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Toribío también tuvo un día histórico con el anuncio de la paz

Toribío también tuvo un día histórico con el anuncio de la paz

Desde muy temprano empezaron a llegar los habitantes de Toribío y poblaciones vecinas para escuchar los acuerdos que fueron firmados entre las Farc y el Gobierno para poner fin al conflicto armado que protagonizaron durante 52 años. No era día de mercado, pero los niños corrían en el...

La Corte Constitucional de Colombia ordena al Gobierno proteger a los nasa yuwe, la gente del agua

La Corte Constitucional de Colombia ordena al Gobierno proteger a los nasa yuwe, la gente del agua

Al conflicto armado que ya lleva décadas y que ha afectado el desarrollo integral de este pueblo indígena, hay que sumar las amenazas crecientes del narcotráfico, la minería ilegal y el otorgamiento de licencias ambientales La Corte Constitucional colombiana le ordenó al Gobierno...

Vendieron el Chocó

Vendieron el Chocó

Una parte del pulmón de Colombia fue vendido a China. Comenzó la tala de árboles en el departamento del Chocó para exportarlos a China, la empresa  “Colombia Hardwood” ha empezado a tumbar arboles en Bahía Solano, las maderas más finas del Chocó como el algarrobo, sande, cedro...

  • Toribío también tuvo un día histórico con el anuncio de la paz

    Toribío también tuvo un día histórico con el anuncio de la paz

    Viernes, 24 Junio 2016 16:07
  • La Corte Constitucional de Colombia ordena al Gobierno proteger a los nasa yuwe, la gente del agua

    La Corte Constitucional de Colombia ordena al Gobierno proteger a los nasa yuwe, la gente del agua

    Sábado, 25 Junio 2016 09:18
  • Vendieron el Chocó

    Vendieron el Chocó

    Lunes, 27 Junio 2016 08:59

Nuestra Palabra

En esta minga de resistencia también hablamos de liberar la Madre Tierra, pero no negociamos con quienes nos asesinan.

Como pueblo Nasa rechazamos rotundamente la brutal arremetida de la fuerza publica y el vil asesinato de nuestros tres  compañeros  GERSAIN CERON del Resguardo ancestral de las Mercedes del pueblo Nasa; MARCOS AURELIO DIAZ del Resguardo la Aguada territorio de Sath Tama Kiwe de Caldono del pueblo Nasa; WELLINGTON QUIBARECAMA NEQUIRUCAMA del pueblo Embera, los mas 142 heridos y dos judicializados hasta la fecha en el marco de minga de resistencia por la vida, el territorio, la dignidad, la paz y cumplimiento de acuerdos que inicio  el 30 de mayo del 2016 en diferentes puntos del Departamento del Cauca y del país.

“No es lo mismo sentarse a dialogar que a negociar” palabras de los liberadores y liberadoras de la Madre Tierra en el norte del Cauca. Y no es lo mismo cuando nos masacran y corre nuestra sangre, como la de nuestro compañero GUILLERMO PAVÍ  que retorno al seno de la Madre Tierra mientras la liberaba en el 2015.

 

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    UCHUNYA - ¿Y dónde vamos a vivir?

Nuestra Palabra Kueta Susuza

  • La cara de la lucha afro en Cauca

    Francia Márquez es la representante legal del Consejo Comunitario La Toma y actualmente es estudiante de derecho.

    La líder de 34 años Francia Márquez, premio Nacional de Derechos Humanos en 2015, fue amenazada y desplazada por luchar contra la minería ilegal que devora su territorio.

     
  • Matar indígenas, afros y campesinos para complacer poderosos

    En 1999 el entonces presidente Andrés Pastrana se reunió con la cúpula de la banca liderada por María Mercedes Cuéllar. En menos de una hora se decidió la creación del 4 por mil con el propósito de recaudar dineros para invertir en gastos del Estado, pero con el veneno de dejarlos en las cajas fuertes de la banca durante un largo periodo, sin intereses significativos, para que los dueños de los bancos dispusieran de efectivo para recuperarse de lo que denominaron “crisis financiera”.

     
  • Desafíos territoriales de los afrodescendientes en el Caribe y en los valles interandinos del Cauca.

    En el Caribe colombianos, los consejos comunitarios de comunidades negras llegan a ciento setenta (170), de acuerdo con la Red de Consejos Comunitarios del Caribe. Y en el norte del Cauca, son alrededor de sesenta (60), de los cuales, siete se ubican en Suárez organizados en la Asociación que lleva el mismo nombre del municipio. En éstas regiones habitadas por afrodescendientes se configuran hoy los principales desafíos para el reconocimiento de derechos territoriales y la gobernanza de recursos naturales estratégicos en las áreas que coinciden con tierras tradicionales que, en la mayoría de los casos, no tienen demarcación por parte del estado ni reconocimiento formal.

