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Vereda de Quitapereza : Liberar el agua y la Madre Tierra

Vereda de Quitapereza : Liberar el agua y la Madre Tierra

Temprano en la mañana de 25 de abril, los comuneros de la vereda Quitapereza se reunieron en Minga, caminando una lucha que llevan desde más de dos años y uniéndose a un proceso de  Liberación de la Madre Tierra, que se está desarrollando en todo el Norte del Cauca.

Mega Proyecto amenaza con la vida ecológica en el  resguardo indígena Triunfo Cristal Paez en el municipio Florida Valle de Cauca.

Mega Proyecto amenaza con la vida ecológica en el resguardo indígena Triunfo Cristal Paez en el municipio Florida Valle de Cauca.

En calidad de Autoridades Indígenas Ancestrales y Ambientales del resguardo indígena Triunfo Cristal Páez, queremos manifestar y denunciar lo siguiente: Foto: archivos del Tejido de Comunicación; la Laguna del Viento Florida Valle 1 Los pueblos indígenas somos milenarios que...

Una vida de liberación; un trabajo permanente para la libertad de la Madre Tierra

Una vida de liberación; un trabajo permanente para la libertad de la Madre Tierra

En el Norte del Cauca el machete no se deja quieto mucho tiempo. A pesar de la cosecha del café y de los trabajos que van acumulándose en las fincas que por fin pudieron recibir el agua vital de las lluvias,  las comuneras y comuneros siguen movilizados en la liberación de la Madre Tierra.

  • Vereda de Quitapereza : Liberar el agua y la Madre Tierra

    Vereda de Quitapereza : Liberar el agua y la Madre Tierra

    Sábado, 30 Abril 2016 15:17
  • Mega Proyecto amenaza con la vida ecológica en el  resguardo indígena Triunfo Cristal Paez en el municipio Florida Valle de Cauca.

    Mega Proyecto amenaza con la vida ecológica en el resguardo indígena Triunfo Cristal Paez en el municipio Florida Valle de Cauca.

    Lunes, 02 Mayo 2016 12:05
  • Una vida de liberación; un trabajo permanente para la libertad de la Madre Tierra

    Una vida de liberación; un trabajo permanente para la libertad de la Madre Tierra

    Lunes, 02 Mayo 2016 19:15

Nuestra Palabra

“Una cosa es lo que piensa el burro y otra cosa el que lo arrea”: Comuneros hablando de “incidir” en la Mesa de Negociaciones de Paz en la Habana- Cuba.

En la Junta Directiva del Consejo Regional indígena del Cauca- CRIC, realizada el 23 de febrero, en la María-Piendamó sitio de  convivencia, diálogo y negociación, las  comunidades de distintas zonas del Cauca  se repartieron en cuatro  comisiones para trabajar  “cuatro preguntas para analizar las problemáticas actuales de los pueblos indígenas”. 

 

Unas de estas preguntas fue: ¿Cómo incidir para que la mesa de negociaciones de paz en la Habana - Cuba, garantice el dialogo con los pueblos indígenas? La respuesta que dieron los participantes fue muy  concreta, señalaron  que la propuesta que dieron algunos líderes de incidir en la mesas de negociaciones de paz entre el gobierno y las guerrillas de las FARC sonaba de forma interesada, porque no es posible  participar en estos diálogos sin tener propuestas que sean construidas de forma consulta y por las bases, en este sentido es mejor exigir a los actores armados y el capital transnacional  que respeten los  territorios en vez de incidir en la mesa que no aborda la crisis del sistema capitalista. 

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  • Video inicio

    Intervención: Blanca Andrae Habla sobre proceso de paz

Nuestra Palabra Kueta Susuza

  • Alerta, nuevamente quieren acallar la voz y las acciones de la comunidad afro-descendientes quienes exigen sus derechos incumplidos por el gobierno

     

    AMENAZAS A  LIDERESAS Y LÍDERES DEL NORTE DEL CAUCA. 
    El Equipo de Derechos Humanos del  Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca ACONC y  el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano CONPA,  hacen conocer a la comunidad nacional e internacional y alertan a  las autoridades sobre los siguientes hechos:

     
  • Continúa Amenazas a los Procesos Indígenas, Sociales y Populares del Cauca

    Comunicado a la Opinión Pública Nacional e Internacional

    La Consejería Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, denuncia y rechaza ante la opinión pública Nacional e Internacional la agudización del conflicto en nuestros territorios, pueblos y comunidades indígenas, así como la violación sistemática de los derechos humanos a sectores sociales y populares del Departamento del Cauca.

