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"En plenos acuerdos firmados del proceso de paz continua el exterminio del pueblo Awa en Nariño"

Frente al exterminio sistemático que nos han sometido, resistimos Después de hacer un análisis entre autoridades, consejeros y lideres de nuestra organización Unidad Indigena del pueblo Awá UNIPA frente al homicidio del hermano Camilo Roberto Taicús Bisbicus, queremos informar a la...

Graves Violaciones Generan Alerta en el Macizo Colombiano

Graves Violaciones Generan Alerta en el Macizo Colombiano

El Comité de Integración del Macizo Colombiano – CIMA, denuncia ante la opinión pública la crítica situación de derechos humanos que enfrentan comunidades, organizaciones, líderes y lideresas y hoy tiene atemorizada la región del Macizo Colombiano y coloca en máxima alerta al movimiento...

“La tierra no créese pero las familias si”

“La tierra no créese pero las familias si”

Un joven que anteriormente participó  en  Movimiento juvenil, cuanta que  la liberación de la Madre Tierra es muy importante hacerle seguimiento, porque estas tierras pertenecieron a nuestros ancestros. "Hoy nosotros  que somos la futura generación queremos bajar a la...

  • "En plenos acuerdos firmados del proceso de paz continua el exterminio del pueblo Awa en Nariño"

    Lunes, 29 Agosto 2016 13:51
  • Graves Violaciones Generan Alerta en el Macizo Colombiano

    Graves Violaciones Generan Alerta en el Macizo Colombiano

    Martes, 30 Agosto 2016 09:23
  • “La tierra no créese pero las familias si”

    “La tierra no créese pero las familias si”

    Miércoles, 31 Agosto 2016 11:24

Nuestra Palabra

En esta minga de resistencia también hablamos de liberar la Madre Tierra, pero no negociamos con quienes nos asesinan.

Como pueblo Nasa rechazamos rotundamente la brutal arremetida de la fuerza publica y el vil asesinato de nuestros tres  compañeros  GERSAIN CERON del Resguardo ancestral de las Mercedes del pueblo Nasa; MARCOS AURELIO DIAZ del Resguardo la Aguada territorio de Sath Tama Kiwe de Caldono del pueblo Nasa; WELLINGTON QUIBARECAMA NEQUIRUCAMA del pueblo Embera, los mas 142 heridos y dos judicializados hasta la fecha en el marco de minga de resistencia por la vida, el territorio, la dignidad, la paz y cumplimiento de acuerdos que inicio  el 30 de mayo del 2016 en diferentes puntos del Departamento del Cauca y del país.

“No es lo mismo sentarse a dialogar que a negociar” palabras de los liberadores y liberadoras de la Madre Tierra en el norte del Cauca. Y no es lo mismo cuando nos masacran y corre nuestra sangre, como la de nuestro compañero GUILLERMO PAVÍ  que retorno al seno de la Madre Tierra mientras la liberaba en el 2015.

 

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    Segundo dia Saakhelu Tacueyo

Nuestra Palabra Kueta Susuza

Contexto Colombiano

Vivencias Globales

  • Diversas organizaciones defienden propuesta legal para impedir la criminalización de las Radios Comunitarias

    La iniciativa legal fue presentada por el Senador Alejandro Navarro en diciembre del 2015 y busca eliminar las penas privativas de libertad para la radiodifusión sin licencia, modificando el artículo 36 B a) de la Ley General de Telecomunicaciones en donde las radios comunitarias han sido las principales afectadas. De aprobarse el proyecto, se eliminaría una importante barrera para el ejercicio pleno de la libertad de expresión y del derecho a la comunicación en Chile.

     
  • El planeta pierde 33 mil hectáreas de tierra fértil por día

    IPS, 19 de agosto, 2016.- El mundo pierde 12 millones de hectáreas de tierra fértil por año, lo que equivale a 33.000 hectáreas diarias, de 30 a 35 veces más que la proporción histórica.

     
  • Nicaragua: tierras para los rusos y despojo para los indígenas

    La demanda de demarcación de las tierras indígenas fue presentada desde hace diez años por el Gobierno Comunal Creole de Bluefields. LA PRENSA/LISSA VILLAGRA

    El Gobierno de Nicaragua ofreció cuatro millones de hectáreas disponibles del territorio nacional durante la Ronda de Negocios y Foro Mediático Rusia-América Latina, que se desarrolló el 30 de marzo en Uruguay.

