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Corteros del Ingenio Risaralda declaran huelga

Corteros del Ingenio Risaralda declaran huelga

Denuncian persecución sindical y exigen contratación directa e indefinida Desde tempranas horas de este lunes 2 de marzo, unos 500 corteros de caña afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro) en el Ingenio Risaralda, ubicado en el Valle del...

Colombia: nuevos asesinatos y desapariciones en Buenaventura

Colombia: nuevos asesinatos y desapariciones en Buenaventura

El gobierno no ha logrado detener abusos de organizaciones criminales (Buenaventura) – Grupos sucesores del paramilitarismo son actualmente responsables de secuestros, desapariciones y desmembramientos de habitantes del puerto de Buenaventura, cuya población está integrada...

La ORIVAC se integra a lucha de la Liberación de la Madre Tierra en el Cauca

La ORIVAC se integra a lucha de la Liberación de la Madre Tierra en el Cauca

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA, NACIONAL E INTERNACIONAL, EN APOYO A LA MINGA DE RESISTENCIA POR LA LIBERACIÓN DE LA MADRE TIERRA DE NUESTROS HERMANOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA. “LOS PUEBLOS INDÍGENAS NO SOMOS ACTORES ARMADOS, SOMOS ACTORES DE PAZ”   La...

  • Corteros del Ingenio Risaralda declaran huelga

    Corteros del Ingenio Risaralda declaran huelga

    Miércoles, 04 Marzo 2015 09:54
  • Colombia: nuevos asesinatos y desapariciones en Buenaventura

    Colombia: nuevos asesinatos y desapariciones en Buenaventura

    Jueves, 05 Marzo 2015 10:59
  • La ORIVAC se integra a lucha de la Liberación de la Madre Tierra en el Cauca

    La ORIVAC se integra a lucha de la Liberación de la Madre Tierra en el Cauca

    Jueves, 05 Marzo 2015 19:29

Nuestra Palabra

Cauca - Colombia: La estrategia militar golpea a las comunidades indígenas que liberan la Madre Tierra

Nos preguntamos qué está pasando en el norte del Cauca. Los diálogos de Paz siguen en la Habana, los medios oficiales y el gobierno aseguran que ambos actores armados no han incumplido el acuerdo de cese al fuego bilateral, pero en el Cauca siguen las amenazas, la persecución y los homicidios; en lo corrido que va del año 2015 el lugar más asediado ha sido Caloto.

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    NECESITAMOS LA TIERRA PARA DEFENDER LA NATURALEZA

Nuestra Palabra Kueta Susuza

  • Cauca - Colombia: Violencia del ESMAD en medio de los diálogos entre gobierno y comunidades indígenas

    BOLETIN N° 7 DE DERECHOS HUMANOS. El Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de ACIN informa a la opinión pública nacional e internacional que en desarrollo de las acciones legítimas de liberación de la madre tierra, y pese a las voluntades de dialogo expresados en los últimos encuentros con delegados del Gobierno Nacional. La Fuerza Pública a través del ESMAD, continúa las agresiones contra comunidades y sus autoridades en el Fuerza Publica insiste en agredir a indígenas movilizados. 
     
  • Cauca - Colombia: Comunero indígena de Pitayó asesinado por el ejército nacional

     
    Un soldado, de la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército, asesinó a un comunero de la vereda Caparrosa, jurisdicción del resguardo indígena de Pitayó, en el municipio de Silvia Cauca. La fuerza pública en cabeza del ejército nacional continúa con el Proyecto de Muerte en los territorios indígenas.
     
  • Cauca - Colombia: Ataque informatico contra los medios comunitarios

    Informamos a la comunidad y la opinión pública que las páginas web nasaacin.org, pueblosencamino.org, orewa.org.co, somosdefensores.org, entre otras páginas web de las organizaciones indígenas, sociales y afros de Colombia, que se encuentran alojadas en el servidor del Proceso de Comunidades Negras - PCN, dejaron de funcionar durante la mañana del día 2 de marzo del presente año, después de sufrir un ataque técnico a la estructura de seguridad del servidor.

Contexto Colombiano

  • Los indígenas tienen derecho a representar sus propios intereses. Nadie puede suplantarlos

    Todd Howland, representante de la ONU en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos recoge en una columna lo que no han querido ni podido entender ni asumir los poderes, los actores armados y la gran mayoría de la sociedad colombiana: los pueblos indígenas no deben ser salvados, rescatados, ayudados, dirigidos, orientados ni sometidos a la justicia y mandatos de nadie.

