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Cauca:

Cauca: "Ningún grupo armado nos representa"

  COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA. Una vez más se repite la historia de violación de los derechos humanos en los territorios ancestrales indígenas del norte del Cauca. La Liberación de la Madre Tierra es un derecho ancestral, estas tierras fueron usurpadas mediante artimañas...

Cauca: Agresión sistemática, señalamiento y amenaza al proceso de Liberación de la Madre Tierra

Cauca: Agresión sistemática, señalamiento y amenaza al proceso de Liberación de la Madre Tierra

  En desarrollo de las acciones legítimas de liberación de la madre tierra, la Fuerza Pública, Ejército Nacional, Policía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, mantienen agresiones sobre las comunidades ubicadas en las fincas en proceso de liberación en los municipios de...

Voces del Pueblo Nasa respaldan la lucha de los pueblos originarios de Argentina

Voces del Pueblo Nasa respaldan la lucha de los pueblos originarios de Argentina

  Ante las exigencias de los pueblos originarios de Argentina, que se adelantan hoy en el acampe en la ciudad de Buenos Aires, el Pueblo Nasa (Cauca - Colombia) envía voces de respaldo a su justa lucha. Denununciamos la agresión sistemática que se implementa en las comunidades...

  • Cauca:

    Cauca: "Ningún grupo armado nos representa"

    Viernes, 27 Marzo 2015 21:53
  • Cauca: Agresión sistemática, señalamiento y amenaza al proceso de Liberación de la Madre Tierra

    Cauca: Agresión sistemática, señalamiento y amenaza al proceso de Liberación de la Madre Tierra

    Viernes, 27 Marzo 2015 22:27
  • Voces del Pueblo Nasa respaldan la lucha de los pueblos originarios de Argentina

    Voces del Pueblo Nasa respaldan la lucha de los pueblos originarios de Argentina

    Viernes, 27 Marzo 2015 22:54

Nuestra Palabra

Cauca: Esmad y ejército agreden a comunidades indígenas que liberan madre tierra en la Emperatriz - Caloto

 salida del ejercito ...Las comunidades de Huellas, Toez y Lopez Adentro se encuentran desde el pasado 5 de marzo realizando la liberación de la Madre Tierra en la Hacienda La Emperatriz. Hasta hoy, hubo 4 intentos de desalojo por parte de la fuerza pública.
 
Después de que la guardia indígena sacó de manera pacífica al Esmad de la hacienda La Emperatriz, el pasado 6 de marzo, no volvió a presentarse otro intento de desalojo. Los comuneros concentrados en esta finca, permanecen de manera pacífica, dedicados a cultivar la tierra. En el día trabajan y en la tarde se van a descansar a los cambuches de sus respectivas comunidades.

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    Solidaridad con nuestros hermanos indígenas

Nuestra Palabra Kueta Susuza

Contexto Colombiano

  • Una nueva muerte en San José de Apartadó

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    Nuevamente nuestra Comunidad de Paz deja constancia ante la humanidad y la historia sobre nuevos hechos contra la población civil de nuestro entorno geográfico y social:
     
  • Tras 18 años de resistencia, nuestra Comunidad de Paz llega a una simbólica mayoría de edad en medio de una persecución persistente

    El 23 de marzo nuestra Comunidad de Paz rodeada de muchas personas y organizaciones sociales nacionales e internacionales, diplomáticos y personalidades conmemoro 18 años de vida, de memoria y de resistencia pacifica desde acciones alternativas no violentas; son años de lucha sembrando alternativas pacificas donde la muerte sin dar tregua ha arrasado con la vida a través de los mas perversos métodos.

     
  • Hidroituango: La radiografía de un desalojo pregonado

    Río Cauca, segunda cuenca hidrográfica del país, epicentro de vida que se extiende a través de un extenso paisaje provisto de múltiples floras, de exuberante fauna. A orillas de uno de sus tramos, la majestuosa panorámica arropada por una amplia gama de verdes y ocres, contrasta con la fría y absurda realidad subsistente en versión antagónica: la lógica del capital versus el desplazamiento masivo de los moradores de aquel territorio.
     

Vivencias Globales

  • Brasil: Árboles transgénicos y resistencia campesina

    árbEl 5 de marzo de 2015, mujeres del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) y Vía Campesina Brasil protagonizaron la primera liberación comercial de árboles transgénicos en América Latina. Cerca de mil mujeres ocuparon una planta de FuturaGene en Itapetininga, estado de São Paulo, arrancando plántulas de eucaliptos transgénicos de esa empresa, propiedad de la transnacional brasilera Suzano Papel e Celulosa, una de las diez mayores productoras globales de celulosa.
     
