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En Libertad condicional el Taita Crispín Chindoy pasará año nuevo en Argentina, a falta de celeridad de jueces y fiscales, por un delito que no existe

En Libertad condicional el Taita Crispín Chindoy pasará año nuevo en Argentina, a falta de celeridad de jueces y fiscales, por un delito que no existe

  El 10 de octubre del 2014 permanecerá en la memoria del Taita Crispín, de la comunidad Cametsa del Valle del Sibundoy Putumayo; cuando -como si fuera una película-, vio atropellada su ceremonia de Yajé por parte de 30 efectivos fuertemente armados del Estado de Corrientes en...

Carta y comunicado a la opinión pública: La guerra no para en los territorios indígenas del norte del Cauca.

Carta y comunicado a la opinión pública: La guerra no para en los territorios indígenas del norte del Cauca.

El día 19 de diciembre de 2014 a eso de las 3: 30 de la madrugada, en la vereda Vilachi del Resguardo Indígena de Canoas ubicado en el Municipio de Santander de Quilichao Departamento del Cauca, la guerrilla de la Farc realizó un asalto a un grupo de soldados que se encontraban acampando a los...

La tierra es central para la paz

La tierra es central para la paz

Todos los estudios evidencian que la productividad de la pequeña propiedad agraria es más alta que de la gran propiedad. / El Espectador   "Artículo de Julio Berdegué y José Antonio Ocampo. La resolución del problema agrario mira al pasado, pero también y principalmente, al...

  • En Libertad condicional el Taita Crispín Chindoy pasará año nuevo en Argentina, a falta de celeridad de jueces y fiscales, por un delito que no existe

    En Libertad condicional el Taita Crispín Chindoy pasará año nuevo en Argentina, a falta de celeridad de jueces y fiscales, por un delito que no existe

    Miércoles, 17 Diciembre 2014 20:30
  • Carta y comunicado a la opinión pública: La guerra no para en los territorios indígenas del norte del Cauca.

    Carta y comunicado a la opinión pública: La guerra no para en los territorios indígenas del norte del Cauca.

    Lunes, 22 Diciembre 2014 11:36
  • La tierra es central para la paz

    La tierra es central para la paz

    Lunes, 22 Diciembre 2014 18:07

Nuestra Palabra

Uma kiwe no aguanta más. Encuentro de mingas por la vida y en defensa del territorio, 24 y 25 de noviembre de 2014

Dicen los mayores que el territorio es el lugar donde camina el pensamiento. Por supuesto se refieren al pensamiento ancestral, al pensamiento nasa.
 
Porque una gran amenaza para nuestros territorios es ahora mismo la implantación del pensamiento capitalista. No solo en Cxhab wala kiwe, también en toda Abya Yala. El pensamiento capitalista avanza a galope como un caballo loco por las selvas, los ríos, las montañas, los páramos y los glaciares de Nuestramérica.
 
No es fácil reconocerlo, aparentemente todo lo que está llegando es bueno. Desarrollo. Progreso. Después de tantos siglos tenemos la oportunidad de “una vida digna”. Llegan los proyectos, los programas asistenciales, la inversión social. Llega el extractivismo.

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    El Fracking

Nuestra Palabra Kueta Susuza

  • Cauca: La comunidad del Pueblo Totoroez elige a su autoridad indígena

    Como es costumbre dentro de los pueblos indígenas en Colombia, el mes de diciembre es el mes donde se eligen las autoridades tradicionales indígenas para la vigencia del próximo periodo, las dinámicas de elección son diferentes en cada pueblo, vamos a referirnos a la elección de nuestra autoridad para el Pueblo Totoroez - Cauca.
     
     
  • Pronunciamiento por la preservación del Macizo Colombiano

    Es inaudito y antes que causarnos indignación, lo que nos da es verdadera tristeza saber que entidades como la Corporación Autónoma Regional del Cauca que tiene por misión defender, conservar y preservar el patrimonio ambiental, hoy, se presten a las pretensiones de la Agencia Nacional Minera para la implementación de la política de promoción y formalización de la minería que, para el caso del Macizo Colombiano se convertiría en una verdadera catástrofe.

