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Antioquia: Propuestas para el proceso de Desminado Humanitario en Orejón Briceño

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  La vereda Orejon del municipio de Briceño Antioquia fue elegida como laboratorio del proceso de desminado humanitario en el Colombia a partir de los dialogos de la Habana entre las el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC EP. Las veredas cercanas y muchas de las familias de...

Las Mingas por el Wët Wët Fxi’zenxi están mas vivas que nunca

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  Ya son mas de 8 meses en que el pueblo nasa en Corito (norte del Cauca) esta liberando la madre tierra de la ambición de las empresas azucareras, han sido meses de duros enfrentamientos contra la fuerza pública. En la vereda el Guanábano en este territorio, en este territorio...

Cauca: Caminar el territorio y el pensamiento de los mayores

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  “A los jóvenes los invito a que piensen fuertemente todos los días sin cansarse. No olvidemos que los paeces (nasas) siempre vencimos ante los conquistadores y esto nos enorgullece para seguir adelante y no tener miedo a la muerte. Por eso yo invito a que ustedes piensen y que...

  • Antioquia: Propuestas para el proceso de Desminado Humanitario en Orejón Briceño

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    Jueves, 02 Julio 2015 12:55
  • Las Mingas por el Wët Wët Fxi’zenxi están mas vivas que nunca

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    Martes, 07 Julio 2015 11:20
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    Martes, 07 Julio 2015 18:21

Nuestra Palabra

La responsabilidad de votar 'no' en el referéndum griego

Theodoros Karyotis habla ahora mismo desde Grecia y lo hace desde esas calles, desde las luchas y los temores, desde la verdad de un momento definitivo para la humanidad. Teo explica, desde la perspectiva de movimientos sociales y populares en resistencia al modelo neoliberal y quienes promueven alternativas colectivas al mismo, la realidad que enfrenta el pueblo griego frente al desafío del referendo citado para el próximo domingo y en el que, más allá del presente y del futuro de Grecia, se debate el futuro de Europa y del proyecto de ocupación global por parte de la economía transnacional y sus actores más poderosos. 

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  • Video inicio

    La Liberación de la Madre Tierra continúa en Corinto

Nuestra Palabra Kueta Susuza

Contexto Colombiano

  • ¿Por qué no debía llenarse El Quimbo?

    ¿Por qué no debía llenarse El Quimbo?
    El llenado de la presa del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo tomó por sorpresa a la sociedad huilense, entes de control como la CAM, pero sobre todo a los habitantes de la zona de influencia que aún permanecen en el lugar. La actuación de Emgesa con el consentimiento del ANLA es ampliamente cuestionada y trasgrede argumentos como el de la Corte Constitucional. ¿Una actuación fuera de la normatividad legal?
     
  • Plan de desarrollo acelera locomotora minera y atropella medio ambiente

    BACTERIAS DE YUCA AYUDAN A ELIMINAR CIANURO DE RÍOS CONTAMINADOS POR MINERÍA
    – Plan Nacional de Desarrollo desconoce legislación previa que protege páramos
    – Proyectos de Interés Nacional Estratégico (PINE) podrían ser usados para imponer minería en territorios
    – Discurso ambiental del Gobierno es incoherente: en el exterior dice una cosa y en el interior hace otra
    – Licencias exprés generan costos muy altos en materia ambiental
     
  • Colombia: Altos mandos militares vinculados con ejecuciones extrajudiciales

    Fotocopia de fotografía de los cuerpos de dos víctimas de presuntas ejecuciones de falsos positivos cometidas en el departamento de Meta en 2004, donde se ven soldados en segundo plano.
    (Bogotá) – Amplias evidencias, hasta ahora inéditas, implican a numerosos generales y coroneles del Ejército colombiano en ejecuciones extrajudiciales generalizadas y sistemáticas de civiles ocurridas entre 2002 y 2008, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy.
     
