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Pueblo Nasa erradicó 200 mil matas de coca como ejercicio de autonomía y control territorial

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La comunidad del Pueblo Nasa del municipio de Jambaló, Cauca, decidió erradicar 120 hectáreas de coca sin daño alguno a la Madre Tierra. Un niño con bastón de mando, de actitud sencilla, líder estudiantil de la Institución Educativa Chimicueto (Inech), tomó la palabra e informó a sus...

¿Hasta cuándo, hasta cuándo?

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De nuevo, nuestra Comunidad de Paz, eleva un clamor ante el país y el mundo, colocando en constancia una ves mas los hechos de horror que evidencian una continua búsqueda de aniquilamiento contra nuestro proyecto de vida de Comunidad de Paz, los hechos son;

Dignidad Cafetera hace un llamado para revisar el programa de Protección de Ingreso Cafetero (PIC)

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Durante el pasado fin de semana, en pueblos y corregimientos de las zonas cafeteras del país, los productores vendieron su producto, a $63 mil pesos la arroba, tipo federación y, de ahí hacia abajo -hasta $54 mil- cuando lo entregaron verde. Estos precios de venta no alcanzan a recoger, en...

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    Lunes, 27 Julio 2015 10:35
  • ¿Hasta cuándo, hasta cuándo?

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    Martes, 28 Julio 2015 09:47
  • Dignidad Cafetera hace un llamado para revisar el programa de Protección de Ingreso Cafetero (PIC)

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    Martes, 28 Julio 2015 13:32

Nuestra Palabra

Madres de Soacha: Tejiendo la dignidad desde su Dignidad

Apenas empieza este tejido. El 2 de Julio de 2015 se realizó este Encuentro vía Skype de la iniciativa Pueblos en Camino. El primero de una serie que le da la palabra a Madres y Familiares de víctimas de terror sistemático en diversos lugares. Este primer encuentro se enfoca en torno de los “Falsos Positivos” y las Madres de Soacha. Según lo señala recientemente el Director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, “Los falsos positivos fueron procedimientos atroces y generalizados”.

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    Documental Mushaisha, una pesadilla wayúu

Nuestra Palabra Kueta Susuza

Contexto Colombiano

  • “A nosotros nos desplazó el Gobierno Colombiano" (Las Juntas, radiografía del despojo)

    José Ángel Ávila Ramos ()Fotografía: Juan Guillermo Osorio)

    Siento que el corazón se me va a salir del pecho, son las palabras que pronuncia José Ángel Ávila Ramos, una llamada palidece su rostro después de seis años de resistencia el momento que tanto había temido estaba ocurriendo y él no se encuentra allí para impedirlo.

     
  • Presentación del informe 2014 Red Italiana de Solidaridad, Colombia Vive! Frete de violaciones de los derechos humanos

    La Red Italiana de Solidaridad, Colombia Vive! presenta el informe del registro de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario denunciadas por las comunidades que acompaña en el 2014. Dicho informe se basa en las denuncias recibidas directamente por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz y por la ACIN. En cuanto a las denuncias registradas provenientes de Jusiticia y Paz  es importante resaltar que hemos registrado las correspondientes a los casos de Jiguamiandó, Curvaradó, Cacarica en lo que se refiere a comunidades e, igualmente, hemos registrado agresiones y violaciones a los mismos acompañantes y defensores de derechos humanos de dicha organización.

     
  • Comunidad de Paz San José de Apartadó, derecho de Petición Nro 16 al Presidente Santos

    … No obstante tan arraigada indiferencia e indolencia que deslegitiman la letra y el espíritu de la Constitución, convirtiéndolos en fachadas ficticias, continúo dejando constancia en su despacho de los horrores vividos, que en nada reflejan un Estado de Derecho, pero que al menos la posteridad podrá juzgar a la luz de lo que se había proclamado como “ley”… ”

     

Vivencias Globales

  • La guerra interminable: 15 años de lucha por el agua en Bolivia

    Derramaron sangre para no quedarse sin agua. Era el año 2000 y los ciudadanos de Cochabamba se pusieron en pie de guerra contra la privatización de sus escasos recursos hídricos. Hoy, 15 años después, la lucha diaria por el acceso al agua continúa en la cuarta ciudad más grande de Bolivia.

