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Colombia Indígena: La paz y la libertad de la Madre Tierra

Colombia Indígena: La paz y la libertad de la Madre Tierra

Compartimos esta columna publicada hoy por el Correo Canadiense de Toronto, Canadá. Según se anuncia y se festeja, empieza el post conflicto en Colombia.

Continúan Amenazas Contra lideres Indígenas  de Jambaló

Continúan Amenazas Contra lideres Indígenas de Jambaló

Foto: Archivo Voces de Nuestra Tierra-Jambaló   Por medio de la cual se declara la emergencia Territorial debido a amenazas y señalamientos por parte de grupos armados que tienen presencia en el Territorio ancestral en el Resguardo Indígena y Municipio de Jambaló.

 Plan Colombia o cómo justificar el asesinato y la persecución política

Plan Colombia o cómo justificar el asesinato y la persecución política

El Plan Colombia se diseñó como una estrategia, por un lado, para fortalecer militarmente y mediáticamente las Fuerzas Armadas del país, y continuar, por el otro, la política antinarcóticos de los Estados Unidos que ha sido un fracaso.  

  • Colombia Indígena: La paz y la libertad de la Madre Tierra

    Colombia Indígena: La paz y la libertad de la Madre Tierra

    Lunes, 08 Febrero 2016 09:51
  • Continúan Amenazas Contra lideres Indígenas  de Jambaló

    Continúan Amenazas Contra lideres Indígenas de Jambaló

    Lunes, 08 Febrero 2016 10:29
  •  Plan Colombia o cómo justificar el asesinato y la persecución política

    Plan Colombia o cómo justificar el asesinato y la persecución política

    Miércoles, 10 Febrero 2016 10:05

Nuestra Palabra

Lo que vamos aprendiendo con la liberación de Uma Kiwe

Foto: archivo del Tejido de Comunicación del Pueblo Nasa, tomada en una arremetida del Esmad contra la comunidad que libera la Madre Tierra
El 14 de diciembre de 2014 las comunidades indígenas de Corinto reanudamos la liberación de la Madre Tierra. Esta vez entramos en cuatro fincas habitadas en tiempos pasados por nuestros abuelos y abuelas y que ahora son de propietarios privados entre ellos el Ingenio del Cauca, Incauca, es decir, de Carlos Ardila Lulle. Este pobre viejecito, sin nadita que comer, es dueño de empresas de gaseosas, de bancos, de canales de televisión y radio y miles de hectáreas de tierra en toda Colombia.

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    Continuamos La Lucha Por Liberación Madre Tierra

Nuestra Palabra Kueta Susuza

  • Pueblos, Autoridades y Comunidades indígenas del Cauca continúan siendo víctimas de amenazas y despojo territorial

    Comunicado Público
    El Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC y sus 121 Cabildos, denuncia a la opinión pública Nacional e Internacional los graves hechos que vienen sucediendo en los pueblos, territorios y comunidades indígenas del Cauca, como son las amenazas a las autoridades y comuneros, la usurpación a los espacios de vida (sitios sagrados) por parte de los actores armados, que generan un gran riesgo la armonía territorial y organizativa; así como la pervivencia como pueblos.
     
     
     
  • Pueblo Nasa de Tierra-Dentro Realizó Acción Comunitaria en Defensa del Territorio

    proximadamente mil indígenas entre autoridades ancestrales, Pu´yaksa (guardia Indígena) y comunidad en general de la Zona Tierradentro, en apoyo y acompañamiento de la Consejería Mayor, Programa Defensa de la Vida, Comunicaciones del CRIC y la comunidad del Resguardo la Laguna de Caldono; realizaron la Gran Minga de Resistencia por la Defensa de Nuestro Territorio en el sitio sagrado de Tayfxnu Resguardo de Talaga los días cuatro y cinco de febrero del 2016.

     
  • Audiencia pública en ejercicio de la jurisdicción especial indígena.

    En entre la multitud de los cuatro resguardos indígenas Jambalo, Sanfrancisco, Tacueyo y Toribio, se evidencio  una vez más que hacer parte de los grupos armados legales e ilegales no es el mejor camino.

Contexto Colombiano

  • Corte Constitucional prohíbe la minería en páramos del país

    Con seis votos a favor y dos en contra, el alto tribunal consideró que el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que permite la minería en páramos va en contra de la Constitución.
     

