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Comunidad de Paz San José de Apartadó: Población civil blanco de los militares

Comunidad de Paz San José de Apartadó: Población civil blanco de los militares

  No vale que lo digamos en todos los tonos, la degradación del valor que tiene la vida se ha convertido en infamia para los asesinos que gozan de protección de un sistema de impunidad absoluta, garantía para persistir en destruir las vidas humanas de la población civil....

Entre sequías y privatizaciones

Entre sequías y privatizaciones

La sed consume a la Guajira. Mientras Cerrejón Limited gasta cada día 17 millones de litros de agua en su proceso extractivo del carbón, miles de pobladores sufren por falta del precioso líquido. Esta realidad se erige como emblema del modelo extractivista acelerado impuesto en el país. El...

Cauca: En el bosque mágico para restablecer la armonía

Cauca: En el bosque mágico para restablecer la armonía

Recuerdos del encuentro de inventores e inventoras para el wët wët fxi'zenxi en el bosque mágico, el 24 y 25 de agosto. "Este lugar parece un cuento infantil" dijo Manuel Méndez después al tomar la palabra en la fogata del domingo por la noche. Después habló de la sabiduría de la tierra,...

  • Comunidad de Paz San José de Apartadó: Población civil blanco de los militares

    Comunidad de Paz San José de Apartadó: Población civil blanco de los militares

    Lunes, 25 Agosto 2014 18:08
  • Entre sequías y privatizaciones

    Entre sequías y privatizaciones

    Martes, 26 Agosto 2014 19:14
  • Cauca: En el bosque mágico para restablecer la armonía

    Cauca: En el bosque mágico para restablecer la armonía

    Jueves, 28 Agosto 2014 11:08

Nuestra Palabra

De cómo nos están mapeando y despojando para "La paz"...

Las Expediciones Bowman coordinan al Pentágono, las universidades y organizaciones y líderes de procesos indígenas y populares. Donde quiera que se implementan hay guerra para la paz del modelo, sea México, Centro América o Colombia urbana y rural. Pasan mayormente desapercibidas. Sus ideólogos no son suficientemente estudiados ni controvertidos. Sus contrapartes gozan de recursos y prestigio. Los efectos en despojo y sometimiento son, ni más ni menos, la conquista hoy, en su modelo post-neoliberal, extractivista legitimado. Hay que hacerle Minga a esta amenaza real para conocerla y detenerla. Así No!!

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    Niña recita hermoso poema contra proyecto Conga (Cajamarca - Perú)

Nuestra Palabra Kueta Susuza

  • Cauca: Llamamos a no participar en el censo nacional agropecuario

    A toda la comunidad campesina del municipio de Inzá mantenerse en la decisión de NO HACER PARTE DEL CENSO NACIONAL AGROPECUARIO que se lleva a cabo en el municipio.
     
  • Cauca: Continúan los hostigamientos y detenciones ilegales por parte de la Fuerza pública en comunidades indigenas

    COMUNICADO A LA OPINON PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL: La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-ACIN en cumplimiento de los principios culturales y territoriales como  pueblos indígenas  del territorio, manifiesta su voz de rechazo  e indignación contra todos los hechos violentos e inhumanos que atentan contra la vida y la integridad física de los comuneros y comuneras que habitamos en nuestros territorios y  cuando es violentado el ejercicio autónomo de control territorial por parte de miembros de las fuerzas militares de Colombia.

     
  • Una luz aquí y ahora

    Crónica del encuentro con inventores e inventoras para el wët wët fxizenxi, realizada el pasado 15 de agosto. A partir del mes de septiembre se iniciará un nuevo recorrido para visitar uno a uno los inventos que falta por visitar.

Contexto Colombiano

  • Tolima: "Alcalde de Cajamarca teme aprobar consulta popular"

    La legislación colombiana es explicita en resaltar que los proyectos mineros se perfeccionan una vez obtengan la licencia ambiental, es decir, ninguna multinacional goza del derecho de explotación o continuidad de un proyecto, si carece o niega la licencia ambiental.
     
  • La población civil como escudos humanos

    De nuevo, se reafirma la realidad de muerte y guerra que se vive en la región y que coloca en grave riesgo a la población civil, en especial a nuestra Comunidad de Paz. Las mentiras con que siempre ha actuado el Gobierno, se sigue destapando no solo por los hechos realizados por el Ejercito en la masacre del 2005, sino además de la paz y tranquilidad de la que se habla en a región, pues, las evidencias muestran la situación real contraria al discurso del Gobierno:

     
  • Más de 20 defensores de Derechos Humanos han sido asesinados en Colombia

    Según el informe de "Programa Somos Defensores" la mitad de las agresiones son llevadas a cabo por paramilitares.

