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Recorrido por La Albania, finca en vía de liberación

Recorrido por La Albania, finca en vía de liberación

Hoy amanecimos paseando. Las niñas, los mayores, los jóvenes y los perritos estuvimos caminando la nueva tierra acompañados del padre sol. Entre los zurcos y la almabrada, atravesamos los cultivos de coca y de maíz, los cuales, tras unos metros, se transformaban en un paisaje de caña....

Comunicación de la Decisión Adoptada por las Autoridades Indígenas que Conforma la Asociación de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano – TOTOGUAMPA

Comunicación de la Decisión Adoptada por las Autoridades Indígenas que Conforma la Asociación de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano – TOTOGUAMPA

  CARLOS ALFREDO GUAZA QUILINDO, identificado con la cédula de ciudadanía No.4.788.075 expedida en Silvia, Cauca, representante legal de la Asociación de Autoridades Indígenas del Oriente Cancano - TOTOGUAMPA , entidad de derecho público de carácter especial , como consta en el...

“Vamos al Corte”  Un programa para la libertada de la Madre Tierra.

“Vamos al Corte” Un programa para la libertada de la Madre Tierra.

Vamos al corte es un programa de radio, realizados por mingueros y mingueras que luchan por la libertad de la Madre Tierra, en los resguardo indígena Corinto, Huellas-Caloto, López Adentro y Munchique los Tigres.

  • Recorrido por La Albania, finca en vía de liberación

    Recorrido por La Albania, finca en vía de liberación

    Viernes, 22 Julio 2016 06:51
  • Comunicación de la Decisión Adoptada por las Autoridades Indígenas que Conforma la Asociación de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano – TOTOGUAMPA

    Comunicación de la Decisión Adoptada por las Autoridades Indígenas que Conforma la Asociación de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano – TOTOGUAMPA

    Viernes, 22 Julio 2016 17:51
  • “Vamos al Corte”  Un programa para la libertada de la Madre Tierra.

    “Vamos al Corte” Un programa para la libertada de la Madre Tierra.

    Lunes, 25 Julio 2016 09:00

Nuestra Palabra

En esta minga de resistencia también hablamos de liberar la Madre Tierra, pero no negociamos con quienes nos asesinan.

Como pueblo Nasa rechazamos rotundamente la brutal arremetida de la fuerza publica y el vil asesinato de nuestros tres  compañeros  GERSAIN CERON del Resguardo ancestral de las Mercedes del pueblo Nasa; MARCOS AURELIO DIAZ del Resguardo la Aguada territorio de Sath Tama Kiwe de Caldono del pueblo Nasa; WELLINGTON QUIBARECAMA NEQUIRUCAMA del pueblo Embera, los mas 142 heridos y dos judicializados hasta la fecha en el marco de minga de resistencia por la vida, el territorio, la dignidad, la paz y cumplimiento de acuerdos que inicio  el 30 de mayo del 2016 en diferentes puntos del Departamento del Cauca y del país.

“No es lo mismo sentarse a dialogar que a negociar” palabras de los liberadores y liberadoras de la Madre Tierra en el norte del Cauca. Y no es lo mismo cuando nos masacran y corre nuestra sangre, como la de nuestro compañero GUILLERMO PAVÍ  que retorno al seno de la Madre Tierra mientras la liberaba en el 2015.

 

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    Minería en Cundinamarca

Nuestra Palabra Kueta Susuza

Contexto Colombiano

  • La pelea de los nasas con las petroleras por la olla ancestral

    La disputa entre esta comunidad indígena y la canadiense Gran Tierra, que pretende explorar diez pozos petroleros, revive una historia cruda en el piedemonte amazónico.

    En la vereda La Manuela, del municipio de Puerto Asís (Putumayo), cerca de la frontera con Ecuador, los indígenas nasas están llorando. La guardia ancestral merodea por la carretera que la empresa Gran Tierra está abriendo para la exploración petrolera y, en medio de la presencia del Ejército, que condiciona su tránsito, pretenden paralizar la obra porque arqueólogos autorizados por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) encontraron el pasado 1° de julio una olla ancestral.

     
  • Indígenas U’wa se Toman Planta de Ecopetrol Ante Incumplimientos del Gobierno

    Cerca de 400 indígenas de la Nación U'wa, decidieron tomarse las instalaciones de Ecopetrol en Toledo, Norte de Santander donde actualmente se encuentra ubicada la planta de gas Gibraltar, cuyo territorio ha pertenecido ancestralmente a la comunidad, que ha tenido que sufrir serias consecuencias ambientales  y culturales tras la construcción de la planta.