     

Vivencias Globales

  • Impunidad en conflicto por la tierra en Paraguay: 3 años de la masacre de Curuguaty

    ujs.org
    "¿Qué ocurrió en Caraguaty?”, es una pregunta todavía sin respuesta para las víctimas. En la confrontación murieron 11 campesinos y 6 policías.
     
  • Grecia no al chantaje imperialista, no a la Troika y a la UE - No al pago de la deuda externa

    El pueblo trabajador y la juventud de Grecia está viviendo momentos claves en su lucha por salir del constante chantaje imperialista, del chantaje de la Troika (FMI, Unidad Europea-UE y Banco Central Europeo) que desde hace años viene imponiendo paquetes de recortes en sus salarios, en jubilaciones, privatizaciones y toda formas de saqueo de sus riquezas. Todo ello para hacer pagar una deuda externa fraudulenta e impagable, llevada adelante por gobiernos cómplices del FMI y la banca internacional.
     
  • Wallmapu: Soberanía, territorio y autonomía...

    Hector.jpg

    “Si queremos soberanía, territorio y autonomía, nuestra lucha debe confrontar directamente al Estado capitalista” 

     
    ·        Entrevista con el luchador mapuche Héctor Llaitul, voz legítima de la Coordinadora Arauco-Malleco, CAM. 
     
    “(Lautaro) Se hizo velocidad, luz repentina. / Sólo entonces fue digno de su pueblo.” Pablo Neruda 
     

Comunicados

Cauca: Matan las semillas que alimentan la vida del pueblo y defienden los monocultivos de caña para darles de comer a las máquinas

LIBERACIÓN DE LA MADRE TIERRA, EN EL TERRITORIO INDÍGENA ANCESTRAL DE CORINTO 

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA. Contexto de la liberación de la madre tierra
Después del despojo por de sus tierras planas en la conquista y la colonia, quienes permanecieron por más de un siglo usufructuando en la llanura del río Cauca, los indígenas en las faldas de las montañas de la cordillera central, poniendo en riesgo la fragilidad ambiental; 
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Comunicado a la opinión pública nacional e internacional : Rechazo por el feminicidio, tortura y violación de Noemí
Las mujeres de la Çxhab Wala Kiwe “Territorio del Gran Pueblo” ACIN, en solidaridad con la familia, amigos y allegados de nuestra hermana indígena Ana Nohemí Corpus Mestizo expresamos nuestra voz de tristeza y rechazo por el feminicidio, tortura y violación de Noemí como también las violencias que padecen nuestras mujeres indígenas, pues día a día somos víctimas de sistemáticas discriminaciones y violencias que evidencian la grave situación que enfrentamos como mujeres al ser víctimas tanto de la violencia social como política al interior de nuestros territorios.
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Documentos

Alerta ambiental amenazan a líderes ambientales y defensores de derechos humanos opositores al proyecto la Colosa en Cajamarca - Tolima

Comunicado del comité ambiental y campesino de Cajamarca y Anaime para la opinión pública nacional e internacional del 6 de julio de 2015.


Después de la multitudinaria Marcha Carnaval en Defensa de la Vida el pasado 5 de junio, donde participaron más de 68.000 personas en el Tolima, la presentación de la comparsa ambiental en el desfile nacional del folclor el 28 de junio y la gran receptividad ciudadana al llamado a defender nuestro territorio y rechazar el proyecto minero La Colosa; La suspensión del decreto 2691 de 2014 por el consejo de estado, la solicitud de suspensión de títulos mineros de Anglogold relacionados con los hermanos Gallón Henao, recién incluidos en la lista Clinton del proyecto gramalote en San Roque Antioquia y el resultado de una investigación del CEDINS titulado “Actividades de Anglogold Ashanti y El Bloque Central Bolívar: ¿Sólo son coincidencias?“, han afectado los intereses de la industria extractiva en Colombia.