     
  • Resistencia y dignidad contra la guerra

    La comunidad de Paz de San José de Apartadó, en Colombia, conmemora los 10 años de la masacre con la que quisieron acabarla y se dispone a celebrar sus 18 años de vida como organización que no admite a ningún actor armado en su territorio

    Natalia tenía 5 años, Santiago; su hermano, apenas dos. Vivían en una de las veredas de la comunidad de Paz de San José de Apartado, en lo alto de una montaña del Urabá antioqueño. Su padre Alfonso Bolívar suplicó que no los matarán, pero ya viendo el inminente final le dijo a la niña que debían prepararse para un largo viaje. Natalia cogió entonces una ropita para su hermanito y la metió en una bolsa. Los paramilitares y los militares del Ejército colombiano que habían irrumpido en la casa, efectivamente, no tuvieron piedad de los pequeños y acabaron degollándolos. “Mátenlos porque sino de mayores acabarán siendo guerrilleros”, dijeron según consta en la reconstrucción de los hechos acaecido en el juicio.

     
  • Campesinos de Arauca resisten intento de desalojo por parte de la OXY

    En un nuevo intento de desalojo que pretende realizar la multinacional petrolera contra campesinos y desplazados en Arauca, las comunidades mantienen  una férrea resistencia que ya completa 16 meses. El nuevo intento de desalojo fue postergado hasta definir la ubicación geográfica de los predios entre el Municipio de Arauca y Arauquita.

     

Vivencias Globales

  • Video documental: Asfaltar Bolivia

    Yurakarés, Moxeños y Chimanes conviven en las riberas de los caudalosos ríos Isiboro y Sécure y afluentes tributarios. Sus habitantes, se refugiaron allí arrinconados por el avance de la colonización su pronunciamento es tajante: rechazan la fragmentación de su territorio por la cuchilla de una carretera ajena a sus vidas e intereses. Es legítima su defensa? Debe el progreso nacional usurpar el destino de unos pueblos para articular el trían de mercancías?
     
  • En México hay una guerra contra los jóvenes

    Una declaración de guerra. No será un siglo de guerras convencionales, pero ya es, y por lo visto así seguirá, un periodo histórico de guerras nombrables o innombrables por agua, petróleo, viento, tierras. Porque un dios o porque otro, por la ruta de un negocio.

     
  • Geopolítica y guerra: reconociendo el contexto actual y la guerra global del capital contra los pueblos

    El 18 de febrero de 2015, se realizó el encuentro sobre Geopolítica y Guerra de Pueblos en Camino. Provocó Raúl Zibechi con Comentario de Héctor Mondragón. El encuentro se realizó por vía electrónica en audio. El contenido de este encuentro se comparte por escrito y en audio.

     

Comunicados

Cauca: S . O . S
La Asociación de Cabildos Indígenas de la Zona Norte del Cauca – ACIN informa, que las familias de la comunidad del territorio ancestral de Corinto Cauca, el pasado mes de diciembre, tomaron la decisión de liberar la madre tierra que les pertenece y que han permanecido ocupando pacíficamente los predios denominados: Miraflores, Quebrada Seca, García arriba, Granaditas. 
(693)
Nuevamente los actores armados que operan en la zona colocan a nuestros niños indígenas en medio del fuego cruzado, ocupan bienes civiles y nos señalan como colaboradores de uno u otro bando en conflicto.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA  
Nuevamente nuestras comunidades están siendo víctimas de un conflicto que no es nuestro y los actores  armados nos acusan de ser colaboradores de uno u otro bando. 

(94)

Documentos

Murió el embera Sixto Marmolejo Chiripua
El indígena Embera Dopida de 42 años que sufrió un accidentado el día 20 de febrero de 2015, hora 9,00 AM, cuando se encontraba preparación la tierra para cultivar arroz y maíz, le cayó una rama de un arbolo en la cabeza, lo cual lo dejó inconsciente del golpe que recibió. El medico de Juradó que lo atendió le dio una orden de remisión urgente a un HOSPITAL de III nivel, nunca fue remitido de inmediato.
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Asesinan al periodista Edgar 'Quintín' Quintero en Palmira
El periodista se encontraba en una panadería de la zona céntrica de Palmira cuando fue abordado por un desconocido quien le propinó seis impactos de bala. El periodista de Radio Luna, Edgar Quintero, más conocido como 'Quintín' fue asesinado en la noche de este lunes en Palmira.
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ACIN - Çxhab Wala Kiwe

La ruta del despojo

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El miedo aún ronda en Córdoba y el Urabá antioqueño, las zonas más afectadas. Néstor Enrique Ospino, parcelero, gesticula. Levanta la voz. Tiene que pagarle el impuesto predial al municipio de Montería por los años que su tierra estuvo en manos de los paramilitares. “Por qué no se la cobran a los que están en la cárcel”, dice.