     
  • ¿Comida o basura? La máquina de generar enfermedad

    Servindi, 20 de julio, 2016.- El sistema alimentario industrial, desde las semillas a los supermercados, es una máquina de enfermar a la gente y al planeta. Está vinculado a las principales enfermedades de la gente y de los animales de cría, es el mayor factor singular de cambio climático y uno de los principales causantes de factores de colapso ambiental global, como la contaminación química y la erosión de suelos, agua y biodiversidad, la disrupción de los ciclos del nitrógeno y del fósforo, vitales para la sobrevivencia de todos los seres vivos.

     

Vivencias Globales

  • Corte de Apelaciones de Temuco lo hizo otra vez: Machi Francisca Linconao vuelve a la cárcel

    Las razones humanitarias que se habían adoptado a favor de la Machi Francisca Linconao, cambiándose la medida cautelar de prisión carcelaria a arresto domiciliario, fue nuevamente desestimada y revertida por una sala de la Corte de Apelaciones de Temuco ante apelación de la parte acusatoria que involucra a Fiscalía, Gobierno y querellantes, llevándola este domingo 24 de julio nuevamente al recinto penitenciario por ser “un peligro para la sociedad” en medio de un deteriorado estado de salud.  

     
  • Ley “Bertha Cáceres” camino a la UE

    ALAI AMLATINA, 19/07/2016.-  Más de 4 meses han transcurrido desde la fecha (2 de marzo de 2016) que fue asesinada la líder ambientalista y de derechos humanos, Bertha Cáceres. El gobierno de la República dio captura y puso a la orden de los tribunales de justicia a los autores materiales del crimen, no así, y esta es la percepción de la población hondureña y de organizaciones defensoras de derechos humanos, a los autores intelectuales.

     
  • Pueblo garífuna denuncia plan para desaparecerlo

    Proyectos de desarrollo impulsados por el gobierno en costa atlántica amenazan supervivencia de comunidades afrodescendientes.

    “El pueblo garífuna ha sufrido dos destierros y está enfrentándose a otro por permanecer en las costas, tan apetecidas por el capital nacional y trasnacional”, explica Mirian Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), que defiende los derechos de las comunidades garífunas.

     

Comunicados

Jambalo: Comunicado a la Opinión Pública

Reciban un Amable y Fraternal saludo de Armonía, Hermandad, Paz y de Resistencia por parte de los NEJWE’SX – AUTORIDADES TRADICIONALES.

El Cabildo Indígena del Resguardo de Jambaló Cauca, entidad pública de carácter especial, sin ánimo de lucro, cuya creación fue determinada por la Ley 89 de 1890 de la extinguida República de Colombia, y cuya personería jurídica y fundamentos jurídicos se derivan de la Ley 153 de 1887, y regido por la Ley 21 de 1991 que ratifica el Convenio 169 de la OIT, La Constitución Política de Colombia de 1991 y demás disposiciones aplicables de acuerdo a su régimen especial.

 

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Las autoridades tradicionales no han ofrecido la guardia indígena, para Salvaguardar zonas de ubicación de las FARC

Comunicado a la Opinión Pública Nacional e Internacional
 Ante el artículo aparecido el día 25 de febrero del presente año en el periódico el
Espectador titulado “Guardia indígena se ofrece para salvaguardar zonas de ubicación de las FARC”, la Consejería mayor del CRIC se permite aclarar lo siguiente: 

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Documentos

Ríos Vivos Antioquia exige a la policía nacional rectificar señalamientos en su contra

En el doceavo día de movilización de la Minga Agraria, Étnica y Popular, el Movimiento Ríos Vivos permanece en el coliseo del Municipio de Valdivia, Antioquia, socializándole al pueblo valdiviense las problemáticas sociales y ambientales de la ruralidad colombiana.

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Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la ACIN hace la siguiente recomendación de alerta a la comunidad en general

El Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos informan a toda la estructura organizativa indígena (cabildos, programas, tejidos) y a los organismos e instituciones del Estado en el norte del Cauca, junto a organizaciones de Derechos Humanos, que en el ejercicio de exigir el respeto a la vida el territorio, educación salud, la justicia y ante incumplimiento de los acuerdos anteriormente firmados por parte del gobierno nacional; las comunidades indígenas del Norte del Cauca se estarán Movilizando desde el dia 30 de Mayo por término indefinido.