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Buenaventura: Paramilitares pretenden imponer su control
Pobladores de la calle Punta Icaco, en el barrio La Playita, ha sido intimidados y amenazados por los paramilitares que continúan ejerciendo control sobre su cotidianidad.
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ACIN - Çxhab Wala Kiwe

¿Quién quiere borrar los Resguardos Coloniales?

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Una nueva ofensiva contra los resguardos indígenas coloniales se originó en una certificación que debía dar el Incoder ante el ministerio de Hacienda para certificar su existencia, para que la nación le pagara al respectivo municipio el impuesto predial correspondiente al Resguardo, según la ley 44 de 1990 y la ley 223 de 1995. El 24 de septiembre de 2009, el Incoder desconoció los títulos coloniales debidamente al declarar unilateralmente y sin que mediara norma alguna que todos los Resguardos coloniales debían someterse a procesos de clarificación de propiedad y reestructuración registrados. 
Además, afirmó que ningún Resguardo colonial estaba en su base de datos, lo cual es contradicho por documentos de Planeación Nacional y por la base datos que el Incora entregó a la Comisión de Territorios Indígenas en 1997 y que debía estar en Incoder después de su creación en 2003.
 
Luego, el pasado gobierno, en vez de rectificar la declaración arbitraria de un funcionario, la convirtió en el decreto 441 de 2010, el cual sorpresiva e ilegalmente, ordenó al Incoder reestructurar todos los resguardos coloniales antes del 31 de diciembre de 2011. Este decreto violó la Constitución doblemente al establecer que todos los Resguardos coloniales se  reestructuran sólo “con las tierras poseídas por los miembros de la parcialidad a título individual o colectivo, y los predios adquiridos o donados a favor de la comunidad por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA u otras entidades”. Esto significa ni más ni menos que excluir del Resguardo tierras que forman parte de él, pero de las cuales fueron ilegalmente despojados los indígenas y que por ello ya no poseen. Significa volver al régimen de indio desplazado, indio despojado y viola la constitución, primero porque se desconoce un derecho adquirido con justo título y segundo, porque los Resguardos indígenas son inalienables. Además contraría la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, por ejemplo, sentenció el 29 de marzo de 2006, en el caso de la comunidad Sawhoyamaxa contra Paraguay, que “la posesión no es un requisito que condicione la existencia del derecho de recuperación de las tierras indígenas.”
 
Este decreto ya no está vigente y por el momento ha sido sustituido por el artículo 70 de la ley 1450 del Plan Nacional de Desarrollo, que sin colocar un plazo, reproduce la exigencia de posesión actual como condición para incluir una tierra en la reestructuración de un resguardo, pero añade un parágrafo según el cual la reestructuración se hará “de conformidad con los procedimientos acordados entre el Gobierno Nacional y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, dentro del marco de la Mesa Nacional de concertación de pueblos indígenas”. Este parágrafo se suprime en la versión de abril de 2012 del proyecto de ley de tierras y desarrollo rural.
 
Una versión de febrero del mismo proyecto de ley era aún más agresiva y franca en el desconocimiento del derecho adquirido a la propiedad del Resguardo colonial, al exigir la efectiva “ocupación” de la tierra y desconocer que los indígenas poseen tierras que no ocupan porque son sagradas, de protección ambiental, de uso cultural o territorios de caza, pesca y recolección. Esa aversión decía que:
 
“El Incoder reestructurará los resguardos de origen colonial, mediante el proceso de clarificación establecido en esta Ley, considerando la verificación del territorio efectivamente ocupado por los miembros de la parcialidad a título individual o colectivo y los predios adquiridos o donados a favor de la comunidad por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA u otras entidades y la vigencia legal de los respectivos títulos de las tierras efectivamente ocupadas.”
 
