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Asesinado consejero mayor de la asociación del consejo de autoridades tradicionales Nasa Cxacha de Puerto Asís Putumayo.

Asesinado consejero mayor de la asociación del consejo de autoridades tradicionales Nasa Cxacha de Puerto Asís Putumayo.

La amenaza y la persecución a los pueblos indígenas que defienden su territorio, no se detiene. El pasado jueves 10 de abril, en la finca las Minas sector alto Danubio del cabildo Yu’ Lux del municipio de Puerto Asís Putumayo, fue asesinado Luis Albeiro Guetio consejero mayor de la asociación...

Colombia: Militarización al servicio del extractivismo

Colombia: Militarización al servicio del extractivismo

El auge de las actividades extractivistas minero-energéticas en Colombia de los últimos años ha venido acompañada de una fuerte militarización de las zonas donde el sector minero-energético opera. El gobierno colombiano ha creado a lo largo de los últimos años los denominados Batallones...

Jorge Caballero, el caballero de senderos y caminos

Jorge Caballero, el caballero de senderos y caminos

Jorge Caballero Fula, nació en Bogotá el 14 de noviembre de 1.952. Segundo de una familia de 5 hermanos, 4 hombres y una mujer. Su primaria la realizo en escuelas públicas de Bogotá, curso hasta el grado tercero de bachillerato en el colegio camilo Torres, por dificultades económicas de la...

  • Asesinado consejero mayor de la asociación del consejo de autoridades tradicionales Nasa Cxacha de Puerto Asís Putumayo.

    Asesinado consejero mayor de la asociación del consejo de autoridades tradicionales Nasa Cxacha de Puerto Asís Putumayo.

    Lunes, 14 Abril 2014 10:00
  • Colombia: Militarización al servicio del extractivismo

    Colombia: Militarización al servicio del extractivismo

    Martes, 15 Abril 2014 12:52
  • Jorge Caballero, el caballero de senderos y caminos

    Jorge Caballero, el caballero de senderos y caminos

    Martes, 15 Abril 2014 19:40

Nuestra Palabra

Los grupos armados le sirven al mismo modelo dominante que despoja a los pueblos originarios

Los graves hechos de violaciones a los DDHH que sucedieron en la madrugada del 4 de abril del 2014 en Totoró demuestran que está en curso el plan de sometimiento del pueblo colombiano hacia una dictadura que no ve más prioridad que escoltar los grandes negocios que hacen parte de la locomotora minero energética. Toda diversidad de pensamiento está vetada y fuertemente vigilada para no permitir ningún cuestionamiento a las decisiones legislativas, económicas y militares del gobierno, de lo contrario será tachado de guerrillero.

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  • Cauca: El dolor No tiene Color

Nuestra Palabra Kueta Susuza

  • Control territorial en el marco de la legitimidad y soberanía del Pueblo Indígena Tontontuna-Totoroez por la autonomía y Gobernabilidad

    El pueblo Indígena “Tontotuna”  Totoroez en uso autónomo de los derechos legítimos y originarios  en el marco del derecho mayor, ley 89 de 1890, Constitución Nacional de 1991, el convenio 169 de la OIT,  ley 21 de 1991, la declaración internacional de los derechos humanos, la sentencia T0-25 del 2004 que dio origen a al auto 004 del 29 de enero del 2009 y artículo 246 de la constitución política de Colombia.

     
  • Asesinado autoridad tradicional de Nasa Cxacha de Puerto Asís - Putumayo

    Asesinado consejero mayor de la asociación del consejo de autoridades tradicionales Nasa Cxacha de Puerto Asís Putumayo. La amenaza y la persecución a los pueblos indígenas que defienden su territorio, no se detiene. El pasado jueves 10 de abril, en la finca las minas sector alto Danubio del cabildo Yu’ Lux del municipio de Puerto Asís Putumayo, fue asesinado Luis Albeiro Guetio consejero mayor de la asociación de autoridades tradicionales Nasa Cxacha de puerto Asis Putumayo, asociación conformada en el 2001  y que agrupa ocho cabildos  del pueblo Nasa.
     
  • Cauca: Fuerza pública miente al decir que operativos realizados en los territorios, son para proteger la vida y dar seguridad a las comunidades

    El pasado 4 de abril entre la vereda Betania y la Peña del resguardo indígena de los Totoroez, fueron agredidos por integrantes de la policía nacional, los comuneros indígenas, Luis Alfonso Pillimue exgobernador del pueblo Totoroez y Miguel Antonio Morales  joven del pueblo Misak, acción donde resulto involucrado el  patrullero Alex Rodríguez, guarda espaldas del alcalde municipal de Totoro,  frente a estos hechos el alcalde municipal José Fernando Conejo, convoco el pasado martes  8 de abril a un consejo de seguridad al cual fueron citados, el Coronel de la policía departamental, el comandante del ejército, el comandante de policía de Totoro, la defensoría del Pueblo, la personería Municipal, la fiscalía, representantes de la gobernación del Cauca, consejería del CRIC, cabildo indígena de Totoro, gobernadores indígenas  del municipio de Totoro, la guardia Indígena, líderes, ex gobernadores y algunos comuneros del resguardo, también se hicieron presentes los comuneros agredidos y sus familiares.

