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Tacueyó: La comunidad ejerce el control territorial frente a las problemáticas que afectan el territorio

Tacueyó: La comunidad ejerce el control territorial frente a las problemáticas que afectan el territorio

  El resguardo indígena de Tacueyó es uno de los territorios que hace parte del municipio de Toribío - Cauca, ubicado sobre las montañas del norte del Cauca, donde existe una gran biodiversidad ecológica y cultural de las poblaciones que habitan estos territorios desde...

Canoas: Minga de Control Territorial para limpiar el territorio de los cultivos de uso ilícito

Canoas: Minga de Control Territorial para limpiar el territorio de los cultivos de uso ilícito

  El día 21 de mayo del presente año el Cabildo del Canoas realizó actividades de control territorial bajo la resolución del 14 de noviembre del 2014, emanado en el resguardo de Munchique los Tigres, la resolución dice lo siguiente.

La comunidad de Huellas sigue en alerta tras el violento desalojo del ESMAD en Corinto

La comunidad de Huellas sigue en alerta tras el violento desalojo del ESMAD en Corinto

  Luego de tres meses de haber iniciado las acciones de liberación de la Madre Tierra, la comunidad del resguardo de Huellas ha realizado mingas para la limpieza del terreno y el cultivo de alimentos como plátano, yuca, maíz, frijol y han tumbado la caña. 

  • Tacueyó: La comunidad ejerce el control territorial frente a las problemáticas que afectan el territorio

    Tacueyó: La comunidad ejerce el control territorial frente a las problemáticas que afectan el territorio

    Viernes, 22 Mayo 2015 13:00
  • Canoas: Minga de Control Territorial para limpiar el territorio de los cultivos de uso ilícito

    Canoas: Minga de Control Territorial para limpiar el territorio de los cultivos de uso ilícito

    Viernes, 22 Mayo 2015 13:13
  • La comunidad de Huellas sigue en alerta tras el violento desalojo del ESMAD en Corinto

    La comunidad de Huellas sigue en alerta tras el violento desalojo del ESMAD en Corinto

    Viernes, 22 Mayo 2015 19:40

Nuestra Palabra

Corinto: Con hambre no hay paz, por eso seguiremos liberando la Madre Tierra

Corinto: Con hambre ...
Ante la negativa del gobierno nacional frente a las exigencias de las comunidades que continúan en las acciones de liberación de la Madre Tierra en el norte del Cauca, éstas decidieron permanecer concentrados en las haciendas realizando trabajo comunitario para mejorar los sitios de albergue y mingas de siembra de productos de pan coger como maíz, yuca, frijol y plátano. Este trabajo fue realizado entre las comunidades de base y las autoridades de los cabildos.

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    Consulta Autónoma Pueblorrico Antioquia

Nuestra Palabra Kueta Susuza

  • Nueva alerta de desalojo contra las comunidades que se encuentran en la Liberación de Madre Tierrra en el norte del Cauca

    En una reunión realizada con autoridades y programas, la comunidad de Huellas Caloto advirtió un nuevo desalojo por parte de la fuerza pública contra las comunidades concentradas en acciones de liberación de la Madre Tierra en las haciendas de Corinto y en la hacienda La Emperatriz.
     
  • Cauca: Autoridades indígenas de Purace denuncian problemática de salud en su Territorio

    Logo_PuraceCOMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA: La comunidad indígena y la Autoridad Tradicional de Puracè, reunida en minga de pensamiento el día Sábado 16 de Mayo de 2.015, en las instalaciones de la Casa del Cabildo, con el fin de evaluar y tomar decisiones frente a la problemática de salud como derecho fundamental, en relación a: compromisos incumplidos, prestación de servicios, mala atención, determinaciones administrativas sin concertar y procesos políticos organizativos vulnerados por parte de la ESE Popayán.
     
     
  • Cauca: La comunidad de Jambaló eligió a su Autoridad Nejwesx

    Comisión de reflexió...
    Jueves 7, viernes 8 y sábado 9 de mayo del 2015 se realizó la asamblea número 130 del Proyecto Global - Plan de Vida, en la vereda de Guayope, zona media del Resguardo y Municipio de Jambaló, Cauca. La comunidad se congregó en intensiva participación en la asamblea comunitaria de carácter legislativo. 

