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Pueblo Nasa erradicó 200 mil matas de coca como ejercicio de autonomía y control territorial

Pueblo Nasa erradicó 200 mil matas de coca como ejercicio de autonomía y control territorial

La comunidad del Pueblo Nasa del municipio de Jambaló, Cauca, decidió erradicar 120 hectáreas de coca sin daño alguno a la Madre Tierra. Un niño con bastón de mando, de actitud sencilla, líder estudiantil de la Institución Educativa Chimicueto (Inech), tomó la palabra e informó a sus...

¿Hasta cuándo, hasta cuándo?

¿Hasta cuándo, hasta cuándo?

De nuevo, nuestra Comunidad de Paz, eleva un clamor ante el país y el mundo, colocando en constancia una ves mas los hechos de horror que evidencian una continua búsqueda de aniquilamiento contra nuestro proyecto de vida de Comunidad de Paz, los hechos son;

Dignidad Cafetera hace un llamado para revisar el programa de Protección de Ingreso Cafetero (PIC)

Dignidad Cafetera hace un llamado para revisar el programa de Protección de Ingreso Cafetero (PIC)

Durante el pasado fin de semana, en pueblos y corregimientos de las zonas cafeteras del país, los productores vendieron su producto, a $63 mil pesos la arroba, tipo federación y, de ahí hacia abajo -hasta $54 mil- cuando lo entregaron verde. Estos precios de venta no alcanzan a recoger, en...

  • Pueblo Nasa erradicó 200 mil matas de coca como ejercicio de autonomía y control territorial

    Pueblo Nasa erradicó 200 mil matas de coca como ejercicio de autonomía y control territorial

    Lunes, 27 Julio 2015 10:35
  • ¿Hasta cuándo, hasta cuándo?

    ¿Hasta cuándo, hasta cuándo?

    Martes, 28 Julio 2015 09:47
  • Dignidad Cafetera hace un llamado para revisar el programa de Protección de Ingreso Cafetero (PIC)

    Dignidad Cafetera hace un llamado para revisar el programa de Protección de Ingreso Cafetero (PIC)

    Martes, 28 Julio 2015 13:32

Nuestra Palabra

Madres de Soacha: Tejiendo la dignidad desde su Dignidad

Apenas empieza este tejido. El 2 de Julio de 2015 se realizó este Encuentro vía Skype de la iniciativa Pueblos en Camino. El primero de una serie que le da la palabra a Madres y Familiares de víctimas de terror sistemático en diversos lugares. Este primer encuentro se enfoca en torno de los “Falsos Positivos” y las Madres de Soacha. Según lo señala recientemente el Director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, “Los falsos positivos fueron procedimientos atroces y generalizados”.

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    Documental Mushaisha, una pesadilla wayúu

Nuestra Palabra Kueta Susuza

Contexto Colombiano

  • “A nosotros nos desplazó el Gobierno Colombiano" (Las Juntas, radiografía del despojo)

    José Ángel Ávila Ramos ()Fotografía: Juan Guillermo Osorio)

    Siento que el corazón se me va a salir del pecho, son las palabras que pronuncia José Ángel Ávila Ramos, una llamada palidece su rostro después de seis años de resistencia el momento que tanto había temido estaba ocurriendo y él no se encuentra allí para impedirlo.

     
  • Presentación del informe 2014 Red Italiana de Solidaridad, Colombia Vive! Frete de violaciones de los derechos humanos

    La Red Italiana de Solidaridad, Colombia Vive! presenta el informe del registro de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario denunciadas por las comunidades que acompaña en el 2014. Dicho informe se basa en las denuncias recibidas directamente por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz y por la ACIN. En cuanto a las denuncias registradas provenientes de Jusiticia y Paz  es importante resaltar que hemos registrado las correspondientes a los casos de Jiguamiandó, Curvaradó, Cacarica en lo que se refiere a comunidades e, igualmente, hemos registrado agresiones y violaciones a los mismos acompañantes y defensores de derechos humanos de dicha organización.

     
  • Comunidad de Paz San José de Apartadó, derecho de Petición Nro 16 al Presidente Santos

    … No obstante tan arraigada indiferencia e indolencia que deslegitiman la letra y el espíritu de la Constitución, convirtiéndolos en fachadas ficticias, continúo dejando constancia en su despacho de los horrores vividos, que en nada reflejan un Estado de Derecho, pero que al menos la posteridad podrá juzgar a la luz de lo que se había proclamado como “ley”… ”

     

Vivencias Globales

  • La guerra interminable: 15 años de lucha por el agua en Bolivia

    Derramaron sangre para no quedarse sin agua. Era el año 2000 y los ciudadanos de Cochabamba se pusieron en pie de guerra contra la privatización de sus escasos recursos hídricos. Hoy, 15 años después, la lucha diaria por el acceso al agua continúa en la cuarta ciudad más grande de Bolivia.