     
  • De nuevo la protesta social es violentamente reprimida por los ESMAD Y el gobierno Colombiano

    Las comunidades de 41 consejos comunitarios pertenecientes a la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca-ACONC, desde el 25 de abril de 2016 se declararon en asamblea permanente en uso al derecho constitucional de movilización, levantaron la bandera de la protesta social y se movilizaron por la Vía Panamericana desde horas de la mañana, en la vereda Quinamayó, municipio de Santander de Quilichao, para denunciar la violación de los derechos humanos, étnicos y territoriales y exigir al Gobierno Nacional, el derecho a la vida y al territorio ancestral afrocolombiano.

Contexto Colombiano

  • SALVAR EL ÚLTIMO RÍO LIBRE Y LIMPIO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA

    Estimados Ministros: por favor, solicito cancelar la licencia ambiental para el aprovechamiento de las aguas del Río Samaná Norte, con el proyecto hidroeléctrico Porvenir 2, adelantado por la empresa Celsia, cuyo accionista mayoritario es el grupo Argos S.A, y que fue aprobada de forma irregular por los siguientes argumentos:

     
  • Urge protección de indígenas de Acandí, Chocó

     

    El Juez Especializado en Restitución de Quibdó le solicitó a Procuraduría y Defensoría hacer seguimiento a las órdenes impartidas desde 2011 por la Corte Constitucional, en relación con la protección de los indígenas Embera de dos resguardos en Chocó.

     

    Mientras el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, interviene a favor de ganaderos y palmicultores que aseguran ser “víctimas” de la Ley de Restitución de Tierras, los indígenas Embera del municipio de Acandí, Chocó, continúan en situación de vulnerabilidad, sin que este organismo del Ministerio Público cumpla con la orden dada por la Corte Constitucional de apoyar, acompañar y vigilar las medidas de protección contenidas en la Sentencia T-129 de 2011.

    El “jalón de orejas” está contenido en la Auto Interlocutorio 074, fechado el pasado 19 de abril y proferido por el juez Primero Civil de Quibdó, Mario Lozano Madrid, especializado en Restitución de Tierras, a través del cual dicta medidas de protección a favor de los resguardos Chidima Tolo y Pescadito.

     
  • Petroleras ponen en riesgo equilibro ambiental del Caquetá

    43 bloqueos petroleros están afectando a municipios del departamento como Valparaiso, Doncello, Puerto Rico, Paujil y San Vicente

     

    La presencia de empresas petroleras en el departamento de Caquetá ha generado un rechazo de ciudadanos y campesinos que se organizan para defender el territorio. “Es tiempo de actuar, tomemos conciencia y defendamos el Caquetá”, es la apuesta de organizaciones sociales y ciudadanos para rechazar la explotación petrolera en este departamento.

     

Vivencias Globales

  • Detienen militares por asesinato de Berta Cáceres

    En diciembre del 2013 hicimos un extenso reportaje en la región de Río Blanco y el lugar al lado de Río Gualqarque en donde la empresa constructora y consorcio Desa quiere levantar la represa Aguazarca.

    En ese entonces sabíamos por parte de Bertha que ella había sido acusada y amenazada por parte del vice jefe de la seguridad de la empresa, Douglas Bustillo. Éste habría dicho, según Bertha, que Copinh y Bertha eran guerrilleros. Enfrentamos a Bustillo con las acusaciones allá en el lugar por la obra, las cuales desmintió rotundamente.

     
  • Estados Unidos amenaza derechos indígenas

    Pretende fusionar Relator Especial y Mecanismo de Expertos Diseñan estrategia para fortalecer MEDPI  Obligación de Estados cumplimiento de la Declaración: Alta Comisionada de la ONU

    Genaro Bautista /AIPIN

    Palais des Nations. Ginebra. Estados Unidos lanzó una amenaza que lleva el propósito de reducir los derechos de los pueblos indígenas, al interior de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de las siete regiones geopolíticas.

     
  • Heridos en agresión planificada a caravana en solidaridad al COPINH

    La Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras (PMSPH) y las delegaciones que participaron en el Encuentro Internacional de los Pueblos "Berta Cáceres Vive", denunciamos que ayer a las 5:00 de la tarde, integrantes de la plataforma, de las delegaciones internacionales y nacionales que se movilizaban desde el Río Gualcarque hacia Tegucigalpa fueron agredidos y amenazados a muerte por un grupo de hombres al servicio de la empresa Desarrollos Energéticos S.A.(DESA)

     

Comunicados

Las autoridades tradicionales no han ofrecido la guardia indígena, para Salvaguardar zonas de ubicación de las FARC

Comunicado a la Opinión Pública Nacional e Internacional
 Ante el artículo aparecido el día 25 de febrero del presente año en el periódico el
Espectador titulado “Guardia indígena se ofrece para salvaguardar zonas de ubicación de las FARC”, la Consejería mayor del CRIC se permite aclarar lo siguiente: 

(1936)
EL AGUA NO ES UN NEGOCIO ES UN DERECHO FUNDAMENTAL.
Buenaventura Enero del 2016.
 
