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Comunicado: Nuestra mejor arma es la palabra, el territorio es nuestra casa, es nuestra madre, es nuestra obligación

Comunicado: Nuestra mejor arma es la palabra, el territorio es nuestra casa, es nuestra madre, es nuestra obligación

La Cxhab Wala Kiwe convoca a un debate amplio con la Fuerza Pública, sobre el uso desmedido de la fuerza en las acciones de liberación de la Madre Tierra.

Carlos Gaviria Díaz: un Maestro

Carlos Gaviria Díaz: un Maestro

  El país habría sido otro si Carlos Gaviria Díaz hubiera ganado las elecciones de 2006. A veces un pueblo aprende más por lo que pierde que por lo que gana.

Denuncia pública: 81 nuevas víctimas de desplazamiento por Hidroituango.

Denuncia pública: 81 nuevas víctimas de desplazamiento por Hidroituango.

El pasado viernes 27 de marzo de 2015 fueron desalojadas de manera forzosa, por solicitud del grupo EPM,  más de 81 habitantes de la playa La Arenera, que habían  habitado ancestralmente, las riberas del cañón del rio Cauca, donde encontraban su sustento a través del barequeo, la...

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    Comunicado: Nuestra mejor arma es la palabra, el territorio es nuestra casa, es nuestra madre, es nuestra obligación

    Miércoles, 01 Abril 2015 11:32
  • Carlos Gaviria Díaz: un Maestro

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    Miércoles, 01 Abril 2015 12:43
  • Denuncia pública: 81 nuevas víctimas de desplazamiento por Hidroituango.

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    Miércoles, 01 Abril 2015 13:07

Nuestra Palabra

Cauca: Minga de siembra para devolverle el equilibrio a la Madre Tierra

Corinto Cauca: Minga...
La comunidades indígenas de Corinto continúa cumpliendo con el mandato ancestral de la liberación de la Madre Tierra, por eso convocaron a todo el pueblo del norte del Cauca a participar en la minga de siembra que se realizó los días 24 y 25 de marzo de 2015, en las haciendas que ocupan pacíficamente.

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  • Video inicio

    Cauca: La Minga es Unidad

Nuestra Palabra Kueta Susuza

  • Cauca: A sembrar, es la orden mandatada por el KSXA´W!

    Después de esperar 314 años, en el que el Gobierno Republicano a favor de unos pocos, declaro el título de origen colonial de propiedad colectiva (inembargable, imprescriptible, inalienable), ésta se declaro como tierras baldías, para establecer el título de “propiedad privada” bajo intimidación, amenaza, despojo de sus bienes y violencia, se apoderaron de las tierras pertenecientes a las comunidades indígenas, reconocida por la corona española.
     
  • Voces del Pueblo Nasa respaldan la lucha de los pueblos originarios de Argentina

    Ante las exigencias de los pueblos originarios de Argentina, que se adelantan hoy en el acampe en la ciudad de Buenos Aires, el Pueblo Nasa (Cauca - Colombia) envía voces de respaldo a su justa lucha. Denununciamos la agresión sistemática que se implementa en las comunidades indígenas de este país, son nuestros hermanxs y estamos conectadxs a través de la espiritualidad que nos caracteriza como pueblos originarios, nos duele y por eso nos solidarizamos de corazón, esperamos que no continue la indiferencia a sus exigencias. Tejido de Comunicación del Pueblo Nasa - Cauca
     
  • Cauca: Agresión sistemática, señalamiento y amenaza al proceso de Liberación de la Madre Tierra

    En desarrollo de las acciones legítimas de liberación de la madre tierra, la Fuerza Pública, Ejército Nacional, Policía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, mantienen agresiones sobre las comunidades ubicadas en las fincas en proceso de liberación en los municipios de Corinto, Santander de Quilichao y Caloto en el norte del Cauca. Así como otros actores armados como Rastrojos y Águilas Negras que han dirigido amenazas intimidantes a autoridades indígenas, organizaciones y líderes comunitarios.

Contexto Colombiano

Vivencias Globales

  • Brasil: Árboles transgénicos y resistencia campesina

    árbEl 5 de marzo de 2015, mujeres del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) y Vía Campesina Brasil protagonizaron la primera liberación comercial de árboles transgénicos en América Latina. Cerca de mil mujeres ocuparon una planta de FuturaGene en Itapetininga, estado de São Paulo, arrancando plántulas de eucaliptos transgénicos de esa empresa, propiedad de la transnacional brasilera Suzano Papel e Celulosa, una de las diez mayores productoras globales de celulosa.
     
