para conocerla y detenerla. Así No!!

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    Niña recita hermoso poema contra proyecto Conga (Cajamarca - Perú)

Nuestra Palabra Kueta Susuza

  • Cauca: Llamamos a no participar en el censo nacional agropecuario

    A toda la comunidad campesina del municipio de Inzá mantenerse en la decisión de NO HACER PARTE DEL CENSO NACIONAL AGROPECUARIO que se lleva a cabo en el municipio.
     
  • Cauca: Continúan los hostigamientos y detenciones ilegales por parte de la Fuerza pública en comunidades indigenas

    COMUNICADO A LA OPINON PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL: La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-ACIN en cumplimiento de los principios culturales y territoriales como  pueblos indígenas  del territorio, manifiesta su voz de rechazo  e indignación contra todos los hechos violentos e inhumanos que atentan contra la vida y la integridad física de los comuneros y comuneras que habitamos en nuestros territorios y  cuando es violentado el ejercicio autónomo de control territorial por parte de miembros de las fuerzas militares de Colombia.

     
  • Una luz aquí y ahora

    Crónica del encuentro con inventores e inventoras para el wët wët fxizenxi, realizada el pasado 15 de agosto. A partir del mes de septiembre se iniciará un nuevo recorrido para visitar uno a uno los inventos que falta por visitar.

Contexto Colombiano

  • Organización internacional de DDHH insta al presidente Santos a poner freno al abuso de la Fuerza Pública en Urabá

    La organización internacional de derechos humanos, Rete Italiana di Solidarietà con le Comunità di Pace Colombiane, envió una dura carta al presidente Juan Manuel Santos instándolo a que ponga freno a los abusos del Ejército, Policía y paramilitares contra las comunidades de San José de Apartadó.

     
  • Entre sequías y privatizaciones

    La sed consume a la Guajira. Mientras Cerrejón Limited gasta cada día 17 millones de litros de agua en su proceso extractivo del carbón, miles de pobladores sufren por falta del precioso líquido. Esta realidad se erige como emblema del modelo extractivista acelerado impuesto en el país. El Gobierno actúa como cómplice de la tragedia, tanto por acción como por omisión, que deslegitima y privatiza cada vez más una gestión comunitaria del agua.

     
  • Comunidad de Paz San José de Apartadó: Población civil blanco de los militares

    No vale que lo digamos en todos los tonos, la degradación del valor que tiene la vida se ha convertido en infamia para los asesinos que gozan de protección de un sistema de impunidad absoluta, garantía para persistir en destruir las vidas humanas de la población civil. Nuevamente dejamos ante la humanidad y la historia los últimos hechos de horror:
     

Vivencias Globales

  • Mexico: De 7 kilómetros, el derrame de gasolina en río de Veracruz

    Tierra Blanca, Ver. Un derrame de gasolina en una toma clandestina de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) contaminó más de siete kilómetros del arroyo Hondo y causó la muerte de ejemplares de diversas especies, entre ellas peces, anguilas, tortugas, tlacuaches, víboras, conejos, ratones e incluso aves, aseguró el director de seguridad pública municipal, Franco Osorio.

     
  • Honduras: Ante el asesinato de nuestra compañera Margarita Murillo

    (Tegucigalpa, 29 de Agosto, 2014) La Vía Campesina Honduras (LVC), ante la opinión pública nacional e internacional, hace saber que el día 26 de Agosto del 2014 en horas nocturnas fue asesinada nuestra querida compañera de lucha MARGARITA MURILLO, en la comunidad de la montaña denominada El Planón, jurisdicción de la aldea El Venado en el municipio de Villanueva Cortes, donde se encontraba trabajando en una pequeña parcela de tierra.

     
  • Argentina: El Pueblo Wichí perseguidos y asesinados por defender su territorio

    AgustinEntrevista a Agustín Santillán referente del Pueblo Wichí de la comunidad el Palmar Largo del oeste de la provincia de Formosa - Argentina. Agustín Santillán describe la situación que se está viviendo en la comunidad Wichi de Cacique Colorado, la cual el pasado 28 de julio fue víctima de un ataque policial. 
     