     
  • Guatemala: Detención ilegal de Rigoberto Juarez, un defensor del territorio

    "Un Preso Político más: Rigoberto Juárez defensor del territorio. </p><br /><br /><br /><br />
<p>Esta tarde Rigoberto Juárez Mateo fue detenido de forma arbitraria y se convierte en un nuevo preso político del Estado guatemalteco. Rigoberto Juárez es representante del Gobierno Plurinacional de la Nación Q'anjob'al, Chuj, Akateka, Popti y Mestiza de 16 municipios de Huehuetenango. Juárez es criminalizado por defender el territorio y el agua.</p><br /><br /><br /><br />
<p>En el momento de la detención, por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), no se mostró una orden de juez competente. Junto con Rigoberto fue detenido Domingo Baltazar, ambos miembros de la autoridad comunitaria de Santa Eulalia, Huehuetenango. </p><br /><br /><br /><br />
<p>Durante la detención, mediada por el uso de la violencia, se  agredió físicamente al abogado Ricardo Cajas, cuando éste les pidió que se identificaran y mostraran una orden de detención en contra de Rigoberto Juárez.</p><br /><br /><br /><br />
<p>Los representantes comunitarios detenidos habían viajado a la capital para denunciar las violaciones de la que fueron objeto autoridades ancestrales y varios periodistas e pasado 19 de marzo del presente año, cometidas por el alcalde Diego Marcos Pedro, miembros de la corporación municipal y gente afín a las autoridades. </p><br /><br /><br /><br />
<p>Las autoridades ancestrales Q’anjob’al fueron agredidas por la corporación municipal el jueves 19 de marzo durante una actividad pública para la apertura de la Radio Comunitaria Snuq’ Jolom Konob, durante 4 horas fueron agredidos verbal y psicológicamente, también fueron amenazados, por esta razón una delegación viajo a la capital para realizar las denuncias ante la Fiscalía de delitos contra Defensores de los DDHH del Ministerio Público (MP), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Guatemala.</p><br /><br /><br /><br />
<p>Desde el año 2011 han sido varias las ocasiones en las que representantes del Gobierno Plurinacional han viajado a la capital para denunciar los atropellos que comete las empresas hidroeléctricas en todo el territorio maya Q’anjob’al, concretamente en el caso de la empresa Hidro San Luis, en Santa Eulalia, que de acuerdo con los líderes, atenta contra los derechos de las comunidades opuestas al proyecto hidroeléctrico.</p><br /><br /><br /><br />
<p>Esta detención arbitraria se suma a la larga lista que desde el año 2012 se acrecentó como una de las estrategias del Gobierno y Empresas para desarticular la oposición pacífica y organizada de los pueblos frente al modelo de despojo de las empresas.</p><br /><br /><br /><br />
<p>Ciudad de Guatemala, 24 de marzo 2015.<br /><br /><br /><br /><br />
Por Nelton Rivera."
     
    Rigoberto Juárez es autoridad ancestral maya Q'anjob'al y ha sido criminalizado por las empresas extractivas, hidroeléctricas, corporación Municipal y Gobierno de Guatemala por defender los Derechos Humanos. Rigoberto Juárez Mateo viajó a la ciudad capital para interponer una denuncia ante Ministerio Publico, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionados para los derechos Humanos en Guatemala: por las amenazas y agresiones que sufrió por parte del Alcalde Diego Marcos Pedro, el día 19 de marzo 2015, en la actividad para la reinstalación de la Radio Comunitaria Snuq Jolom Konob. 
     
  • Confirmado: El glifosato de las fumigaciones puede provocar cáncer

     
    La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó lo que hace más de una década afirman pueblos fumigados, vecinos en lucha, organizaciones sociales y académicos que no responden al sector empresario.
     

Comunicados

Resolución Nº 001 2015 Resguardo Indígena de Canoas Norte del Cauca

La autoridad  tradicional  del resguardo de canoas, en usos de sus facultades legítimas y legales que le confiere la ley del origen, el derecho propio, la ley 89 de 1890, la constitución política, reafirmado por la declaración universal de los derechos de los pueblos indígenas, de los tratados y los convenios internacionales.

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Corinto - Cauca: Los desafíos prosiguen y el tacho se irrumpe
Después de una leve calma las comunidades indígenas posesionadas en el territorio Indígena Ancestral (Miraflores, García Arriba, García Abajo, Quebrada Seca, Granadita, el Cultivo y Caucana, a pesar de haber mencionado que:
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Documentos