La redacción actual, aunque menos franca, facilita de todos modos la legalización de despojos territoriales. Sobre el Resguardo colonial existe un derecho adquirido de propiedad colectiva y cuya validez se presume al estar debidamente registrado y debe ser quien lo cuestiona quien presente pruebas en contra. El proceso de clarificación que el proyecto de ley dispone, da en cambio valor de prueba de propiedad a escrituras fabricadas mediante “negocio jurídico celebrado entre particulares” antes de 1974. 
 
Una larga historia de despojos
 
Los resguardos indígenas creados por la corona española, suponía de por sí, que los indígenas eran despojados de las mejores tierras agrícolas y minas de oro y plata y debían conformarse con una parte secundaria de su antiguo territorio. A pesar de eso la lucha por aplicar la legislación de Indias fue difícil por la oposición violenta de los conquistadores, pero los resguardos terminaron por vivir desde 1584, en parte gracias a la resistencia indígena, pero también a la necesidad de alimentos y mano de obra en la colonia, para la cual los resguardos fueron una importante fuente de abastecimiento.
 
No obstante desde la misma colonia los resguardos comenzaron a ser borrados, obra que comenzó el visitador José María Campuzano, quien por ejemplo “extinguió” el resguardo y el pueblo de Busbanzá (Boyacá) y ordenó a los indígenas trasladarse a Gámeza y procedió a rematar las tierras. Lo mismo ocurrió con otros 25 resguardos “visitados” entonces por Campuzano y por Andrés Berdugo. En Cusiana, declararon “vacante” (sin propietarios) el resguardo, porque no vieron indígenas allí asentados y solamente observaron a uno que iba pasando, lo cual se debía desde luego a que los indígenas de ese territorio eran nómadas y por tanto no construían pueblos.
 
La “vacancia” para acabar con los resguardos coloniales fue ampliamente utilizada por la república, que por supuesto no dejó las cosas en manos de un visitador sino que exigió una sentencia judicial de vacancia. Un ejemplo de cómo operaba el asunto puede servir el ejemplo del general Manuel María Palacio, quien se había enamorado del territorio del resguardo de Tubará (Atlántico), porque en una zona denominada “Los Volcanes” si se prendía una hoguera no se apagaba ni con la lluvia y se descubrió que era porque allí había una nueva riqueza, gas natural. Perteneciente al bando triunfador de la guerra civil de 1885, con la protección de los barcos de guerra de Estados Unidos frente a Cartagena, Palacio nombró juez municipal de Tubará a su hermano, quien declaró la “vacancia” del resguardo y lo remató, para que no por casualidad lo comprara Manuel María.
 
Mediante la ley 55 de 1905, de la Asamblea convocada por el general Rafael Reyes, la declaración “vacancia” de los resguardos se facilitó y se convirtió en un procedimiento administrativo, registrado en una notaría, lo cual facilitó a las autoridades del municipio de San Andrés de Sotavento (Córdoba) declara que los indios zenúes no existían para proceder a vender sus tierras. Caso plasmado en el video “Manda el gobierno que los indios no existen”.
 
Otros resguardos, entre ellos la mayoría de los que quedaban en Cundinamarca y Boyacá, fueron disueltos, mediante procedimientos reglamentados desde 1832. Los Hernando de Soto de la época convencía a los indígenas de la importancia de poder arrendar y vender sus tierras, las cuales luego perdieron una por una. Varios litigios judiciales se desataron sobre la transparencia y veracidad de las disoluciones, por ejemplo en el Tolima, pero lo cierto es que por esta vía muchos resguardos coloniales dejaron de existir.
 
Como si las “vacancias” y disoluciones no fueran suficientes, se aprobaron leyes de la república para disolver desde arriba y a la fuerza los resguardos. La ley 32 del 1920 abolió el resguardo indígena de Yumbo (Valle), que se consideraba “un obstáculo” al desarrollo industrial y agrícola. La ley 55 de 1948 abolió el resguardo de los indígenas umbrá y embera de Quinchía (Caldas).
 
