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Nuevamente quieren callar la voz de las comunidades indígenas

Nuevamente quieren callar la voz de las comunidades indígenas

Denuncia pública: Tejido de Comunicación para la Verdad y la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN; da a conocer a la opinión pública que en el desarrollo de las acciones legítimas de liberación de la madre tierra que llevan a cabo las comunidades indígenas del...

Cauca-Colombia: Comunicado a la opinión pública nacional e internacional, exigimos nuestros derechos liberando la madre tierra

Cauca-Colombia: Comunicado a la opinión pública nacional e internacional, exigimos nuestros derechos liberando la madre tierra

Recientemente cumplimos 44 años de aquella fecha histórica en la que nuestros mayores de los cabildos indígenas del norte del Cauca, progenitores valientes, humildes y coherentes con los principios y valores del pueblo Nasa y Misak retomaron las banderas de resistencia de nuestros ancestros...

Cauca - Colombia: Ataque informatico contra los medios comunitarios

Cauca - Colombia: Ataque informatico contra los medios comunitarios

  Informamos a la comunidad y la opinión pública que las páginas web nasaacin.org, pueblosencamino.org, orewa.org.co, somosdefensores.org, entre otras páginas web de las organizaciones indígenas, Sociales y Afros de Colombia, que se encuentran alojadas en el servidor del Proceso...

  • Nuevamente quieren callar la voz de las comunidades indígenas

    Nuevamente quieren callar la voz de las comunidades indígenas

    Sábado, 28 Febrero 2015 10:58
  • Cauca-Colombia: Comunicado a la opinión pública nacional e internacional, exigimos nuestros derechos liberando la madre tierra

    Cauca-Colombia: Comunicado a la opinión pública nacional e internacional, exigimos nuestros derechos liberando la madre tierra

    Sábado, 28 Febrero 2015 17:47
  • Cauca - Colombia: Ataque informatico contra los medios comunitarios

    Cauca - Colombia: Ataque informatico contra los medios comunitarios

    Lunes, 02 Marzo 2015 12:55

Nuestra Palabra

Cauca - Colombia: La estrategia militar golpea a las comunidades indígenas que liberan la Madre Tierra

Nos preguntamos qué está pasando en el norte del Cauca. Los diálogos de Paz siguen en la Habana, los medios oficiales y el gobierno aseguran que ambos actores armados no han incumplido el acuerdo de cese al fuego bilateral, pero en el Cauca siguen las amenazas, la persecución y los homicidios; en lo corrido que va del año 2015 el lugar más asediado ha sido Caloto.

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    En minga para liberar la madrre tierra

Nuestra Palabra Kueta Susuza

  • ¡La memoria de nuestros Talul (mayores) permanece latente para la liberación de la madre tierra!

    Un llamado por la pervivencia de la vida de todos los nasas en la minga de la liberación de la madre tierra, en el Territorio Indígena Ancestral de Corinto.


    Cuentan los abuelos que pactada la constitución nacional de Colombia en 1886, cuatro años después se les hizo un reconocimiento a los indígenas por la participación de lucha libertadora contra los españoles. Esta bondad que parecía tan prometedora en el desarrollo del principio de la democracia y la participación, sólo se convirtió en instrumento para socavar y continuar con la política de extermino del pueblo indígena.

     
  • Cauca: Urgente situación en Corinto, indígenas en fuego cruzado

    Urgente situación en...
    COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA CXHAB WALA KIWE –ACIN: BOLETIN N° 4 - DE DERECHOS HUMANOS: El Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de ACIN informa a la opinión pública nacional e internacional, que en continuidad de las acciones legítimas de liberación de la madre tierra desarrolladas durante el día hoy 27 de febrero de 2015, se presentaron enfrentamientos entre una cuadrilla de la guerrilla de las FARC y la Fuerza Pública, poniendo a la población indígena en alto riesgo. 
     