    La Sala Plena de la Corte Constitucional, tras estudiar una demanda interpuesta por miembros del Polo Democrático contra el Plan Nacional de Desarrollo, decidió este lunes que algunos artículos de éste van en contra de la Constitución, entre ellos el que permite la actividad minera y de hidrocarburos en los páramos del país. El alto tribunal consideró que, pese a la existencia de títulos mineros, prevalece el derecho al medio ambiente sano y no el derecho adquirido por las licencias ambientales.

     
  • Desaparece segundo río en Colombia y se llama Mandur, ubicado en el bajo Putumayo

    No han transcurrido 12 de días desde cuando los colombianos conocieron la publicación de la revista semana.com, relacionada con la desaparición por completo del río Sambingo tributante del pacifico caucano, para conocerse el estado crítico del Río Mandur afluente del río Caquetá.
     
     
  • El primer río en Colombia que desaparece por completo

    El río Sambingo hace parte de la cuenca hidrológica más importante del Pacífico caucano. Foto: Cortesia Ejército Nacional

    En medio de una operación contra la minería ilegal, autoridades revelaron impresionantes imágenes que muestran la sequía de un afluente en el Cauca. ¿Por qué?

     

    Desde cuando se empezaron a sentir los coletazos del fuerte verano por cuenta del fenómeno del Niño, los medios y la comunidad en general concentraron sus miradas en los niveles de los dos ríos más importantes del país: el Magdalena y el Cauca.

     

Vivencias Globales

  • Argentina: Félix Díaz no es el nuevo presidente de la Inai

    Desde Pueblos en Camino les comunicamos que Resumen Latinoamericano desinformó anunciando a don Félix Díaz como el nuevo presidente de la Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Gracias a amigos cercanos desde Argentina hoy sabemos que el nuevo presidente es Raúl Eduardo RUIDIAZ. Pedimos disculpas a nuestros lectores y al compañero Félix por esta desinformación y les compartimos a continuación el Decreto 284 de 2016 con el cual se designó al nuevo presidente del INAI.

     
  • Haití de pie y luchando. Por la senda negra de la libertad incontenible

    No deja de sorprendernos ni de conmovernos hasta las entrañas. Haití, el pueblo de Haití, que es igual a gritar y sangrar y llorar y vivir dignidad, dignidad, dignidad y LIBERTAD!. Ningún otro pueblo de este continente ha sido tan abusado, tan maltratado, tan despojado, tan robado. tan asesinado e invadido y violado y violentado como Haití.

     
  • Ecuador entregado al capital transnacional por Rafael Correa: Documentos

    Este invaluable análisis sustentado por documentos filtrados a la prensa y publicados hoy por Diagonal en el Ecuador pone en evidencia lo que el Presidente Rafael Correa ha tratado de negar o encubrir de manera reiterada: la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea animaría una fuga masiva de capitales y una profunda crisis en la balanza de pagos del Ecuador.

     

Comunicados

EL AGUA NO ES UN NEGOCIO ES UN DERECHO FUNDAMENTAL.
Buenaventura Enero del 2016.
 
El COMITE DE LA AGUA Y LA VIDA DE BUENAVENTURA, desea, para este  año nuevo, la unidad y la decisión de 
 
lucha del pueblo para afrontar y lograr la solución definitiva a la problemática del agua y el alcantarillado de 
 
Buenaventura.
(166)
Corinto, Cauca: Se recrudece la persecución y el terror: Ofrecen cuantiosas sumas de dinero por asesinar a líderes y comuneros

Las comunidades y autoridad tradicional indígena dan a conocer a la opinión pública los hechos de violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitarios que afectan el territorio ancestral indígena de Corinto-López adentro.

(1643)

Documentos

17 asesinatos en Tumaco en este mes. Reacomodo de las Bacrim es un hecho
Aterrada y llena de temores se encuentra de nuevo la población del puerto nariñense de Tumaco. 17 muertes violentas  durante lo corrido del mes de diciembre, envían señales muy tenebrosas sobre el inmediato futuro. Uno de los temores colectivos parece que ya comienza a hacerse realidad: el proceso de reacomodo de las bandas criminales o Bacrim, a partir de la dejación de las armas por parte de los miembros de la guerrilla de las Farc, se adelantó y ya se está dando.
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Rechazamos el asesinato Daniel Abril defensor de del medio ambiente, del agua, del territorio, de los derechos humanos, de las víctimas, destacado líder campesino del departamento de Casanare.

Los hechos
Ocurrieron a las 6:40 p.m. de hoy 13 de noviembre, a la altura del sitio conocido como La Virgen en su natal municipio de Trinidad (Casanare), exactamente en la silla de una panadería a donde llegaron y le dispararon, al parecer, fueron tres impactos de bala que cegaron su vida.