     
  • Ecuador: Acciones de protesta contra la minería en Quito

    Acciones de protesta...
    Encadenamiento en la embajada China en Quito. 14 de julio de 2015
     
    Dos importantes acciones de protesta contra la minería se realizaron en Quito el martes 14 de julio. Una delegación del Frente de Mujeres Defensoras de las Pachamama y de las Guardianas de la Amazonía participaron junto con otras organizaciones agrupadas en el Bloque Proletario.
     
  • La carta de un preso político: Rigoberto Juárez

    Abajo se se presenta la carta de un preso político en Guatemala. Su caso es uno de varios, en donde líderes comunitarios y vecinales que al defender sus derechos frente a grandes empresas y el gobierno, han sido apresados. En el caso de Rigoberto Juárez, fue llevado a prisión el 24 de marzo de este año, luego de plantearse la necesidad de competir electoralmente para disputar el gobierno local a los alcaldes que favorecen a las multinacionales. Pero sobre todo, fue llevado a prisión por su trayectoria política defendiendo su territorio y los bienes naturales contra el proyecto Hidro San Luis (de los Leal del Ingenio Magdalena, en Santa Eulalia, y los proyectos hidroeléctricos Pojom I y II (de una serie de empresas en donde se repite el hermano del difunto Rodrigo Rosenberg Marzano, Carlos Rodas Marzano). Todos en el departamento de Huehuetenango.

     

Comunicados

Cauca: Matan las semillas que alimentan la vida del pueblo y defienden los monocultivos de caña para darles de comer a las máquinas

LIBERACIÓN DE LA MADRE TIERRA, EN EL TERRITORIO INDÍGENA ANCESTRAL DE CORINTO 

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA. Contexto de la liberación de la madre tierra
Después del despojo por de sus tierras planas en la conquista y la colonia, quienes permanecieron por más de un siglo usufructuando en la llanura del río Cauca, los indígenas en las faldas de las montañas de la cordillera central, poniendo en riesgo la fragilidad ambiental; 
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Comunicado a la opinión pública nacional e internacional : Rechazo por el feminicidio, tortura y violación de Noemí
Las mujeres de la Çxhab Wala Kiwe “Territorio del Gran Pueblo” ACIN, en solidaridad con la familia, amigos y allegados de nuestra hermana indígena Ana Nohemí Corpus Mestizo expresamos nuestra voz de tristeza y rechazo por el feminicidio, tortura y violación de Noemí como también las violencias que padecen nuestras mujeres indígenas, pues día a día somos víctimas de sistemáticas discriminaciones y violencias que evidencian la grave situación que enfrentamos como mujeres al ser víctimas tanto de la violencia social como política al interior de nuestros territorios.
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Documentos

Los convites rechazan la fumigación aérea contra el Consejo Comunitario de Manuncia - López de Micay (Costa Pacífica de Cauca)
El 23 de julio de 2015 avionetas escoltadas por helicópteros militares, soltaron una cantidad sorprendente de veneno en zonas cultivables del Consejo Comunitario de Mamuncia en el municipio de López de Micay – costa pacífica de Cauca.
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Asesinado joven como falso positivo en Iscuande (Nariño), un feminicidio, y 2 muertes en Guapi (Cauca)- Costa Pacífica del Sur de Colombia
1). LA FUERZA PÚBLICA ASESINA A JOVEN EN ISCUANDÉ - NARIÑO
 
El 18 de julio de 2015 en el municipio de Iscuandé (costa pacífica de Nariño), fue asesinado al parecer por la fuerza pública DANILO OBANDO, joven de 24 años de este municipio, padre de un niño de 4 años y con un bebe en el vientre de su esposa.
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ACIN - Çxhab Wala Kiwe

¿Quién quiere borrar los Resguardos Coloniales?