El COMITE DE LA AGUA Y LA VIDA DE BUENAVENTURA, desea, para este  año nuevo, la unidad y la decisión de 
 
lucha del pueblo para afrontar y lograr la solución definitiva a la problemática del agua y el alcantarillado de 
 
Buenaventura.
(536)

Documentos

Salud en Palogordo en Estado Terminal: nuevamente muere preso por falta de atención médica

La atención en salud es cada vez es más precaria por no decir grave; pareciera que no tiene cura mientras va cobrando vidas en la población privada de la libertad. Poco o nada le importa al Estado colombiano,  tampoco a los organismos de control conocedores de la problemática; ¿cuantos de nosotros: presos políticos, sociales deben morir en las mazmorras del régimen? para que la dignidad humana, según ellos, no sea violada y tema de preocupación por parte del Gobierno Nacional.

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EL MOVIMIENTO SOCIAL Y SINDICAL DEL VALLE DEL CAUCA AMENAZADOS POR AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA – AUG

Las organizaciones sociales, sindicales y derechos humanos abajo firmantes denunciamos ante la comunidad nacional e internacional, las nuevas amenazas de las que ha sido objeto el movimiento social y organizaciones sociales en la región; las que se han venido presentando de manera reiterada, señalando y estigmatizando la labor de los defensores de los Derechos Humanos, de las organizaciones sindicales y en general del movimiento social; estas últimas amenazas han sido proferidas por grupos paramilitares que se hacen llamar movimiento gaitanista de Colombia y que mantienen presencia en la zona del Valle del Cauca y Cauca, amenazas que se han denunciado ante las autoridades competentes, sin que hasta el momento se hallen los responsables de dichas amenazas.

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ACIN - Çxhab Wala Kiwe

¿Quién quiere borrar los Resguardos Coloniales?

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Una nueva ofensiva contra los resguardos indígenas coloniales se originó en una certificación que debía dar el Incoder ante el ministerio de Hacienda para certificar su existencia, para que la nación le pagara al respectivo municipio el impuesto predial correspondiente al Resguardo, según la ley 44 de 1990 y la ley 223 de 1995. El 24 de septiembre de 2009, el Incoder desconoció los títulos coloniales debidamente al declarar unilateralmente y sin que mediara norma alguna que todos los Resguardos coloniales debían someterse a procesos de clarificación de propiedad y reestructuración registrados. 
Además, afirmó que ningún Resguardo colonial estaba en su base de datos, lo cual es contradicho por documentos de Planeación Nacional y por la base datos que el Incora entregó a la Comisión de Territorios Indígenas en 1997 y que debía estar en Incoder después de su creación en 2003.
 
Luego, el pasado gobierno, en vez de rectificar la declaración arbitraria de un funcionario, la convirtió en el decreto 441 de 2010, el cual sorpresiva e ilegalmente, ordenó al Incoder reestructurar todos los resguardos coloniales antes del 31 de diciembre de 2011. Este decreto violó la Constitución doblemente al establecer que todos los Resguardos coloniales se  reestructuran sólo “con las tierras poseídas por los miembros de la parcialidad a título individual o colectivo, y los predios adquiridos o donados a favor de la comunidad por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA u otras entidades”. Esto significa ni más ni menos que excluir del Resguardo tierras que forman parte de él, pero de las cuales fueron ilegalmente despojados los indígenas y que por ello ya no poseen. Significa volver al régimen de indio desplazado, indio despojado y viola la constitución, primero porque se desconoce un derecho adquirido con justo título y segundo, porque los Resguardos indígenas son inalienables. Además contraría la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, por ejemplo, sentenció el 29 de marzo de 2006, en el caso de la comunidad Sawhoyamaxa contra Paraguay, que “la posesión no es un requisito que condicione la existencia del derecho de recuperación de las tierras indígenas.”
 