     
  • La masacre de Caloto: crónica de una vergonzosa impunidad

    En hora buena el Consejo de Estado y la CSJ han tomado estas decisiones, casi 23 años después de la matanza. Sin embargo, no todas las víctimas han sido reparadas y el juicio contra los oficiales de la Policía apenas comienza en un juzgado en la ciudad de Popayán.

Contexto Colombiano

Vivencias Globales

  • La Corte IDH reconoce los territorios tradicionales guna y emberá en Panamá

    Represa de Bayano, en Panamá
    La Corte IDH ha declarado a Panamá como responsable por no respetar los territorios colectivos de los pueblos Guna y Emberá en un caso que se remonta a hace 42 años, cuando se desalojaron comunidades para la construcción de la represa de Bayano. En su sentencia recuerda: la posesión tradicional indígena de la tierra es tan legal como un título de propiedad estatal.
     
  • La disputa por el Atlántico Sur

    “Las garras del cisne” se titula el libro recién publicado por Roberto Lopes, historiador militar formado en el Centro de Estudios de la Defensa Hemisférica de la Universidad de Defensa Nacional de los Estados Unidos.  En su trabajo de casi 500 páginas, sólidamente documentado, Lopes detalla la ambición de la Marina de Brasil para la próxima década: pasar de ocupar un modesto vigésimo lugar en el mundo, al noveno, detrás de Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Inglaterra, India, Corea del Sur y Japón.
     
     
  • Malvinas Argentinas, la comunidad que logró frenar a Monsanto, el gigante de los transgénicos

    Malvinas Argentinas es el nombre de una pequeña localidad rural ubicada en el centro de Córdoba, en el corazón sojero de Argentina.
    Hasta hace poco era conocida principalmente por ser un suburbio de la capital provincial.

     

Comunicados

Cauca: Carta abierta al secretariado de la farc-ep Timoleon Jimenez

Hasta ahora ha hablado el gran responsable revolucionario y el pequeño también, sacando panfletos con amenazas y mentiras. Habló el alto Comisionado y los comisionados subalternos, han hablado los partidos políticos, han hablado los gremios, los comités, los grupos de alto nivel y los grupos de bajo nivel, también sacan sus comunicados los sindicatos, los obreros, los campesinos, los eternos demagogos; han hablado todos…..Falta alguno?

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Comunicado público frente a las amenazas de las Farc

La Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca  es la autoridad tradicional de Cxhab Wala Kiwe y es una entidad pública especial con cobertura territorial, que actúa legítimamente bajo los mandatos comunitarios, respetando la autonomía de sus territorios y tiene como mandato guiar la consolidación de un territorio indígena en el marco del derecho propio.  Por tanto, reiteramos que no nos encontramos trabajando con ninguna entidad de seguridad del Estado, mucho menos utilizando nuestra guardia indígena para hacerle juego a la Fuerza Pública. Actuamos bajo nuestros mandatos comunitarios y nuestros usos y costumbres; entre los cuales se encuentra el ejercicio del control territorial y la aplicación de nuestra justicia propia.

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Documentos

Denuncia pública: Nuevas amenazas contra integrantes del Movice, medios y defensores DDHH
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) denuncia una nueva amenaza firmada por las Águilas Negras, dirigida contra varios de nuestros integrantes, además de otros defensores de derechos humanos, víctimas de crímenes estatales, funcionarios de la Alcaldía de Bogotá y medios alternativos de comunicación.
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Amenazas de muerte, hostigamientos, seguimientos, planes de atentados
Amenazas de muerte, hostigamientos, seguimientos, planes de atentados, órdenes arbitrarias de desalojo contra legítimos habitantes de los predios colectivos Curvaradó, Jiguamiandó, La Larga Tumaradó, Pedeguita y Mansilla.
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ACIN - Çxhab Wala Kiwe

La ruta del despojo

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El miedo aún ronda en Córdoba y el Urabá antioqueño, las zonas más afectadas. Néstor Enrique Ospino, parcelero, gesticula. Levanta la voz. Tiene que pagarle el impuesto predial al municipio de Montería por los años que su tierra estuvo en manos de los paramilitares. “Por qué no se la cobran a los que están en la cárcel”, dice.