     

Comunicados

Caloto – Cauca: Acciones de control territorial en los Cabildos Indígenas de Huellas, Toez y López Adentro
Los tres cabildos de Caloto convocan a Armonizar el territorio mediante el desalojo de maquinaria para la extracción minera que afecta el territorio y la comunidad. Responsabilizar a los mineros de la cuenca del río Palo, actores armados, socios y compañías de propietarios de fincas privadas aledañas por cualquier tipo de retaliación física psicológica a comuneros, guardias indígenas, cabildantes y comunidad en general de los cabildos ejecutantes de la resolución número 001-02-2014. El encuentro será a partir del 3 de abril del 2014.
(2102)
Territorios indígenas beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH en el año 2011 convertidos en escenarios de guerra
Comunicado público. El día 14 de noviembre del año 2011, la Comisión Interamericano de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares a favor de miembros del Pueblo Nasa pertenecientes a los resguardos de Toribio, San Francisco, Tacueyó y Jambaló. En la solicitud de medidas cautelares, los miembros del pueblo Nasa argumentaron que se encuentran en una situación de alto riesgo en razón del conflicto armado, y que han sido objeto de homicidios, desapariciones forzadas y otros hechos de violencia.
(1013)

Documentos

Garantizar AGUA para los dos Santanderes, implica dejar el Páramo de Santurbán completo

OMUNICADO PÚBLICO DEL COMITÉ PARA LA DEFENSA DEL AGUA Y EL PÁRAMO DE SANTURBÁN
Ante la avalancha des-informativa, para establecer los límites del Páramo de Santurbán

“El Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán” Se permite informar y precisar:

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Corrupción y Privatización en la Unidad Nacional de Protección

Ante el reciente escándalo develado por el Secretario para la Transparencia de la Presidencia de la Republica y la Fiscalía General de la Nación, sobre la red de corrupción en la Unidad Nacional de Protección, las plataformas de derechos humanos en Colombia manifestamos a la opinión pública nuestra preocupación por este hecho teniendo en cuenta las siguientes situaciones:

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ACIN - Çxhab Wala Kiwe

La población desplazada: víctima de la ley de víctimas

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Hace más de un año, el 10 de junio de 2011, Colombia aprobó la ley 1448, más conocida como: “Ley de víctimas y de restitución de tierras”, dando un gran paso hacia el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado y abriendo las puertas de la esperanza para un proceso de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las millones de víctimas en el país.

Proceso, que ya había iniciado años atrás la Corte Constitucional con la sentencia T-025 de 2004, que declaró el estado de cosas inconstitucional frente a los derechos de la población desplazada, y ordenó al Gobierno Nacional superar dicho estado de violación masiva de derechos humanos.

Pero, pese a lo positivo desde el punto de vista legal y jurisprudencial de la ley de víctimas y de la sentencia T-025 de 2004 es importante resaltar que tanto la ley como la sentencia T-025 trajeron nuevos retos para el Estado colombiano, la sociedad y las propias víctimas y sus organizaciones, así como para los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia. Retos que, pese a los grandes avances, aún están lejos de llegar a cumplir las enormes expectativas generadas y de aliviar el dolor e impotencia de un país inundado de víctimas de la violencia.

Por lo anterior, es altamente preocupante que a más de un año de expedida la ley su aplicación no arranque en serio, con el agravante que este traumático proceso de acomodo institucional, también está afectando el proceso anterior de cumplimiento a la sentencia T-025, con lo cual, en vez de avanzar, estamos retrocediendo. A la espera de la ley de víctimas las metas, indicadores y propuestas construidas por el Gobierno, ante la presión de la Corte Constitucional, en materia de goce efectivo de derechos, quedaron desplazadas, menoscabando un trascendental proceso judicial de más de ocho años, que estaba logrando importantes espacios en materia de política pública para las víctimas en áreas como la vivienda, la educación, la salud, la atención humanitaria, entre otros.