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ACIN - Çxhab Wala Kiwe

La ruta del despojo

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El miedo aún ronda en Córdoba y el Urabá antioqueño, las zonas más afectadas. Néstor Enrique Ospino, parcelero, gesticula. Levanta la voz. Tiene que pagarle el impuesto predial al municipio de Montería por los años que su tierra estuvo en manos de los paramilitares. “Por qué no se la cobran a los que están en la cárcel”, dice.

Leoncio Mendoza Cárdenas y sus 25 hermanos tienen los títulos de las 14 propiedades de su padre ubicadas en San Pedro y Arboletes, a las que no pueden volver. “En las manos los papeles y en el cementerio los restos de mi padre asesinado”. La frase le sale nerviosa.

Su padre, Leoncio Manuel Mendoza Mejía, de 76 años, fue el primer reclamante a la luz de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en ser asesinado en Montería, el 26 de noviembre de 2011.

El día que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos proclamó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que pretende devolverles 2’481.000 hectáreas a las víctimas de la violencia, despertó en Córdoba y en el Urabá una disputa agraria de consecuencias insospechadas. Cualquier política de tierras afecta estructuras de poder y pone al descubierto monumentales líos jurídicos, pero la del actual Gobierno sitúa a todos los actores en una espiral de expectativas inmanejables, violencia, censura e injusticias que los despojados califican de esperanza y los críticos de utopía.

Con tierra y con deudas

La historia de Néstor Ospino refleja la ausencia de Estado, que dejó a los campesinos a merced de las autodefensas, en 1994; se observa la paquidermia de la justicia para actuar, porque sólo 14 años después del desplazamiento entró a resarcir los derechos de la población, al devolverles las tierras que les arrebataron los violentos; y cuando se creía todo resuelto, la realidad salta a lo absurdo e insólito, porque ahora el Estado les cobra a Néstor Ospino y a todos los demás el impuesto predial generado durante el tiempo que los paramilitares usufructuaron el terreno.

La historia sucede en las parcelas Costa de Oro, corregimiento Tres Piedras, zona rural de la margen izquierda del río Sinú, a hora y media de Montería (Córdoba). La violencia ha estado siempre en ese territorio. Primero fue la extorsión de la guerrilla del Epl en los 80. Esto obligó a que un ganadero de la zona, Pedro Juan Tulena, le vendiera la propiedad al antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), que a su vez se la parceló a campesinos de la región. Luego llegaron los ejércitos de la muerte de los hermanos Castaño, que prohibieron cultivar la tierra y dieron la orden de arrendarla para levante y cría de ganado.

La sumisión y el miedo llevaron a los lugareños a agachar la cabeza. “Hasta que en 1994 se nos salió la vocación campesina. Sembramos maíz y otros productos”, relata el parcelero.

Las autodefensas castigaron la desobediencia descuartizando y echando al río a Narciso Montes, desaparecieron a Luis Bolaños y mataron a bala a Eduardo Gómez.

Todos salieron desplazados. Los desarraigados se hacinaron en los barrios marginales de Montería y a orillas de la Ciénaga Grande de Lorica. Para salir con vida, algunos tuvieron que firmar promesas de compraventa de sus parcelas.

En 2005, cuando entró en vigencia la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba la reparación, ríos de despojados desembocaron en la Fiscalía. Los de Costa de Oro acudieron a ella. Cuatro años después, abogados de Montería intentaron hacer valer las promesas de compraventa de predios y por poco se salen con la suya, de no ser porque el Estado declaró tierra protegida las parcelas. El fiscal Leonardo Cabana, quien llevó el proceso, se valió de todos los argumentos para recuperar el territorio.

El 26 de junio de 2008, en una ceremonia especial en Costa de Oro, con representantes de la Fiscalía, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y de la Comisión de Reparación, les devolvieron Costa de Oro a los 60 parceleros mediante “acta de entrega de un bien con fines de restitución”, pero no han podido vivir tranquilos.

Los recibos de impuesto predial corroboran que los pobladores tienen deudas que oscilan entre $1 y $2 millones, correspondientes a seis de los años que estuvieron desplazados y que ahora deben pagar a Montería.

“Hemos hablado en la Alcaldía, pero allá nadie escucha. Cómo vamos a pagar por lo que no teníamos. Por qué no les cobran ese impuesto a los ‘paras’”, dice Néstor.