Leoncio Mendoza Cárdenas y sus 25 hermanos tienen los títulos de las 14 propiedades de su padre ubicadas en San Pedro y Arboletes, a las que no pueden volver. “En las manos los papeles y en el cementerio los restos de mi padre asesinado”. La frase le sale nerviosa.

Su padre, Leoncio Manuel Mendoza Mejía, de 76 años, fue el primer reclamante a la luz de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en ser asesinado en Montería, el 26 de noviembre de 2011.

El día que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos proclamó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que pretende devolverles 2’481.000 hectáreas a las víctimas de la violencia, despertó en Córdoba y en el Urabá una disputa agraria de consecuencias insospechadas. Cualquier política de tierras afecta estructuras de poder y pone al descubierto monumentales líos jurídicos, pero la del actual Gobierno sitúa a todos los actores en una espiral de expectativas inmanejables, violencia, censura e injusticias que los despojados califican de esperanza y los críticos de utopía.

Con tierra y con deudas

La historia de Néstor Ospino refleja la ausencia de Estado, que dejó a los campesinos a merced de las autodefensas, en 1994; se observa la paquidermia de la justicia para actuar, porque sólo 14 años después del desplazamiento entró a resarcir los derechos de la población, al devolverles las tierras que les arrebataron los violentos; y cuando se creía todo resuelto, la realidad salta a lo absurdo e insólito, porque ahora el Estado les cobra a Néstor Ospino y a todos los demás el impuesto predial generado durante el tiempo que los paramilitares usufructuaron el terreno.

La historia sucede en las parcelas Costa de Oro, corregimiento Tres Piedras, zona rural de la margen izquierda del río Sinú, a hora y media de Montería (Córdoba). La violencia ha estado siempre en ese territorio. Primero fue la extorsión de la guerrilla del Epl en los 80. Esto obligó a que un ganadero de la zona, Pedro Juan Tulena, le vendiera la propiedad al antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), que a su vez se la parceló a campesinos de la región. Luego llegaron los ejércitos de la muerte de los hermanos Castaño, que prohibieron cultivar la tierra y dieron la orden de arrendarla para levante y cría de ganado.

La sumisión y el miedo llevaron a los lugareños a agachar la cabeza. “Hasta que en 1994 se nos salió la vocación campesina. Sembramos maíz y otros productos”, relata el parcelero.

Las autodefensas castigaron la desobediencia descuartizando y echando al río a Narciso Montes, desaparecieron a Luis Bolaños y mataron a bala a Eduardo Gómez.

Todos salieron desplazados. Los desarraigados se hacinaron en los barrios marginales de Montería y a orillas de la Ciénaga Grande de Lorica. Para salir con vida, algunos tuvieron que firmar promesas de compraventa de sus parcelas.

En 2005, cuando entró en vigencia la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba la reparación, ríos de despojados desembocaron en la Fiscalía. Los de Costa de Oro acudieron a ella. Cuatro años después, abogados de Montería intentaron hacer valer las promesas de compraventa de predios y por poco se salen con la suya, de no ser porque el Estado declaró tierra protegida las parcelas. El fiscal Leonardo Cabana, quien llevó el proceso, se valió de todos los argumentos para recuperar el territorio.

El 26 de junio de 2008, en una ceremonia especial en Costa de Oro, con representantes de la Fiscalía, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y de la Comisión de Reparación, les devolvieron Costa de Oro a los 60 parceleros mediante “acta de entrega de un bien con fines de restitución”, pero no han podido vivir tranquilos.

Los recibos de impuesto predial corroboran que los pobladores tienen deudas que oscilan entre $1 y $2 millones, correspondientes a seis de los años que estuvieron desplazados y que ahora deben pagar a Montería.

“Hemos hablado en la Alcaldía, pero allá nadie escucha. Cómo vamos a pagar por lo que no teníamos. Por qué no les cobran ese impuesto a los ‘paras’”, dice Néstor.