    El ofrecimiento fue calificado como una “contradicción obscena”, por el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez, teniendo en cuenta que el 30 de marzo la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (Conadeti) reconoció solo el siete por ciento de las tierras que el Gobierno Comunal Creole de Bluefields (GCCB) reclamaba desde hace diez años.

     

Comunicados

Jambalo: Comunicado a la Opinión Pública

Reciban un Amable y Fraternal saludo de Armonía, Hermandad, Paz y de Resistencia por parte de los NEJWE’SX – AUTORIDADES TRADICIONALES.

El Cabildo Indígena del Resguardo de Jambaló Cauca, entidad pública de carácter especial, sin ánimo de lucro, cuya creación fue determinada por la Ley 89 de 1890 de la extinguida República de Colombia, y cuya personería jurídica y fundamentos jurídicos se derivan de la Ley 153 de 1887, y regido por la Ley 21 de 1991 que ratifica el Convenio 169 de la OIT, La Constitución Política de Colombia de 1991 y demás disposiciones aplicables de acuerdo a su régimen especial.

 

(306)
Las autoridades tradicionales no han ofrecido la guardia indígena, para Salvaguardar zonas de ubicación de las FARC

Comunicado a la Opinión Pública Nacional e Internacional
 Ante el artículo aparecido el día 25 de febrero del presente año en el periódico el
Espectador titulado “Guardia indígena se ofrece para salvaguardar zonas de ubicación de las FARC”, la Consejería mayor del CRIC se permite aclarar lo siguiente: 

(2711)

Documentos

Ratificamos Nuestro Compromiso con la Paz de Colombia, Valorando Positivamente el Fin Del Conflicto Armado Y Posicionándonos Decididamente con el SI en el Plebiscito.

 La consejería del CRIC, tomando como base el punto 6 de la junta directiva celebrada los días 26 y 27 de julio del presente año, ratifica su decisión de apoyar y participar activamente en la campaña por el SI al plebiscito, realizar pedagogía por la paz desde nuestra dinámica organizativa e insistir en una sesión con delegados de la mesa de la Habana en la María, Piendamó, territorio de convivencia, diálogo y negociación de la sociedad civil.  

(205)
¡LA PAZ SÍ ES CON NOSOTROS (AS)!

Históricamente los pueblos indígenas  hemos venido reclamando la Paz en Colombia. Desde la llegada de los españoles a nuestros territorios: la violencia, el saqueo y el despojo, se convirtieron en una constante para quienes hemos resistido a la guerra, por esto apoyamos este importante paso para que luego de 52 años de confrontación armada, se cierre un ciclo doloroso y trágico para Colombia: el conflicto armado. 

(229)

ACIN - Çxhab Wala Kiwe

La población desplazada: víctima de la ley de víctimas

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Hace más de un año, el 10 de junio de 2011, Colombia aprobó la ley 1448, más conocida como: “Ley de víctimas y de restitución de tierras”, dando un gran paso hacia el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado y abriendo las puertas de la esperanza para un proceso de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las millones de víctimas en el país.

Proceso, que ya había iniciado años atrás la Corte Constitucional con la sentencia T-025 de 2004, que declaró el estado de cosas inconstitucional frente a los derechos de la población desplazada, y ordenó al Gobierno Nacional superar dicho estado de violación masiva de derechos humanos.

Pero, pese a lo positivo desde el punto de vista legal y jurisprudencial de la ley de víctimas y de la sentencia T-025 de 2004 es importante resaltar que tanto la ley como la sentencia T-025 trajeron nuevos retos para el Estado colombiano, la sociedad y las propias víctimas y sus organizaciones, así como para los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia. Retos que, pese a los grandes avances, aún están lejos de llegar a cumplir las enormes expectativas generadas y de aliviar el dolor e impotencia de un país inundado de víctimas de la violencia.