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Una nueva ofensiva contra los resguardos indígenas coloniales se originó en una certificación que debía dar el Incoder ante el ministerio de Hacienda para certificar su existencia, para que la nación le pagara al respectivo municipio el impuesto predial correspondiente al Resguardo, según la ley 44 de 1990 y la ley 223 de 1995. El 24 de septiembre de 2009, el Incoder desconoció los títulos coloniales debidamente al declarar unilateralmente y sin que mediara norma alguna que todos los Resguardos coloniales debían someterse a procesos de clarificación de propiedad y reestructuración registrados. 
Además, afirmó que ningún Resguardo colonial estaba en su base de datos, lo cual es contradicho por documentos de Planeación Nacional y por la base datos que el Incora entregó a la Comisión de Territorios Indígenas en 1997 y que debía estar en Incoder después de su creación en 2003.
 
Luego, el pasado gobierno, en vez de rectificar la declaración arbitraria de un funcionario, la convirtió en el decreto 441 de 2010, el cual sorpresiva e ilegalmente, ordenó al Incoder reestructurar todos los resguardos coloniales antes del 31 de diciembre de 2011. Este decreto violó la Constitución doblemente al establecer que todos los Resguardos coloniales se  reestructuran sólo “con las tierras poseídas por los miembros de la parcialidad a título individual o colectivo, y los predios adquiridos o donados a favor de la comunidad por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA u otras entidades”. Esto significa ni más ni menos que excluir del Resguardo tierras que forman parte de él, pero de las cuales fueron ilegalmente despojados los indígenas y que por ello ya no poseen. Significa volver al régimen de indio desplazado, indio despojado y viola la constitución, primero porque se desconoce un derecho adquirido con justo título y segundo, porque los Resguardos indígenas son inalienables. Además contraría la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, por ejemplo, sentenció el 29 de marzo de 2006, en el caso de la comunidad Sawhoyamaxa contra Paraguay, que “la posesión no es un requisito que condicione la existencia del derecho de recuperación de las tierras indígenas.”
 
Este decreto ya no está vigente y por el momento ha sido sustituido por el artículo 70 de la ley 1450 del Plan Nacional de Desarrollo, que sin colocar un plazo, reproduce la exigencia de posesión actual como condición para incluir una tierra en la reestructuración de un resguardo, pero añade un parágrafo según el cual la reestructuración se hará “de conformidad con los procedimientos acordados entre el Gobierno Nacional y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, dentro del marco de la Mesa Nacional de concertación de pueblos indígenas”. Este parágrafo se suprime en la versión de abril de 2012 del proyecto de ley de tierras y desarrollo rural.
 
Una versión de febrero del mismo proyecto de ley era aún más agresiva y franca en el desconocimiento del derecho adquirido a la propiedad del Resguardo colonial, al exigir la efectiva “ocupación” de la tierra y desconocer que los indígenas poseen tierras que no ocupan porque son sagradas, de protección ambiental, de uso cultural o territorios de caza, pesca y recolección. Esa aversión decía que:
 
“El Incoder reestructurará los resguardos de origen colonial, mediante el proceso de clarificación establecido en esta Ley, considerando la verificación del territorio efectivamente ocupado por los miembros de la parcialidad a título individual o colectivo y los predios adquiridos o donados a favor de la comunidad por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA u otras entidades y la vigencia legal de los respectivos títulos de las tierras efectivamente ocupadas.”
 