  • Un día de agresión indiscriminada contra indígenas en el Norte del Cauca

    Un día de agresión i...
    BOLETIN N° 3 - DE DERECHOS HUMANOS. El Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de ACIN informa a la opinión pública nacional e internacional, que en desarrollo de las acciones legítimas de liberación de la madre tierra desarrolladas durante el día hoy 26 de febrero de 2015, la Fuerza Pública Ejercito, Policía Militar y el ESMAD, acrecentó la agresión a comuneros indígenas que reclaman sus derechos en zonas del municipio de Corinto y la Agustina en Santander de Quilichao Norte del Departamento de Cauca.

Contexto Colombiano

  • Desde el territorio Wayuu nos sumamos a La lucha por la Defensa del Territorio, Cauca Resistan, Todos Resistimos

    Las Autoridades tradicionales y Organizaciones Wayuu filiales a la ONIC, reunidas hoy en nuestro territorio y con ocasión de continuar pensando colectivamente en torno al tema del territorio, hemos compartido la palabra y nuestro pensamiento sobre la situación que se viene presentando en el norte del Cauca a raíz de las acciones desplegadas por los hermanos Nasa de la ACIN, que presionan al Gobierno Nacional para que sin más esperas ni falsas promesas entregue de una vez por todas 6.500 hectáreas prometidas a los hermanos indígenas caucanos en el marco de la Liberación de la Madre Tierra.

     
  • Comunicado a la opinión publica en apoyo a los hermanos indígenas del norte del Cauca quienes ejercen la liberación de la madre tierra.

    Foto: El Tiempo.com

    Los pueblos indígenas del valle del cauca; Embera, Nasa y Wounaan, reunidas en asamblea Departamental en el Municipio de Bolivar Valle,  pronunciamos y alertamos a la opinión publica, a los organismos de derechos humanos regional, Nacional e Internacional, Defensoría del pueblo y a la Fiscalía general de la Nación, el rechazo a las  grabes  violaciones de derechos humanos que se han cometido con nuestros hermanos indígenas del norte del cauca, lo cual atenta contra la vida, la integridad física, individual y colectiva de los pueblos indígenas.

     
  • Territorio Tamabioy: Extracción minera en el Valle de Sibundoy, Departamento del Putumayo

    Los Pueblos Indígenas Kamëntsá Biyá e Inga habitamos desde tiempos milenarios en el gran Territorio Ancestral Carlos Tamabioy área comprendida dentro de los Departamentos de Nariño, Putumayo y Cauca, al suroccidente Colombiano en Sur América.

    Extracción minera en el Valle de Sibundoy, Departamento del Putumayo: envenenamiento del rio Putumayo, impactos y vulneración de derechos a sus pueblos originarios.

     

Vivencias Globales

  • El Decenio Afrodescendiente y la integración de los pueblos

    Revista América Latina en Movimiento
    La declaración del Decenio de los Afrodescendientes (2015-2024) por la Organización de las Naciones Unidas es consecuencia de un largo proceso de lucha de los movimientos sociales y organizaciones populares. 
     
  • Documental mujeres sin tierra y sin derechos ¡Nunca más!

    En México, como en muchos países, las mujeres hemos sido históricamente excluidas del derechos a la tierra lo cual impide no solamente el ejercicio de este derecho, sino que también limita y vulnera otros derechos: la participación en las asambleas, la toma de decisiones comunitarias, una vida libre de violencia, entre otros.  
     
  • Lucha Indígena N° 102 TERRORISMO

    Hoy vemos repetirse la triste historia que vivió nuestro país durante 20 años de guerra interna:
    El surgimiento del terror de abajo contra el terror de arriba, que es tomado como pretexto por el terror de arriba, que preexistía, para acrecentarse.