     
  • Guatemala: Detención ilegal de Rigoberto Juarez, un defensor del territorio

    "Un Preso Político más: Rigoberto Juárez defensor del territorio. </p><br /><br /><br /><br />
<p>Esta tarde Rigoberto Juárez Mateo fue detenido de forma arbitraria y se convierte en un nuevo preso político del Estado guatemalteco. Rigoberto Juárez es representante del Gobierno Plurinacional de la Nación Q'anjob'al, Chuj, Akateka, Popti y Mestiza de 16 municipios de Huehuetenango. Juárez es criminalizado por defender el territorio y el agua.</p><br /><br /><br /><br />
<p>En el momento de la detención, por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), no se mostró una orden de juez competente. Junto con Rigoberto fue detenido Domingo Baltazar, ambos miembros de la autoridad comunitaria de Santa Eulalia, Huehuetenango. </p><br /><br /><br /><br />
<p>Durante la detención, mediada por el uso de la violencia, se  agredió físicamente al abogado Ricardo Cajas, cuando éste les pidió que se identificaran y mostraran una orden de detención en contra de Rigoberto Juárez.</p><br /><br /><br /><br />
<p>Los representantes comunitarios detenidos habían viajado a la capital para denunciar las violaciones de la que fueron objeto autoridades ancestrales y varios periodistas e pasado 19 de marzo del presente año, cometidas por el alcalde Diego Marcos Pedro, miembros de la corporación municipal y gente afín a las autoridades. </p><br /><br /><br /><br />
<p>Las autoridades ancestrales Q’anjob’al fueron agredidas por la corporación municipal el jueves 19 de marzo durante una actividad pública para la apertura de la Radio Comunitaria Snuq’ Jolom Konob, durante 4 horas fueron agredidos verbal y psicológicamente, también fueron amenazados, por esta razón una delegación viajo a la capital para realizar las denuncias ante la Fiscalía de delitos contra Defensores de los DDHH del Ministerio Público (MP), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Guatemala.</p><br /><br /><br /><br />
<p>Desde el año 2011 han sido varias las ocasiones en las que representantes del Gobierno Plurinacional han viajado a la capital para denunciar los atropellos que comete las empresas hidroeléctricas en todo el territorio maya Q’anjob’al, concretamente en el caso de la empresa Hidro San Luis, en Santa Eulalia, que de acuerdo con los líderes, atenta contra los derechos de las comunidades opuestas al proyecto hidroeléctrico.</p><br /><br /><br /><br />
<p>Esta detención arbitraria se suma a la larga lista que desde el año 2012 se acrecentó como una de las estrategias del Gobierno y Empresas para desarticular la oposición pacífica y organizada de los pueblos frente al modelo de despojo de las empresas.</p><br /><br /><br /><br />
<p>Ciudad de Guatemala, 24 de marzo 2015.<br /><br /><br /><br /><br />
Por Nelton Rivera."
     
    Rigoberto Juárez es autoridad ancestral maya Q'anjob'al y ha sido criminalizado por las empresas extractivas, hidroeléctricas, corporación Municipal y Gobierno de Guatemala por defender los Derechos Humanos. Rigoberto Juárez Mateo viajó a la ciudad capital para interponer una denuncia ante Ministerio Publico, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionados para los derechos Humanos en Guatemala: por las amenazas y agresiones que sufrió por parte del Alcalde Diego Marcos Pedro, el día 19 de marzo 2015, en la actividad para la reinstalación de la Radio Comunitaria Snuq Jolom Konob. 
     
  • Confirmado: El glifosato de las fumigaciones puede provocar cáncer

     
    La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó lo que hace más de una década afirman pueblos fumigados, vecinos en lucha, organizaciones sociales y académicos que no responden al sector empresario.
     

Comunicados

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA; Sigue la presión e intimidación a nuestros comuneros y comuneras quienes ejercen la liberación de la madre tierra

Comunidades, Autoridades tradicionales y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN – Cxhab Wala Kiwe, en cumplimiento de los principios culturales y territoriales, en el ejercicio de la Autonomía como pueblos indígenas del territorio y siguiendo nuestros mandatos, estamos en proceso de Liberación de nuestra madre tierra con el fin de restablecer la Armonía y el Equilibrio en nuestro territorio. Pero hacer valer nuestros derechos tiene un costo elevado en nuestro país y desde que comenzamos el proceso, el número de amenazas, persecuciones, procesos judiciales, estigmatizaciones y heridos van en incremento.