La redacción actual, aunque menos franca, facilita de todos modos la legalización de despojos territoriales. Sobre el Resguardo colonial existe un derecho adquirido de propiedad colectiva y cuya validez se presume al estar debidamente registrado y debe ser quien lo cuestiona quien presente pruebas en contra. El proceso de clarificación que el proyecto de ley dispone, da en cambio valor de prueba de propiedad a escrituras fabricadas mediante “negocio jurídico celebrado entre particulares” antes de 1974. 
 
Una larga historia de despojos
 
Los resguardos indígenas creados por la corona española, suponía de por sí, que los indígenas eran despojados de las mejores tierras agrícolas y minas de oro y plata y debían conformarse con una parte secundaria de su antiguo territorio. A pesar de eso la lucha por aplicar la legislación de Indias fue difícil por la oposición violenta de los conquistadores, pero los resguardos terminaron por vivir desde 1584, en parte gracias a la resistencia indígena, pero también a la necesidad de alimentos y mano de obra en la colonia, para la cual los resguardos fueron una importante fuente de abastecimiento.
 
No obstante desde la misma colonia los resguardos comenzaron a ser borrados, obra que comenzó el visitador José María Campuzano, quien por ejemplo “extinguió” el resguardo y el pueblo de Busbanzá (Boyacá) y ordenó a los indígenas trasladarse a Gámeza y procedió a rematar las tierras. Lo mismo ocurrió con otros 25 resguardos “visitados” entonces por Campuzano y por Andrés Berdugo. En Cusiana, declararon “vacante” (sin propietarios) el resguardo, porque no vieron indígenas allí asentados y solamente observaron a uno que iba pasando, lo cual se debía desde luego a que los indígenas de ese territorio eran nómadas y por tanto no construían pueblos.
 
La “vacancia” para acabar con los resguardos coloniales fue ampliamente utilizada por la república, que por supuesto no dejó las cosas en manos de un visitador sino que exigió una sentencia judicial de vacancia. Un ejemplo de cómo operaba el asunto puede servir el ejemplo del general Manuel María Palacio, quien se había enamorado del territorio del resguardo de Tubará (Atlántico), porque en una zona denominada “Los Volcanes” si se prendía una hoguera no se apagaba ni con la lluvia y se descubrió que era porque allí había una nueva riqueza, gas natural. Perteneciente al bando triunfador de la guerra civil de 1885, con la protección de los barcos de guerra de Estados Unidos frente a Cartagena, Palacio nombró juez municipal de Tubará a su hermano, quien declaró la “vacancia” del resguardo y lo remató, para que no por casualidad lo comprara Manuel María.
 
Mediante la ley 55 de 1905, de la Asamblea convocada por el general Rafael Reyes, la declaración “vacancia” de los resguardos se facilitó y se convirtió en un procedimiento administrativo, registrado en una notaría, lo cual facilitó a las autoridades del municipio de San Andrés de Sotavento (Córdoba) declara que los indios zenúes no existían para proceder a vender sus tierras. Caso plasmado en el video “Manda el gobierno que los indios no existen”.
 
Otros resguardos, entre ellos la mayoría de los que quedaban en Cundinamarca y Boyacá, fueron disueltos, mediante procedimientos reglamentados desde 1832. Los Hernando de Soto de la época convencía a los indígenas de la importancia de poder arrendar y vender sus tierras, las cuales luego perdieron una por una. Varios litigios judiciales se desataron sobre la transparencia y veracidad de las disoluciones, por ejemplo en el Tolima, pero lo cierto es que por esta vía muchos resguardos coloniales dejaron de existir.
 
Como si las “vacancias” y disoluciones no fueran suficientes, se aprobaron leyes de la república para disolver desde arriba y a la fuerza los resguardos. La ley 32 del 1920 abolió el resguardo indígena de Yumbo (Valle), que se consideraba “un obstáculo” al desarrollo industrial y agrícola. La ley 55 de 1948 abolió el resguardo de los indígenas umbrá y embera de Quinchía (Caldas).
 