Este decreto ya no está vigente y por el momento ha sido sustituido por el artículo 70 de la ley 1450 del Plan Nacional de Desarrollo, que sin colocar un plazo, reproduce la exigencia de posesión actual como condición para incluir una tierra en la reestructuración de un resguardo, pero añade un parágrafo según el cual la reestructuración se hará “de conformidad con los procedimientos acordados entre el Gobierno Nacional y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, dentro del marco de la Mesa Nacional de concertación de pueblos indígenas”. Este parágrafo se suprime en la versión de abril de 2012 del proyecto de ley de tierras y desarrollo rural.
 
Una versión de febrero del mismo proyecto de ley era aún más agresiva y franca en el desconocimiento del derecho adquirido a la propiedad del Resguardo colonial, al exigir la efectiva “ocupación” de la tierra y desconocer que los indígenas poseen tierras que no ocupan porque son sagradas, de protección ambiental, de uso cultural o territorios de caza, pesca y recolección. Esa aversión decía que:
 
“El Incoder reestructurará los resguardos de origen colonial, mediante el proceso de clarificación establecido en esta Ley, considerando la verificación del territorio efectivamente ocupado por los miembros de la parcialidad a título individual o colectivo y los predios adquiridos o donados a favor de la comunidad por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA u otras entidades y la vigencia legal de los respectivos títulos de las tierras efectivamente ocupadas.”
 
La redacción actual, aunque menos franca, facilita de todos modos la legalización de despojos territoriales. Sobre el Resguardo colonial existe un derecho adquirido de propiedad colectiva y cuya validez se presume al estar debidamente registrado y debe ser quien lo cuestiona quien presente pruebas en contra. El proceso de clarificación que el proyecto de ley dispone, da en cambio valor de prueba de propiedad a escrituras fabricadas mediante “negocio jurídico celebrado entre particulares” antes de 1974. 
 
Una larga historia de despojos
 
Los resguardos indígenas creados por la corona española, suponía de por sí, que los indígenas eran despojados de las mejores tierras agrícolas y minas de oro y plata y debían conformarse con una parte secundaria de su antiguo territorio. A pesar de eso la lucha por aplicar la legislación de Indias fue difícil por la oposición violenta de los conquistadores, pero los resguardos terminaron por vivir desde 1584, en parte gracias a la resistencia indígena, pero también a la necesidad de alimentos y mano de obra en la colonia, para la cual los resguardos fueron una importante fuente de abastecimiento.
 
No obstante desde la misma colonia los resguardos comenzaron a ser borrados, obra que comenzó el visitador José María Campuzano, quien por ejemplo “extinguió” el resguardo y el pueblo de Busbanzá (Boyacá) y ordenó a los indígenas trasladarse a Gámeza y procedió a rematar las tierras. Lo mismo ocurrió con otros 25 resguardos “visitados” entonces por Campuzano y por Andrés Berdugo. En Cusiana, declararon “vacante” (sin propietarios) el resguardo, porque no vieron indígenas allí asentados y solamente observaron a uno que iba pasando, lo cual se debía desde luego a que los indígenas de ese territorio eran nómadas y por tanto no construían pueblos.
 
La “vacancia” para acabar con los resguardos coloniales fue ampliamente utilizada por la república, que por supuesto no dejó las cosas en manos de un visitador sino que exigió una sentencia judicial de vacancia. Un ejemplo de cómo operaba el asunto puede servir el ejemplo del general Manuel María Palacio, quien se había enamorado del territorio del resguardo de Tubará (Atlántico), porque en una zona denominada “Los Volcanes” si se prendía una hoguera no se apagaba ni con la lluvia y se descubrió que era porque allí había una nueva riqueza, gas natural. Perteneciente al bando triunfador de la guerra civil de 1885, con la protección de los barcos de guerra de Estados Unidos frente a Cartagena, Palacio nombró juez municipal de Tubará a su hermano, quien declaró la “vacancia” del resguardo y lo remató, para que no por casualidad lo comprara Manuel María.
 
Mediante la ley 55 de 1905, de la Asamblea convocada por el general Rafael Reyes, la declaración “vacancia” de los resguardos se facilitó y se convirtió en un procedimiento administrativo, registrado en una notaría, lo cual facilitó a las autoridades del municipio de San Andrés de Sotavento (Córdoba) declara que los indios zenúes no existían para proceder a vender sus tierras. Caso plasmado en el video “Manda el gobierno que los indios no existen”.
 
Otros resguardos, entre ellos la mayoría de los que quedaban en Cundinamarca y Boyacá, fueron disueltos, mediante procedimientos reglamentados desde 1832. Los Hernando de Soto de la época convencía a los indígenas de la importancia de poder arrendar y vender sus tierras, las cuales luego perdieron una por una. Varios litigios judiciales se desataron sobre la transparencia y veracidad de las disoluciones, por ejemplo en el Tolima, pero lo cierto es que por esta vía muchos resguardos coloniales dejaron de existir.
 
