Una vez más nos reúne el atroz accionar de esta maldita guerra, hoy en el resguardo indígena de Toribio en la vereda del Sesteadero se ha apagado la vida del niño JHON ALEXANDER VITONAS YOSANDO; quien tenía escasos catorce años, sus homicidas fueron otros dos adolescentes;...
"Una vez más nos reúne el atroz accionar de esta maldita guerra, hoy en el resguardo indígena de Toribío en la vereda del Sesteadero se ha apagado la vida del niño JHON ALEXANDER VITONÁS YOSANDO; quien tenía escasos catorce años, sus homicidas fueron otros dos adolescentes; esto es la...
El trueque ha sido considerado por las comunidades indígenas, campesinas y algunos grupos urbanos como un ejercicio que permite dignificar el trabajo y solventar de algún modo las necesidades básicas, al tiempo que fortalece los lazos solidarios entre los pueblos.
El sistema de salud de Colombia genera grandes ganancias a las empresas de salud y miles de muertes a los colombianos y colombianas. El Estado que debe protegernos nos persigue, nos abandona y permite el lucro con nuestro sufrimiento. Intentamos organizarnos para resistir y exigir la salud como derecho fundamental, pero enfrentamos una maquinaria de engaños y trampas al servicio de un negocio privado. La historia que contamos a continuación es una de muchas. Convocamos la solidaridad, la consciencia y el apoyo de todas y todos por Mireya y porque con ella nos ayudemos a denunciar y transformar este sistema que privatiza los derechos. Porque en Colombia el modelo de salud mata, compartimos nuestra palabra, esta denuncia y el llamado a buscar alternativas.

Han llegado diferentes mega-proyectos al territorio ancestral Pijao en el departamento del Tolima: de hidrocarburos, minería, hidroeléctricas, el proyecto de riego Triángulo del Tolima, concesiones de agua y, últimamente, el cruce del oleoducto San Martín Meta - Mar Pacífico.
"En este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con que se mira”. Ramón de Campoamor

"A cada cerdo le llega su San Martín”. El pasado 10 de mayo, en una sentencia sin precedentes en el ámbito Latinoamericano, la justicia guatemalteca condenó al dictador José Efraín Rios Montt, a 50 años de prisión por el delito de genocidio y 30 años por el delito de deberes contra la humanidad.Un nuevo movimiento y un movimiento de nuevo tipo están naciendo en el período de mayor crecimiento de la economía y el consumo, poniendo en cuestión el modelo de desarrollo y sus consecuencias sociales y ambientales.

Dolidos y preocupados por las consecuencias que deja la guerra en nuestros territorios pero a la vez con esperanza y expectativas porque en La Habana se negocie la terminación del conflicto armado, los indígenas del Cauca agrupados en ACIN, CRIC y ONIC, nos dirigimos a usted señor Timoleón Jiménez, comandante del Estado Mayor de las FARC para expresarle lo siguiente:

O sistema de saúde da Colômbia, de um lado, produz consideráveis lucros para as empresas de saúde e, de outro, leva milhares de colombianos e colombianas à morte. O Estado que deve nos proteger, persegue-nos, nos abandona e permite que lucrem com nosso sofrimento. Tentamos nos organizar para resistir e exigir que a saúde seja assegurada como direito fundamental, mas enfrentamos uma engrenagem de mentiras e armadilhas a serviço do setor privado.
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Legitimamos los mandatos soberanos que actualmente se encuentra desarrollando el pueblo caucano en defensa de la vida, la tierra y los territorios.El presidente Santos y sus ministros llevaron al Cauca el mismo discurso de la militarización y de los programas sociales, que repiten una y otra vez y el que sólo cumplen en su primera parte: cerca de 15.000 efectivos ocupan esta región y las balas y las bombas continúan cruzando la vida de los pueblos caucanos.
Por esa razón la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-ACIN y el Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC, ratificaron la continuidad de la asamblea permanente y las acciones de hecho de control territorial, para garantizar la vida de las comunidades indígenas, campesinas y afro de la región, siguiendo sus principios ancestrales de autonomía y dignidad.
Durante los últimos años el Cauca ha soportado las barbaridades del conflicto armado que vive el país, con momentos de gran intensidad como el que se ha manifestado en estas dos semanas. Solamente el municipio de Toribío acumula ya alrededor de 500 hostigamientos en los últimos 20 años, y en esta ocasión sus habitantes estuvieron cuatro días bajo fuego constante que dejaron 14 personas heridas, 450 casas afectadas y cerca de mil desplazados. Por esta misma fecha, hace un año, Toribío fue sacudido con similares impactos por un bus-bomba. Igual sucede en Jambaló, San Francisco, Tacueyó, Silvia y Corinto.
Para los sectores democráticos y populares del país, es claro que el conflicto armado en la región caucana tiene un trasfondo particular: los intereses geoeconómicos y geopolíticos que configuran los corredores internacionales que cruzan estos territorios, con límites en el promisorio mercado del Pacífico. Explotación de recursos naturales, comercio legal e ilegal, militarización nacional y extranjera, infraestructura transnacional y una institucionalidad adaptada para tales fines, conforman ese teatro de operaciones de mercadeo viabilizadas por la guerra.
Desde tiempo atrás, los pueblos del Cauca han mandatado la realización de diálogos humanitarios regionales por iniciativa propia con todos los actores armados, han desarrollado acciones concretas para aislar el conflicto armado de la población civil y han conminado a todas las fuerzas militares a retirar sus trincheras de las comunidades indígenas. Precisamente hoy, cuando nuevamente la guerra arrecia en contra de las poblaciones del norte del Cauca, la ACIN y el CRIC han puesto en práctica este último mandato y han iniciado el desmonte de los distintos campamentos que los grupos armados, legales e ilegales, han instalado en sus territorios indígenas y en donde despliegan sus confrontaciones bélicas.
Diferentes escenarios de articulación social en los que hemos participado activamente, como el Congreso de los Pueblos, el Encuentro de Paz en Barrancabermeja o el Congreso de Tierras y Territorios, el conjunto de organizaciones sociales allí convocadas en horizonte de paz y dignidad, hicimos propios los mandatos que las comunidades del Cauca han planteado. Hoy lo ratificamos con mayores razones: legitimamos las iniciativas soberanas que actualmente se encuentra desarrollando el pueblo caucano en defensa de la vida, la tierra y los territorios.
Coincidimos en que la fuerza de los movimientos sociales, ahora vigorizados con los procesos unitarios que se han manifestado especialmente en estos tres años, y con una mayor conciencia de país digno, se constituyen hoy en un actor determinante en la perspectiva de desbrozar un camino cierto de superación del conflicto armado que vive el país. En tal sentido apreciamos altamente la resistencia civil que los indígenas caucanos asumen con gran valentía, apuntalando una opción social y política hacia la Colombia sin violencia que buscamos todas y todos.
Nos convocamos a desplegar todas las iniciativas posibles que expresen nuestro apoyo a las acciones de los pueblos caucanos, en su ardua lucha para enfrentar la guerra y sus actores, y a las multinacionales que se benefician de ella y de las políticas gubernamentales. Y llamamos a que las tensiones entre las comunidades de la región sean superadas, especialmente en estos momentos cruciales de defensa del territorio.
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