Como se ve la mano blanca ha estado muy activa borrando o recortando resguardos coloniales y aun en aquellos que están vigentes aparecen escrituras fabricadas en notarías a favor de particulares que reclaman así la propiedad de fincas dentro de estos resguardos. El desplazamiento forzado durante las últimas décadas agrava la situación de despojo que se prolonga desde el pasado.
 
Se repite la historia
 
El proyecto de ley del gobierno repite la historia del ataque a los resguardos coloniales, mucho más la del despojo de los territorios indígenas no titulados.
 
La ley 160 de 1994, vigente, establece que “no podrán hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la constitución de resguardos indígenas”. El proyecto del gobierno modifica esta norma y dice que “no serán adjudicables los terrenos baldíos” “donde se encuentren asentadas tradicionalmente comunidades étnicas, de acuerdo con certificación expedida por el Ministerio del Interior”.
 
Esto significa que desean adjudicar otra vez, como se hacía antes de la ley 30 de 1988, la parte del territorio indígena que no puede calificarse de “asentamiento”, es decir áreas ecológicas, culturales y especialmente de agricultura itinerante y de caza y recolección, donde no hay una ocupación sedentaria sino rotativa o estacional. Antes de la ley 30 el ministerio de Gobierno podía autorizar la adjudicación a particulares de una parte territorio indígena, ahora bastaría que certificara que un área no es territorio indígena, como ya lo ha hecho en los casos del puerto de Dibuya, el resguardo Achagua y los hoteles del parque Tayrona, para que una tierra fuera adjudicada a particulares 
 
Así mismo el proyecto del gobierno elimina la norma que expresamente protege a los pueblos indígenas nómadas, seminómadas y horticultores itinerantes y que dice que “los territorios tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas nómadas, seminómadas o agricultores itinerantes para la caza, recolección u horticultura, que se hallaren situados en zonas de reserva forestal a la vigencia de esta Ley, sólo podrán destinarse a la constitución de resguardos indígenas”. Para eliminar esta protección el Estatuto Rural, ley 1152 de 2007, declarado inconstitucional, había sustituido la palabra “utilizados” por “ocupados”, anulando en la práctica la norma. El territorio indígena incluye no solamente las tierras ocupadas, sino la totalidad del hábitat de las regiones utilizadas de alguna otra manera.
 
La forma en que la mano blanca quiere vuelve sobre los territorios indígenas se completa con la eliminación en el proyecto del gobierno del gobernó de la norma de la ley 160, vigente, que reconoce y garantiza la inalienabilidad de las reservas indígenas y que dice: “Los terrenos baldíos determinados por el Incora con el carácter de reservas indígenas, constituyen tierras comunales de grupos étnicos para los fines previstos en el artículo 63 de la Constitución Política y la Ley 21 de 1991”. Las reservas indígenas eran ya un territorio recortado y cuando se convertían en resguardos, eran recortadas nuevamente en forma extrema, como pasó con los Sikuani y los Kofán. Siendo inalienables, según la constitución, no pueden ser más recortadas.
 
El gobierno ha presentado su proyecto a consulta de los pueblos indígenas. ¿Será que va a atender a sus propuestas?
 
Héctor Mondragón
Economista e investigador colombiano, asesor del movimiento campesino, indígena y de afrodescendientes.

Comments   

 
#1 HELMER VASQUEZ COLL 2012-07-26 13:52
HECTOR,Soy desendiente de la civilizacion Kamaash-hu o Mokaná como se nos conoce hoy,mis ancestros habitaron el norte de caribe colombiano,mas exactamente en el antiguo Departamento de Bolivar,hoy Atlánticoy fuimos despojados de nuestras tierras resguardadas por maquinación dolosa,mi bisabuelo,abuelo y parientes lucharon por recuperar el resguardo de indigenas tubara,hasta 1944,que mi abuelo fue apartado por la fuerza del mismo. Me gustaria saber como emprender la batalla juridica para que el estado nos devuelva lo robado.
 

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