A su vez, una Corte que empezó bajo una novedosa presión judicial, con fuerte acompañamiento ciudadano, a exigir resultados ante el fenómeno del desplazamiento forzado, tanto del Gobierno nacional, como de los gobiernos locales, también parece confundida con la expedición de la ley, al punto que, muchas de las órdenes perentorias a las que conminó al Gobierno Nacional, a los gobiernos departamentales, distritales y municipales ya se vencieron, dejando en peligro todo el proceso desatado por la T-025, la credibilidad misma de la Corte y el cumplimiento efectivo del estado Social de Derecho mismo.

También preocupa enormemente que la ley de víctimas, a la vez que no arranca, si ha generado nuevos espacios de vulnerabilidad para las víctimas. Víctimas que por el simple hecho de reclamar lo que les ofreció la ley, se encuentran más inermes y susceptibles a ataques sistemáticos y deliberados. Por esto, cabe destacar la urgente implementación de los programas de protección, especialmente para aquellos defensores y defensoras de derechos humanos de las víctimas, y para los lideres y miembros de organizaciones, que están siendo asesinados impunemente y amenazados masivamente por quienes, desde diversos espacios, realizan una resistencia violenta al cumplimiento de la ley 1448 y la sentencia T-025.

Para sólo mencionar un trágico ejemplo de la actual amenaza que se desprende para los y las defensoras de las víctimas, desde la promulgación de la ley de víctimas (10 de junio de 2011), hasta el 20 de junio de este año fueron asesinados impunemente 60 líderes y lideresas del proceso de restitución de tierras de la población desplazada. Cabe anotar que a estos hechos de violencia son especialmente vulnerables las comunidades étnicas (indígenas y afrocolombianos), las mujeres y particularmente, las víctimas del desplazamiento forzado.

Es más, la misma ley de víctimas, es hoy fruto de un debate polarizado, que se aterriza en acciones violentas en los territorios donde las víctimas pretenden aplicar la ley a su favor, o exigir el cumplimiento de la sentencia T-025. Los derechos de las víctimas, hoy más que nunca, se enfrentan a los poderosos intereses de grupos legales e ilegales que usufructúan su tragedia.

Por el lado de los afrocolombianas, la exacerbación de la violencia en su contra llegó a tal punto, que la Corte Constitucional, después de que en el 2004 expidiera la sentencia T-025, tuvo que expedir únicamente para ellos el auto 005 de 2009, en el cual evidenció el peligro de que los pueblos afro desaparecieran física y culturalmente reclamando sus derechos en medio de la guerra. Sobre esta realidad,  la  experta Independiente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones de las Minorías, Señora Gay McDougall, se pronunció  en su informe sobre su visita oficial a Colombia en 2010 (del 1 al 12 de febrero de 2010)1. Allí, pone de presente la grave situación de riesgo que viven los pueblos afrocolombianos. La violencia en manos de varios tipos de actores armados, la lucha en curso por sus tierras y territorios, el desplazamiento forzado, el impacto de la agroindustria, los intereses madereros y mineros y los “megaproyectos” destinados al desarrollo económico y a la explotación de los recursos naturales.

Es urgente proteger a los y las defensoras de los pueblos afrocolombianos, así como salvaguardar sus procesos organizativos y Consejos Comunitarios que se encuentran haciendo resistencia civil y pacífica en sus territorios mediante la exigibilidad de los derechos que les trajo la sentencia T-025 de 2004 y la ley de víctimas, ya que, a partir de sus reclamos, se han intensificado los señalamientos, amenazas y asesinatos a líderes y miembros prominentes de los pueblos afrocolombianos. Se concentraron los controles arbitrarios a la movilidad de las personas, alimentos, medicamentos, bienes y servicios básicos como estrategia de guerra por parte de los diferentes actores.

Hasta el momento, no ha sido posible que el Gobierno cumpla la sentencia T-025, ni aplique en territorio afro la ley de víctimas, y tampoco que acate las sugerencias del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, quien en su Informe de agosto de 2009 recomendó al Estado colombiano “intensificar las medidas destinadas a proteger la seguridad de los líderes afrocolombianos e indígenas”.