Leoncio Mendoza Cárdenas y sus 25 hermanos tienen los títulos de las 14 propiedades de su padre ubicadas en San Pedro y Arboletes, a las que no pueden volver. “En las manos los papeles y en el cementerio los restos de mi padre asesinado”. La frase le sale nerviosa.

Su padre, Leoncio Manuel Mendoza Mejía, de 76 años, fue el primer reclamante a la luz de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en ser asesinado en Montería, el 26 de noviembre de 2011.

El día que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos proclamó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que pretende devolverles 2’481.000 hectáreas a las víctimas de la violencia, despertó en Córdoba y en el Urabá una disputa agraria de consecuencias insospechadas. Cualquier política de tierras afecta estructuras de poder y pone al descubierto monumentales líos jurídicos, pero la del actual Gobierno sitúa a todos los actores en una espiral de expectativas inmanejables, violencia, censura e injusticias que los despojados califican de esperanza y los críticos de utopía.

Con tierra y con deudas

La historia de Néstor Ospino refleja la ausencia de Estado, que dejó a los campesinos a merced de las autodefensas, en 1994; se observa la paquidermia de la justicia para actuar, porque sólo 14 años después del desplazamiento entró a resarcir los derechos de la población, al devolverles las tierras que les arrebataron los violentos; y cuando se creía todo resuelto, la realidad salta a lo absurdo e insólito, porque ahora el Estado les cobra a Néstor Ospino y a todos los demás el impuesto predial generado durante el tiempo que los paramilitares usufructuaron el terreno.

La historia sucede en las parcelas Costa de Oro, corregimiento Tres Piedras, zona rural de la margen izquierda del río Sinú, a hora y media de Montería (Córdoba). La violencia ha estado siempre en ese territorio. Primero fue la extorsión de la guerrilla del Epl en los 80. Esto obligó a que un ganadero de la zona, Pedro Juan Tulena, le vendiera la propiedad al antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), que a su vez se la parceló a campesinos de la región. Luego llegaron los ejércitos de la muerte de los hermanos Castaño, que prohibieron cultivar la tierra y dieron la orden de arrendarla para levante y cría de ganado.

La sumisión y el miedo llevaron a los lugareños a agachar la cabeza. “Hasta que en 1994 se nos salió la vocación campesina. Sembramos maíz y otros productos”, relata el parcelero.

Las autodefensas castigaron la desobediencia descuartizando y echando al río a Narciso Montes, desaparecieron a Luis Bolaños y mataron a bala a Eduardo Gómez.

Todos salieron desplazados. Los desarraigados se hacinaron en los barrios marginales de Montería y a orillas de la Ciénaga Grande de Lorica. Para salir con vida, algunos tuvieron que firmar promesas de compraventa de sus parcelas.

En 2005, cuando entró en vigencia la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba la reparación, ríos de despojados desembocaron en la Fiscalía. Los de Costa de Oro acudieron a ella. Cuatro años después, abogados de Montería intentaron hacer valer las promesas de compraventa de predios y por poco se salen con la suya, de no ser porque el Estado declaró tierra protegida las parcelas. El fiscal Leonardo Cabana, quien llevó el proceso, se valió de todos los argumentos para recuperar el territorio.

El 26 de junio de 2008, en una ceremonia especial en Costa de Oro, con representantes de la Fiscalía, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y de la Comisión de Reparación, les devolvieron Costa de Oro a los 60 parceleros mediante “acta de entrega de un bien con fines de restitución”, pero no han podido vivir tranquilos.

Los recibos de impuesto predial corroboran que los pobladores tienen deudas que oscilan entre $1 y $2 millones, correspondientes a seis de los años que estuvieron desplazados y que ahora deben pagar a Montería.

“Hemos hablado en la Alcaldía, pero allá nadie escucha. Cómo vamos a pagar por lo que no teníamos. Por qué no les cobran ese impuesto a los ‘paras’”, dice Néstor.

Muchos casos ejemplifican los escollos de la restitución de tierras en Colombia, proceso que implica acabar con una telaraña de intereses non santos del narcotráfico y sus ejércitos de la muerte, del Estado y sus divagaciones jurídicas, de los ‘negociantes de la tierra’ y su dolo al aprovecharse del desposeído y de la víctima que se victimizó con el pasar de las décadas.