Por lo anterior, es altamente preocupante que a más de un año de expedida la ley su aplicación no arranque en serio, con el agravante que este traumático proceso de acomodo institucional, también está afectando el proceso anterior de cumplimiento a la sentencia T-025, con lo cual, en vez de avanzar, estamos retrocediendo. A la espera de la ley de víctimas las metas, indicadores y propuestas construidas por el Gobierno, ante la presión de la Corte Constitucional, en materia de goce efectivo de derechos, quedaron desplazadas, menoscabando un trascendental proceso judicial de más de ocho años, que estaba logrando importantes espacios en materia de política pública para las víctimas en áreas como la vivienda, la educación, la salud, la atención humanitaria, entre otros.

A su vez, una Corte que empezó bajo una novedosa presión judicial, con fuerte acompañamiento ciudadano, a exigir resultados ante el fenómeno del desplazamiento forzado, tanto del Gobierno nacional, como de los gobiernos locales, también parece confundida con la expedición de la ley, al punto que, muchas de las órdenes perentorias a las que conminó al Gobierno Nacional, a los gobiernos departamentales, distritales y municipales ya se vencieron, dejando en peligro todo el proceso desatado por la T-025, la credibilidad misma de la Corte y el cumplimiento efectivo del estado Social de Derecho mismo.

También preocupa enormemente que la ley de víctimas, a la vez que no arranca, si ha generado nuevos espacios de vulnerabilidad para las víctimas. Víctimas que por el simple hecho de reclamar lo que les ofreció la ley, se encuentran más inermes y susceptibles a ataques sistemáticos y deliberados. Por esto, cabe destacar la urgente implementación de los programas de protección, especialmente para aquellos defensores y defensoras de derechos humanos de las víctimas, y para los lideres y miembros de organizaciones, que están siendo asesinados impunemente y amenazados masivamente por quienes, desde diversos espacios, realizan una resistencia violenta al cumplimiento de la ley 1448 y la sentencia T-025.

Para sólo mencionar un trágico ejemplo de la actual amenaza que se desprende para los y las defensoras de las víctimas, desde la promulgación de la ley de víctimas (10 de junio de 2011), hasta el 20 de junio de este año fueron asesinados impunemente 60 líderes y lideresas del proceso de restitución de tierras de la población desplazada. Cabe anotar que a estos hechos de violencia son especialmente vulnerables las comunidades étnicas (indígenas y afrocolombianos), las mujeres y particularmente, las víctimas del desplazamiento forzado.

Es más, la misma ley de víctimas, es hoy fruto de un debate polarizado, que se aterriza en acciones violentas en los territorios donde las víctimas pretenden aplicar la ley a su favor, o exigir el cumplimiento de la sentencia T-025. Los derechos de las víctimas, hoy más que nunca, se enfrentan a los poderosos intereses de grupos legales e ilegales que usufructúan su tragedia.

Por el lado de los afrocolombianas, la exacerbación de la violencia en su contra llegó a tal punto, que la Corte Constitucional, después de que en el 2004 expidiera la sentencia T-025, tuvo que expedir únicamente para ellos el auto 005 de 2009, en el cual evidenció el peligro de que los pueblos afro desaparecieran física y culturalmente reclamando sus derechos en medio de la guerra. Sobre esta realidad,  la  experta Independiente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones de las Minorías, Señora Gay McDougall, se pronunció  en su informe sobre su visita oficial a Colombia en 2010 (del 1 al 12 de febrero de 2010)1. Allí, pone de presente la grave situación de riesgo que viven los pueblos afrocolombianos. La violencia en manos de varios tipos de actores armados, la lucha en curso por sus tierras y territorios, el desplazamiento forzado, el impacto de la agroindustria, los intereses madereros y mineros y los “megaproyectos” destinados al desarrollo económico y a la explotación de los recursos naturales.

Es urgente proteger a los y las defensoras de los pueblos afrocolombianos, así como salvaguardar sus procesos organizativos y Consejos Comunitarios que se encuentran haciendo resistencia civil y pacífica en sus territorios mediante la exigibilidad de los derechos que les trajo la sentencia T-025 de 2004 y la ley de víctimas, ya que, a partir de sus reclamos, se han intensificado los señalamientos, amenazas y asesinatos a líderes y miembros prominentes de los pueblos afrocolombianos. Se concentraron los controles arbitrarios a la movilidad de las personas, alimentos, medicamentos, bienes y servicios básicos como estrategia de guerra por parte de los diferentes actores.