Contexto Colombiano

  • Árbol que nace torcido…

    1. El pasado 15 de mayo se cumplieron tres años de la aprobación del TLC con Estados Unidos. Los resultados de su implementación en este periodo no podían ser diferentes, porque el árbol se sembró mal desde el principio. El acuerdo no es para que Estados Unidos compre más a Colombia, sino para que ese país pueda deshacerse de sus excedentes de mercancías. Por eso no sorprenden los resultados, aunque sí obligan a realizar un llamado de alerta a los colombianos por sus consecuencias.
       
    2. Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia: El agua como bien común y derecho humano fundamental

      Comunicación sobre el II Congreso Internacional Acueductos Rurales y Municipios Prestadores Directos. Evento convocado entre la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia y la Gobernación de Antioquia.

      Desde la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia afirmamos:
      Las organizaciones comunitarias que gestionamos el agua somos construcciones sociales y populares legítimas sin ánimo de lucro, basadas en principios del agua como bien común y derecho humano fundamental. Trabajamos cimentados en nuestra autonomía, la autogestión, la solidaridad, la participación y el trabajo comunitario.

       
    3. Colombia: La planificación del Terror Estatal y la estrategia de confundir

      Las contradicciones entre acumulación de capital y supervivencia de la humanidad y del planeta alcanzan niveles ostensiblemente críticos, el complejo militaro-industrial implementa cada vez más guerras para seguir su crecimiento perverso.

       

Vivencias Globales

Comunicados

Comunicado de apoyo al paro de FECODE. En defensa del derecho a la educación pública
Colombia si requiere un cambio en el sistema educativo Nacional, un  cambio estructural de fondo, no un cambio simplemente para cumplir los estándares internacionales y competir con “calidad”. No  podemos continuar con un sistema educativo que ha convertido la educación en un negocio,  “un servicio”, que está lejos de garantizarlo  como un  derecho fundamental como lo plantea la constitución nacional  y  las normas internacionales.
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Propuestas al movimiento popular y por derechos humanos en la Audiencia Pública

 

Esta Audiencia tiene el propósito de compartir un análisis sobre las razones que llevan al Estado a una respuesta militar a nuestras acciones. ¿Qué se esconde en esa agresiva política? ¿Por qué tan desmedidos en sus acciones? ¿Se trata solamente de la mala intención de algunos uniformados? ¿Hay detrás una estrategia, unas razones? Permítannos compartir nuestras reflexiones y proponer algunas alternativas a modo de preguntas.
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Documentos

Posible desplazamiento masivo del Consejo Comunitario Alto Guapi, por bombardeo del ejército a las Farc en Guapi (Costa Pacifica de Cauca)

Las comunidad de San Agustín, Rosario y Naranjo del Consejo comunitario del Alto Guapi – municipio de Guapi en la costa pacífica de Cauca, están en máximo riesgo de desplazamiento masivo como consecuencia de los bombardeos presentados al terminar la tarde del 21 de mayo de 2015 al parecer de la Infantería de marina No 42 con sede en Guapi contra una columna del frente 29 de las FARC.
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Comunicado Público: Salud Hernandez señala a campesinos del Catatumbo
Las Organizaciones sociales, populares, organizaciones defensoras de derechos humanos y la comunidad del departamento de Norte de Santander de la República de Colombia, rechazamos contundentemente los señalamientos temerarios y ofensivos hechos por la periodista, Salud Hernández Mora a través de su columna de opinión del domingo 10 de Mayo en el periódico el Tiempo, titulada “¿Ratas Humanas?”.
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ACIN - Çxhab Wala Kiwe

La ruta del despojo

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El miedo aún ronda en Córdoba y el Urabá antioqueño, las zonas más afectadas. Néstor Enrique Ospino, parcelero, gesticula. Levanta la voz. Tiene que pagarle el impuesto predial al municipio de Montería por los años que su tierra estuvo en manos de los paramilitares. “Por qué no se la cobran a los que están en la cárcel”, dice.