Contexto Colombiano

  • Agoniza la educación colombiana

    La Organización para la Cooperación y el Desarrollo –OCDE-, cada tres años realiza una evaluación sobre la calidad de la Educación, que se conoce como el Informe PISA, que es la sigla en inglés del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes.

     
  • Emgesa y asociados construirían Hidroeléctrica Oporapa

    Actualmente se encuentra en trámite el Proyecto Hidroeléctrico Oporapa que adelantaría EMGESA y asociados. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA está a la espera del Diagnostico Ambiental de Alternativas DAA, este es una de las primeras etapas que deben realizar en este tipo de proyectos hidroeléctricos ante las autoridades ambientales. ¿Hay participación de las comunidades? 
     
  • Asunto: Grupos armados legales e ilegales continúan realizando ataques indiscriminados, amenazando y asesinando a la población civil.

    Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
    Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia

     

    Narni, Abril 10 de 2014. En primer lugar queremos reconocer la labor de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH en lo referente a su último informe sobre Colombia.

     

Vivencias Globales

  • Laconsigna de El Comercio: “Sí a la minería. No a la educación”

    En medio de una maraña de ataques de la prensa reaccionaria en el Perú (Grupo El Comercio y sus aliados) al gobierno regional Cajamarca y su presidente Gregorio Santos, sale nuevamente a la luz las mezquindades del poder mediático que alaba a la política neoliberal (extractivismo y privatizaciones) e ignora a la educación pública en nuestro país.

     
  • Comunidades Mapuche de Likan Ray logran detener amenazante proyecto de piscicultura de la industria salmonera

    Un importante logro de Comunidades Mapuche de sectores de Likán Ray en la defensa de sus espacios de vida, de su cultura y sus economías, consiguieron luego que una empresa desistiera, sin  reponer ante el sistema de evaluación ambiental un proyecto de piscicultura vinculado  a la industria salmonera correspondiente a  la empresa “Sociedad Comercial, Agrícola y Forestal Nalcahue Limitada”  y que significaba intervenir mayormente las aguas en el sector Chesque Alto, lo que habría causado graves impactos territoriales.
     
     
  • Mafiosidad y promoción de la democracia, dos mangas de la misma camisa de fuerza

    La estrategia de promoción de Democracia que se pusiera en marcha en el primer gobierno Reagan involucrando a la CIA, los dos partidos políticos de EEUU (NED y IRI),  USAID ha seguido actuando con una flexibilidad estratégica esencial. Como bien lo señalaron en su momento investigadores como William Robinson, la promoción de la Democracia se adapta a contextos diversos.

     

Comunicados

Caloto – Cauca: Acciones de control territorial en los Cabildos Indígenas de Huellas, Toez y López Adentro
Los tres cabildos de Caloto convocan a Armonizar el territorio mediante el desalojo de maquinaria para la extracción minera que afecta el territorio y la comunidad. Responsabilizar a los mineros de la cuenca del río Palo, actores armados, socios y compañías de propietarios de fincas privadas aledañas por cualquier tipo de retaliación física psicológica a comuneros, guardias indígenas, cabildantes y comunidad en general de los cabildos ejecutantes de la resolución número 001-02-2014. El encuentro será a partir del 3 de abril del 2014.
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Territorios indígenas beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH en el año 2011 convertidos en escenarios de guerra
Comunicado público. El día 14 de noviembre del año 2011, la Comisión Interamericano de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares a favor de miembros del Pueblo Nasa pertenecientes a los resguardos de Toribio, San Francisco, Tacueyó y Jambaló. En la solicitud de medidas cautelares, los miembros del pueblo Nasa argumentaron que se encuentran en una situación de alto riesgo en razón del conflicto armado, y que han sido objeto de homicidios, desapariciones forzadas y otros hechos de violencia.
(215)

Documentos

La devastación de Buenaventura, vergüenza para el régimen.

El presidente Santos anuncia nueva gira electoral por el Valle, luego que el 8 de marzo visitó Buenaventura, donde prometió, el pueblo no le creyó y el 12 de marzo el Plantón paralizó unos 8.000 camiones, a todo el comercio y unos 2.700 millones de pesos no circularon. Esta acción dio continuidad a la multitudinaria marcha del 19 de febrero: “Entierro de la Violencia en Buenaventura”, “Para vivir con dignidad”. Buenaventura sigue en primera página de los medios de comunicación por la crisis humanitaria que la sacude y la presión de su pueblo por soluciones.