     

Comunicados

Nuevamente los actores armados que operan en la zona colocan a nuestros niños indígenas en medio del fuego cruzado, ocupan bienes civiles y nos señalan como colaboradores de uno u otro bando en conflicto.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA  
Nuevamente nuestras comunidades están siendo víctimas de un conflicto que no es nuestro y los actores  armados nos acusan de ser colaboradores de uno u otro bando. 

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ACIN: Nuevamente los actores armados colocan a nuestros niños indígenas en medio del fuego cruzado
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA: NUEVAMENTE LOS ACTORES ARMADOS QUE OPERAN EN LA ZONA COLOCAN A NUESTROS NIÑOS INDÍGENAS EN MEDIO DEL FUEGO CRUZADO, OCUPAN BIENES CIVILES Y NOS SEÑALAN COMO COLABORADORES DE UNO U OTRO BANDO EN CONFLICTO.
(205)

Documentos

ONU Derechos Humanos pide calma, diálogo y negociación en Corinto, Cauca

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ante los hechos violentos ocurridos en las últimas horas en Corinto, Cauca, que dejaron varios indígenas heridos, algunos con arma de fuego, y también varios heridos de la fuerza pública, llama a la calma y saluda la decisión de reanudar el diálogo entre autoridades del Gobierno y autoridades indígenas Nasa, hoy sábado a las 9:00 a.m..

(47)
Valle del Cauca: Continúa las amenazas a la dirigencia de las organizaciones sociales
Continúa la acción cobarde de los criminales paramilitares que tras el nombre de los "Rastrojos" actúan sin que autoridades del Estado pongan fin a sus tropelías. Se han ensañado contra la dirigencia de las organizaciones sociales y étnicas del pueblo que fijan posiciones políticas de izquierda.
(38)

ACIN - Çxhab Wala Kiwe

La población desplazada: víctima de la ley de víctimas

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Hace más de un año, el 10 de junio de 2011, Colombia aprobó la ley 1448, más conocida como: “Ley de víctimas y de restitución de tierras”, dando un gran paso hacia el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado y abriendo las puertas de la esperanza para un proceso de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las millones de víctimas en el país.

Proceso, que ya había iniciado años atrás la Corte Constitucional con la sentencia T-025 de 2004, que declaró el estado de cosas inconstitucional frente a los derechos de la población desplazada, y ordenó al Gobierno Nacional superar dicho estado de violación masiva de derechos humanos.

Pero, pese a lo positivo desde el punto de vista legal y jurisprudencial de la ley de víctimas y de la sentencia T-025 de 2004 es importante resaltar que tanto la ley como la sentencia T-025 trajeron nuevos retos para el Estado colombiano, la sociedad y las propias víctimas y sus organizaciones, así como para los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia. Retos que, pese a los grandes avances, aún están lejos de llegar a cumplir las enormes expectativas generadas y de aliviar el dolor e impotencia de un país inundado de víctimas de la violencia.

Por lo anterior, es altamente preocupante que a más de un año de expedida la ley su aplicación no arranque en serio, con el agravante que este traumático proceso de acomodo institucional, también está afectando el proceso anterior de cumplimiento a la sentencia T-025, con lo cual, en vez de avanzar, estamos retrocediendo. A la espera de la ley de víctimas las metas, indicadores y propuestas construidas por el Gobierno, ante la presión de la Corte Constitucional, en materia de goce efectivo de derechos, quedaron desplazadas, menoscabando un trascendental proceso judicial de más de ocho años, que estaba logrando importantes espacios en materia de política pública para las víctimas en áreas como la vivienda, la educación, la salud, la atención humanitaria, entre otros.

A su vez, una Corte que empezó bajo una novedosa presión judicial, con fuerte acompañamiento ciudadano, a exigir resultados ante el fenómeno del desplazamiento forzado, tanto del Gobierno nacional, como de los gobiernos locales, también parece confundida con la expedición de la ley, al punto que, muchas de las órdenes perentorias a las que conminó al Gobierno Nacional, a los gobiernos departamentales, distritales y municipales ya se vencieron, dejando en peligro todo el proceso desatado por la T-025, la credibilidad misma de la Corte y el cumplimiento efectivo del estado Social de Derecho mismo.