Alerta temprana sobre situación de miembros de la Asociación Campesina de Santander ASOGRAS
SABANA DE TORRES MARZO 2015.  Alerta temprana: La Asociación Campesina de Santander “ASOGRAS” pone en conocimiento de la comunidad nacional e internacional la activación de alerta temprana y prevención de hechos de amenazas, detenciones y seguimientos contra miembros de la Asociación Campesina, organización integrante de la Mesa de Unidad Agraria y de la Cumbre Agraria.
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“No hay excelencia educativa con hambre”
La comunidad educativa del municipio de Bolívar, en el departamento del Cauca, manifiesta nuevamente la continua anormalidad en la prestación del servicio de restaurante escolar como estrategia del Programa de Alimentación Escolar - PAE para el año 2015. De igual manera se plantea la inconformidad con el consorcio Cauca 2015, quien a la fecha no ha llegado a la totalidad de unidades educativas rurales.
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ACIN - Çxhab Wala Kiwe

La conspiración para despojar a los campesinos de Paquemás, en Urabá

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altEl Incora le tituló mil de hectáreas a 98 familias, pero fueron desplazadas por 'paras'. Ganaderos y comerciantes en complicidad con un funcionario del Instituto aprovecharon para despojarlos.

El próximo 2 de mayo, en el Palacio de Justicia de Medellín, 40 familias de la vereda Paquemás del municipio de Turbo, en el Urabá Antioqueño, esperan que un magistrado de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín les restituya las tierras que, dicen, les fueron despojadas por terratenientes de la zona, que fueron obtenidas por estos luego de que se desplazaran entre 1995 y 1996.

En esta audiencia, la Unidad de Bienes de Justicia y Paz de la Fiscalía intentará demostrar que los terratenientes de esta región, supuestamente ayudados por un funcionario del antiguo Incora (hoy en día Incoder) y valiéndose del éxodo masivo de campesinos, se hicieron de manera fraudulenta a dichas parcelas. 

 
La historia de estos campesinos comenzó el 10 de noviembre de 1994, cuando el Incora le adjudicó a 98 familias unos lotes de entre ocho y 15 hectáreas en Paquemás. 
 
Los lotes hacían parte de una finca de 1.138 hectáreas que llevaba el mismo nombre de esta vereda, que fue comprada por el Instituto a la empresa Inversiones Ovalar Ltda, el 24 de enero de 1994 para reforma agraria.  
 
Sin embargo, para esa época, la guerra entre paramilitares y guerrilleros en el Urabá antioqueño se había recrudecido y esto empezó a generar desplazamientos entre la población campesina.
 
Prueba de ello es que el 14 de septiembre de 1995, un grupo armado que seguía órdenes de Ever Veloza, alias ‘H.H’ y liderado por Jesús Albeiro Guisao, alias ‘El Tigre’, ingresó a la vereda Pueblo Galleta del correguimiento Currulao, en Turbo, donde asesinaron a seis campesinos. ‘El Tigre’, actualmente postulado a Justicia y Paz, reconoció en versión libre que a los labriegos les cortaron sus cabezas para generar terror en la población. Y lo lograron.
 
Semanas después comenzó el éxodo masivo en veredas como Paquemás, El Limón y La Arenosa. Aún aquellos que tuvieron los arrestos suficientes para quedarse, debieron huir con el pasar de los meses ante la presión y las amenazas de los paramilitares, lo que truncó los sueños de cientos de familias de tener un pedazo de tierra propia, en especial para los habitantes de los corregimientos El Tres, Currulao y Nueva Antioquia. Muchos tuvieron que abandonar sus tierras ante la orden de recuperar estos territorios a sangre y fuego, impartida por los hermanos Castaño, pues consideraban estas zonas bastiones guerrilleros.
 
Pedro*, un labriego al que el Incora le había adjudicado un predio de 15 hectáreas en Paquemás, resistió hasta que los 'paras' asesinaron a su hermano en 1995, acusándolo de ser guerrillero. Por esos mismos días, los hombres de ‘H.H’ le dijeron a José*, otro campesino adjudicatario de tierras del Incora, que era mejor que se fuera si no quería que "lo volvieran picadillo”.
 
Doña Libia, una matrona de 50 años y de las últimas en abandonar el correguimiento, no soportó ver cómo amenazaban y asesinaban a sus coterráneos y el 28 de diciembre de 1996 decidió huir con toda su familia hacia nuevas tierras.
 
Durante los años siguientes, tanto Pedro, José y como Doña Libia, siguieron a la distancia lo pasaba con sus propiedades. Preguntaban a amigos y vecinos que se quedaron y se enteraron que nuevas personas se apoderado de ellas, con cultivos y ganado. Sin embargo, no podían hacer nada porque los paramilitares seguían en la región lo que imposibilitaba su retorno y reclamar lo suyo.
 
Pero, cuando inicio el proceso con los paramilitares, estos parceleros empezaron cada uno por su cuenta a tocar las puertas de Justicia y Paz para ver cómo lograban recuperar lo perdido. 
 