Contexto Colombiano

  • Asesinan a Gobernador Indígena de la comunidad de Dojura del municipio de Chigorodó, Urabá Antioqueño.

    El Comité Ejecutivo de la Organización Indígena de Antioquia, en cabeza de su presidenta, Aida Suárez Santos, lamenta profundamente el asesinato del Gobernador local de la comunidad indígena Dojura del municipio de Chigorodó, Amado Gómez, tras ser herido en cuatro oportunidades con arma blanca, el pasado 22 de junio a las 10 de la mañana.

     
  • ESMAD Agrede a Campesinos que se oponen a explotación petrolera en Caquetá

    Este lunes, efectivos del ESMAD agredieron con gases lacrimógenos a los campesinos que estaban en inmedicaciones de los municipios de Valparaiso, Milan y Morelia, en Caquetá, intentando desalojar a los funcionarios de la empresa 'Petroseismic Services', filial de la multinacional 'Emerald Energy', mientras realizaban actividades de exploración petrolera sin la autorización de las comunidades.

     
  • Tasco, un año de resistencia frente a minería

    Los campesinos llevan acampando 365 días en el páramo de Pisba para evitar que Acerías Paz de Río explote carbón y hierro en su territorio.

    Se cumple un año ya desde que los campesinos de Tasco, Boyacá, llevan acampando en el páramo de Pisba para impedir la explotación de la mina El Banco, ubicada en la vereda El Pedregal.

     

Vivencias Globales

  • ¿Guerra en México? No, es la Policía disparando contra los maestros

    Terribles imágenes han llegado tras la jornada de violencia desatada el pasado domingo en el municipio oaxaqueño de Nochixtlán.

     
  • Contra el “secuestro” de un río indígena por una empresa española en Guatemala

    La campaña TieRRRa de Alianza por la Solidaridad lanza una recogida de firmas para frenar la construcción de un complejo que vulnera los derechos de 29.000 indígenas quekchí en Guatemala hasta que la empresa Cobra-ACS, propiedad de Florentino Pérez, no se haga un estudio de sus graves impactos sociales y ambientales.  

     
  • En la primera vuelta:Ganó el Perú

    Hubo 5.052.676 electores hábiles que no asistieron a su local de votación. Esta cifra, sumada a los 2.145.015 que votaron en blanco y los 878.238 queoptaron por el nulo o viciado, llega a los 8.075.929  lectores hábiles que no le dieron su respaldo a ningún aspirante a la Presidencia de la República. Esa cifra supera de lejos la votación obtenida por Keiko Fujimori.


    Así, el pueblo peruano rechazó el fraude cometido por el Jurado Nacional Electoral que excluyo a candidatos que  podían disputar a Keiko el primer puesto. El JNE no excluyó a Keiko a pesar de los videos que  ostraban que repartía dinero para obtener votos.

     

Comunicados

Las autoridades tradicionales no han ofrecido la guardia indígena, para Salvaguardar zonas de ubicación de las FARC

Comunicado a la Opinión Pública Nacional e Internacional
 Ante el artículo aparecido el día 25 de febrero del presente año en el periódico el
Espectador titulado “Guardia indígena se ofrece para salvaguardar zonas de ubicación de las FARC”, la Consejería mayor del CRIC se permite aclarar lo siguiente: 

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EL AGUA NO ES UN NEGOCIO ES UN DERECHO FUNDAMENTAL.
Buenaventura Enero del 2016.
 
El COMITE DE LA AGUA Y LA VIDA DE BUENAVENTURA, desea, para este  año nuevo, la unidad y la decisión de 
 
lucha del pueblo para afrontar y lograr la solución definitiva a la problemática del agua y el alcantarillado de 
 
Buenaventura.
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Documentos

Ríos Vivos Antioquia exige a la policía nacional rectificar señalamientos en su contra

En el doceavo día de movilización de la Minga Agraria, Étnica y Popular, el Movimiento Ríos Vivos permanece en el coliseo del Municipio de Valdivia, Antioquia, socializándole al pueblo valdiviense las problemáticas sociales y ambientales de la ruralidad colombiana.

