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La locura de querer construir 17 represas en el Alto Magdalena

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Un movimiento cívico se empieza a formar en varios municipios del departamento del Huila en oposición a un megaproyecto que transformaría radicalmente el río Magdalena. Ese proyecto ya tiene el aval del gobierno de Colombia y fue formulado por Hydrochina, empresa estatal de ese país.

San José de Apartadó: Carta a Director de Testigo Directo Rafael Poveda

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"...Si usted hubiera querido transmitirle al mundo la verdadera situación de San José de Apartadó, habría tenido abundante tema.

En Libertad condicional el Taita Crispín Chindoy pasará año nuevo en Argentina, a falta de celeridad de jueces y fiscales, por un delito que no existe

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  El 10 de octubre del 2014 permanecerá en la memoria del Taita Crispín, de la comunidad Cametsa del Valle del Sibundoy Putumayo; cuando -como si fuera una película-, vio atropellada su ceremonia de Yajé por parte de 30 efectivos fuertemente armados del Estado de Corrientes en...

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    Martes, 16 Diciembre 2014 20:26
  • San José de Apartadó: Carta a Director de Testigo Directo Rafael Poveda

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    Miércoles, 17 Diciembre 2014 12:27
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    Miércoles, 17 Diciembre 2014 20:30

Nuestra Palabra

Uma kiwe no aguanta más. Encuentro de mingas por la vida y en defensa del territorio, 24 y 25 de noviembre de 2014

Dicen los mayores que el territorio es el lugar donde camina el pensamiento. Por supuesto se refieren al pensamiento ancestral, al pensamiento nasa.
 
Porque una gran amenaza para nuestros territorios es ahora mismo la implantación del pensamiento capitalista. No solo en Cxhab wala kiwe, también en toda Abya Yala. El pensamiento capitalista avanza a galope como un caballo loco por las selvas, los ríos, las montañas, los páramos y los glaciares de Nuestramérica.
 
No es fácil reconocerlo, aparentemente todo lo que está llegando es bueno. Desarrollo. Progreso. Después de tantos siglos tenemos la oportunidad de “una vida digna”. Llegan los proyectos, los programas asistenciales, la inversión social. Llega el extractivismo.

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  • Video inicio

    Diálogos de PAZtilina, la locomotora minera en Suárez, Cauca

Nuestra Palabra Kueta Susuza

  • Cauca: La comunidad del Pueblo Totoroez elige a su autoridad indígena

    Como es costumbre dentro de los pueblos indígenas en Colombia, el mes de diciembre es el mes donde se eligen las autoridades tradicionales indígenas para la vigencia del próximo periodo, las dinámicas de elección son diferentes en cada pueblo, vamos a referirnos a la elección de nuestra autoridad para el Pueblo Totoroez - Cauca.
     
     
  • Pronunciamiento por la preservación del Macizo Colombiano

    Es inaudito y antes que causarnos indignación, lo que nos da es verdadera tristeza saber que entidades como la Corporación Autónoma Regional del Cauca que tiene por misión defender, conservar y preservar el patrimonio ambiental, hoy, se presten a las pretensiones de la Agencia Nacional Minera para la implementación de la política de promoción y formalización de la minería que, para el caso del Macizo Colombiano se convertiría en una verdadera catástrofe.

     
  • La masacre de Caloto: crónica de una vergonzosa impunidad

    En hora buena el Consejo de Estado y la CSJ han tomado estas decisiones, casi 23 años después de la matanza. Sin embargo, no todas las víctimas han sido reparadas y el juicio contra los oficiales de la Policía apenas comienza en un juzgado en la ciudad de Popayán.

Contexto Colombiano

  • A la cárcel 16 empresarios de palma de Chocó

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    Un desplazado de Curvaradó contempla sus tierras. Foto: archivo Semana.
     
    Una juez de Medellín condenó a 16 empresarios tras comprobar que se aliaron con los paramilitares para desarrollar un proyecto agroindustrial de palma de aceite en el Bajo Atrato.
     
  • Paramilitares deciden plan de ordenamiento territorial de Apartadó y Turbo

    Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó no cesa de descubrir cada día nuevas dimensiones del poderío paramilitar y de su unidad de acción con las instituciones de un Estado que se sigue destacando como amplio violador de los derechos de los ciudadanos sin pudor alguno.