Muchos casos ejemplifican los escollos de la restitución de tierras en Colombia, proceso que implica acabar con una telaraña de intereses non santos del narcotráfico y sus ejércitos de la muerte, del Estado y sus divagaciones jurídicas, de los ‘negociantes de la tierra’ y su dolo al aprovecharse del desposeído y de la víctima que se victimizó con el pasar de las décadas.

Estado y parceleros, víctimas

Si tuviésemos que señalar una génesis contemporánea del conflicto por la tierra, las parcelas adjudicadas por la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor) a 250 parceleros son otro increíble ejemplo. Unos 60 parceleros tienen documentados los casos de las tierras que por orden del paramilitar Fidel Castaño les regalaron en 1991 y se las arrebataron en una maniobra temible. Hasta el municipio de Montería es víctima, pues recibió como donación un lote para un colegio, que hoy usurpa un tercero.

Se abre el telón

Doce días después de que entrara en vigencia la Ley de Víctimas (1º de enero de 2012), el presidente Santos entregó un predio que hace seis años el gobierno de Álvaro Uribe ya había otorgado. En un sentido discurso anunció que la revolución agraria comenzaba en Ayapel, Córdoba, al entregarles a 304 familias campesinas el predio Las Catas, de 4.672 hectáreas, confiscado a narcotraficantes.

Los beneficiarios sólo tienen en su poder la Resolución 1558, mediante la cual el Ministerio de Agricultura les asigna provisionalmente el predio el 8 de septiembre de 2006.

Cuatro meses después del solemne acto presidencial, los desplazados siguen sin títulos porque no se ha clarificado la situación jurídica del predio: una porción está inundada por el río San Jorge y los caños de los alrededores, hay rumores de compraventa de tierras y las amenazas a los parceleros no cesan.

Víctor Negrete, el investigador social que más ha estudiado estos temas en Córdoba, conceptúa que es compleja la restitución en medio de la violencia. “Es muy difícil mientras no se castigue a los despojadores, que no son sólo los que están en las cárceles, sino los que estando libres siguen intimidando a la población cordobesa para no devolver lo que le arrebataron. La gente tiene miedo y no está acudiendo en masa a reclamar sus derechos”, dice.

El Estado, en cabeza del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, no desconoce el reto, pero está empeñado en que clarificando el estado de la propiedad se llega más rápido al posconflicto. Asegura que “la política de tierras se requiere en un país que presume ser un Estado Social de Derecho. En parte, el conflicto se debe a la ausencia de estas políticas”.

Devolver la tierra despojada en el Urabá y en Córdoba, por mencionar el territorio donde la violencia propiciada por el paramilitarismo generó la más alta oleada de desplazamiento en Colombia, 160 mil personas sólo en el departamento de Córdoba entre los años 1989 y 2011, según cifras del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), es una tarea titánica.

Si se cumpliera la meta no sólo de clarificar la situación jurídica de la propiedad, sino que el propietario pudiese retornar, por poner un ejemplo, Montería tendría 50 mil personas menos en su zona urbana, ya que los desplazados retornarían a la ruralidad, lo que significaría que por lo menos 15 barrios de invasión con precarias condiciones de vida dejarían de existir. De esta forma se disminuye el cordón de miseria en la ciudad y se incrementa la productividad en el campo. Pero no es tan sencillo.

Todas las víctimas que figuran en este relato han pasado por Montería, algunas se han quedado, lo que ha convertido a la capital en una urbe que respira desplazamiento. Desde 1989 hasta la fecha han llegado 47 mil desarraigados.

En cada esquina de esta ciudad de 500 mil habitantes se observan las caras desdibujadas por el dolor o por el rencor de quienes lo perdieron todo. El tema de la tierra no admite discusiones en sitios públicos, pero es indefectiblemente palpable en el sur y occidente de la ciudad.

En los pasillos de la Fiscalía de Justicia y Paz o en la Defensoría del Pueblo el río humano de desposeídos divaga con los documentos que certifican que son dueños de algo en algún lugar del Urabá y de Córdoba. De día buscan la esperanza cobijados por las leyes de Justicia y Paz (de Uribe) y por la de Víctimas (de Santos), y de noche regresan a sus casas de invasión, a orillas de canales de aguas putrefactas. Esa es la única tierra que tienen: ocho metros cuadrados de pobreza; en el campo están las hectáreas que abandonaron o mal vendieron a quienes los despojaron de manera directa o indirecta.

Fuente

http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-344795-ruta-del-despojo

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