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Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la ACIN hace la siguiente recomendación de alerta a la comunidad en general

El Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos informan a toda la estructura organizativa indígena (cabildos, programas, tejidos) y a los organismos e instituciones del Estado en el norte del Cauca, junto a organizaciones de Derechos Humanos, que en el ejercicio de exigir el respeto a la vida el territorio, educación salud, la justicia y ante incumplimiento de los acuerdos anteriormente firmados por parte del gobierno nacional; las comunidades indígenas del Norte del Cauca se estarán Movilizando desde el dia 30 de Mayo por término indefinido.

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ACIN - Çxhab Wala Kiwe

La ruta del despojo

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El miedo aún ronda en Córdoba y el Urabá antioqueño, las zonas más afectadas. Néstor Enrique Ospino, parcelero, gesticula. Levanta la voz. Tiene que pagarle el impuesto predial al municipio de Montería por los años que su tierra estuvo en manos de los paramilitares. “Por qué no se la cobran a los que están en la cárcel”, dice.

Leoncio Mendoza Cárdenas y sus 25 hermanos tienen los títulos de las 14 propiedades de su padre ubicadas en San Pedro y Arboletes, a las que no pueden volver. “En las manos los papeles y en el cementerio los restos de mi padre asesinado”. La frase le sale nerviosa.

Su padre, Leoncio Manuel Mendoza Mejía, de 76 años, fue el primer reclamante a la luz de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en ser asesinado en Montería, el 26 de noviembre de 2011.

El día que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos proclamó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que pretende devolverles 2’481.000 hectáreas a las víctimas de la violencia, despertó en Córdoba y en el Urabá una disputa agraria de consecuencias insospechadas. Cualquier política de tierras afecta estructuras de poder y pone al descubierto monumentales líos jurídicos, pero la del actual Gobierno sitúa a todos los actores en una espiral de expectativas inmanejables, violencia, censura e injusticias que los despojados califican de esperanza y los críticos de utopía.

Con tierra y con deudas

La historia de Néstor Ospino refleja la ausencia de Estado, que dejó a los campesinos a merced de las autodefensas, en 1994; se observa la paquidermia de la justicia para actuar, porque sólo 14 años después del desplazamiento entró a resarcir los derechos de la población, al devolverles las tierras que les arrebataron los violentos; y cuando se creía todo resuelto, la realidad salta a lo absurdo e insólito, porque ahora el Estado les cobra a Néstor Ospino y a todos los demás el impuesto predial generado durante el tiempo que los paramilitares usufructuaron el terreno.

La historia sucede en las parcelas Costa de Oro, corregimiento Tres Piedras, zona rural de la margen izquierda del río Sinú, a hora y media de Montería (Córdoba). La violencia ha estado siempre en ese territorio. Primero fue la extorsión de la guerrilla del Epl en los 80. Esto obligó a que un ganadero de la zona, Pedro Juan Tulena, le vendiera la propiedad al antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), que a su vez se la parceló a campesinos de la región. Luego llegaron los ejércitos de la muerte de los hermanos Castaño, que prohibieron cultivar la tierra y dieron la orden de arrendarla para levante y cría de ganado.

La sumisión y el miedo llevaron a los lugareños a agachar la cabeza. “Hasta que en 1994 se nos salió la vocación campesina. Sembramos maíz y otros productos”, relata el parcelero.

Las autodefensas castigaron la desobediencia descuartizando y echando al río a Narciso Montes, desaparecieron a Luis Bolaños y mataron a bala a Eduardo Gómez.

Todos salieron desplazados. Los desarraigados se hacinaron en los barrios marginales de Montería y a orillas de la Ciénaga Grande de Lorica. Para salir con vida, algunos tuvieron que firmar promesas de compraventa de sus parcelas.

En 2005, cuando entró en vigencia la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba la reparación, ríos de despojados desembocaron en la Fiscalía. Los de Costa de Oro acudieron a ella. Cuatro años después, abogados de Montería intentaron hacer valer las promesas de compraventa de predios y por poco se salen con la suya, de no ser porque el Estado declaró tierra protegida las parcelas. El fiscal Leonardo Cabana, quien llevó el proceso, se valió de todos los argumentos para recuperar el territorio.

El 26 de junio de 2008, en una ceremonia especial en Costa de Oro, con representantes de la Fiscalía, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y de la Comisión de Reparación, les devolvieron Costa de Oro a los 60 parceleros mediante “acta de entrega de un bien con fines de restitución”, pero no han podido vivir tranquilos.

Los recibos de impuesto predial corroboran que los pobladores tienen deudas que oscilan entre $1 y $2 millones, correspondientes a seis de los años que estuvieron desplazados y que ahora deben pagar a Montería.

“Hemos hablado en la Alcaldía, pero allá nadie escucha. Cómo vamos a pagar por lo que no teníamos. Por qué no les cobran ese impuesto a los ‘paras’”, dice Néstor.