Estado y parceleros, víctimas

Si tuviésemos que señalar una génesis contemporánea del conflicto por la tierra, las parcelas adjudicadas por la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor) a 250 parceleros son otro increíble ejemplo. Unos 60 parceleros tienen documentados los casos de las tierras que por orden del paramilitar Fidel Castaño les regalaron en 1991 y se las arrebataron en una maniobra temible. Hasta el municipio de Montería es víctima, pues recibió como donación un lote para un colegio, que hoy usurpa un tercero.

Se abre el telón

Doce días después de que entrara en vigencia la Ley de Víctimas (1º de enero de 2012), el presidente Santos entregó un predio que hace seis años el gobierno de Álvaro Uribe ya había otorgado. En un sentido discurso anunció que la revolución agraria comenzaba en Ayapel, Córdoba, al entregarles a 304 familias campesinas el predio Las Catas, de 4.672 hectáreas, confiscado a narcotraficantes.

Los beneficiarios sólo tienen en su poder la Resolución 1558, mediante la cual el Ministerio de Agricultura les asigna provisionalmente el predio el 8 de septiembre de 2006.

Cuatro meses después del solemne acto presidencial, los desplazados siguen sin títulos porque no se ha clarificado la situación jurídica del predio: una porción está inundada por el río San Jorge y los caños de los alrededores, hay rumores de compraventa de tierras y las amenazas a los parceleros no cesan.

Víctor Negrete, el investigador social que más ha estudiado estos temas en Córdoba, conceptúa que es compleja la restitución en medio de la violencia. “Es muy difícil mientras no se castigue a los despojadores, que no son sólo los que están en las cárceles, sino los que estando libres siguen intimidando a la población cordobesa para no devolver lo que le arrebataron. La gente tiene miedo y no está acudiendo en masa a reclamar sus derechos”, dice.

El Estado, en cabeza del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, no desconoce el reto, pero está empeñado en que clarificando el estado de la propiedad se llega más rápido al posconflicto. Asegura que “la política de tierras se requiere en un país que presume ser un Estado Social de Derecho. En parte, el conflicto se debe a la ausencia de estas políticas”.

Devolver la tierra despojada en el Urabá y en Córdoba, por mencionar el territorio donde la violencia propiciada por el paramilitarismo generó la más alta oleada de desplazamiento en Colombia, 160 mil personas sólo en el departamento de Córdoba entre los años 1989 y 2011, según cifras del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), es una tarea titánica.

Si se cumpliera la meta no sólo de clarificar la situación jurídica de la propiedad, sino que el propietario pudiese retornar, por poner un ejemplo, Montería tendría 50 mil personas menos en su zona urbana, ya que los desplazados retornarían a la ruralidad, lo que significaría que por lo menos 15 barrios de invasión con precarias condiciones de vida dejarían de existir. De esta forma se disminuye el cordón de miseria en la ciudad y se incrementa la productividad en el campo. Pero no es tan sencillo.

Todas las víctimas que figuran en este relato han pasado por Montería, algunas se han quedado, lo que ha convertido a la capital en una urbe que respira desplazamiento. Desde 1989 hasta la fecha han llegado 47 mil desarraigados.

En cada esquina de esta ciudad de 500 mil habitantes se observan las caras desdibujadas por el dolor o por el rencor de quienes lo perdieron todo. El tema de la tierra no admite discusiones en sitios públicos, pero es indefectiblemente palpable en el sur y occidente de la ciudad.

En los pasillos de la Fiscalía de Justicia y Paz o en la Defensoría del Pueblo el río humano de desposeídos divaga con los documentos que certifican que son dueños de algo en algún lugar del Urabá y de Córdoba. De día buscan la esperanza cobijados por las leyes de Justicia y Paz (de Uribe) y por la de Víctimas (de Santos), y de noche regresan a sus casas de invasión, a orillas de canales de aguas putrefactas. Esa es la única tierra que tienen: ocho metros cuadrados de pobreza; en el campo están las hectáreas que abandonaron o mal vendieron a quienes los despojaron de manera directa o indirecta.

Fuente

http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-344795-ruta-del-despojo

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