También preocupa enormemente que la ley de víctimas, a la vez que no arranca, si ha generado nuevos espacios de vulnerabilidad para las víctimas. Víctimas que por el simple hecho de reclamar lo que les ofreció la ley, se encuentran más inermes y susceptibles a ataques sistemáticos y deliberados. Por esto, cabe destacar la urgente implementación de los programas de protección, especialmente para aquellos defensores y defensoras de derechos humanos de las víctimas, y para los lideres y miembros de organizaciones, que están siendo asesinados impunemente y amenazados masivamente por quienes, desde diversos espacios, realizan una resistencia violenta al cumplimiento de la ley 1448 y la sentencia T-025.

Para sólo mencionar un trágico ejemplo de la actual amenaza que se desprende para los y las defensoras de las víctimas, desde la promulgación de la ley de víctimas (10 de junio de 2011), hasta el 20 de junio de este año fueron asesinados impunemente 60 líderes y lideresas del proceso de restitución de tierras de la población desplazada. Cabe anotar que a estos hechos de violencia son especialmente vulnerables las comunidades étnicas (indígenas y afrocolombianos), las mujeres y particularmente, las víctimas del desplazamiento forzado.

Es más, la misma ley de víctimas, es hoy fruto de un debate polarizado, que se aterriza en acciones violentas en los territorios donde las víctimas pretenden aplicar la ley a su favor, o exigir el cumplimiento de la sentencia T-025. Los derechos de las víctimas, hoy más que nunca, se enfrentan a los poderosos intereses de grupos legales e ilegales que usufructúan su tragedia.

Por el lado de los afrocolombianas, la exacerbación de la violencia en su contra llegó a tal punto, que la Corte Constitucional, después de que en el 2004 expidiera la sentencia T-025, tuvo que expedir únicamente para ellos el auto 005 de 2009, en el cual evidenció el peligro de que los pueblos afro desaparecieran física y culturalmente reclamando sus derechos en medio de la guerra. Sobre esta realidad,  la  experta Independiente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones de las Minorías, Señora Gay McDougall, se pronunció  en su informe sobre su visita oficial a Colombia en 2010 (del 1 al 12 de febrero de 2010)1. Allí, pone de presente la grave situación de riesgo que viven los pueblos afrocolombianos. La violencia en manos de varios tipos de actores armados, la lucha en curso por sus tierras y territorios, el desplazamiento forzado, el impacto de la agroindustria, los intereses madereros y mineros y los “megaproyectos” destinados al desarrollo económico y a la explotación de los recursos naturales.

Es urgente proteger a los y las defensoras de los pueblos afrocolombianos, así como salvaguardar sus procesos organizativos y Consejos Comunitarios que se encuentran haciendo resistencia civil y pacífica en sus territorios mediante la exigibilidad de los derechos que les trajo la sentencia T-025 de 2004 y la ley de víctimas, ya que, a partir de sus reclamos, se han intensificado los señalamientos, amenazas y asesinatos a líderes y miembros prominentes de los pueblos afrocolombianos. Se concentraron los controles arbitrarios a la movilidad de las personas, alimentos, medicamentos, bienes y servicios básicos como estrategia de guerra por parte de los diferentes actores.

Hasta el momento, no ha sido posible que el Gobierno cumpla la sentencia T-025, ni aplique en territorio afro la ley de víctimas, y tampoco que acate las sugerencias del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, quien en su Informe de agosto de 2009 recomendó al Estado colombiano “intensificar las medidas destinadas a proteger la seguridad de los líderes afrocolombianos e indígenas”.