Leoncio Mendoza Cárdenas y sus 25 hermanos tienen los títulos de las 14 propiedades de su padre ubicadas en San Pedro y Arboletes, a las que no pueden volver. “En las manos los papeles y en el cementerio los restos de mi padre asesinado”. La frase le sale nerviosa.

Su padre, Leoncio Manuel Mendoza Mejía, de 76 años, fue el primer reclamante a la luz de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en ser asesinado en Montería, el 26 de noviembre de 2011.

El día que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos proclamó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que pretende devolverles 2’481.000 hectáreas a las víctimas de la violencia, despertó en Córdoba y en el Urabá una disputa agraria de consecuencias insospechadas. Cualquier política de tierras afecta estructuras de poder y pone al descubierto monumentales líos jurídicos, pero la del actual Gobierno sitúa a todos los actores en una espiral de expectativas inmanejables, violencia, censura e injusticias que los despojados califican de esperanza y los críticos de utopía.

Con tierra y con deudas

La historia de Néstor Ospino refleja la ausencia de Estado, que dejó a los campesinos a merced de las autodefensas, en 1994; se observa la paquidermia de la justicia para actuar, porque sólo 14 años después del desplazamiento entró a resarcir los derechos de la población, al devolverles las tierras que les arrebataron los violentos; y cuando se creía todo resuelto, la realidad salta a lo absurdo e insólito, porque ahora el Estado les cobra a Néstor Ospino y a todos los demás el impuesto predial generado durante el tiempo que los paramilitares usufructuaron el terreno.

La historia sucede en las parcelas Costa de Oro, corregimiento Tres Piedras, zona rural de la margen izquierda del río Sinú, a hora y media de Montería (Córdoba). La violencia ha estado siempre en ese territorio. Primero fue la extorsión de la guerrilla del Epl en los 80. Esto obligó a que un ganadero de la zona, Pedro Juan Tulena, le vendiera la propiedad al antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), que a su vez se la parceló a campesinos de la región. Luego llegaron los ejércitos de la muerte de los hermanos Castaño, que prohibieron cultivar la tierra y dieron la orden de arrendarla para levante y cría de ganado.

La sumisión y el miedo llevaron a los lugareños a agachar la cabeza. “Hasta que en 1994 se nos salió la vocación campesina. Sembramos maíz y otros productos”, relata el parcelero.

Las autodefensas castigaron la desobediencia descuartizando y echando al río a Narciso Montes, desaparecieron a Luis Bolaños y mataron a bala a Eduardo Gómez.

Todos salieron desplazados. Los desarraigados se hacinaron en los barrios marginales de Montería y a orillas de la Ciénaga Grande de Lorica. Para salir con vida, algunos tuvieron que firmar promesas de compraventa de sus parcelas.

En 2005, cuando entró en vigencia la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba la reparación, ríos de despojados desembocaron en la Fiscalía. Los de Costa de Oro acudieron a ella. Cuatro años después, abogados de Montería intentaron hacer valer las promesas de compraventa de predios y por poco se salen con la suya, de no ser porque el Estado declaró tierra protegida las parcelas. El fiscal Leonardo Cabana, quien llevó el proceso, se valió de todos los argumentos para recuperar el territorio.

El 26 de junio de 2008, en una ceremonia especial en Costa de Oro, con representantes de la Fiscalía, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y de la Comisión de Reparación, les devolvieron Costa de Oro a los 60 parceleros mediante “acta de entrega de un bien con fines de restitución”, pero no han podido vivir tranquilos.

Los recibos de impuesto predial corroboran que los pobladores tienen deudas que oscilan entre $1 y $2 millones, correspondientes a seis de los años que estuvieron desplazados y que ahora deben pagar a Montería.

“Hemos hablado en la Alcaldía, pero allá nadie escucha. Cómo vamos a pagar por lo que no teníamos. Por qué no les cobran ese impuesto a los ‘paras’”, dice Néstor.

Muchos casos ejemplifican los escollos de la restitución de tierras en Colombia, proceso que implica acabar con una telaraña de intereses non santos del narcotráfico y sus ejércitos de la muerte, del Estado y sus divagaciones jurídicas, de los ‘negociantes de la tierra’ y su dolo al aprovecharse del desposeído y de la víctima que se victimizó con el pasar de las décadas.