Las víctimas denunciaron que la violencia de 'HH' y sus hombres hicieron que, en un lapso de dos años, Paquemás y sus alrededores se convirtieran en una vereda fantasma. Allí se cometieron 173 homicidios y 30 desapariciones forzadas. También hay registros de 85 desplazamientos forzados, que casi coincide con el número de familias que fueron beneficiadas por el Incora. Además denunciaron que los 'paras' cometieron una violación, torturaron y reclutaron a un menor de edad. 
 
Doña Libia será una de las víctimas que estará presente en la audiencia. “Ya son muchos años ‘bregando’ a recuperar la finquita, como desde el 2003 o 2004, no recuerdo bien. Y uno sí se va cansando de ver que no pasa nada. Pero bueno, tengamos fe que ya esperamos ‘lo más’, esperemos ahora ‘lo menos”, dice la mujer.
 
El inicio del despojo
Varios campesinos le contaron a VerdadAbierta.com que una vez desplazados, un intermediario los buscó en los sitios donde se habían escondido y les pidió que vendieran sus tierras.
 
“Meses después de habernos instalado en Carepa nos contactó un señor. Nos dijo: 'es mejor que vendan. Turbo está muy peligroso y muy seguramente no van a regresar'. Yo no quería, pero mi esposo estaba muy preocupado porque había prestado una plata en el banco para hacerle unas mejoras a la finca. Me dijo: 'vendamos”, recuerda doña Libia. 
 
El negocio era sencillo: ella y su esposo recibieron 2.8 millones de pesos en efectivo de manos de ese intermediario (cuyo nombre se reserva para no entorpecer la investigación). Para cerrar el trato, ambos fueron a la oficina del Incora en Turbo en donde tenían la instrucción de buscar a un funcionario, a quien le firmaron un documento en blanco, según las declaraciones de las víctimas.
 
La Fiscalía logró determinar que dicha hoja en blanco, que muchos campesinos presionados firmaron, el funcionario la utilizó después para elaborar un acta en la que los campesinos renunciaban al predio. 
 
Testimonios recopilados por la Fiscalía señalan que tanto el funcionario del Incora como el intermediario actuaron en llave para revocar los títulos y readjudicárselos a otras personas, entre los que se encuentran ganaderos y comerciantes, que en teoría no deben ser objeto de adjudicaciones de reforma agraria. El funcionario fue identificado por las víctimas de la región como un "colaborador permanente" de grupos paramilitares que luego, readjudicaba estas tierras a ganaderos, comerciantes y presuntos narcotraficantes de Turbo acusados por los mismos paramilitares.
 
Por su parte, campesinos de la región señalan al intermediario como “un colaborador” de los paramilitares. Raúl Hasbún, alias 'Pedro Bonito' también lo ha referenciado en algunas de sus versiones libres ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz. De acuerdo con sus confesiones, ese intermediario era reconocido como el segundo al mando del grupo de alias ‘H.H’ en los corregimientos Currulao, El Tres y Nuevo Antioquia.
 
Según Hasbún, este hombre inicialmente fue colaborador y terminó como ideólogo de la organización. Sus habilidades como líder comunitario lo llevaron no solo a tener esa función, sino a alcanzar una curul en el Concejo de Turbo para finales de los años noventa. De acuerdo con alias ‘Pedro Bonito’, este intermediario decidía qué tierras se compraban y a quién se le entregaban. Su conocimiento de la región le permitió localizar a los campesinos desplazados de Paquemás y persuadirlos, incluso amenazarlos, para que vendieran.   
 
Varios de los nuevos dueños de estos predios fueron mencionados por alias 'Pedro Bonito' como financiadores del Frente Arlex Hurtado de las Auc.
 
Tal es el caso de un ganadero y comerciante de Turbo, quien aparece hoy como titular de varios predios en Paquemás que son objeto de reclamación ante la justicia. Uno de ellos es el de María*. A principios de 1996, un paramilitar conocido con el alias de ‘Grandulón’, le dio una orden perentoria a la mujer: o le vendía su predio al intermediario o se atenía a las consecuencias. No tuvo más opción que huir de la región. Ocho años después, la señora decidió regresar a su finca, pero ésta ya tenía un supuesto dueño, se trataba del ganadero y comerciante de Turbo.
 
Nada distinto del caso de doña Libia, cuya finca es ahora propiedad de uno de los comerciantes de Turbo señalado por alias ‘Pedro Bonito’. Y aunque ella poco entiende de leyes, intuye que el proceso judicial para recuperar su tierra será bastante complejo. Dicho enredo podría comenzar a clarificarse este 2 de mayo, cuando se escuche al funcionario del Incora, quien fue citado por la Fiscalía para que explique por qué obligó a los campesinos a firmar documentos en blanco, que luego fueron utilizados como acta de renuncia de de sus predios. Es lo mínimo que esperan las víctimas.
 

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