Por el lado indígena, las cosas están aún peores, la intensificación del conflicto en sus territorios ancestrales ha desatado procesos de lucha por sus derechos con manifestaciones de violencia como respuesta por parte de los grupos armados y el mismo Estado. La situación humanitaria que vive la zona indígena del Cauca, es tan sólo una muestra de la terrible situación que enfrentan estos pueblos por exigir sus derechos en medio de la guerra.

La Organización Indígena de Colombia, ONIC, ve con enorme preocupación la implementación de la ley de víctimas y el cumplimiento de las órdenes de la Corte en el marco de la sentencia T-025 de 2004, y particularmente, en el avance del auto 04 de 2009, donde la Corte lanzó la alarma por la inminente destrucción física y cultural de 32 pueblos indígenas.

Ahora, al reclamar los derechos traídos por la jurisprudencia y la ley de víctimas, los defensores y defensoras de los derechos humanos de los indígenas y sus organizaciones vienen siendo perseguidos por su exigencia de instalar el Programa de garantías y los 32 planes de salvaguarda, y son diariamente atropellados por la profundización del conflicto en zonas indígenas, por factores como la nueva restructuración de los paramilitares, la lucha territorial por el narcotráfico, y la presencia de transnacionales por los proyectos mineros y de hidrocarburos, en zonas como la Orinoquía, el norte del país, el suroccidente y el sur del país.

Fenómenos de violencia como los asesinatos han cobrado la vida de más de 40 indígenas en lo que va corrido del 2012, que se suman a los 122, que fueron asesinados en el 2011. Además de enero a agosto de 2012, van más de 5.000 indígenas desplazados, cuando en este mismo período, en el 2011 se desplazaron menos de 2.000.

Urge también una propuesta que proteja en Colombia a los líderes, defensores y organizaciones indígenas y afro, que luchan por el derecho a la consulta previa, ya que en Colombia se está generando todo un proceso de estigmatización frente a los líderes que defienden los intereses de los pueblos en las consultas, una persecución donde el Gobierno y las empresas están golpeando a todo aquel que exija y reclame procesos de consulta en territorios indígena, diciendo que los líderes de los pueblos son guerrilleros, o están contra el desarrollo.
Por el lado de las mujeres, casos como los denunciados por las indígenas del Cauca, ante la representante del Secretario General para Violencia Sexual en Conflictos Armados, Margot Wallstrom, son aterradoramente dicientes: “Tomaron una mujer de la comunidad indígena que estaba embarazada, la violaron, le sacaron el feto y después de desmembrarlo y tirarlo al río, la asesinaron”

La violencia sexual contra las mujeres es una práctica reiterada en el marco del conflicto armado colombiano, es una forma de control que parte del cuerpo de las mujeres hacia el territorio. En Colombia, a pesar de la magnitud de la violencia sexual, el Estado precariamente maneja cifras de los hechos, la justicia es casi inoperante y esto alimenta la desprotección y el correspondiente temor de las mujeres y sus líderes. Sin embargo, se conocen 183 casos que están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación, en el marco del Auto 092 del 2008 de la Corte Constitucional, y 716 casos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, de los cuales se han emitido solo dos sentencias.

Lo anterior exige un nuevo y decidido compromiso del Estado colombiano, la sociedad en su conjunto y las propias víctimas. Compromiso que no debe ser ajeno a la Comunidad Internacional, más cuando la ley de víctimas se promulgó sin terminar el conflicto armado, conflicto colombiano que se haya inserto en una serie de relaciones globales (siendo las más graves el narcotráfico), y que es el único conflicto vivo en todo el continente americano, del cual se desprende una de las peores tragedias humanitarias a nivel mundial, con los más de 5 millones de desplazados por la violencia. Desplazados que pretendió proteger la Corte Constitucional con la sentencia T-025, y que, paradójicamente, hoy son víctimas de la inercia que desató la ley 1448, víctimas de la ley de víctimas.

http://viva.org.co/cajavirtual/svc0315/articulo05.html

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