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ACIN - Çxhab Wala Kiwe

La ruta del despojo

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El miedo aún ronda en Córdoba y el Urabá antioqueño, las zonas más afectadas. Néstor Enrique Ospino, parcelero, gesticula. Levanta la voz. Tiene que pagarle el impuesto predial al municipio de Montería por los años que su tierra estuvo en manos de los paramilitares. “Por qué no se la cobran a los que están en la cárcel”, dice.

Leoncio Mendoza Cárdenas y sus 25 hermanos tienen los títulos de las 14 propiedades de su padre ubicadas en San Pedro y Arboletes, a las que no pueden volver. “En las manos los papeles y en el cementerio los restos de mi padre asesinado”. La frase le sale nerviosa.

Su padre, Leoncio Manuel Mendoza Mejía, de 76 años, fue el primer reclamante a la luz de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en ser asesinado en Montería, el 26 de noviembre de 2011.

El día que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos proclamó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que pretende devolverles 2’481.000 hectáreas a las víctimas de la violencia, despertó en Córdoba y en el Urabá una disputa agraria de consecuencias insospechadas. Cualquier política de tierras afecta estructuras de poder y pone al descubierto monumentales líos jurídicos, pero la del actual Gobierno sitúa a todos los actores en una espiral de expectativas inmanejables, violencia, censura e injusticias que los despojados califican de esperanza y los críticos de utopía.

Con tierra y con deudas

La historia de Néstor Ospino refleja la ausencia de Estado, que dejó a los campesinos a merced de las autodefensas, en 1994; se observa la paquidermia de la justicia para actuar, porque sólo 14 años después del desplazamiento entró a resarcir los derechos de la población, al devolverles las tierras que les arrebataron los violentos; y cuando se creía todo resuelto, la realidad salta a lo absurdo e insólito, porque ahora el Estado les cobra a Néstor Ospino y a todos los demás el impuesto predial generado durante el tiempo que los paramilitares usufructuaron el terreno.

La historia sucede en las parcelas Costa de Oro, corregimiento Tres Piedras, zona rural de la margen izquierda del río Sinú, a hora y media de Montería (Córdoba). La violencia ha estado siempre en ese territorio. Primero fue la extorsión de la guerrilla del Epl en los 80. Esto obligó a que un ganadero de la zona, Pedro Juan Tulena, le vendiera la propiedad al antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), que a su vez se la parceló a campesinos de la región. Luego llegaron los ejércitos de la muerte de los hermanos Castaño, que prohibieron cultivar la tierra y dieron la orden de arrendarla para levante y cría de ganado.

La sumisión y el miedo llevaron a los lugareños a agachar la cabeza. “Hasta que en 1994 se nos salió la vocación campesina. Sembramos maíz y otros productos”, relata el parcelero.

Las autodefensas castigaron la desobediencia descuartizando y echando al río a Narciso Montes, desaparecieron a Luis Bolaños y mataron a bala a Eduardo Gómez.

Todos salieron desplazados. Los desarraigados se hacinaron en los barrios marginales de Montería y a orillas de la Ciénaga Grande de Lorica. Para salir con vida, algunos tuvieron que firmar promesas de compraventa de sus parcelas.

En 2005, cuando entró en vigencia la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba la reparación, ríos de despojados desembocaron en la Fiscalía. Los de Costa de Oro acudieron a ella. Cuatro años después, abogados de Montería intentaron hacer valer las promesas de compraventa de predios y por poco se salen con la suya, de no ser porque el Estado declaró tierra protegida las parcelas. El fiscal Leonardo Cabana, quien llevó el proceso, se valió de todos los argumentos para recuperar el territorio.

El 26 de junio de 2008, en una ceremonia especial en Costa de Oro, con representantes de la Fiscalía, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y de la Comisión de Reparación, les devolvieron Costa de Oro a los 60 parceleros mediante “acta de entrega de un bien con fines de restitución”, pero no han podido vivir tranquilos.

Los recibos de impuesto predial corroboran que los pobladores tienen deudas que oscilan entre $1 y $2 millones, correspondientes a seis de los años que estuvieron desplazados y que ahora deben pagar a Montería.

“Hemos hablado en la Alcaldía, pero allá nadie escucha. Cómo vamos a pagar por lo que no teníamos. Por qué no les cobran ese impuesto a los ‘paras’”, dice Néstor.