     

Vivencias Globales

Comunicados

Caloto – Cauca: Acciones de control territorial en los Cabildos Indígenas de Huellas, Toez y López Adentro
Los tres cabildos de Caloto convocan a Armonizar el territorio mediante el desalojo de maquinaria para la extracción minera que afecta el territorio y la comunidad. Responsabilizar a los mineros de la cuenca del río Palo, actores armados, socios y compañías de propietarios de fincas privadas aledañas por cualquier tipo de retaliación física psicológica a comuneros, guardias indígenas, cabildantes y comunidad en general de los cabildos ejecutantes de la resolución número 001-02-2014. El encuentro será a partir del 3 de abril del 2014.
(2084)
Territorios indígenas beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH en el año 2011 convertidos en escenarios de guerra
Comunicado público. El día 14 de noviembre del año 2011, la Comisión Interamericano de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares a favor de miembros del Pueblo Nasa pertenecientes a los resguardos de Toribio, San Francisco, Tacueyó y Jambaló. En la solicitud de medidas cautelares, los miembros del pueblo Nasa argumentaron que se encuentran en una situación de alto riesgo en razón del conflicto armado, y que han sido objeto de homicidios, desapariciones forzadas y otros hechos de violencia.
(1001)

Documentos

Corrupción y Privatización en la Unidad Nacional de Protección

Ante el reciente escándalo develado por el Secretario para la Transparencia de la Presidencia de la Republica y la Fiscalía General de la Nación, sobre la red de corrupción en la Unidad Nacional de Protección, las plataformas de derechos humanos en Colombia manifestamos a la opinión pública nuestra preocupación por este hecho teniendo en cuenta las siguientes situaciones:

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Contra la engañosa política de Santos movilicémonos el 27 de agosto
La política de Santos contra Colombia y su educación pública es una aplanadora camuflada con los usuales engaños y astucias de este Gobierno. Engaño con la bandera de la jornada única para ilusionar a estudiantes y padres de familia, pero sin ampliación y mejoramiento de escuelas y colegios públicos (se hace retórica con 160 colegios, que en el incierto evento de ser construidos no se sabe cuándo, tan solo serían una gota de agua en el mar del abandono), es decir, propicia más hacinamiento y peores condiciones para el estudio, la recreación y la convivencia, tal como lo está haciendo Petro en el Distrito; en lugar de salario profesional para los educadores y ampliación de la planta docente y administrativa, expide un decreto de bonificaciones que burla el acuerdo de mayo y anuncia la contratación de tutores por medio de la empresa privada, igual que en Bogotá, avanzando en la privatización y el desconocimiento de los derechos laborales; e impone planes de estudios violando la autonomía educativa establecida en la Ley General de Educación.
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ACIN - Çxhab Wala Kiwe

Los indígenas del Norte del Cauca son tratados como extraños en su propia tierra

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La grave situación que se presenta en el Norte del Cauca no es nueva, lleva tantos años, como años lleva la guerra en esta “Otra Colombia”. La Colombia indígena, negra y campesina, aquella que la Constitución de 1991 reconoció y llenó de derechos, pero los gobiernos y buena parte de la sociedad insisten en negárselos, ya que, por ignorancia o racismo soterrado, no aceptan a estas comunidades como sus semejantes, no les respetan su diversidad étnica y cultural, e incluso, muchos de ellos, en privado, comparten el deseo porque desaparezcan.

 
Pueblos que son considerados un obstáculo para el “desarrollo”, o como una mancha para su imaginario de una Colombia hispánica, católica y castiza; o en el mejor de los casos como una cultura inferior que debe integrarse a la “cultura mayoritaria” en Colombia. Con esta forma de actuar y de pensar, convertimos, especialmente a los indígenas, que llevan miles de años sobre el territorio que hoy llamamos Colombia, extraños en su propia tierra.
 
Gran parte del conflicto del Norte del Cauca no es más que eso, la ignorancia de la realidad de los pueblos indígenas y de sus derechos constitucionales que se suma a la falaz imagen que “la mayoría” del pueblo colombiano tiene de sí, imagen construida por unos medios que nos venden a diario una Colombia mestiza (con presentadoras de ojos verdes y cabello castaño), emprendedora y democrática. Pero, repito, esa mayoría mestiza no existe, somos tan sólo una mueca de lo que pretendemos ser por imitación y eso es lo que nos impide vernos tal y como somos; por esa vía, nos impide también ver, entender y reconocer a los indígenas y a los negros como colombianos y como ciudadanos.
 