Muchos casos ejemplifican los escollos de la restitución de tierras en Colombia, proceso que implica acabar con una telaraña de intereses non santos del narcotráfico y sus ejércitos de la muerte, del Estado y sus divagaciones jurídicas, de los ‘negociantes de la tierra’ y su dolo al aprovecharse del desposeído y de la víctima que se victimizó con el pasar de las décadas.

Estado y parceleros, víctimas

Si tuviésemos que señalar una génesis contemporánea del conflicto por la tierra, las parcelas adjudicadas por la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor) a 250 parceleros son otro increíble ejemplo. Unos 60 parceleros tienen documentados los casos de las tierras que por orden del paramilitar Fidel Castaño les regalaron en 1991 y se las arrebataron en una maniobra temible. Hasta el municipio de Montería es víctima, pues recibió como donación un lote para un colegio, que hoy usurpa un tercero.

Se abre el telón

Doce días después de que entrara en vigencia la Ley de Víctimas (1º de enero de 2012), el presidente Santos entregó un predio que hace seis años el gobierno de Álvaro Uribe ya había otorgado. En un sentido discurso anunció que la revolución agraria comenzaba en Ayapel, Córdoba, al entregarles a 304 familias campesinas el predio Las Catas, de 4.672 hectáreas, confiscado a narcotraficantes.

Los beneficiarios sólo tienen en su poder la Resolución 1558, mediante la cual el Ministerio de Agricultura les asigna provisionalmente el predio el 8 de septiembre de 2006.

Cuatro meses después del solemne acto presidencial, los desplazados siguen sin títulos porque no se ha clarificado la situación jurídica del predio: una porción está inundada por el río San Jorge y los caños de los alrededores, hay rumores de compraventa de tierras y las amenazas a los parceleros no cesan.

Víctor Negrete, el investigador social que más ha estudiado estos temas en Córdoba, conceptúa que es compleja la restitución en medio de la violencia. “Es muy difícil mientras no se castigue a los despojadores, que no son sólo los que están en las cárceles, sino los que estando libres siguen intimidando a la población cordobesa para no devolver lo que le arrebataron. La gente tiene miedo y no está acudiendo en masa a reclamar sus derechos”, dice.

El Estado, en cabeza del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, no desconoce el reto, pero está empeñado en que clarificando el estado de la propiedad se llega más rápido al posconflicto. Asegura que “la política de tierras se requiere en un país que presume ser un Estado Social de Derecho. En parte, el conflicto se debe a la ausencia de estas políticas”.

Devolver la tierra despojada en el Urabá y en Córdoba, por mencionar el territorio donde la violencia propiciada por el paramilitarismo generó la más alta oleada de desplazamiento en Colombia, 160 mil personas sólo en el departamento de Córdoba entre los años 1989 y 2011, según cifras del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), es una tarea titánica.

Si se cumpliera la meta no sólo de clarificar la situación jurídica de la propiedad, sino que el propietario pudiese retornar, por poner un ejemplo, Montería tendría 50 mil personas menos en su zona urbana, ya que los desplazados retornarían a la ruralidad, lo que significaría que por lo menos 15 barrios de invasión con precarias condiciones de vida dejarían de existir. De esta forma se disminuye el cordón de miseria en la ciudad y se incrementa la productividad en el campo. Pero no es tan sencillo.

Todas las víctimas que figuran en este relato han pasado por Montería, algunas se han quedado, lo que ha convertido a la capital en una urbe que respira desplazamiento. Desde 1989 hasta la fecha han llegado 47 mil desarraigados.

En cada esquina de esta ciudad de 500 mil habitantes se observan las caras desdibujadas por el dolor o por el rencor de quienes lo perdieron todo. El tema de la tierra no admite discusiones en sitios públicos, pero es indefectiblemente palpable en el sur y occidente de la ciudad.

En los pasillos de la Fiscalía de Justicia y Paz o en la Defensoría del Pueblo el río humano de desposeídos divaga con los documentos que certifican que son dueños de algo en algún lugar del Urabá y de Córdoba. De día buscan la esperanza cobijados por las leyes de Justicia y Paz (de Uribe) y por la de Víctimas (de Santos), y de noche regresan a sus casas de invasión, a orillas de canales de aguas putrefactas. Esa es la única tierra que tienen: ocho metros cuadrados de pobreza; en el campo están las hectáreas que abandonaron o mal vendieron a quienes los despojaron de manera directa o indirecta.

Fuente

http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-344795-ruta-del-despojo

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