Como se ve la mano blanca ha estado muy activa borrando o recortando resguardos coloniales y aun en aquellos que están vigentes aparecen escrituras fabricadas en notarías a favor de particulares que reclaman así la propiedad de fincas dentro de estos resguardos. El desplazamiento forzado durante las últimas décadas agrava la situación de despojo que se prolonga desde el pasado.
 
Se repite la historia
 
El proyecto de ley del gobierno repite la historia del ataque a los resguardos coloniales, mucho más la del despojo de los territorios indígenas no titulados.
 
La ley 160 de 1994, vigente, establece que “no podrán hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la constitución de resguardos indígenas”. El proyecto del gobierno modifica esta norma y dice que “no serán adjudicables los terrenos baldíos” “donde se encuentren asentadas tradicionalmente comunidades étnicas, de acuerdo con certificación expedida por el Ministerio del Interior”.
 
Esto significa que desean adjudicar otra vez, como se hacía antes de la ley 30 de 1988, la parte del territorio indígena que no puede calificarse de “asentamiento”, es decir áreas ecológicas, culturales y especialmente de agricultura itinerante y de caza y recolección, donde no hay una ocupación sedentaria sino rotativa o estacional. Antes de la ley 30 el ministerio de Gobierno podía autorizar la adjudicación a particulares de una parte territorio indígena, ahora bastaría que certificara que un área no es territorio indígena, como ya lo ha hecho en los casos del puerto de Dibuya, el resguardo Achagua y los hoteles del parque Tayrona, para que una tierra fuera adjudicada a particulares 
 
Así mismo el proyecto del gobierno elimina la norma que expresamente protege a los pueblos indígenas nómadas, seminómadas y horticultores itinerantes y que dice que “los territorios tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas nómadas, seminómadas o agricultores itinerantes para la caza, recolección u horticultura, que se hallaren situados en zonas de reserva forestal a la vigencia de esta Ley, sólo podrán destinarse a la constitución de resguardos indígenas”. Para eliminar esta protección el Estatuto Rural, ley 1152 de 2007, declarado inconstitucional, había sustituido la palabra “utilizados” por “ocupados”, anulando en la práctica la norma. El territorio indígena incluye no solamente las tierras ocupadas, sino la totalidad del hábitat de las regiones utilizadas de alguna otra manera.
 
La forma en que la mano blanca quiere vuelve sobre los territorios indígenas se completa con la eliminación en el proyecto del gobierno del gobernó de la norma de la ley 160, vigente, que reconoce y garantiza la inalienabilidad de las reservas indígenas y que dice: “Los terrenos baldíos determinados por el Incora con el carácter de reservas indígenas, constituyen tierras comunales de grupos étnicos para los fines previstos en el artículo 63 de la Constitución Política y la Ley 21 de 1991”. Las reservas indígenas eran ya un territorio recortado y cuando se convertían en resguardos, eran recortadas nuevamente en forma extrema, como pasó con los Sikuani y los Kofán. Siendo inalienables, según la constitución, no pueden ser más recortadas.
 
El gobierno ha presentado su proyecto a consulta de los pueblos indígenas. ¿Será que va a atender a sus propuestas?
 
Héctor Mondragón
Economista e investigador colombiano, asesor del movimiento campesino, indígena y de afrodescendientes.

Comments   

 
#1 HELMER VASQUEZ COLL 2012-07-26 13:52
HECTOR,Soy desendiente de la civilizacion Kamaash-hu o Mokaná como se nos conoce hoy,mis ancestros habitaron el norte de caribe colombiano,mas exactamente en el antiguo Departamento de Bolivar,hoy Atlánticoy fuimos despojados de nuestras tierras resguardadas por maquinación dolosa,mi bisabuelo,abuelo y parientes lucharon por recuperar el resguardo de indigenas tubara,hasta 1944,que mi abuelo fue apartado por la fuerza del mismo. Me gustaria saber como emprender la batalla juridica para que el estado nos devuelva lo robado.
 

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