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Asesinan a líder campesino del Catatumbo
Asesinado por desconocidos Douglas Zuluaga presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Cartagenita, Catatumbo. ASCAMCAT en su mandato para la defensa de los derechos humanos desea poner en conocimiento de la opinión pública un nuevo asesinato cometido contra un destacado líder comunal del corregimiento Cartagenita, perteneciente al municipio de Convención en el Catatumbo.
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ACIN - Çxhab Wala Kiwe

La ruta del despojo

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El miedo aún ronda en Córdoba y el Urabá antioqueño, las zonas más afectadas. Néstor Enrique Ospino, parcelero, gesticula. Levanta la voz. Tiene que pagarle el impuesto predial al municipio de Montería por los años que su tierra estuvo en manos de los paramilitares. “Por qué no se la cobran a los que están en la cárcel”, dice.

Leoncio Mendoza Cárdenas y sus 25 hermanos tienen los títulos de las 14 propiedades de su padre ubicadas en San Pedro y Arboletes, a las que no pueden volver. “En las manos los papeles y en el cementerio los restos de mi padre asesinado”. La frase le sale nerviosa.

Su padre, Leoncio Manuel Mendoza Mejía, de 76 años, fue el primer reclamante a la luz de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en ser asesinado en Montería, el 26 de noviembre de 2011.

El día que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos proclamó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que pretende devolverles 2’481.000 hectáreas a las víctimas de la violencia, despertó en Córdoba y en el Urabá una disputa agraria de consecuencias insospechadas. Cualquier política de tierras afecta estructuras de poder y pone al descubierto monumentales líos jurídicos, pero la del actual Gobierno sitúa a todos los actores en una espiral de expectativas inmanejables, violencia, censura e injusticias que los despojados califican de esperanza y los críticos de utopía.

Con tierra y con deudas

La historia de Néstor Ospino refleja la ausencia de Estado, que dejó a los campesinos a merced de las autodefensas, en 1994; se observa la paquidermia de la justicia para actuar, porque sólo 14 años después del desplazamiento entró a resarcir los derechos de la población, al devolverles las tierras que les arrebataron los violentos; y cuando se creía todo resuelto, la realidad salta a lo absurdo e insólito, porque ahora el Estado les cobra a Néstor Ospino y a todos los demás el impuesto predial generado durante el tiempo que los paramilitares usufructuaron el terreno.

La historia sucede en las parcelas Costa de Oro, corregimiento Tres Piedras, zona rural de la margen izquierda del río Sinú, a hora y media de Montería (Córdoba). La violencia ha estado siempre en ese territorio. Primero fue la extorsión de la guerrilla del Epl en los 80. Esto obligó a que un ganadero de la zona, Pedro Juan Tulena, le vendiera la propiedad al antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), que a su vez se la parceló a campesinos de la región. Luego llegaron los ejércitos de la muerte de los hermanos Castaño, que prohibieron cultivar la tierra y dieron la orden de arrendarla para levante y cría de ganado.

La sumisión y el miedo llevaron a los lugareños a agachar la cabeza. “Hasta que en 1994 se nos salió la vocación campesina. Sembramos maíz y otros productos”, relata el parcelero.

Las autodefensas castigaron la desobediencia descuartizando y echando al río a Narciso Montes, desaparecieron a Luis Bolaños y mataron a bala a Eduardo Gómez.

Todos salieron desplazados. Los desarraigados se hacinaron en los barrios marginales de Montería y a orillas de la Ciénaga Grande de Lorica. Para salir con vida, algunos tuvieron que firmar promesas de compraventa de sus parcelas.

En 2005, cuando entró en vigencia la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba la reparación, ríos de despojados desembocaron en la Fiscalía. Los de Costa de Oro acudieron a ella. Cuatro años después, abogados de Montería intentaron hacer valer las promesas de compraventa de predios y por poco se salen con la suya, de no ser porque el Estado declaró tierra protegida las parcelas. El fiscal Leonardo Cabana, quien llevó el proceso, se valió de todos los argumentos para recuperar el territorio.

El 26 de junio de 2008, en una ceremonia especial en Costa de Oro, con representantes de la Fiscalía, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y de la Comisión de Reparación, les devolvieron Costa de Oro a los 60 parceleros mediante “acta de entrega de un bien con fines de restitución”, pero no han podido vivir tranquilos.

Los recibos de impuesto predial corroboran que los pobladores tienen deudas que oscilan entre $1 y $2 millones, correspondientes a seis de los años que estuvieron desplazados y que ahora deben pagar a Montería.