     
  • Ningún presidente se había atrevido a tanto

    Ministro de Defensa de Colombia con Comandante Supremo de la OTAN
     
    El Presidente de Colombia hizo una gira reciente por Europa. El propósito de esta fue presentado como la “Gira por la Paz” en la que Santos buscaba y obtenía “exitosamente” recursos para el post-conflicto, cuando está por firmarse un acuerdo entre las FARC y el Gobierno. En realidad, como lo señala el Senador Jorge Robledo, Santos iba a firmar un acuerdo que pone al ejército colombiano al servicio de la OTAN y de las potencias europeas. Un acuerdo ilegal, inconstitucional e inconsulto. En la nueva geografía global, tropas colombianas ya actúan en Ucrania, en Africa y donde quiera que las necesite el imperio transnacional de la derecha capitalista. 
     

Vivencias Globales

Comunicados

Cauca: Carta abierta al secretariado de la farc-ep Timoleon Jimenez

Hasta ahora ha hablado el gran responsable revolucionario y el pequeño también, sacando panfletos con amenazas y mentiras. Habló el alto Comisionado y los comisionados subalternos, han hablado los partidos políticos, han hablado los gremios, los comités, los grupos de alto nivel y los grupos de bajo nivel, también sacan sus comunicados los sindicatos, los obreros, los campesinos, los eternos demagogos; han hablado todos…..Falta alguno?

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Comunicado público frente a las amenazas de las Farc

La Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca  es la autoridad tradicional de Cxhab Wala Kiwe y es una entidad pública especial con cobertura territorial, que actúa legítimamente bajo los mandatos comunitarios, respetando la autonomía de sus territorios y tiene como mandato guiar la consolidación de un territorio indígena en el marco del derecho propio.  Por tanto, reiteramos que no nos encontramos trabajando con ninguna entidad de seguridad del Estado, mucho menos utilizando nuestra guardia indígena para hacerle juego a la Fuerza Pública. Actuamos bajo nuestros mandatos comunitarios y nuestros usos y costumbres; entre los cuales se encuentra el ejercicio del control territorial y la aplicación de nuestra justicia propia.

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Documentos

Denuncia pública: Nuevas amenazas contra integrantes del Movice, medios y defensores DDHH
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) denuncia una nueva amenaza firmada por las Águilas Negras, dirigida contra varios de nuestros integrantes, además de otros defensores de derechos humanos, víctimas de crímenes estatales, funcionarios de la Alcaldía de Bogotá y medios alternativos de comunicación.
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Amenazas de muerte, hostigamientos, seguimientos, planes de atentados
Amenazas de muerte, hostigamientos, seguimientos, planes de atentados, órdenes arbitrarias de desalojo contra legítimos habitantes de los predios colectivos Curvaradó, Jiguamiandó, La Larga Tumaradó, Pedeguita y Mansilla.
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ACIN - Çxhab Wala Kiwe

¿Quién quiere borrar los Resguardos Coloniales?

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Una nueva ofensiva contra los resguardos indígenas coloniales se originó en una certificación que debía dar el Incoder ante el ministerio de Hacienda para certificar su existencia, para que la nación le pagara al respectivo municipio el impuesto predial correspondiente al Resguardo, según la ley 44 de 1990 y la ley 223 de 1995. El 24 de septiembre de 2009, el Incoder desconoció los títulos coloniales debidamente al declarar unilateralmente y sin que mediara norma alguna que todos los Resguardos coloniales debían someterse a procesos de clarificación de propiedad y reestructuración registrados. 
Además, afirmó que ningún Resguardo colonial estaba en su base de datos, lo cual es contradicho por documentos de Planeación Nacional y por la base datos que el Incora entregó a la Comisión de Territorios Indígenas en 1997 y que debía estar en Incoder después de su creación en 2003.
 
Luego, el pasado gobierno, en vez de rectificar la declaración arbitraria de un funcionario, la convirtió en el decreto 441 de 2010, el cual sorpresiva e ilegalmente, ordenó al Incoder reestructurar todos los resguardos coloniales antes del 31 de diciembre de 2011. Este decreto violó la Constitución doblemente al establecer que todos los Resguardos coloniales se  reestructuran sólo “con las tierras poseídas por los miembros de la parcialidad a título individual o colectivo, y los predios adquiridos o donados a favor de la comunidad por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA u otras entidades”. Esto significa ni más ni menos que excluir del Resguardo tierras que forman parte de él, pero de las cuales fueron ilegalmente despojados los indígenas y que por ello ya no poseen. Significa volver al régimen de indio desplazado, indio despojado y viola la constitución, primero porque se desconoce un derecho adquirido con justo título y segundo, porque los Resguardos indígenas son inalienables. Además contraría la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, por ejemplo, sentenció el 29 de marzo de 2006, en el caso de la comunidad Sawhoyamaxa contra Paraguay, que “la posesión no es un requisito que condicione la existencia del derecho de recuperación de las tierras indígenas.”
 