     
  • Ecuador: Acciones de protesta contra la minería en Quito

    Acciones de protesta...
    Encadenamiento en la embajada China en Quito. 14 de julio de 2015
     
    Dos importantes acciones de protesta contra la minería se realizaron en Quito el martes 14 de julio. Una delegación del Frente de Mujeres Defensoras de las Pachamama y de las Guardianas de la Amazonía participaron junto con otras organizaciones agrupadas en el Bloque Proletario.
     
  • La carta de un preso político: Rigoberto Juárez

    Abajo se se presenta la carta de un preso político en Guatemala. Su caso es uno de varios, en donde líderes comunitarios y vecinales que al defender sus derechos frente a grandes empresas y el gobierno, han sido apresados. En el caso de Rigoberto Juárez, fue llevado a prisión el 24 de marzo de este año, luego de plantearse la necesidad de competir electoralmente para disputar el gobierno local a los alcaldes que favorecen a las multinacionales. Pero sobre todo, fue llevado a prisión por su trayectoria política defendiendo su territorio y los bienes naturales contra el proyecto Hidro San Luis (de los Leal del Ingenio Magdalena, en Santa Eulalia, y los proyectos hidroeléctricos Pojom I y II (de una serie de empresas en donde se repite el hermano del difunto Rodrigo Rosenberg Marzano, Carlos Rodas Marzano). Todos en el departamento de Huehuetenango.

     

Comunicados

Cauca: Matan las semillas que alimentan la vida del pueblo y defienden los monocultivos de caña para darles de comer a las máquinas

LIBERACIÓN DE LA MADRE TIERRA, EN EL TERRITORIO INDÍGENA ANCESTRAL DE CORINTO 

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA. Contexto de la liberación de la madre tierra
Después del despojo por de sus tierras planas en la conquista y la colonia, quienes permanecieron por más de un siglo usufructuando en la llanura del río Cauca, los indígenas en las faldas de las montañas de la cordillera central, poniendo en riesgo la fragilidad ambiental; 
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Comunicado a la opinión pública nacional e internacional : Rechazo por el feminicidio, tortura y violación de Noemí
Las mujeres de la Çxhab Wala Kiwe “Territorio del Gran Pueblo” ACIN, en solidaridad con la familia, amigos y allegados de nuestra hermana indígena Ana Nohemí Corpus Mestizo expresamos nuestra voz de tristeza y rechazo por el feminicidio, tortura y violación de Noemí como también las violencias que padecen nuestras mujeres indígenas, pues día a día somos víctimas de sistemáticas discriminaciones y violencias que evidencian la grave situación que enfrentamos como mujeres al ser víctimas tanto de la violencia social como política al interior de nuestros territorios.
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Documentos

Los convites rechazan la fumigación aérea contra el Consejo Comunitario de Manuncia - López de Micay (Costa Pacífica de Cauca)
El 23 de julio de 2015 avionetas escoltadas por helicópteros militares, soltaron una cantidad sorprendente de veneno en zonas cultivables del Consejo Comunitario de Mamuncia en el municipio de López de Micay – costa pacífica de Cauca.
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Asesinado joven como falso positivo en Iscuande (Nariño), un feminicidio, y 2 muertes en Guapi (Cauca)- Costa Pacífica del Sur de Colombia
1). LA FUERZA PÚBLICA ASESINA A JOVEN EN ISCUANDÉ - NARIÑO
 
El 18 de julio de 2015 en el municipio de Iscuandé (costa pacífica de Nariño), fue asesinado al parecer por la fuerza pública DANILO OBANDO, joven de 24 años de este municipio, padre de un niño de 4 años y con un bebe en el vientre de su esposa.
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ACIN - Çxhab Wala Kiwe

La población desplazada: víctima de la ley de víctimas

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Hace más de un año, el 10 de junio de 2011, Colombia aprobó la ley 1448, más conocida como: “Ley de víctimas y de restitución de tierras”, dando un gran paso hacia el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado y abriendo las puertas de la esperanza para un proceso de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las millones de víctimas en el país.

Proceso, que ya había iniciado años atrás la Corte Constitucional con la sentencia T-025 de 2004, que declaró el estado de cosas inconstitucional frente a los derechos de la población desplazada, y ordenó al Gobierno Nacional superar dicho estado de violación masiva de derechos humanos.