Muchos casos ejemplifican los escollos de la restitución de tierras en Colombia, proceso que implica acabar con una telaraña de intereses non santos del narcotráfico y sus ejércitos de la muerte, del Estado y sus divagaciones jurídicas, de los ‘negociantes de la tierra’ y su dolo al aprovecharse del desposeído y de la víctima que se victimizó con el pasar de las décadas.

Estado y parceleros, víctimas

Si tuviésemos que señalar una génesis contemporánea del conflicto por la tierra, las parcelas adjudicadas por la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor) a 250 parceleros son otro increíble ejemplo. Unos 60 parceleros tienen documentados los casos de las tierras que por orden del paramilitar Fidel Castaño les regalaron en 1991 y se las arrebataron en una maniobra temible. Hasta el municipio de Montería es víctima, pues recibió como donación un lote para un colegio, que hoy usurpa un tercero.

Se abre el telón

Doce días después de que entrara en vigencia la Ley de Víctimas (1º de enero de 2012), el presidente Santos entregó un predio que hace seis años el gobierno de Álvaro Uribe ya había otorgado. En un sentido discurso anunció que la revolución agraria comenzaba en Ayapel, Córdoba, al entregarles a 304 familias campesinas el predio Las Catas, de 4.672 hectáreas, confiscado a narcotraficantes.

Los beneficiarios sólo tienen en su poder la Resolución 1558, mediante la cual el Ministerio de Agricultura les asigna provisionalmente el predio el 8 de septiembre de 2006.

Cuatro meses después del solemne acto presidencial, los desplazados siguen sin títulos porque no se ha clarificado la situación jurídica del predio: una porción está inundada por el río San Jorge y los caños de los alrededores, hay rumores de compraventa de tierras y las amenazas a los parceleros no cesan.

Víctor Negrete, el investigador social que más ha estudiado estos temas en Córdoba, conceptúa que es compleja la restitución en medio de la violencia. “Es muy difícil mientras no se castigue a los despojadores, que no son sólo los que están en las cárceles, sino los que estando libres siguen intimidando a la población cordobesa para no devolver lo que le arrebataron. La gente tiene miedo y no está acudiendo en masa a reclamar sus derechos”, dice.

El Estado, en cabeza del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, no desconoce el reto, pero está empeñado en que clarificando el estado de la propiedad se llega más rápido al posconflicto. Asegura que “la política de tierras se requiere en un país que presume ser un Estado Social de Derecho. En parte, el conflicto se debe a la ausencia de estas políticas”.

Devolver la tierra despojada en el Urabá y en Córdoba, por mencionar el territorio donde la violencia propiciada por el paramilitarismo generó la más alta oleada de desplazamiento en Colombia, 160 mil personas sólo en el departamento de Córdoba entre los años 1989 y 2011, según cifras del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), es una tarea titánica.

Si se cumpliera la meta no sólo de clarificar la situación jurídica de la propiedad, sino que el propietario pudiese retornar, por poner un ejemplo, Montería tendría 50 mil personas menos en su zona urbana, ya que los desplazados retornarían a la ruralidad, lo que significaría que por lo menos 15 barrios de invasión con precarias condiciones de vida dejarían de existir. De esta forma se disminuye el cordón de miseria en la ciudad y se incrementa la productividad en el campo. Pero no es tan sencillo.

Todas las víctimas que figuran en este relato han pasado por Montería, algunas se han quedado, lo que ha convertido a la capital en una urbe que respira desplazamiento. Desde 1989 hasta la fecha han llegado 47 mil desarraigados.

En cada esquina de esta ciudad de 500 mil habitantes se observan las caras desdibujadas por el dolor o por el rencor de quienes lo perdieron todo. El tema de la tierra no admite discusiones en sitios públicos, pero es indefectiblemente palpable en el sur y occidente de la ciudad.

En los pasillos de la Fiscalía de Justicia y Paz o en la Defensoría del Pueblo el río humano de desposeídos divaga con los documentos que certifican que son dueños de algo en algún lugar del Urabá y de Córdoba. De día buscan la esperanza cobijados por las leyes de Justicia y Paz (de Uribe) y por la de Víctimas (de Santos), y de noche regresan a sus casas de invasión, a orillas de canales de aguas putrefactas. Esa es la única tierra que tienen: ocho metros cuadrados de pobreza; en el campo están las hectáreas que abandonaron o mal vendieron a quienes los despojaron de manera directa o indirecta.

Fuente

http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-344795-ruta-del-despojo

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