Este decreto ya no está vigente y por el momento ha sido sustituido por el artículo 70 de la ley 1450 del Plan Nacional de Desarrollo, que sin colocar un plazo, reproduce la exigencia de posesión actual como condición para incluir una tierra en la reestructuración de un resguardo, pero añade un parágrafo según el cual la reestructuración se hará “de conformidad con los procedimientos acordados entre el Gobierno Nacional y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, dentro del marco de la Mesa Nacional de concertación de pueblos indígenas”. Este parágrafo se suprime en la versión de abril de 2012 del proyecto de ley de tierras y desarrollo rural.
 
Una versión de febrero del mismo proyecto de ley era aún más agresiva y franca en el desconocimiento del derecho adquirido a la propiedad del Resguardo colonial, al exigir la efectiva “ocupación” de la tierra y desconocer que los indígenas poseen tierras que no ocupan porque son sagradas, de protección ambiental, de uso cultural o territorios de caza, pesca y recolección. Esa aversión decía que:
 
“El Incoder reestructurará los resguardos de origen colonial, mediante el proceso de clarificación establecido en esta Ley, considerando la verificación del territorio efectivamente ocupado por los miembros de la parcialidad a título individual o colectivo y los predios adquiridos o donados a favor de la comunidad por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA u otras entidades y la vigencia legal de los respectivos títulos de las tierras efectivamente ocupadas.”
 
La redacción actual, aunque menos franca, facilita de todos modos la legalización de despojos territoriales. Sobre el Resguardo colonial existe un derecho adquirido de propiedad colectiva y cuya validez se presume al estar debidamente registrado y debe ser quien lo cuestiona quien presente pruebas en contra. El proceso de clarificación que el proyecto de ley dispone, da en cambio valor de prueba de propiedad a escrituras fabricadas mediante “negocio jurídico celebrado entre particulares” antes de 1974. 
 
Una larga historia de despojos
 
Los resguardos indígenas creados por la corona española, suponía de por sí, que los indígenas eran despojados de las mejores tierras agrícolas y minas de oro y plata y debían conformarse con una parte secundaria de su antiguo territorio. A pesar de eso la lucha por aplicar la legislación de Indias fue difícil por la oposición violenta de los conquistadores, pero los resguardos terminaron por vivir desde 1584, en parte gracias a la resistencia indígena, pero también a la necesidad de alimentos y mano de obra en la colonia, para la cual los resguardos fueron una importante fuente de abastecimiento.
 
No obstante desde la misma colonia los resguardos comenzaron a ser borrados, obra que comenzó el visitador José María Campuzano, quien por ejemplo “extinguió” el resguardo y el pueblo de Busbanzá (Boyacá) y ordenó a los indígenas trasladarse a Gámeza y procedió a rematar las tierras. Lo mismo ocurrió con otros 25 resguardos “visitados” entonces por Campuzano y por Andrés Berdugo. En Cusiana, declararon “vacante” (sin propietarios) el resguardo, porque no vieron indígenas allí asentados y solamente observaron a uno que iba pasando, lo cual se debía desde luego a que los indígenas de ese territorio eran nómadas y por tanto no construían pueblos.
 
La “vacancia” para acabar con los resguardos coloniales fue ampliamente utilizada por la república, que por supuesto no dejó las cosas en manos de un visitador sino que exigió una sentencia judicial de vacancia. Un ejemplo de cómo operaba el asunto puede servir el ejemplo del general Manuel María Palacio, quien se había enamorado del territorio del resguardo de Tubará (Atlántico), porque en una zona denominada “Los Volcanes” si se prendía una hoguera no se apagaba ni con la lluvia y se descubrió que era porque allí había una nueva riqueza, gas natural. Perteneciente al bando triunfador de la guerra civil de 1885, con la protección de los barcos de guerra de Estados Unidos frente a Cartagena, Palacio nombró juez municipal de Tubará a su hermano, quien declaró la “vacancia” del resguardo y lo remató, para que no por casualidad lo comprara Manuel María.
 
Mediante la ley 55 de 1905, de la Asamblea convocada por el general Rafael Reyes, la declaración “vacancia” de los resguardos se facilitó y se convirtió en un procedimiento administrativo, registrado en una notaría, lo cual facilitó a las autoridades del municipio de San Andrés de Sotavento (Córdoba) declara que los indios zenúes no existían para proceder a vender sus tierras. Caso plasmado en el video “Manda el gobierno que los indios no existen”.
 