Pero, pese a lo positivo desde el punto de vista legal y jurisprudencial de la ley de víctimas y de la sentencia T-025 de 2004 es importante resaltar que tanto la ley como la sentencia T-025 trajeron nuevos retos para el Estado colombiano, la sociedad y las propias víctimas y sus organizaciones, así como para los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia. Retos que, pese a los grandes avances, aún están lejos de llegar a cumplir las enormes expectativas generadas y de aliviar el dolor e impotencia de un país inundado de víctimas de la violencia.

Por lo anterior, es altamente preocupante que a más de un año de expedida la ley su aplicación no arranque en serio, con el agravante que este traumático proceso de acomodo institucional, también está afectando el proceso anterior de cumplimiento a la sentencia T-025, con lo cual, en vez de avanzar, estamos retrocediendo. A la espera de la ley de víctimas las metas, indicadores y propuestas construidas por el Gobierno, ante la presión de la Corte Constitucional, en materia de goce efectivo de derechos, quedaron desplazadas, menoscabando un trascendental proceso judicial de más de ocho años, que estaba logrando importantes espacios en materia de política pública para las víctimas en áreas como la vivienda, la educación, la salud, la atención humanitaria, entre otros.

A su vez, una Corte que empezó bajo una novedosa presión judicial, con fuerte acompañamiento ciudadano, a exigir resultados ante el fenómeno del desplazamiento forzado, tanto del Gobierno nacional, como de los gobiernos locales, también parece confundida con la expedición de la ley, al punto que, muchas de las órdenes perentorias a las que conminó al Gobierno Nacional, a los gobiernos departamentales, distritales y municipales ya se vencieron, dejando en peligro todo el proceso desatado por la T-025, la credibilidad misma de la Corte y el cumplimiento efectivo del estado Social de Derecho mismo.

También preocupa enormemente que la ley de víctimas, a la vez que no arranca, si ha generado nuevos espacios de vulnerabilidad para las víctimas. Víctimas que por el simple hecho de reclamar lo que les ofreció la ley, se encuentran más inermes y susceptibles a ataques sistemáticos y deliberados. Por esto, cabe destacar la urgente implementación de los programas de protección, especialmente para aquellos defensores y defensoras de derechos humanos de las víctimas, y para los lideres y miembros de organizaciones, que están siendo asesinados impunemente y amenazados masivamente por quienes, desde diversos espacios, realizan una resistencia violenta al cumplimiento de la ley 1448 y la sentencia T-025.

Para sólo mencionar un trágico ejemplo de la actual amenaza que se desprende para los y las defensoras de las víctimas, desde la promulgación de la ley de víctimas (10 de junio de 2011), hasta el 20 de junio de este año fueron asesinados impunemente 60 líderes y lideresas del proceso de restitución de tierras de la población desplazada. Cabe anotar que a estos hechos de violencia son especialmente vulnerables las comunidades étnicas (indígenas y afrocolombianos), las mujeres y particularmente, las víctimas del desplazamiento forzado.

Es más, la misma ley de víctimas, es hoy fruto de un debate polarizado, que se aterriza en acciones violentas en los territorios donde las víctimas pretenden aplicar la ley a su favor, o exigir el cumplimiento de la sentencia T-025. Los derechos de las víctimas, hoy más que nunca, se enfrentan a los poderosos intereses de grupos legales e ilegales que usufructúan su tragedia.

Por el lado de los afrocolombianas, la exacerbación de la violencia en su contra llegó a tal punto, que la Corte Constitucional, después de que en el 2004 expidiera la sentencia T-025, tuvo que expedir únicamente para ellos el auto 005 de 2009, en el cual evidenció el peligro de que los pueblos afro desaparecieran física y culturalmente reclamando sus derechos en medio de la guerra. Sobre esta realidad,  la  experta Independiente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones de las Minorías, Señora Gay McDougall, se pronunció  en su informe sobre su visita oficial a Colombia en 2010 (del 1 al 12 de febrero de 2010)1. Allí, pone de presente la grave situación de riesgo que viven los pueblos afrocolombianos. La violencia en manos de varios tipos de actores armados, la lucha en curso por sus tierras y territorios, el desplazamiento forzado, el impacto de la agroindustria, los intereses madereros y mineros y los “megaproyectos” destinados al desarrollo económico y a la explotación de los recursos naturales.

Es urgente proteger a los y las defensoras de los pueblos afrocolombianos, así como salvaguardar sus procesos organizativos y Consejos Comunitarios que se encuentran haciendo resistencia civil y pacífica en sus territorios mediante la exigibilidad de los derechos que les trajo la sentencia T-025 de 2004 y la ley de víctimas, ya que, a partir de sus reclamos, se han intensificado los señalamientos, amenazas y asesinatos a líderes y miembros prominentes de los pueblos afrocolombianos. Se concentraron los controles arbitrarios a la movilidad de las personas, alimentos, medicamentos, bienes y servicios básicos como estrategia de guerra por parte de los diferentes actores.