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Resolución Nº 001 2015 Resguardo Indígena de Canoas Norte del Cauca

La autoridad  tradicional  del resguardo de canoas, en usos de sus facultades legítimas y legales que le confiere la ley del origen, el derecho propio, la ley 89 de 1890, la constitución política, reafirmado por la declaración universal de los derechos de los pueblos indígenas, de los tratados y los convenios internacionales.

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Documentos

Productos Ramo se declara en quiebra y el ESMAD se toma las instalaciones de la empresa
El martes 31 de marzo de 2015, los trabajadores de la industria Ramo de Colombia, empresa ubicada en Mosquera Cundinamarca, se llevaron una desagradable sorpresa cuando al intentar ingresar a sus labores, en la portería les dieron una citación para  dirigirse a las  instalaciones del Club SERREZUELA; la nota dice, que la citación es de carácter obligatorio.
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Amenazadas de muerte dos familias por paramilitares
BUENAVENTURA ESPACIO HUMANITARIOEl pasado martes a las 6:00 pm dos paramilitares, entre ellos el “Pempé” amenazaron a Mayra Fernanda Hernández Torres, en su casa ubicada en el sector conocido como Punta Icaco "de esta semana no pasan, a nosotros el abogado nos informa todo lo que están denunciando en todas partes".. 
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ACIN - Çxhab Wala Kiwe

¿Quién quiere borrar los Resguardos Coloniales?

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Una nueva ofensiva contra los resguardos indígenas coloniales se originó en una certificación que debía dar el Incoder ante el ministerio de Hacienda para certificar su existencia, para que la nación le pagara al respectivo municipio el impuesto predial correspondiente al Resguardo, según la ley 44 de 1990 y la ley 223 de 1995. El 24 de septiembre de 2009, el Incoder desconoció los títulos coloniales debidamente al declarar unilateralmente y sin que mediara norma alguna que todos los Resguardos coloniales debían someterse a procesos de clarificación de propiedad y reestructuración registrados. 
Además, afirmó que ningún Resguardo colonial estaba en su base de datos, lo cual es contradicho por documentos de Planeación Nacional y por la base datos que el Incora entregó a la Comisión de Territorios Indígenas en 1997 y que debía estar en Incoder después de su creación en 2003.
 
Luego, el pasado gobierno, en vez de rectificar la declaración arbitraria de un funcionario, la convirtió en el decreto 441 de 2010, el cual sorpresiva e ilegalmente, ordenó al Incoder reestructurar todos los resguardos coloniales antes del 31 de diciembre de 2011. Este decreto violó la Constitución doblemente al establecer que todos los Resguardos coloniales se  reestructuran sólo “con las tierras poseídas por los miembros de la parcialidad a título individual o colectivo, y los predios adquiridos o donados a favor de la comunidad por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA u otras entidades”. Esto significa ni más ni menos que excluir del Resguardo tierras que forman parte de él, pero de las cuales fueron ilegalmente despojados los indígenas y que por ello ya no poseen. Significa volver al régimen de indio desplazado, indio despojado y viola la constitución, primero porque se desconoce un derecho adquirido con justo título y segundo, porque los Resguardos indígenas son inalienables. Además contraría la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, por ejemplo, sentenció el 29 de marzo de 2006, en el caso de la comunidad Sawhoyamaxa contra Paraguay, que “la posesión no es un requisito que condicione la existencia del derecho de recuperación de las tierras indígenas.”
 
Este decreto ya no está vigente y por el momento ha sido sustituido por el artículo 70 de la ley 1450 del Plan Nacional de Desarrollo, que sin colocar un plazo, reproduce la exigencia de posesión actual como condición para incluir una tierra en la reestructuración de un resguardo, pero añade un parágrafo según el cual la reestructuración se hará “de conformidad con los procedimientos acordados entre el Gobierno Nacional y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, dentro del marco de la Mesa Nacional de concertación de pueblos indígenas”. Este parágrafo se suprime en la versión de abril de 2012 del proyecto de ley de tierras y desarrollo rural.
 