Otros resguardos, entre ellos la mayoría de los que quedaban en Cundinamarca y Boyacá, fueron disueltos, mediante procedimientos reglamentados desde 1832. Los Hernando de Soto de la época convencía a los indígenas de la importancia de poder arrendar y vender sus tierras, las cuales luego perdieron una por una. Varios litigios judiciales se desataron sobre la transparencia y veracidad de las disoluciones, por ejemplo en el Tolima, pero lo cierto es que por esta vía muchos resguardos coloniales dejaron de existir.
 
Como si las “vacancias” y disoluciones no fueran suficientes, se aprobaron leyes de la república para disolver desde arriba y a la fuerza los resguardos. La ley 32 del 1920 abolió el resguardo indígena de Yumbo (Valle), que se consideraba “un obstáculo” al desarrollo industrial y agrícola. La ley 55 de 1948 abolió el resguardo de los indígenas umbrá y embera de Quinchía (Caldas).
 
Como se ve la mano blanca ha estado muy activa borrando o recortando resguardos coloniales y aun en aquellos que están vigentes aparecen escrituras fabricadas en notarías a favor de particulares que reclaman así la propiedad de fincas dentro de estos resguardos. El desplazamiento forzado durante las últimas décadas agrava la situación de despojo que se prolonga desde el pasado.
 
Se repite la historia
 
El proyecto de ley del gobierno repite la historia del ataque a los resguardos coloniales, mucho más la del despojo de los territorios indígenas no titulados.
 
La ley 160 de 1994, vigente, establece que “no podrán hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la constitución de resguardos indígenas”. El proyecto del gobierno modifica esta norma y dice que “no serán adjudicables los terrenos baldíos” “donde se encuentren asentadas tradicionalmente comunidades étnicas, de acuerdo con certificación expedida por el Ministerio del Interior”.
 
Esto significa que desean adjudicar otra vez, como se hacía antes de la ley 30 de 1988, la parte del territorio indígena que no puede calificarse de “asentamiento”, es decir áreas ecológicas, culturales y especialmente de agricultura itinerante y de caza y recolección, donde no hay una ocupación sedentaria sino rotativa o estacional. Antes de la ley 30 el ministerio de Gobierno podía autorizar la adjudicación a particulares de una parte territorio indígena, ahora bastaría que certificara que un área no es territorio indígena, como ya lo ha hecho en los casos del puerto de Dibuya, el resguardo Achagua y los hoteles del parque Tayrona, para que una tierra fuera adjudicada a particulares 
 
Así mismo el proyecto del gobierno elimina la norma que expresamente protege a los pueblos indígenas nómadas, seminómadas y horticultores itinerantes y que dice que “los territorios tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas nómadas, seminómadas o agricultores itinerantes para la caza, recolección u horticultura, que se hallaren situados en zonas de reserva forestal a la vigencia de esta Ley, sólo podrán destinarse a la constitución de resguardos indígenas”. Para eliminar esta protección el Estatuto Rural, ley 1152 de 2007, declarado inconstitucional, había sustituido la palabra “utilizados” por “ocupados”, anulando en la práctica la norma. El territorio indígena incluye no solamente las tierras ocupadas, sino la totalidad del hábitat de las regiones utilizadas de alguna otra manera.
 
La forma en que la mano blanca quiere vuelve sobre los territorios indígenas se completa con la eliminación en el proyecto del gobierno del gobernó de la norma de la ley 160, vigente, que reconoce y garantiza la inalienabilidad de las reservas indígenas y que dice: “Los terrenos baldíos determinados por el Incora con el carácter de reservas indígenas, constituyen tierras comunales de grupos étnicos para los fines previstos en el artículo 63 de la Constitución Política y la Ley 21 de 1991”. Las reservas indígenas eran ya un territorio recortado y cuando se convertían en resguardos, eran recortadas nuevamente en forma extrema, como pasó con los Sikuani y los Kofán. Siendo inalienables, según la constitución, no pueden ser más recortadas.
 
El gobierno ha presentado su proyecto a consulta de los pueblos indígenas. ¿Será que va a atender a sus propuestas?
 
Héctor Mondragón
Economista e investigador colombiano, asesor del movimiento campesino, indígena y de afrodescendientes.

Comments   

 
#1 HELMER VASQUEZ COLL 2012-07-26 13:52
HECTOR,Soy desendiente de la civilizacion Kamaash-hu o Mokaná como se nos conoce hoy,mis ancestros habitaron el norte de caribe colombiano,mas exactamente en el antiguo Departamento de Bolivar,hoy Atlánticoy fuimos despojados de nuestras tierras resguardadas por maquinación dolosa,mi bisabuelo,abuelo y parientes lucharon por recuperar el resguardo de indigenas tubara,hasta 1944,que mi abuelo fue apartado por la fuerza del mismo. Me gustaria saber como emprender la batalla juridica para que el estado nos devuelva lo robado.
 

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