“Hemos hablado en la Alcaldía, pero allá nadie escucha. Cómo vamos a pagar por lo que no teníamos. Por qué no les cobran ese impuesto a los ‘paras’”, dice Néstor.

Muchos casos ejemplifican los escollos de la restitución de tierras en Colombia, proceso que implica acabar con una telaraña de intereses non santos del narcotráfico y sus ejércitos de la muerte, del Estado y sus divagaciones jurídicas, de los ‘negociantes de la tierra’ y su dolo al aprovecharse del desposeído y de la víctima que se victimizó con el pasar de las décadas.

Estado y parceleros, víctimas

Si tuviésemos que señalar una génesis contemporánea del conflicto por la tierra, las parcelas adjudicadas por la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor) a 250 parceleros son otro increíble ejemplo. Unos 60 parceleros tienen documentados los casos de las tierras que por orden del paramilitar Fidel Castaño les regalaron en 1991 y se las arrebataron en una maniobra temible. Hasta el municipio de Montería es víctima, pues recibió como donación un lote para un colegio, que hoy usurpa un tercero.

Se abre el telón

Doce días después de que entrara en vigencia la Ley de Víctimas (1º de enero de 2012), el presidente Santos entregó un predio que hace seis años el gobierno de Álvaro Uribe ya había otorgado. En un sentido discurso anunció que la revolución agraria comenzaba en Ayapel, Córdoba, al entregarles a 304 familias campesinas el predio Las Catas, de 4.672 hectáreas, confiscado a narcotraficantes.

Los beneficiarios sólo tienen en su poder la Resolución 1558, mediante la cual el Ministerio de Agricultura les asigna provisionalmente el predio el 8 de septiembre de 2006.

Cuatro meses después del solemne acto presidencial, los desplazados siguen sin títulos porque no se ha clarificado la situación jurídica del predio: una porción está inundada por el río San Jorge y los caños de los alrededores, hay rumores de compraventa de tierras y las amenazas a los parceleros no cesan.

Víctor Negrete, el investigador social que más ha estudiado estos temas en Córdoba, conceptúa que es compleja la restitución en medio de la violencia. “Es muy difícil mientras no se castigue a los despojadores, que no son sólo los que están en las cárceles, sino los que estando libres siguen intimidando a la población cordobesa para no devolver lo que le arrebataron. La gente tiene miedo y no está acudiendo en masa a reclamar sus derechos”, dice.

El Estado, en cabeza del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, no desconoce el reto, pero está empeñado en que clarificando el estado de la propiedad se llega más rápido al posconflicto. Asegura que “la política de tierras se requiere en un país que presume ser un Estado Social de Derecho. En parte, el conflicto se debe a la ausencia de estas políticas”.

Devolver la tierra despojada en el Urabá y en Córdoba, por mencionar el territorio donde la violencia propiciada por el paramilitarismo generó la más alta oleada de desplazamiento en Colombia, 160 mil personas sólo en el departamento de Córdoba entre los años 1989 y 2011, según cifras del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), es una tarea titánica.

Si se cumpliera la meta no sólo de clarificar la situación jurídica de la propiedad, sino que el propietario pudiese retornar, por poner un ejemplo, Montería tendría 50 mil personas menos en su zona urbana, ya que los desplazados retornarían a la ruralidad, lo que significaría que por lo menos 15 barrios de invasión con precarias condiciones de vida dejarían de existir. De esta forma se disminuye el cordón de miseria en la ciudad y se incrementa la productividad en el campo. Pero no es tan sencillo.

Todas las víctimas que figuran en este relato han pasado por Montería, algunas se han quedado, lo que ha convertido a la capital en una urbe que respira desplazamiento. Desde 1989 hasta la fecha han llegado 47 mil desarraigados.

En cada esquina de esta ciudad de 500 mil habitantes se observan las caras desdibujadas por el dolor o por el rencor de quienes lo perdieron todo. El tema de la tierra no admite discusiones en sitios públicos, pero es indefectiblemente palpable en el sur y occidente de la ciudad.

En los pasillos de la Fiscalía de Justicia y Paz o en la Defensoría del Pueblo el río humano de desposeídos divaga con los documentos que certifican que son dueños de algo en algún lugar del Urabá y de Córdoba. De día buscan la esperanza cobijados por las leyes de Justicia y Paz (de Uribe) y por la de Víctimas (de Santos), y de noche regresan a sus casas de invasión, a orillas de canales de aguas putrefactas. Esa es la única tierra que tienen: ocho metros cuadrados de pobreza; en el campo están las hectáreas que abandonaron o mal vendieron a quienes los despojaron de manera directa o indirecta.

Fuente

http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-344795-ruta-del-despojo

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