Hasta el momento, no ha sido posible que el Gobierno cumpla la sentencia T-025, ni aplique en territorio afro la ley de víctimas, y tampoco que acate las sugerencias del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, quien en su Informe de agosto de 2009 recomendó al Estado colombiano “intensificar las medidas destinadas a proteger la seguridad de los líderes afrocolombianos e indígenas”.

Por el lado indígena, las cosas están aún peores, la intensificación del conflicto en sus territorios ancestrales ha desatado procesos de lucha por sus derechos con manifestaciones de violencia como respuesta por parte de los grupos armados y el mismo Estado. La situación humanitaria que vive la zona indígena del Cauca, es tan sólo una muestra de la terrible situación que enfrentan estos pueblos por exigir sus derechos en medio de la guerra.

La Organización Indígena de Colombia, ONIC, ve con enorme preocupación la implementación de la ley de víctimas y el cumplimiento de las órdenes de la Corte en el marco de la sentencia T-025 de 2004, y particularmente, en el avance del auto 04 de 2009, donde la Corte lanzó la alarma por la inminente destrucción física y cultural de 32 pueblos indígenas.

Ahora, al reclamar los derechos traídos por la jurisprudencia y la ley de víctimas, los defensores y defensoras de los derechos humanos de los indígenas y sus organizaciones vienen siendo perseguidos por su exigencia de instalar el Programa de garantías y los 32 planes de salvaguarda, y son diariamente atropellados por la profundización del conflicto en zonas indígenas, por factores como la nueva restructuración de los paramilitares, la lucha territorial por el narcotráfico, y la presencia de transnacionales por los proyectos mineros y de hidrocarburos, en zonas como la Orinoquía, el norte del país, el suroccidente y el sur del país.

Fenómenos de violencia como los asesinatos han cobrado la vida de más de 40 indígenas en lo que va corrido del 2012, que se suman a los 122, que fueron asesinados en el 2011. Además de enero a agosto de 2012, van más de 5.000 indígenas desplazados, cuando en este mismo período, en el 2011 se desplazaron menos de 2.000.

Urge también una propuesta que proteja en Colombia a los líderes, defensores y organizaciones indígenas y afro, que luchan por el derecho a la consulta previa, ya que en Colombia se está generando todo un proceso de estigmatización frente a los líderes que defienden los intereses de los pueblos en las consultas, una persecución donde el Gobierno y las empresas están golpeando a todo aquel que exija y reclame procesos de consulta en territorios indígena, diciendo que los líderes de los pueblos son guerrilleros, o están contra el desarrollo.
Por el lado de las mujeres, casos como los denunciados por las indígenas del Cauca, ante la representante del Secretario General para Violencia Sexual en Conflictos Armados, Margot Wallstrom, son aterradoramente dicientes: “Tomaron una mujer de la comunidad indígena que estaba embarazada, la violaron, le sacaron el feto y después de desmembrarlo y tirarlo al río, la asesinaron”

La violencia sexual contra las mujeres es una práctica reiterada en el marco del conflicto armado colombiano, es una forma de control que parte del cuerpo de las mujeres hacia el territorio. En Colombia, a pesar de la magnitud de la violencia sexual, el Estado precariamente maneja cifras de los hechos, la justicia es casi inoperante y esto alimenta la desprotección y el correspondiente temor de las mujeres y sus líderes. Sin embargo, se conocen 183 casos que están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación, en el marco del Auto 092 del 2008 de la Corte Constitucional, y 716 casos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, de los cuales se han emitido solo dos sentencias.

Lo anterior exige un nuevo y decidido compromiso del Estado colombiano, la sociedad en su conjunto y las propias víctimas. Compromiso que no debe ser ajeno a la Comunidad Internacional, más cuando la ley de víctimas se promulgó sin terminar el conflicto armado, conflicto colombiano que se haya inserto en una serie de relaciones globales (siendo las más graves el narcotráfico), y que es el único conflicto vivo en todo el continente americano, del cual se desprende una de las peores tragedias humanitarias a nivel mundial, con los más de 5 millones de desplazados por la violencia. Desplazados que pretendió proteger la Corte Constitucional con la sentencia T-025, y que, paradójicamente, hoy son víctimas de la inercia que desató la ley 1448, víctimas de la ley de víctimas.

http://viva.org.co/cajavirtual/svc0315/articulo05.html

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