Parte del éxito mediático del dramático llanto del sargento García, que hirió profundamente el ego nacional, fue que, el sujeto era un militar rubio y de ojos verdes que estaba siendo humillado por una “horda de indios salvajes”. Lo demás, corrió por cuenta de la desinformación de los medios de comunicación, los comentarios malintencionados y toda la parafernalia para explotar en la opinión pública las imágenes de los indígenas del Cauca cargando al militar para desalojarlo. Paradójicamente, los colombianos nos identificamos más con un fenotipo ario que con las facciones indígenas, negras, e incluso, españolas, de las cuales realmente descendemos. Y la imagen duele porque toca, no al pueblo colombiano, sino a lo qué cree ser y jamás será el pueblo colombiano, un pueblo que se cree rubio, no indio; que toma Coca-Cola, y no Chicha, que come hamburguesas, y no mazamorra de maíz y que ve desde la comodidad de sus casas la guerra por televisión; se preocupa más por ver ¿qué pasa en protagonistas de Nuestra Tele? que por la muerte, el desplazamiento y las violaciones a los Derechos Humanos de millones de personas de esa otra Colombia.
 
Al día siguiente al desalojo, murió asesinado por el Ejército un comunero indígena, Fabián Güetio y la Fuerza Pública hirió a más de veinte nativos, entre ellos, dos miembros de la Guardia Indígena. Ante esto, la mayoría del pueblo colombiano no se indignó, los medios no publicaron imágenes del llanto de la madre de Fabián Güetio y todo porque el muerto y los heridos, eran otra estadística de las decenas de líderes indígenas asesinados en el Cauca. Que muera un indígena no es a la larga tan grave como que un soldado mono llore por culpa de unos indios.
 
Cumplimos 21 años desde que la Constitución reconoció en igualdad de derechos a los pueblos indígenas y a su cultura; aún no hemos podido vencer la tara xenofóbica, excluyente y radical del anterior régimen. Desde instituciones que deberían promover y exigir el respeto a la plurietnia y a la multiculturalidad, como la Procuraduría General de la Nación, lo que vemos son cavernas retardatarias que lanzan a diario inquisidores mensajes para perseguir a las minorías étnicas, sexuales o religiosas.
 
Nos negamos a ver que la exigencia de desalojo de los actores armados emprendida valientemente por la guardia indígena, tienen el sustento constitucional en la autonomía jurídica y política reconocida en los artículos 246 y 330 de la CN que establece la jurisdicción especial indígena bajo la cual sus autoridades tradicionales, en este caso la Guardia Indígena, puede ejercer función jurisdiccional dentro de su ámbito territorial, de conformidad a sus usos y costumbres.
 
El Fiscal General de la Nación se enreda en sí mismo, buscando primero como judicializar a los indígenas, y luego, como “generosamente” extenderles el principio de oportunidad. A pesar que, como excelente constitucionalista que es, sabe muy bien que lo que hay hoy en los territorios indígenas del Norte del Cauca es un verdadero choque de poderes. Choque donde, por un lado están las pretensiones de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa y el Presidente de la República como Ejecutivo y por el otro el poder judicial, representado en los territorios indígenas por sus autoridades tradicionales, en este caso: la Guardia Indígena.
 
Con la decisión de exigir la desmilitarización de su territorio la Guardia Indígena en ningún caso está violando la Constitución, o la ley, por el contrario, está ejerciendo los derechos otorgados por la Carta del 91, especialmente los derivados del bloque de constitucionalidad en materia de Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, como el Protocolo II, adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, que fue adoptado a la legislación interna por la ley 171 del 16 de diciembre de 1994, el Convenio 107 de la OIT que estipula los derechos de las comunidades tribales en su territorio, el Convenio 169 de la OIT, que exige la realización de la consulta previa sobre proyectos o acciones que afecten el territorio de los pueblos tribales, el artículo 22 de la CN que dice que: "La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento", la Convención Americana de Derechos Humanos que en su artículo 21 estipula: "La estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica y sobretodo la realización efectiva a los dos principios fundantes de la Constitución Nacional: la soberanía Popular y la diversidad étnica y cultural de la nación.
 
La insistencia por parte del Gobierno Nacional en la militarización de los territorios indígenas no sólo viola las normas básicas del Derecho Internacional Humanitario sino que genera un flagrante desacato al auto 04 de 2009, de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, que evidenció la inminente aniquilación física y cultural de 32 pueblos indígenas por el conflicto armado entre ellos los Nasa, los Guambianos, los Kokonucos, Totoroes y los Yanaconas y ordenó al Gobierno Nacional realizar, bajo el modelo de consulta previa, el marco de protección de estos pueblos, modelos de seguridad que denominó la Corte como planes de salvaguarda que hoy no se han llevado a cabo y, por el contrario, se ha impuesto una vía militar inconsulta, violando normas internacionales y órdenes de la Corte Constitucional que protegen directamente a los pueblos indígenas del Norte del Cauca y a sus territorios.
 

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