Hasta el momento, no ha sido posible que el Gobierno cumpla la sentencia T-025, ni aplique en territorio afro la ley de víctimas, y tampoco que acate las sugerencias del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, quien en su Informe de agosto de 2009 recomendó al Estado colombiano “intensificar las medidas destinadas a proteger la seguridad de los líderes afrocolombianos e indígenas”.

Por el lado indígena, las cosas están aún peores, la intensificación del conflicto en sus territorios ancestrales ha desatado procesos de lucha por sus derechos con manifestaciones de violencia como respuesta por parte de los grupos armados y el mismo Estado. La situación humanitaria que vive la zona indígena del Cauca, es tan sólo una muestra de la terrible situación que enfrentan estos pueblos por exigir sus derechos en medio de la guerra.

La Organización Indígena de Colombia, ONIC, ve con enorme preocupación la implementación de la ley de víctimas y el cumplimiento de las órdenes de la Corte en el marco de la sentencia T-025 de 2004, y particularmente, en el avance del auto 04 de 2009, donde la Corte lanzó la alarma por la inminente destrucción física y cultural de 32 pueblos indígenas.

Ahora, al reclamar los derechos traídos por la jurisprudencia y la ley de víctimas, los defensores y defensoras de los derechos humanos de los indígenas y sus organizaciones vienen siendo perseguidos por su exigencia de instalar el Programa de garantías y los 32 planes de salvaguarda, y son diariamente atropellados por la profundización del conflicto en zonas indígenas, por factores como la nueva restructuración de los paramilitares, la lucha territorial por el narcotráfico, y la presencia de transnacionales por los proyectos mineros y de hidrocarburos, en zonas como la Orinoquía, el norte del país, el suroccidente y el sur del país.

Fenómenos de violencia como los asesinatos han cobrado la vida de más de 40 indígenas en lo que va corrido del 2012, que se suman a los 122, que fueron asesinados en el 2011. Además de enero a agosto de 2012, van más de 5.000 indígenas desplazados, cuando en este mismo período, en el 2011 se desplazaron menos de 2.000.

Urge también una propuesta que proteja en Colombia a los líderes, defensores y organizaciones indígenas y afro, que luchan por el derecho a la consulta previa, ya que en Colombia se está generando todo un proceso de estigmatización frente a los líderes que defienden los intereses de los pueblos en las consultas, una persecución donde el Gobierno y las empresas están golpeando a todo aquel que exija y reclame procesos de consulta en territorios indígena, diciendo que los líderes de los pueblos son guerrilleros, o están contra el desarrollo.
Por el lado de las mujeres, casos como los denunciados por las indígenas del Cauca, ante la representante del Secretario General para Violencia Sexual en Conflictos Armados, Margot Wallstrom, son aterradoramente dicientes: “Tomaron una mujer de la comunidad indígena que estaba embarazada, la violaron, le sacaron el feto y después de desmembrarlo y tirarlo al río, la asesinaron”

La violencia sexual contra las mujeres es una práctica reiterada en el marco del conflicto armado colombiano, es una forma de control que parte del cuerpo de las mujeres hacia el territorio. En Colombia, a pesar de la magnitud de la violencia sexual, el Estado precariamente maneja cifras de los hechos, la justicia es casi inoperante y esto alimenta la desprotección y el correspondiente temor de las mujeres y sus líderes. Sin embargo, se conocen 183 casos que están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación, en el marco del Auto 092 del 2008 de la Corte Constitucional, y 716 casos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, de los cuales se han emitido solo dos sentencias.

Lo anterior exige un nuevo y decidido compromiso del Estado colombiano, la sociedad en su conjunto y las propias víctimas. Compromiso que no debe ser ajeno a la Comunidad Internacional, más cuando la ley de víctimas se promulgó sin terminar el conflicto armado, conflicto colombiano que se haya inserto en una serie de relaciones globales (siendo las más graves el narcotráfico), y que es el único conflicto vivo en todo el continente americano, del cual se desprende una de las peores tragedias humanitarias a nivel mundial, con los más de 5 millones de desplazados por la violencia. Desplazados que pretendió proteger la Corte Constitucional con la sentencia T-025, y que, paradójicamente, hoy son víctimas de la inercia que desató la ley 1448, víctimas de la ley de víctimas.

http://viva.org.co/cajavirtual/svc0315/articulo05.html

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