Como si las “vacancias” y disoluciones no fueran suficientes, se aprobaron leyes de la república para disolver desde arriba y a la fuerza los resguardos. La ley 32 del 1920 abolió el resguardo indígena de Yumbo (Valle), que se consideraba “un obstáculo” al desarrollo industrial y agrícola. La ley 55 de 1948 abolió el resguardo de los indígenas umbrá y embera de Quinchía (Caldas).
 
Como se ve la mano blanca ha estado muy activa borrando o recortando resguardos coloniales y aun en aquellos que están vigentes aparecen escrituras fabricadas en notarías a favor de particulares que reclaman así la propiedad de fincas dentro de estos resguardos. El desplazamiento forzado durante las últimas décadas agrava la situación de despojo que se prolonga desde el pasado.
 
Se repite la historia
 
El proyecto de ley del gobierno repite la historia del ataque a los resguardos coloniales, mucho más la del despojo de los territorios indígenas no titulados.
 
La ley 160 de 1994, vigente, establece que “no podrán hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la constitución de resguardos indígenas”. El proyecto del gobierno modifica esta norma y dice que “no serán adjudicables los terrenos baldíos” “donde se encuentren asentadas tradicionalmente comunidades étnicas, de acuerdo con certificación expedida por el Ministerio del Interior”.
 
Esto significa que desean adjudicar otra vez, como se hacía antes de la ley 30 de 1988, la parte del territorio indígena que no puede calificarse de “asentamiento”, es decir áreas ecológicas, culturales y especialmente de agricultura itinerante y de caza y recolección, donde no hay una ocupación sedentaria sino rotativa o estacional. Antes de la ley 30 el ministerio de Gobierno podía autorizar la adjudicación a particulares de una parte territorio indígena, ahora bastaría que certificara que un área no es territorio indígena, como ya lo ha hecho en los casos del puerto de Dibuya, el resguardo Achagua y los hoteles del parque Tayrona, para que una tierra fuera adjudicada a particulares 
 
Así mismo el proyecto del gobierno elimina la norma que expresamente protege a los pueblos indígenas nómadas, seminómadas y horticultores itinerantes y que dice que “los territorios tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas nómadas, seminómadas o agricultores itinerantes para la caza, recolección u horticultura, que se hallaren situados en zonas de reserva forestal a la vigencia de esta Ley, sólo podrán destinarse a la constitución de resguardos indígenas”. Para eliminar esta protección el Estatuto Rural, ley 1152 de 2007, declarado inconstitucional, había sustituido la palabra “utilizados” por “ocupados”, anulando en la práctica la norma. El territorio indígena incluye no solamente las tierras ocupadas, sino la totalidad del hábitat de las regiones utilizadas de alguna otra manera.
 
La forma en que la mano blanca quiere vuelve sobre los territorios indígenas se completa con la eliminación en el proyecto del gobierno del gobernó de la norma de la ley 160, vigente, que reconoce y garantiza la inalienabilidad de las reservas indígenas y que dice: “Los terrenos baldíos determinados por el Incora con el carácter de reservas indígenas, constituyen tierras comunales de grupos étnicos para los fines previstos en el artículo 63 de la Constitución Política y la Ley 21 de 1991”. Las reservas indígenas eran ya un territorio recortado y cuando se convertían en resguardos, eran recortadas nuevamente en forma extrema, como pasó con los Sikuani y los Kofán. Siendo inalienables, según la constitución, no pueden ser más recortadas.
 
El gobierno ha presentado su proyecto a consulta de los pueblos indígenas. ¿Será que va a atender a sus propuestas?
 
Héctor Mondragón
Economista e investigador colombiano, asesor del movimiento campesino, indígena y de afrodescendientes.

Comments   

 
#1 HELMER VASQUEZ COLL 2012-07-26 13:52
HECTOR,Soy desendiente de la civilizacion Kamaash-hu o Mokaná como se nos conoce hoy,mis ancestros habitaron el norte de caribe colombiano,mas exactamente en el antiguo Departamento de Bolivar,hoy Atlánticoy fuimos despojados de nuestras tierras resguardadas por maquinación dolosa,mi bisabuelo,abuelo y parientes lucharon por recuperar el resguardo de indigenas tubara,hasta 1944,que mi abuelo fue apartado por la fuerza del mismo. Me gustaria saber como emprender la batalla juridica para que el estado nos devuelva lo robado.
 

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