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Declaración del Frente de Educadores Tribuna Magisterial, Bogotá, abril 24 de 2012

 

Para los maestros colombianos y la comunidad educativa es claro que la educación pública atraviesa una profunda crisis, cuyo origen es el enorme recorte de los recursos (más de 60 billones a lo largo de 15 años), ordenado por dos reformas constitucionales, una en 2001 y otra en 2007. Esa decisión política de entrar a saco en los recursos de la educación pública trajo consigo una cascada de reformas durante los últimos diez años, que aún no cesan. Los aspectos centrales de estas reformas tienen que ver con municipalización, privatización, arrasamiento de derechos de los docentes y acondicionamiento del sistema educativo a las exigencias del mercado, en consonancia con los intereses del gran capital transnacional, plasmados en los Tratados de Libre Comercio que ya se están comenzando a implementar.

 

Con una cifra cercana a las 100 entidades territoriales certificadas, la municipalización continúa su curso, ahondando las crisis de los entes locales. La entrega de recursos del Estado a particulares para que presten el servicio educativo, que con Uribe pasó del 2% del presupuesto educativo en 2002 al 12% en 2010, con Santos avanza imparable. El ataque a los derechos de los docentes, que tiene como arietes la ley 715 de 2001 y el decreto 1278 de 2002, es el pan de cada día en la educación colombiana. Se profundiza todos los días la adecuación de los contenidos educativos a la necesidad de incrementar un gran ejército de reserva de mano de obra barata, que forma parte de las necesidades de los monopolios nacionales y extranjeros, los grandes ganadores con los TLC.

 

El panorama educativo crítico que contemplamos hoy no puede analizarse eximiendo de responsabilidad al actual mandatario. Nadie debe olvidar que el principal artífice de la aprobación del Acto Legislativo 01 de 2001, junto con el presidente Pastrana, fue su ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, quien tuvo como coequipero al jefe de planeación de entonces, Juan Carlos Echeverry, hoy ministro de Hacienda. Los miles de maestros congregados en la Plaza de Bolívar el día en que el Congreso aprobó esa nefasta reforma, no podemos borrar de la mente la odiosa imagen desafiante de Santos haciendo la V de la victoria en un balcón del Capitolio. Tampoco podemos olvidar que fue mano derecha de Uribe, el conductor de la “Revolución Educativa” que puso en ejecución los aspectos centrales de estas reformas.

 

Y para avanzar aún más en esta apuesta educativa, Juan Manuel Santos ordena en su Plan de Desarrollo cercenar del sistema educativo el nivel preescolar para entregarlo en bandeja de plata, junto con los demás programas de primera infancia, a sus patrocinadores del gran capital nacional y extranjero, acabando de paso con el estatal ICBF y sepultando a las madres comunitarias. La “alianza público-privada” que significa entregar a los monopolios privados los recursos del Estado, saqueando los bolsillos de los contribuyentes, forma parte de la política de “prosperidad”, esa que conseguirán los integrantes de sus círculos más allegados, mientras el grueso de la población aprieta cada día más el cinturón y ve avanzar sin pausa la miseria y la degradación. Nada más cercano a la política de la “prosperidad” del gran capital que una ministra que viene de presidir por largos años la agremiación de las principales empresas asentadas en la capital, la Cámara de Comercio de Bogotá, y ahora puede disponer de los recursos educativos para desarrollar una nueva etapa de la “confianza inversionista”, con Tratado de Libre Comercio a bordo. Lo del preescolar es apenas una muestra de los graves atentados contra la educación pública contenidos en el Plan de Desarrollo santista. También se encuentran allí la falsa gratuidad, la eliminación de la autonomía escolar con imposición de un currículo básico, el aumento de la jornada escolar y el acoso laboral a los docentes.

 

No debemos entonces los maestros despistarnos y desviar el blanco de ataque pensando que la crisis es obra de la ministra Campo y su malévolo equipo ministerial, o que las vicisitudes financieras del Fondo de Prestaciones del Magisterio que incumple sus obligaciones en lo relativo a pensiones, cesantías y salud, se originan en la incapacidad o en los presuntos malos manejos de su administrador. Todos ellos son ejecutores conscientes de una política que viene diseñada desde arriba, desde la Casa de Nariño, y es completamente acorde con los lineamientos trazados desde más arriba, desde la Casa Blanca y las oficinas del FMI, el Banco Mundial y el BID, pues Santos es al fin y al cabo el mejor pupilo que ha conseguido el imperio en los últimos años.

 

Teniendo claro quién es el jefe de la pandilla responsable de toda esta caótica situación, los maestros debemos saber que de la crisis solo saldremos con la resistencia a sus arbitrarias medidas, con la confrontación de su nefasta política educativa, con una erguida y airosa defensa de nuestros derechos, con un amplio frente por la defensa de la educación pública. Junto con los estudiantes universitarios, que se hermanan con nosotros en estos mismos propósitos y han dado muestras de no dejarse doblegar -pues su lucha logró derrotar al gobierno en su intento de reformar la educación superior para entregarla definitivamente a los monopolios privados-, los maestros, de la mano con la comunidad educativa, debemos volver a las gloriosas épocas que nos permitieron ganar lo que hoy nos despojan. Si la dirección sindical, en Fecode y en sus filiales, percibe que no hay condiciones subjetivas, es decir, que pese a la grave situación no hay disposición de los maestros a la pelea, deberá dedicarse a crear esas condiciones, a entusiasmar a las bases magisteriales, a convencer a los maestros que la hora es de combate para impedir que el gobierno arrase con sus derechos y con la educación pública, para conquistar el Estatuto Docente Único y para ganar, con el apoyo de la población, el Referendo Constitucional que declare la educación pública totalmente gratuita desde el preescolar hasta los niveles de posgrado en la educación superior, prestada directamente por el Estado, sin intermediarios y con la asignación de recursos suficientes, equivalentes como mínimo al 7% del PIB. LA HORA ES DE UNIDAD Y DE LUCHA.

 

http://www.moir.org.co/Por-la-crisis-de-la-educacion-debe.html