Muchos casos ejemplifican los escollos de la restitución de tierras en Colombia, proceso que implica acabar con una telaraña de intereses non santos del narcotráfico y sus ejércitos de la muerte, del Estado y sus divagaciones jurídicas, de los ‘negociantes de la tierra’ y su dolo al aprovecharse del desposeído y de la víctima que se victimizó con el pasar de las décadas.

Estado y parceleros, víctimas

Si tuviésemos que señalar una génesis contemporánea del conflicto por la tierra, las parcelas adjudicadas por la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor) a 250 parceleros son otro increíble ejemplo. Unos 60 parceleros tienen documentados los casos de las tierras que por orden del paramilitar Fidel Castaño les regalaron en 1991 y se las arrebataron en una maniobra temible. Hasta el municipio de Montería es víctima, pues recibió como donación un lote para un colegio, que hoy usurpa un tercero.

Se abre el telón

Doce días después de que entrara en vigencia la Ley de Víctimas (1º de enero de 2012), el presidente Santos entregó un predio que hace seis años el gobierno de Álvaro Uribe ya había otorgado. En un sentido discurso anunció que la revolución agraria comenzaba en Ayapel, Córdoba, al entregarles a 304 familias campesinas el predio Las Catas, de 4.672 hectáreas, confiscado a narcotraficantes.

Los beneficiarios sólo tienen en su poder la Resolución 1558, mediante la cual el Ministerio de Agricultura les asigna provisionalmente el predio el 8 de septiembre de 2006.

Cuatro meses después del solemne acto presidencial, los desplazados siguen sin títulos porque no se ha clarificado la situación jurídica del predio: una porción está inundada por el río San Jorge y los caños de los alrededores, hay rumores de compraventa de tierras y las amenazas a los parceleros no cesan.

Víctor Negrete, el investigador social que más ha estudiado estos temas en Córdoba, conceptúa que es compleja la restitución en medio de la violencia. “Es muy difícil mientras no se castigue a los despojadores, que no son sólo los que están en las cárceles, sino los que estando libres siguen intimidando a la población cordobesa para no devolver lo que le arrebataron. La gente tiene miedo y no está acudiendo en masa a reclamar sus derechos”, dice.

El Estado, en cabeza del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, no desconoce el reto, pero está empeñado en que clarificando el estado de la propiedad se llega más rápido al posconflicto. Asegura que “la política de tierras se requiere en un país que presume ser un Estado Social de Derecho. En parte, el conflicto se debe a la ausencia de estas políticas”.

Devolver la tierra despojada en el Urabá y en Córdoba, por mencionar el territorio donde la violencia propiciada por el paramilitarismo generó la más alta oleada de desplazamiento en Colombia, 160 mil personas sólo en el departamento de Córdoba entre los años 1989 y 2011, según cifras del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), es una tarea titánica.

Si se cumpliera la meta no sólo de clarificar la situación jurídica de la propiedad, sino que el propietario pudiese retornar, por poner un ejemplo, Montería tendría 50 mil personas menos en su zona urbana, ya que los desplazados retornarían a la ruralidad, lo que significaría que por lo menos 15 barrios de invasión con precarias condiciones de vida dejarían de existir. De esta forma se disminuye el cordón de miseria en la ciudad y se incrementa la productividad en el campo. Pero no es tan sencillo.

Todas las víctimas que figuran en este relato han pasado por Montería, algunas se han quedado, lo que ha convertido a la capital en una urbe que respira desplazamiento. Desde 1989 hasta la fecha han llegado 47 mil desarraigados.

En cada esquina de esta ciudad de 500 mil habitantes se observan las caras desdibujadas por el dolor o por el rencor de quienes lo perdieron todo. El tema de la tierra no admite discusiones en sitios públicos, pero es indefectiblemente palpable en el sur y occidente de la ciudad.

En los pasillos de la Fiscalía de Justicia y Paz o en la Defensoría del Pueblo el río humano de desposeídos divaga con los documentos que certifican que son dueños de algo en algún lugar del Urabá y de Córdoba. De día buscan la esperanza cobijados por las leyes de Justicia y Paz (de Uribe) y por la de Víctimas (de Santos), y de noche regresan a sus casas de invasión, a orillas de canales de aguas putrefactas. Esa es la única tierra que tienen: ocho metros cuadrados de pobreza; en el campo están las hectáreas que abandonaron o mal vendieron a quienes los despojaron de manera directa o indirecta.

Fuente

http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-344795-ruta-del-despojo

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