Una versión de febrero del mismo proyecto de ley era aún más agresiva y franca en el desconocimiento del derecho adquirido a la propiedad del Resguardo colonial, al exigir la efectiva “ocupación” de la tierra y desconocer que los indígenas poseen tierras que no ocupan porque son sagradas, de protección ambiental, de uso cultural o territorios de caza, pesca y recolección. Esa aversión decía que:
 
“El Incoder reestructurará los resguardos de origen colonial, mediante el proceso de clarificación establecido en esta Ley, considerando la verificación del territorio efectivamente ocupado por los miembros de la parcialidad a título individual o colectivo y los predios adquiridos o donados a favor de la comunidad por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA u otras entidades y la vigencia legal de los respectivos títulos de las tierras efectivamente ocupadas.”
 
La redacción actual, aunque menos franca, facilita de todos modos la legalización de despojos territoriales. Sobre el Resguardo colonial existe un derecho adquirido de propiedad colectiva y cuya validez se presume al estar debidamente registrado y debe ser quien lo cuestiona quien presente pruebas en contra. El proceso de clarificación que el proyecto de ley dispone, da en cambio valor de prueba de propiedad a escrituras fabricadas mediante “negocio jurídico celebrado entre particulares” antes de 1974. 
 
Una larga historia de despojos
 
Los resguardos indígenas creados por la corona española, suponía de por sí, que los indígenas eran despojados de las mejores tierras agrícolas y minas de oro y plata y debían conformarse con una parte secundaria de su antiguo territorio. A pesar de eso la lucha por aplicar la legislación de Indias fue difícil por la oposición violenta de los conquistadores, pero los resguardos terminaron por vivir desde 1584, en parte gracias a la resistencia indígena, pero también a la necesidad de alimentos y mano de obra en la colonia, para la cual los resguardos fueron una importante fuente de abastecimiento.
 
No obstante desde la misma colonia los resguardos comenzaron a ser borrados, obra que comenzó el visitador José María Campuzano, quien por ejemplo “extinguió” el resguardo y el pueblo de Busbanzá (Boyacá) y ordenó a los indígenas trasladarse a Gámeza y procedió a rematar las tierras. Lo mismo ocurrió con otros 25 resguardos “visitados” entonces por Campuzano y por Andrés Berdugo. En Cusiana, declararon “vacante” (sin propietarios) el resguardo, porque no vieron indígenas allí asentados y solamente observaron a uno que iba pasando, lo cual se debía desde luego a que los indígenas de ese territorio eran nómadas y por tanto no construían pueblos.
 
La “vacancia” para acabar con los resguardos coloniales fue ampliamente utilizada por la república, que por supuesto no dejó las cosas en manos de un visitador sino que exigió una sentencia judicial de vacancia. Un ejemplo de cómo operaba el asunto puede servir el ejemplo del general Manuel María Palacio, quien se había enamorado del territorio del resguardo de Tubará (Atlántico), porque en una zona denominada “Los Volcanes” si se prendía una hoguera no se apagaba ni con la lluvia y se descubrió que era porque allí había una nueva riqueza, gas natural. Perteneciente al bando triunfador de la guerra civil de 1885, con la protección de los barcos de guerra de Estados Unidos frente a Cartagena, Palacio nombró juez municipal de Tubará a su hermano, quien declaró la “vacancia” del resguardo y lo remató, para que no por casualidad lo comprara Manuel María.
 
Mediante la ley 55 de 1905, de la Asamblea convocada por el general Rafael Reyes, la declaración “vacancia” de los resguardos se facilitó y se convirtió en un procedimiento administrativo, registrado en una notaría, lo cual facilitó a las autoridades del municipio de San Andrés de Sotavento (Córdoba) declara que los indios zenúes no existían para proceder a vender sus tierras. Caso plasmado en el video “Manda el gobierno que los indios no existen”.
 
Otros resguardos, entre ellos la mayoría de los que quedaban en Cundinamarca y Boyacá, fueron disueltos, mediante procedimientos reglamentados desde 1832. Los Hernando de Soto de la época convencía a los indígenas de la importancia de poder arrendar y vender sus tierras, las cuales luego perdieron una por una. Varios litigios judiciales se desataron sobre la transparencia y veracidad de las disoluciones, por ejemplo en el Tolima, pero lo cierto es que por esta vía muchos resguardos coloniales dejaron de existir.
 