Por el lado indígena, las cosas están aún peores, la intensificación del conflicto en sus territorios ancestrales ha desatado procesos de lucha por sus derechos con manifestaciones de violencia como respuesta por parte de los grupos armados y el mismo Estado. La situación humanitaria que vive la zona indígena del Cauca, es tan sólo una muestra de la terrible situación que enfrentan estos pueblos por exigir sus derechos en medio de la guerra.

La Organización Indígena de Colombia, ONIC, ve con enorme preocupación la implementación de la ley de víctimas y el cumplimiento de las órdenes de la Corte en el marco de la sentencia T-025 de 2004, y particularmente, en el avance del auto 04 de 2009, donde la Corte lanzó la alarma por la inminente destrucción física y cultural de 32 pueblos indígenas.

Ahora, al reclamar los derechos traídos por la jurisprudencia y la ley de víctimas, los defensores y defensoras de los derechos humanos de los indígenas y sus organizaciones vienen siendo perseguidos por su exigencia de instalar el Programa de garantías y los 32 planes de salvaguarda, y son diariamente atropellados por la profundización del conflicto en zonas indígenas, por factores como la nueva restructuración de los paramilitares, la lucha territorial por el narcotráfico, y la presencia de transnacionales por los proyectos mineros y de hidrocarburos, en zonas como la Orinoquía, el norte del país, el suroccidente y el sur del país.

Fenómenos de violencia como los asesinatos han cobrado la vida de más de 40 indígenas en lo que va corrido del 2012, que se suman a los 122, que fueron asesinados en el 2011. Además de enero a agosto de 2012, van más de 5.000 indígenas desplazados, cuando en este mismo período, en el 2011 se desplazaron menos de 2.000.

Urge también una propuesta que proteja en Colombia a los líderes, defensores y organizaciones indígenas y afro, que luchan por el derecho a la consulta previa, ya que en Colombia se está generando todo un proceso de estigmatización frente a los líderes que defienden los intereses de los pueblos en las consultas, una persecución donde el Gobierno y las empresas están golpeando a todo aquel que exija y reclame procesos de consulta en territorios indígena, diciendo que los líderes de los pueblos son guerrilleros, o están contra el desarrollo.
Por el lado de las mujeres, casos como los denunciados por las indígenas del Cauca, ante la representante del Secretario General para Violencia Sexual en Conflictos Armados, Margot Wallstrom, son aterradoramente dicientes: “Tomaron una mujer de la comunidad indígena que estaba embarazada, la violaron, le sacaron el feto y después de desmembrarlo y tirarlo al río, la asesinaron”

La violencia sexual contra las mujeres es una práctica reiterada en el marco del conflicto armado colombiano, es una forma de control que parte del cuerpo de las mujeres hacia el territorio. En Colombia, a pesar de la magnitud de la violencia sexual, el Estado precariamente maneja cifras de los hechos, la justicia es casi inoperante y esto alimenta la desprotección y el correspondiente temor de las mujeres y sus líderes. Sin embargo, se conocen 183 casos que están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación, en el marco del Auto 092 del 2008 de la Corte Constitucional, y 716 casos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, de los cuales se han emitido solo dos sentencias.

Lo anterior exige un nuevo y decidido compromiso del Estado colombiano, la sociedad en su conjunto y las propias víctimas. Compromiso que no debe ser ajeno a la Comunidad Internacional, más cuando la ley de víctimas se promulgó sin terminar el conflicto armado, conflicto colombiano que se haya inserto en una serie de relaciones globales (siendo las más graves el narcotráfico), y que es el único conflicto vivo en todo el continente americano, del cual se desprende una de las peores tragedias humanitarias a nivel mundial, con los más de 5 millones de desplazados por la violencia. Desplazados que pretendió proteger la Corte Constitucional con la sentencia T-025, y que, paradójicamente, hoy son víctimas de la inercia que desató la ley 1448, víctimas de la ley de víctimas.

http://viva.org.co/cajavirtual/svc0315/articulo05.html

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