Estado y parceleros, víctimas

Si tuviésemos que señalar una génesis contemporánea del conflicto por la tierra, las parcelas adjudicadas por la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor) a 250 parceleros son otro increíble ejemplo. Unos 60 parceleros tienen documentados los casos de las tierras que por orden del paramilitar Fidel Castaño les regalaron en 1991 y se las arrebataron en una maniobra temible. Hasta el municipio de Montería es víctima, pues recibió como donación un lote para un colegio, que hoy usurpa un tercero.

Se abre el telón

Doce días después de que entrara en vigencia la Ley de Víctimas (1º de enero de 2012), el presidente Santos entregó un predio que hace seis años el gobierno de Álvaro Uribe ya había otorgado. En un sentido discurso anunció que la revolución agraria comenzaba en Ayapel, Córdoba, al entregarles a 304 familias campesinas el predio Las Catas, de 4.672 hectáreas, confiscado a narcotraficantes.

Los beneficiarios sólo tienen en su poder la Resolución 1558, mediante la cual el Ministerio de Agricultura les asigna provisionalmente el predio el 8 de septiembre de 2006.

Cuatro meses después del solemne acto presidencial, los desplazados siguen sin títulos porque no se ha clarificado la situación jurídica del predio: una porción está inundada por el río San Jorge y los caños de los alrededores, hay rumores de compraventa de tierras y las amenazas a los parceleros no cesan.

Víctor Negrete, el investigador social que más ha estudiado estos temas en Córdoba, conceptúa que es compleja la restitución en medio de la violencia. “Es muy difícil mientras no se castigue a los despojadores, que no son sólo los que están en las cárceles, sino los que estando libres siguen intimidando a la población cordobesa para no devolver lo que le arrebataron. La gente tiene miedo y no está acudiendo en masa a reclamar sus derechos”, dice.

El Estado, en cabeza del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, no desconoce el reto, pero está empeñado en que clarificando el estado de la propiedad se llega más rápido al posconflicto. Asegura que “la política de tierras se requiere en un país que presume ser un Estado Social de Derecho. En parte, el conflicto se debe a la ausencia de estas políticas”.

Devolver la tierra despojada en el Urabá y en Córdoba, por mencionar el territorio donde la violencia propiciada por el paramilitarismo generó la más alta oleada de desplazamiento en Colombia, 160 mil personas sólo en el departamento de Córdoba entre los años 1989 y 2011, según cifras del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), es una tarea titánica.

Si se cumpliera la meta no sólo de clarificar la situación jurídica de la propiedad, sino que el propietario pudiese retornar, por poner un ejemplo, Montería tendría 50 mil personas menos en su zona urbana, ya que los desplazados retornarían a la ruralidad, lo que significaría que por lo menos 15 barrios de invasión con precarias condiciones de vida dejarían de existir. De esta forma se disminuye el cordón de miseria en la ciudad y se incrementa la productividad en el campo. Pero no es tan sencillo.

Todas las víctimas que figuran en este relato han pasado por Montería, algunas se han quedado, lo que ha convertido a la capital en una urbe que respira desplazamiento. Desde 1989 hasta la fecha han llegado 47 mil desarraigados.

En cada esquina de esta ciudad de 500 mil habitantes se observan las caras desdibujadas por el dolor o por el rencor de quienes lo perdieron todo. El tema de la tierra no admite discusiones en sitios públicos, pero es indefectiblemente palpable en el sur y occidente de la ciudad.

En los pasillos de la Fiscalía de Justicia y Paz o en la Defensoría del Pueblo el río humano de desposeídos divaga con los documentos que certifican que son dueños de algo en algún lugar del Urabá y de Córdoba. De día buscan la esperanza cobijados por las leyes de Justicia y Paz (de Uribe) y por la de Víctimas (de Santos), y de noche regresan a sus casas de invasión, a orillas de canales de aguas putrefactas. Esa es la única tierra que tienen: ocho metros cuadrados de pobreza; en el campo están las hectáreas que abandonaron o mal vendieron a quienes los despojaron de manera directa o indirecta.

Fuente

http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-344795-ruta-del-despojo

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