Como si las “vacancias” y disoluciones no fueran suficientes, se aprobaron leyes de la república para disolver desde arriba y a la fuerza los resguardos. La ley 32 del 1920 abolió el resguardo indígena de Yumbo (Valle), que se consideraba “un obstáculo” al desarrollo industrial y agrícola. La ley 55 de 1948 abolió el resguardo de los indígenas umbrá y embera de Quinchía (Caldas).
 
Como se ve la mano blanca ha estado muy activa borrando o recortando resguardos coloniales y aun en aquellos que están vigentes aparecen escrituras fabricadas en notarías a favor de particulares que reclaman así la propiedad de fincas dentro de estos resguardos. El desplazamiento forzado durante las últimas décadas agrava la situación de despojo que se prolonga desde el pasado.
 
Se repite la historia
 
El proyecto de ley del gobierno repite la historia del ataque a los resguardos coloniales, mucho más la del despojo de los territorios indígenas no titulados.
 
La ley 160 de 1994, vigente, establece que “no podrán hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la constitución de resguardos indígenas”. El proyecto del gobierno modifica esta norma y dice que “no serán adjudicables los terrenos baldíos” “donde se encuentren asentadas tradicionalmente comunidades étnicas, de acuerdo con certificación expedida por el Ministerio del Interior”.
 
Esto significa que desean adjudicar otra vez, como se hacía antes de la ley 30 de 1988, la parte del territorio indígena que no puede calificarse de “asentamiento”, es decir áreas ecológicas, culturales y especialmente de agricultura itinerante y de caza y recolección, donde no hay una ocupación sedentaria sino rotativa o estacional. Antes de la ley 30 el ministerio de Gobierno podía autorizar la adjudicación a particulares de una parte territorio indígena, ahora bastaría que certificara que un área no es territorio indígena, como ya lo ha hecho en los casos del puerto de Dibuya, el resguardo Achagua y los hoteles del parque Tayrona, para que una tierra fuera adjudicada a particulares 
 
Así mismo el proyecto del gobierno elimina la norma que expresamente protege a los pueblos indígenas nómadas, seminómadas y horticultores itinerantes y que dice que “los territorios tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas nómadas, seminómadas o agricultores itinerantes para la caza, recolección u horticultura, que se hallaren situados en zonas de reserva forestal a la vigencia de esta Ley, sólo podrán destinarse a la constitución de resguardos indígenas”. Para eliminar esta protección el Estatuto Rural, ley 1152 de 2007, declarado inconstitucional, había sustituido la palabra “utilizados” por “ocupados”, anulando en la práctica la norma. El territorio indígena incluye no solamente las tierras ocupadas, sino la totalidad del hábitat de las regiones utilizadas de alguna otra manera.
 
La forma en que la mano blanca quiere vuelve sobre los territorios indígenas se completa con la eliminación en el proyecto del gobierno del gobernó de la norma de la ley 160, vigente, que reconoce y garantiza la inalienabilidad de las reservas indígenas y que dice: “Los terrenos baldíos determinados por el Incora con el carácter de reservas indígenas, constituyen tierras comunales de grupos étnicos para los fines previstos en el artículo 63 de la Constitución Política y la Ley 21 de 1991”. Las reservas indígenas eran ya un territorio recortado y cuando se convertían en resguardos, eran recortadas nuevamente en forma extrema, como pasó con los Sikuani y los Kofán. Siendo inalienables, según la constitución, no pueden ser más recortadas.
 
El gobierno ha presentado su proyecto a consulta de los pueblos indígenas. ¿Será que va a atender a sus propuestas?
 
Héctor Mondragón
Economista e investigador colombiano, asesor del movimiento campesino, indígena y de afrodescendientes.

Comments   

 
#1 HELMER VASQUEZ COLL 2012-07-26 13:52
HECTOR,Soy desendiente de la civilizacion Kamaash-hu o Mokaná como se nos conoce hoy,mis ancestros habitaron el norte de caribe colombiano,mas exactamente en el antiguo Departamento de Bolivar,hoy Atlánticoy fuimos despojados de nuestras tierras resguardadas por maquinación dolosa,mi bisabuelo,abuelo y parientes lucharon por recuperar el resguardo de indigenas tubara,hasta 1944,que mi abuelo fue apartado por la fuerza del mismo. Me gustaria saber como emprender la batalla juridica para que el estado nos devuelva lo robado.
 

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